ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y DESARROLLO SOSTENIBLE.
Juan Fco. Ojeda Rivera
Geógrafo. Universidad Pablo de Olavide. Sevilla.

Aplicar a los espacios naturales protegidos y sus entornos planes o programas que se justifican por la necesidad de propiciar un desarrollo sostenible, es una práctica cada día más común, que viene auspiciada indirectamente por la propia Constitución Española, que en su artículo 45 preconiza "un uso racional de los recursos naturales", y de forma explícita por la Ley de Doñana, de 28 de diciembre de 1978 y por la misma Ley 4/89 de Conservación de los Espacios naturales y de la Flora y Fauna silvestres.

Esta última Ley, en su Título II, presenta los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales como instrumentos de adecuación de la gestión de tales recursos, en especial en los espacios naturales, a una serie de principios básicos recogidos en las antecedentes Disposiciones Generales, entre los que destaca la garantía del desarrollo sostenible: "...que la gestión de los recursos naturales se produzca con los mayores beneficios para las generaciones actuales, sin merma de su potencialidad para satisfacer las necesidades y aspiraciones de las generaciones futuras" (Título I, art. 2.2).

Parece como si los términos de "espacio natural" y de "desarrollo sostenible" fuesen totalmente unívocos y claros, cuando en realidad ocurre que -quizás por el uso y abuso de los mismos, por responder a un paradigma como el medioambiental que se encuentra en pleno auge y, consecuentemente, funciona a veces como la ideología más elaborada de la contemporaneidad - son vocablos de una gran ambigüedad, como otros muchos del mismo paradigma, entre los que cabrían citar los más usados de "medio ambiente", "recurso natural", "ecodesarrollo" o "parque natural". Por ello, para comenzar esta lectura desde una ciencia social, como la Geografía, quizás convenga determinar el alcance de tales conceptos y explicar los contextos en los que dichos términos suelen ser empleados, para intentar fijar una aproximación geográfica a los mismos. Ese será el primer objetivo de las páginas que siguen.

Posteriormente, se intentarán plantear algunas interpretaciones y propuestas, que han ido surgiendo de una serie de investigaciones, sobre los procesos que actualmente se producen en torno a la gestión de los espacios naturales protegidos y sus vinculaciones al desarrollo sostenible.

Los conceptos de "espacio natural" y "desarrollo sostenible" y sus contextos.

Cuando la Ecología trata de caracterizar a sus objetos de estudio, los ecosistemas, lo hace por sus grados de vinculación a un estado teórico de naturalidad. Para ello, emplea un concepto fundamental, como es el de climax, a partir del cual pueden ser clasificados los reales ecosistemas en función de su progresión o regresión respecto de aquel estado óptimo o climácico, que sería la representación teórica del medio natural en su sentido más estricto, o sea el medio ambiente ecológico no modificado por el hombre. Sobre estas bases científicas y unas dosis de mitificación se ha ido elaborando el concepto de "espacio natural" que hoy se emplea de manera común y aparentemente unívoca.

Observado desde un ángulo de visión que recoge la tradición geográfica moderna -inaugurada por Humboldt y Ritter y continuada por Reclus- el "espacio natural" como algo virgen y separado del hombre es algo intrascendente para esta ciencia. Porque la Geografía trata "de la historia de la tierra y de la humanidad en sus acciones y reacciones continuas" (Reclús, E.,1894). Como resultado de ese análisis de la historia interrelacionada del hombre en la naturaleza, algunos geógrafos ya contemporáneos llegan a decir que, en nuestras humanizadas latitudes, los "medios naturales" no existen como tales desde hace ya muchas centurias (Bertrand,G.,1975). Las culturas humanas han ido imponiendo sus ritmos y los teóricos ecosistemas climácicos se han convertido en "territorios" -productos de la exploración, la conquista y el establecimiento de nombres y fronteras-, en "espacios geográficos" -productos de las organizaciones territoriales de los diferentes modos de producción- y en "paisajes" -productos de las "arrugas" o circunstancias concretas de cada espacio geográfico- (Santos, M., 1990).

