EL PAÍS - Opinión - 21-05-2005

Pocas cuestiones más enigmáticas tiene planteada la vida política española actual que la demanda federal. Una primera razón para la perplejidad que produce esta compleja demanda política es el universal reconocimiento de que nuestro Estado autonómico responde a la práctica totalidad de los rasgos que hoy son atribuibles al modelo de una federación. El único déficit apreciable en esta caracterización, la ausencia de un Senado que responda fundamentalmente al objetivo de dar participación a las Comunidades Autónomas en la formación de la voluntad estatal, es algo en vía de reforma. Una paradoja complementaria es que la demanda para la transformación federal venga respaldada por uno de los nacionalismos periféricos más significado, el catalán. Hasta fecha reciente, resultaba un valor convenido el desinterés de los nacionalismos catalán y vasco por una adaptación del Estado de las Autonomías al Estado federal. La "vis" igualitaria que tradicionalmente ha caracterizado al modelo federal estaba detrás de una preferencia por un Estado autonómico más abierto al reconocimiento de hechos diferenciales. La evolución del moderno federalismo hacia el reconocimiento de las asimetrías puede ser la razón para este redescubrimiento del atractivo del federalismo.

La constatación, sin embargo, de la naturaleza sustancialmente federal de nuestro Estado y las dificultades prácticas para avanzar por el camino de un federalismo asimétrico nos ponen en la pista de que con la reclamación federal se está apuntando a otros objetivos políticos que poco tienen que ver con la práctica del federalismo realmente existente. Dentro de estos objetivos podrían señalarse tres más destacados. En primer lugar, la alteración del esquema nacional diseñado por la Constitución de 1978. Como es sabido, la clave de nuestro texto constitucional en esta materia es el reconocimiento de una nación española, de preferente signo político, capaz de albergar en su seno nacionalidades y regiones. Con la fórmula federal ahora propugnada se plantearía el reconocimiento de una pluralidad de naciones en España entre las cuales dejaría de reconocerse una nación española que pasaría a ser la "nación castellana" o, más equívocamente todavía, la nación del resto del Estado, una vez reconocidas las naciones catalana, vasca y gallega. Por un extraño razonamiento, parte de nuestros nacionalismos periféricos habría llegado a la conclusión de que una definición federal de nuestro Estado ayudaría al nuevo diseño nacional de España.

Una segunda razón a favor de la federación iría en el sentido de replantear la vieja cuestión de la soberanía. Ésta dejaría de ser un poder residenciado en el pueblo español para pasar a ser un último poder de decisión ubicado en los Estados miembros de la federación y en todo caso compartido con los órganos de decisión política de la Unión Europea. Hace tiempo, sin embargo, que la práctica y la teoría políticas han ido reconociendo la concentración del poder soberano en los órganos de la federación, estableciéndose en esta cuestión, justamente, la diferenciación sustancial entre la federación y la confederación.

Una tercera posible razón, íntimamente ligada a la anterior, sería la esperanza de que una eventual federación española pudiera aceptar un hipotético derecho de autodeterminación capaz de concluir en la posibilidad de unos Estados independientes en nuestras nacionalidades o en nuevas fórmulas del tipo del Estado libre asociado.

Ninguno de estos tres objetivos es alcanzable mediante una asunción por nuestro Estado del federalismo demandado. La persistencia de la nación española sería compatible con el federalismo, tal como lo ilustra la tradición federal de nuestro país, con Pi y Margall a su cabeza. La soberanía no quedaría repartida entre los Estados miembros y no habría opción, hablando siempre del federalismo realmente existente, a unas prácticas secesionistas.

A la vista de la práctica federal de nuestro Estado, a la vista de que los objetivos maximalistas de los nacionalismos periféricos no se verían realizados con la transformación federal de España, resulta una cuestión poco menos que inexplicable la vocación federal de parte de esos nacionalismos. La ausencia de argumentos claros a favor de esta llamada a "la reforma federal" obliga a buscar una explicación en el terreno del pragmatismo táctico. El proyecto de federalización podría entenderse así como un intento de debilitar el Estado español, de crear las condiciones que permitieran el surgimiento de unos proyectos estatales alternativos. Vendría a ser, con menor justificación, algo parecido a la reivindicación que hacen de la República algunas fuerzas políticas españolas. Se trataría, en definitiva, de crear unas condiciones de crisis para la política española de las que pudiera brotar una reformulación cantonal del mapa español.

Si fuera ésta en última instancia la motivación de la propuesta federal, deberían comprender el nacionalismo catalán y sus eventuales socios en el resto de España que se encuentren con la oposición de la gran mayoría de la sociedad española. Pero antes de llegar a esta conclusión, parecería razonable pedir a los partidarios de una reforma federal una explicitación de sus argumentos. Tendrán que explicarnos las razones que les llevan a negar la condición federal de nuestro Estado autonómico. Y tendrán también que justificar cómo contra toda evidencia piensan alcanzar a través del Estado federal la alteración de la realidad nacional de España, el cuestionamiento de la soberanía actualmente depositada en los órganos de representación del pueblo español y la obtención de hipotéticos derechos de secesión. Sin una explicación de esta naturaleza, será inevitable concluir que la transformación federal de España forma parte de una operación de "agitación y propaganda" tendente a debilitar la vida de nuestro Estado y propiciar situaciones de caos que posibiliten por otros medios distintos de los federales el alcance de los objetivos maximalistas de algunos de nuestros nacionalismos.