Extremadura: ¿Qué exige la asamblea de paradas y precarias que ha nacido en Mérida?
ASAMBLEA DE PARAD@S Y PRECARI@S DE MÉRIDA
UNA PROPUESTA REIVINDICATIVA A DEBATE
La Asamblea de Parados/as y Precarios/as de Mérida ha empezado a andar. Somos gente de distintas edades, profesiones, ideologías o preferencias sindicales, pero nos unen nuestras condiciones de vida, la precariedad laboral y social.
En este documento inicial recogemos las principales demandas. Nos une la condición precaria, nos une el propósito de luchar colectivamente, pero además queremos ponerle nombres y apellidos a la indignación, y también a la esperanza. Algunas de las propuestas que hacemos pueden sonar muy lejanas, otras pueden parecer cuestiones menores. Pero de unas y de otras se compone también nuestra lucha.
No estamos dispuestos a que la crisis económica la paguen los más humildes, los parad@s y precari@s. Por ello planteamos:
1. Exigimos la implantación de la Renta Básica. La Renta Básica no es un subsidio, ni el salario social que dan y quitan a capricho los gobernantes. La Renta Básica es el derecho que tiene cada ciudadano a percibir una cantidad periódica para cubrir sus necesidades materiales, sin ninguna condición que lo limite. Transitoriamente, mientras se consigue este derecho ciudadano, exigimos la equiparación del raquítico salario social de Extremadura con el existente en otras comunidades como Euskadi (617 euros al mes).
2. Reclamamos la eliminación de las ETT. No queremos que trafiquen con nuestras vidas, no queremos soportar más sanguijuelas.
3. Demandamos aumentar el número de contratos públicos. En el año 1998 se hicieron en Mérida, 215 contratos anuales sólo con cargo al Fondo de Cooperación de la Junta de Extremadura; en el año 2007 se hicieron 42, una quinta parte. EXIGIMOS UN MÍNIMO DE 300 CONTRATOS DE DURACIÓN ANUAL PARA EL 2008 con cargo al mencionado Fondo, atendiendo al brutal aumento del desempleo.
4. Exigimos aumentar las medidas sociales y de protección a favor de los parados y precarios. En concreto reclamamos:
o Que los 100 euros destinados a las madres trabajadoras tengan como beneficiarias a todas las paradas y precarias, con independencia de su situación laboral o duración de contrato.
o Que las ayudas de alquiler (220 euros) se hagan extensivas a todas las personas en situación de paro o precariedad, con independencia de su edad.
o Que se acabe con la discrecionalidad, el clientelismo y la cuantía miserable de las AISSES.
o Que la cuantía del subsidio sea, efectivamente, del 75 % del Salario Mínimo Interprofesional; es decir que no se les queden con 27 euros al mes de cada parado con subsidio, como ahora. El 75 % son 450 euros, y dan 413.
o Que la asistencia a cursos de formación del SEXPE o públicos sea retribuida, en el caso de parados sin ningún tipo de prestación.
o Que la Junta no cobre ningún tipo de tasa por presentación a oposiciones a las personas paradas, ni nos mareen con peticiones de devolución. Que se acabe el negocio de las academias privadas a costa de los parados: temarios públicos y gratuitos.
o Que el Ayuntamiento establezca el transporte público gratuito para las personas en paro. Asimismo exigimos la gratuidad para los parados en el acceso a las actividades culturales y deportivas.
o Que la Junta aumente significativamente el número de plazas en las Escuelas Infantiles, para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar.
o Que se aplique a los parados la misma exención existente para los pensionistas en el pago de las medicinas.
5. Requerimos un Servicio Público de Empleo. El SEXPE y el INEM funcionan como agencias de control y sanción de los parados. Y en los tiempos de la informática florecen los infojobses, pero las agencias “públicas” de empleo o no se enteran de las ofertas de empleo o no quieren enterarse. Están pendientes como buitres para quitarle las prestaciones por desempleo a cualquier trabajador que se le pase el sellado de la cartilla por un solo día, pero no saben/ no contestan en la promoción de empleo.
6. Oferta genérica de empleo en todas las convocatorias de las Administraciones o empresas públicas. Que se acaben los trucos (como ese de que el 60 % de la baremación corresponda a una entrevista personal).
A empresa subvencionada, oferta genérica de empleo y garantía de derechos laborales. Queremos que se termine el cachondeo de llenarle los bolsillos a las empresas privadas con el cuento de la creación de empleo y que, éstas hagan lo que quieren. Reclamamos que allí donde haya una peseta pública, la contratación se haga por oferta genérica, se fije un número “social” de empleos y se respeten los derechos laborales.
Exigimos la cláusula social para las empresas que se instalen en Mérida. Garantía de un número mínimo de empleos y respeto a las condiciones laborales.
7. A trabajo fijo, contrato fijo. Que se acabe con los contratos a la carta y se establezca el principio de causalidad, limitando los contratos temporales a aquellas actividades de naturaleza temporal. Eliminación del discriminatorio contrato de obra o servicio determinado.
8. Queremos que se acabe el enchufismo y que se establezca la rotación en los contratos. ¿Por qué algunos trabajan siempre y otros nunca? Reclamamos la participación de los parados en las Comisiones de Selección del Ayuntamiento y en el establecimiento de los criterios de baremación, así como en el seguimiento de las bolsas de trabajo.
También reclamamos transparencia en la gestión de las bolsas de trabajo de la Administración Autonómica.
9. Exigimos el reparto del trabajo: la reducción de la jornada laboral a 35 horas para todos los trabajadores, por ley y sin reducción salarial; Exigimos la abolición de las horas extras y su conversión en puestos de trabajo; Reclamamos la jubilación anticipada a los 60 años, empezando por los sectores de trabajos de especial dureza como la construcción.
10. Reclamamos medidas contra la precariedad laboral tales como la eliminación de la subcontratación en cadena, la prohibición del el pago en salario-hora, el establecimiento de sanciones contra los finiquitos en blanco o la firma de renuncia a derechos.
Exigimos que se establezca el principio de “A igual trabajo, igual salario”, evitando las discriminaciones en función del género, el tipo de contrato o la empresa para la que se trabaje.
Demandamos medidas para facilitar la incorporación laboral de colectivos con especiales dificultades tales como mujeres, inmigrantes o desempleados mayores de 45 años.
Exigimos que el Salario Mínimo Interprofesional se establezca, de forma inmediata, en 1000 euros.