Si a todo lo anterior se añade el hecho de que aquellos ritmos civilizatorios y culturales han sido marcados en occidente y durante los últimos siglos por un sistema económico basado en el principio de la obtención del máximo producto y beneficio por cada unidad de superficie o recurso natural y en el mínimo tiempo posible, no resultará extraño que hoy constituya un signo inequívoco de progreso la domesticación de la naturaleza, de tal forma que se produce una relación inversa entre crecimiento económico y permanencia de lo natural y primigenio. De ahí la necesidad de proteger ciertos paisajes que, en un contexto cultural y científico concreto, se consideran como especialmente singulares por sus bellezas o riquezas biológico-naturales.

En función de ello, debe entenderse que, en las regiones de vieja civilización, los espacios naturales protegidos estén siempre situados en áreas geográficas marginales -sería incomprensible la declaración de un espacio natural protegido extenso en el corazón de una fértil campiña productiva- y constituidos por paisajes rurales en los que pueden seguir observandose elementos naturales o aparentemente naturales de forma predominante. También pueden ocupar espacios más antropizados en los que quedan retazos de singulares valores biológicos o paisajísticos (lagunas, deltas, estuarios...).

Una aproximación naturalista a tales espacios tiende a institucionalizarlos como monumentos de la naturaleza y a vincularlos perceptiva y administrativamente a la nueva rama de lo medioambiental. Así ha sucedido en las colonias anglosajonas de poblamiento, donde existían más tierras a colonizar que hombres colonizadores, y cuyas raíces nacionales y patrióticas se han ido forjando al socaire de las conquistas pioneras de territorios, entre los que se preservaban algunos retazos en su belleza primitiva y salvaje para el placer de los ojos de los que han de venir. Los viejos, elitistas e ilustrados parques o jardines privados o municipales europeos son transformados por la democracia más populista americana en los nuevos, monumentales y mitificados parques nacionales, dirigidos a la ordenación y conservación de grandes espacios para bien de todos y justificados por razones económicas -ferrocarriles, turismo...- políticas y sociales -democracia, patriotismo, monumentalidad simbólica- e incluso religiosas -muestras de la grandeza de la obra divina frente a la grandeza de la obra humana-, además de científicas -muestras de los ecosistemas más conspicuos de la nación-. (Richez, G., 1992).

La lectura que se hace desde Europa occidental de los espacios naturales es más geográfica, vinculándolos al viejo mundo rural tanto perceptiva como administrativamente. Así ha sucedido, por ejemplo, en la institucionalización que la cultura y la administración francesas han efectuado de estas nuevas categorías espaciales, enmarcándolas en un concepto tan definido por sus geógrafos como el de paisaje rural y desarrollándolas en el art. 244 de su Código Rural. (Gómez Mendoza, J., 1995).

La expresada dicotomía, que pudiera parecer inocua o puramente teórica, tiene especial importancia tanto en el diseño de una política general de protección de espacios naturales, como en la propia práctica de gestión cotidiana de lo "natural".

En relación con su objetivo final parece admitida por evidente la idea de que toda política de protección de espacios naturales pretende preservar algo, un poco, ya que -aparentemente- no puede conservarse todo. Ahora bien, una concepción lineal y mecánicamente ambientalista puede conducir a una serie de vicios peligrosos que han sido denunciados por Fernando Parra:

" La consideración de los parques como coartadas para destruir el resto del territorio, no incluido en categorías restrictivas.

" La presentación de los parques como espectáculos, creando expectativas falsas vinculadas al romanticismo, la aventura, el safari o la truculencia.

" La mitificación de los parques como naturales y su correlato de que a más naturales, más biodiversos y más maduros. (Parra, F., 1990).

El resultado de tales vicios es una política de protección de espacios naturales, que los considera como islas separadas del hombre, e incluso enfrentadas a él porque puede deteriorarlas. Enfrente se situaría una concepción del espacio natural como producto esencialmente cultural en el que el hombre y la naturaleza conforman un todo más o menos armónico según unas pautas tecnoculturales concretas. Ello se traduce en una política de protección de paisajes en sus propios dinamismos vitales, que entiende que no siempre la supresión de un uso humano reporta un beneficio para la conservación de la naturaleza y supone ineludiblemente un aumento de los parámetros de madurez del ecosistema, que admite que muchas veces la exclusión de usos tradicionales puede conducir a la pérdida de biodiversidad.

