Mario Roberto Morales

Siglo Veintiuno. Guatemala, 18 de octubre del 2003.


Nota Re(d)forma: pese a la inactualidad de fechas reproducimos el art. del profesor Morales por su interés en denunciar los efectos a veces perversos que la primacia de las politicas identitarias pueden ejercer sobre los verdaderos intereses y problemas sociales.

En Bolivia los indígenas tienen un protagonismo político que no se enreda en culturalismos de diferenciación esencialista sino que va a la raíz económica de sus problemas, que son la base de la discriminación etnocultural. La extraordinaria rebelión campesina que ha convulsionado al país se debe no a una oposición retrógrada a que el gobierno construya un oledocuto para exportar el gas y otros hidrocarburos desde un puerto chileno, como afirman algunos medios, sino a que el presidente Sánchez de Lozada -un criollo que habla el español como turista gringo- entregó a corporaciones transnacionales de la industria energética (las mismas que azuzaron la guerra contra Irak para apoderarse de su petróleo) los recursos que en este rubro tiene su país para que éstos sean exportados sin que en Bolivia su explotación implique un desarrollo de su mercado interno ni de su instalación industrial nacional. Por el contrario, el margen de lucro que este negocio implica para las transnacionales es de 27 mil millones de dólares en 20 años, contra sólo 40 a 70 millones para Bolivia. Ante este dato elocuente, es oportuna la pregunta que se hace Adolfo Gilly: "¿Cómo explicar la 'modernidad', el 'futuro' y el 'mirar hacia delante' de un gobierno 'democrático' que concedió a las compañías extranjeras una ganancia de 24 a uno en un país donde un tercio de la población pasa hambre y otro tercio come un poco más que los hambrientos?" Como era de esperarse, a Sánchez de Lozada sólo lo apoyan el ejército boliviano, la casta empresarial neoliberal y la Administración Bush.

Más allá de la espectacularidad y efectividad de la acción politica campesina e indígena en Bolivia, lo que ocurre allí es importante porque constituye un síntoma inequívoco de la forma que adoptarán en el futuro las luchas contra el neoliberalismo. Es decir (desgraciadamente), la forma violenta de las rebeliones populares en vista de que la voracidad por el lucro (ese ultravalor que rige la ética y la moral empresarial de ultraderecha) no respeta la humanidad de quienes no definen su actividad social por márgenes de inversión a empresas cuya tendencia inequívoca va hacia el monopolio y no hacia la libre competencia.

Para mi país, Guatemala, el caso de Bolivia alecciona en un sentido importante, el cual tiene que ver con el protagonismo político indígena sobre objetivos económicos concretos, en contraste con el orbitar en torno a culturalismos identitarios "políticamente correctos" que sin los financiamientos internacionales no durarían ni 24 horas, lo cual expresa su inconsistencia y su conformación a imagen y semejanza de las expectativas foráneas (eurocéntricas-anglosajonas), y explica asimismo la inefectividad concreta (económica y política) de su accionar y la cooptación, oportunismo y corrupción de que hacen gala muchos de sus representantes en puestos de poder.

En mi libro La articulación de las diferencias o el síndrome de Maximón (Guatemala: Consucultura, 2002) insistí en que el culturalismo identitario diferencialista -inducido por cierta cooperación internacional, ciertas universidades y profesores estadounidenses y algunas iglesias protestantes fundamentalistas- escamotea el problema social y económico de los indígenas al reducir sus luchas a la reivindicación culturalista-identitaria, a imagen y semejanza del multiculturalismo de minorías étnicas en Estados Unidos, que se limitan a luchar por concesiones del incuestionado poder central. Trasladado al tercer mundo, este esquema origina castas de profesionales y burócratas indígenas que se arrogan por siempre la representatividad de las masas circunscribiendo su actividad a solucionar su problema de supervivencia personal y dejando intacto el problema social colectivo, que empeora cada vez más. Es obvio que en Bolivia los indígenas están más allá de esta trampa llena de espejismos identitarios que gustan tanto al nuevo colonizador.

Por todo, los nueve presidenciables que en Guatemala se han unido contra Ríos Montt (crimen organizado) y contra Oscar Berger (capital oligárquico) deben estudiar el caso Bolivia y diseñar políticas de desarrollo económico colectivo en lugar de imponer medidas neoliberales, si es que ganan las elecciones de noviembre.