En relación con la gestión cotidiana de los espacios naturales protegidos tienden a consolidarse también modelos opuestos: En el contexto de la concepción ambientalista suele desarrollarse un cierto darwinismo cultural, que dibuja una sociedad en la que, de un lado, se encuentran los detentadores del conocimiento científico-técnico que habilita para gestionar y decidir y, de otro, los pobladores que son objeto de sensibilización que divierte pero restringe la capacidad real para tomar parte en este juego de la conservación y el desarrollo (Ojeda Rivera, J.F. y Gonzalez Faraco, J.C., 1997). En el contexto de la concepción ruralista, la comunidad que ha dibujado sus paisajes a través del tiempo tenderá a ser el sujeto protagonista de su gestión, asumiendo la propia iniciativa de la declaración como espacio natural, marcando las pautas de su planificación, contribuyendo financieramente en sus presupuestos y asumiendo la responsabilidad última en la toma de decisiones, aunque para todo ello necesite del asesoramiento de técnicos que iluminen algunos caminos que, en ciertas coyunturas, pueden desdibujarse en mayor o menor grado (Gómez Mendoza, J.,1995).

Por su parte, el concepto de desarrollo sostenible también necesita un análisis semántico y contextual. No hay dudas de que goza de gran fortuna al haber sido rápidamente adoptado por políticos y gestores administrativos en la última década, pero su conformación teórica no está acabada en absoluto y menos elaborado, todavía, el método para su traslación a la práctica en contextos y problemáticas locales y comarcales. A la postre, tal éxito político puede ser paradójicamente uno de sus principales desactivadores. Sin haber alcanzado la edad adulta, el desarrollo sostenible puede morir a fuerza de popularidad y por exceso de ambigüedad.

Hay un error muy extendido, que es el que identifica este modelo de desarrollo con el regreso a unas economías cerradas y autosuficientes, basadas en técnicas y usos tradicionales. Tal error puede tener sus orígenes en planteamientos de indigenismo antropológico o quizás en la identificación de desarrollo sostenible con "ecodesarrollo", sin tener en cuenta las raíces de ambos términos y sus contextos divergentes.

En el origen del "ecodesarrollo" encontramos a economistas y sociólogos vinculados a organizaciones internacionales comprometidas con el desarrollo económico del Tercer Mundo y basados en una concepción humanista y utópica, que critican el paradigma dominante sobre las bases de unas nuevas antropología y epistemología que modifiquen las relaciones del hombre con la naturaleza y establezcan una nueva ética. El contexto de su nacimiento hay que fijarlo en el ambiente de esperanza de principios de los años setenta (gran potencia de los no alineados, aprobación en la O.N.U. de un Nuevo Orden Económico Internacional, inicio de los procesos de industrialización sustitutoria de importaciones...) y su objetivo es eminentemente práctico: proponer soluciones concretas para mejorar la situación económica y social de los países no desarrollados. Sus teóricos parten del reconocimiento de la interconexión entre sociedad y naturaleza y, consecuentemente, entre los modelos de desarrollo económico y su incidencia en la naturaleza orgánica, por lo que entienden que las políticas de concentración, que distribuyen a los individuos y grupos sociales dentro de la dicotomía ricos frente a pobres, no sólo producen y amplían las desigualdades, sino que también tienen el efecto perverso del deterioro medioambiental.

Desde Ignacy Sach con su propuesta de que cada eco-región debe buscar sus propias soluciones a la luz de su cultura y sus condiciones ecológicas, pasando por la "desconexión" de Samir Amín que, aunque no signifique renunciar al comercio, sí prima las políticas de autosuficiencia y de relaciones sur/sur, y continuando por el modelo budista de economía propuesto para el Tercer Mundo por Schumacher y las definiciones de necesidades básicas a satisfacer efectuadas en la Declaración de Coyococ (México, 1974) o por Johan Galtung, el "ecodesarrollo" ha bebido en fuentes críticas y radicales que entienden que la solución para los grandes problemas ecológicos que afectan al planeta pasa indudable y necesariamente por la reducción del consumo en los países del Norte y por la redistribución de la riqueza a escala mundial. (Bellver Capella, V.,1994). No es casual que el primer oponente a su uso oficial fuese H. Kissinger.

Tampoco faltan, por el lado contrario, los planteamientos que al hablar de desarrollo sostenible enfatizan el desarrollo a secas equiparándolo con crecimiento económico sostenible. Algunos economistas neoclásicos consideran que cuando el incremento del P.I.B. per cápita o el nivel de consumo aumenta en el transcurso del tiempo, sin que se vea amenazado por una respuesta negativa de impactos biofísicos (contaminación, esquilmación de recursos) o de impactos sociales (desórdenes), se puede hablar de crecimiento económico sostenible. La respuesta de la economía ecológica no se hace esperar, diciendo que dado que la economía humana es un subsistema de un ecosistema global finito, que no crece ni siquiera cuando se desarrolla, es evidente que el crecimiento de la economía no puede ser sostenible durante largos periodos de tiempo, luego la expresión "crecimiento sostenible" debe ser rechazada como contradictoria "in términis".

No puede olvidarse que mientras el término crecimiento alude a incremento cuantitativo en la escala física, el vocablo desarrollo se refiere a mejora o despliegue cualitativo de potencialidades. Lo que crece se hace mayor cuantitativamente; lo que se desarrolla se convierte en algo cualitativamente mejor o, al menos, diferente. El crecimiento cuantitativo y la mejora cualitativa obedecen a leyes distintas. Nuestro planeta se desarrolla en el curso del tiempo, pero no crece. Nuestra economía, subsistema de una tierra finita y no creciente, tendrá que acabar por ajustarse a un patrón semejante de desarrollo sin crecimiento del gasto de recursos y el impacto ambiental. El problema estriba en determinar cómo y cuando se debe efectuar tal ajuste.

En el Informe Bruntland (1987), origen de la popularización del término "desarrollo sostenible" y enmarcado en el paradigma liberal -modelo socialdemócrata renano-, se entiende que para alcanzar la situación propuesta era necesario, en aquellos momentos, un crecimiento global de la economía por un factor de entre cinco y diez como única forma de curar la pobreza. Este llamamiento de Bruntland en pro de un desarrollo sostenible suscitó dos reacciones en sentidos opuestos: Una consistía en identificar desarrollo sostenible con continuación del crecimiento, aunque a un ritmo menos acelerado (desarrollo sostenible = crecimiento sostenido). Otra en definirlo como desarrollo sin crecimiento de la utilización de los recursos y las cargas ambientales más allá de la capacidad de aguante del ecosistema. Son dos realismos en conflicto. Por una parte, el realismo político, que descarta la redistribución de la renta y la estabilidad demográfica como algo políticamente dificil o imposible. La economía mundial habría de expandirse, multiplicándose por un factor de entre cinco y diez para curar la pobreza. Por otra parte, el realismo ecológico, que parte de la base de que la economía mundial ha sobrepasado ya los límites sostenibles del ecosistema global y que una expansión de entre cinco y diez veces de algo que remotamente se asemeje a la economía actual no haría otra cosa que acelerar una estampida que nos llevaría de la actual insostenibilidad a largo plazo, al inminente colapso.

En el momento actual, la posición de organismos como la UNESCO -recuerdese que el Informe Bruntland se hizo bajo los auspicios de la O.N.U.- y de economistas vinculados a instituciones financieras, investigadoras y políticas internacionales, entre los que pueden contarse algunos premios Nobel como Haalvemo o Tinbergen, ha quedado perfectamente definida en un texto preparado para la Conferencia de Río y publicado en español en 1997: "La propuesta brundtlandiana de aliviar la pobreza mediante un aumento global del 3% anual en la renta per cápita se traduce en un incremento anual de dicho parámetro de 633 dólares para los EE.UU., de 3,6 para Etiopía, 5,4 para Bangladesh, 7,5 para Nigeria, 10,8 para China y 10,5 para la India. Al cabo de diez años, esa tasa de crecimiento habría incrementado la renta per cápita de los etíopes en 41 dólares (lo que apenas haría mella en la dureza de la pobreza que sufren), mientras que el aumento de los EE.UU. habría sido de 7.257 dólares. La disparidad aun mayor de los niveles de la renta internacional que tendría como resultado, pone en tela de juicio lo deseable de las proyecciones de Bruntland. Esperar que los países pobres reduzcan o detengan su desarrollo, un desarrollo que tiende a ir unido al crecimiento de la producción material, ni es ético ni es útil para el medio ambiente. Por tanto, son los países ricos, que al fin y al cabo son los responsables de la mayor parte del daño ecológico actual, y cuyo bienestar material puede soportar un alto en su progreso, e incluso un retroceso en el crecimiento físico, los que tienen que tomar la delantera a este respecto. La reducción de la pobreza necesitará un crecimiento considerable, a la vez que desarrollo, en los países en vías de desarrollo. Pero las limitaciones ecológicas son reales, y el mayor crecimiento de los pobres tiene que compensarse con un crecimiento negativo de la producción física para los ricos" (Goodland,R.; Daly,H.; El Serafy,S. y Droste, B., 1992-97).

Tal posicionamiento desde el Norte, enmarcado en el mismo contexto que el de Bruntland, pero en una década posterior, termina planteando un programa mundial de redistribución de rentas y de estabilidad demográfica que hace converger el desarrollo sostenible bruntlandiano y el ecodesarrollo radical y tercermundista, haciendo coincidir el planteamiento con las correcciones y matices latinoamericanos al propio concepto de desarrollo sostenible, al que se denomina desarrollo humano sostenible o desarrollo sostenible con equidad.

No obstante, como se veía anteriormente, la cuestión del desarrollo sostenible no estriba sólo en su escasa y discutida conformación teórica, sino también en su aún menos elaborado método para trasladarlo a la práctica en contextos locales y comarcales. Parece claro que el desarrollo sostenible de un territorio específico no debe significar ni una vuelta a las culturas ecológicas tradicionales ("usos tradicionales") tan revalorizadas hoy por la sociedad urbanita, ni menos aún la garantía segura de unas tasas de crecimiento permanente en el tiempo. De estas reflexiones se deduce que en torno al desarrollo sostenible existen pocas obviedades. No obstante caben plantear, para finalizar el análisis del concepto, algunas ideas clarificadoras.

Frente a lo que suele pensarse, quizás sea el desarrollo sostenible el modelo económico que precise de un mayor grado de incorporación de nuevas tecnologías aplicadas a la explotación racional de los recursos naturales y a la implantación de procesos productivos limpios. Es, en consecuencia, el modelo que exige una más profunda reconversión del aparato productivo existente y una mayor innovación en las nuevas actividades a implantar. Es, asimismo, el modelo que postula un tejido empresarial más modernizador, flexible y dinámico, y una fuerza de trabajo más formada y cualificada. Cuando se habla, pues, de desarrollo sostenible en una comarca o en el entorno de los espacios naturales protegidos, cuando se redactan unos planes de ordenación de recursos naturales o rectores de usos y gestión siguiendo la letra y el espíritu de la Ley 4/89, se están planteando medidas estratégicas que miran al largo o medio plazo y no tácticas populistas y coyunturales.

Desarrollar sosteniblemente una comarca o un municipio no es sólo hacerlos crecer, sino poner las bases para que sus propios pobladores vayan logrando una serie de metas económico-sociales y neuronales, que deben ser medidas y controladas periódicamente y que pueden ir cambiando con el paso del tiempo según la combinatoria de tres grupos de elementos:

a) Avance en la satisfacción o el bienestar experimentados por las personas que integran aquella sociedad. Tal avance se mide no sólo por la renta real per cápita, sino sobre todo por los indicadores de calidad de vida.

b) Preservación y avance de las libertades, en relación con la ignorancia y la miseria. Ello implica aumento de los conocimientos y, consecuentemente, de las capacidades, con lo que se podrán aprovechar nuevas posibilidades y oportunidades.

c) Aumento de la iniciativa, la autoestima y el autorrespeto. Tal aumento se traduce en un creciente sentido de la independencia respecto de la asistencia o la subsidiación y respecto de la dominación colonial por terceros. El autorrespeto equivaldría también a capacidad de valoración de sus recursos naturales y de sus herencias culturales y paisajísticas.

En definitiva, no se está hablando de algo coyuntural o táctico, puramente material y exclusivamente técnico, sino de un proceso largo o estratégico, superador de lo exclusivamente cuantitativo, y participativo. Un proceso cuyas evaluaciones más precisas y preciadas se basarán en el grado de conversión de los habitantes de las comunidades locales de objetos pacientes, desconocedores de sus recursos y posibilidades, asistidos y dominados, en sujetos agentes, capacitados, con iniciativas propias y gestores de su propio territorio.

Desarrollos sostenibles en los espacios naturales protegidos. Interpretaciones y propuestas.

Haber tenido la oportunidad de analizar con cierto detenimiento los procesos que fueron ocurriendo en Doñana y su comarca desde la declaración del Parque Nacional me permitió avanzar algunas hipótesis interpretativas de los mismos, que pretendían hacerse extensivas a otras situaciones y lugares parecidos. (Ojeda Rivera, J.F.,1991).

Desde entonces se han podido efectuar -a partir de aquellas hipótesis- otras aproximaciones a espacios naturales protegidos andaluces (Soubrane,B.,1993) (Díaz,J., Ojeda,J.F. y Pozuelo, I., 1995) que fueron confirmándolas y matizándolas. Pero, además, los anteriores procesos de Doñana se han enriquecido mucho en los últimos años con el Plan de Desarrollo Sostenible de su comarca, iniciado con un Dictamen de una Comisión Internacional de Expertos solicitado por el Presidente de la Junta de Andalucía, traducido a Plan operativo de carácter demostrativo y pionero dentro de la Unión Europea, bajo cuyos auspicios es financiado con 62.884 millones de pesetas a través de una serie de programas concretos.

Todas aquellas aproximaciones y el seguimiento del Plan de Doñana, que se encuentra en el ecuador de su desarrollo, me permiten ahora ampliar las hipótesis anteriores y plantear algunas nuevas que, asumiendo los matices y siguiendo el efecto demostración que se ha otorgado a Doñana, puedan colaborar a predecir en otros lugares el resultado de ciertos procesos que todavía están muy en sus inicios.

En primer lugar, puede deducirse que, con las declaraciones de espacios naturales protegidos, a través de las innumerables figuras que las diferentes autonomías españolas han ido adoptando (Azcarate, T. y Aboal, J., 1997), las administraciones regionales pretenden, en primera instancia, compatibilizar el desarrollo económico de las áreas en cuestión con la conservación del potencial naturalístico y paisajístico que las singulariza. Para ello utilizan aquellos instrumentos de planificación destinados a ordenar sus recursos naturales, potenciando un aprovechamiento racional de los mismos a través del fomento de actividades endógenas ("usos tradicionales") y de un turismo rural o verde que puedan ofrecer unas rentas complementarias a los pobladores de las comarcas. La inmediata promoción de los "territorios-parques" a través de folletos publicitarios, centros de acogida turística, elaboración de itinerarios de visitas, así como la asistencia financiera a través de programas concretos destinados a rehabilitación de hábitats, mejoras de infraestructuras viarias, construcciones de acampadas y villas turísticas, apoyos a escuelas-taller... van consiguiendo introducir el nuevo parque en el paquete de turismo verde que la misma administración regional ofrece a sus visitantes.

Ahora bien, en relación con el desarrollo sostenible que anteriormente hemos esbozado, la cuestión básica sería la siguiente: Tienen estas puestas en valor y promoción de los nuevos parques sus correlatos en unas percepciones positivas y generadoras de iniciativas por parte de las poblaciones que allí residen? Una respuesta afirmativa a tal interrogante sería sin duda un buen punto de partida del pretendido desarrollo, ya que aquellos vecinos irían estando en disposición -a través de un proceso educativo y de reconversión y reciclaje- de irse convirtiendo en sujetos y protagonistas de las tomas de decisión y las gestiones de sus propios territorios -ahora parques-, así como en los principales perceptores de sus rentas.

No obstante, las observaciones de la realidad parecen conducir a una hipótesis menos positiva: La revalorización de los espacios naturales protegidos -basada en la alta consideración otorgada hoy a los caracteres ecológicos, estéticos o culturales de unos lugares o de unos paisajes- responde a planteamientos sostenidos por ciudadanos que necesitan del "campo" como escenario esporádico de disfrute y expansión frente a las agresiones cotidianas de sus urbes. Dichas necesidades convierten a los "urbanitas" en motores y protagonistas -a través de las administraciones públicas- de la mencionada institucionalización revalorizadora y otorgan un carácter y una personalidad diferencial y completa al espacio protegido que lo individualizan y distinguen muy claramente de su entorno inmediato. Esto da lugar a que los actores internos o vecinos de aquellos territorios no asimilen la nueva estructura institucional ("el parque") como un elemento integrado en sus propios valores, sino que tiendan a percibirlo como algo diferente y superpuesto a su cotidianidad. Tal percepción les conduce a considerar que "el parque" es algo impuesto e inexorable con lo que no les queda otro remedio que convivir porque -entre otras razones- es un ente rico del que pueden esperarse asistencias o prebendas e incluso inversiones externas que fomenten entre ellos algunos trabajos más o menos eventuales.

Las consideraciones anteriores, comprobadas tanto en Doñana (Ojeda, J.F.,1993) como en el Parque Natural de Grazalema (Soubrane, B.,1993), verifican una anterior tesis, sostenida al analizar las relaciones sociedades-espacios protegidos en la Camarga y Doñana: La declaración de un espacio como "parque" da lugar a una diferenciación social en la percepción y uso del mismo, de tal forma que sus habitantes se sienten excluidos de su propiedad, uso y gestión, aunque continúan contemplándolo esencialmente como un recurso productivo; mientras que los visitantes sostienen una visión más patrimonial y conservacionista del nuevo parque, percibiéndolo y usándolo como un territorio o unos paisajes a disfrutar por todos. Podría de esta forma diseñarse un modelo teórico, a partir del trazado de unas isolíneas de percepción. Dichas isolíneas mostrarían un gradiente que iría de la percepción como recurso económico-productivo y antiecologista con la cercanía al parque a la percepción patrimonial y conservacionista a mayor lejanía del lugar protegido. (Picón, B. y Ojeda, J.F., 1993).

Las administraciones estatales o regionales europeas han ido creando muchas figuras específicas de protección ("Parques Naturales", "Parajes Naturales", "Parques Regionales", "Reservas Naturales"...) porque se han visto obligadas a ir resolviendo el problema que suponía aplicar a los territorios muy civilizados y culturales del viejo continente la definición de "Parque Nacional", nacida en tierras de nueva colonización (Norteamérica, Australia), donde abundan los espacios naturales y vírgenes. En la vieja Europa hace ya muchos siglos que no hay medios naturales, cuestión que se convierte en proverbial en el mundo Mediterráneo, como nos dicen los geógrafos. Por ello, crear desde estas administraciones públicas redes completas de espacios naturales en un sólo acto legal y sin contar con las demandas explícitas de los habitantes de cada territorio afectado, se convierte en un mecanismo que favorece el modelo teórico comentado en el párrafo anterior y que, además, es contrario al reconocimiento previo de la cultura territorial que ha supuesto el origen de los mismos instrumentos o figuras diseñadas. Si se parte del reconocimiento de cada territorio como producto social y cultural y de la ausencia de medios vírgenes, difícilmente se podrá proteger o conservar espacios sin que las propias sociedades que los generaron como tales expresen y compartan el deseo de protegerlos e incluso planteen tal protección como una necesidad y asuman las responsabilidades de programar sus futuras y específicas gestiones como espacios protegidos.

Tales espacios deben tener, pues, su origen en una iniciativa concertada por sus propios habitantes, a través de sus instituciones de articulación social (ayuntamientos, sindicatos, cooperativas, asociaciones, etc...). Esta iniciativa no se basará exclusivamente en una valoración de los elementos naturales y estéticos, sino también de los culturales, que sostienen y explican a los anteriores. La propia Ley Estatal 4/89, en su artículo 15.1 considera que la declaración de Parques y Reservas exigirá la previa elaboración y aprobación del correspondiente Plan de Ordenación de Recursos Naturales de la zona; habiendo establecido antes un procedimiento de elaboración de dichos planes que incluya necesariamente la participación activa de las poblaciones (art.6). La analogía con la Carta de creación de los Parques Naturales Regionales franceses ha sido puesta en evidencia por J. Gómez Mendoza, aunque sigue diciendo en su texto que "existe una mayor conciencia en Francia que en España de que los parques naturales regionales se desarrollan sobre grandes espacios rurales habitados y de que la clave del éxito está en su mantenimiento como espacios de vida, en promover la concertación y en insistir en la gestión" (Gomez Mendoza, J., 1995).

El camino de la declaración desde arriba puede ser explicado y hasta justificado excepcionalmente por razones de coyuntura y de oportunidad histórica. El proceso de transición democrática en nuestro país, unido al diseño y desarrollo del estado autonómico, constituyen razones más que suficientes de dicha justificación y la propia Ley reconoce excepcionalmente tal camino en su art.15.2, aunque la excepción se haya convertido en norma en muchas comunidades autónomas. Pero la institución que asuma la responsabilidad de efectuar una declaración directa y desde arriba no puede jamás olvidar que el camino natural y lógico es el contrario y que su decisión es excepcional de la misma forma que su papel es meramente auxiliar, hasta el punto que su destino y el de las personas que en tareas de gestión o administración la representan debe ser el de ir desapareciendo, conforme las poblaciones autóctonas vayan adquiriendo conocimientos y capacidades para ir tomando responsabilidades en las decisiones y en las propias gestiones. El olvido de esto puede conducir a procesos no deseables y ya denunciados -"neocolonialismo", "desamortización encubierta", "desarrollo cateto" (Ojeda, J.F., 1993)- y a modelos poco consecuentes con el desarrollo sostenible que se preconiza.

El desarrollo sostenible no puede convertirse en un nuevo método de compensación o asistencia: Las pobres e incultas poblaciones afectadas deben ser compensadas con un Plan de Desarrollo Sostenible por haber donado -sin querer y sin entender- al resto de la nación parte de su crecimiento económico en forma de espacio natural protegido. Este planteamiento responde a una total incomprensión de lo que puede ser el desarrollo sostenible, pero, además, supone una conversión de las comunidades locales en objeto (de compensación, de asistencia, de sensibilización, de estímulo...).

Dicha conversión puede llegar hasta ser cínicamente justificada por razones de premura y pragmatismo, pero sus efectos son perversos porque mantiene a las poblaciones en un estado crónico de inmadurez desde el que, a través de las políticas paternales o coloniales, tienden a ir pasando a un limosnerismo vergonzante y miserable. Los indicadores comarcales o locales de crecimiento económico pueden dispararse (inversiones públicas e incluso privadas, presupuestos y patrimonios municipales, redes viarias, número de visitantes...). Este crecimiento producirá también avances en los indicadores de satisfacción (renta real per cápita) e incluso de bienestar material. Pero los datos que muestran los progresos en las libertades ante la ignorancia y la miseria, los aumentos en los niveles de conocimiento y de capacidades para aprovechar las nuevas posibilidades y oportunidades, el desarrollo de iniciativas y el creciente sentido de la independencia y el autorrespeto, probablemente no sean datos tan positivos como los anteriores.

El crecimiento no puede confundirse con el desarrollo, pero, sobre todo, no puede ser una justificación del no desarrollo: Contar con una gran parte de la población empleada en estado de eventualidad y baja o nula cualificación laboral, al albur de una economía que crece sobre bases frágiles, es aumentar la dependencia laboral y mental. Con otra retórica, se viene a mantener de manera subrepticia, el clásico y nefasto sistema compensatorio en el que la conservación de los ecosistemas "naturales" es un mal sólo admisible si es indemnizado en forma de subvenciones hasta el infinito.

El desarrollo económico requiere que las actividades productivas de la comarca sean competitivas e incrementen los niveles de actividad, de renta, de bienestar social y de calidad de vida de las poblaciones, pero, además, requiere que aquellas actividades productivas sean compatibles con la conservación del espacio natural y sus relaciones ecológicas. Para ello, las nuevas actividades no podrán suponer una intensificación de la explotación de los recursos naturales básicos ni de los ecosistemas y, por otro lado, las actividades existentes tendrán que ser reestructuradas según unos modelos sostenibles de explotación. Toda esta reconversión del sistema productivo deberá enmarcarse en un cambio profundo de mentalidades que ayude a entenderla y compartirla; en unos avances claros en la formación y cualificación de manos y cerebros de obra exigidos por la incorporación de nuevas tecnologías; en la consolidación o conformación de un tejido empresarial moderno y con iniciativas.