Los titulares de la escalofriante noticia -sobre ese otro nuevo suceso luctuoso más- en el día de la Mujer Trabajadora (que se superponían a los preparativos del duelo por un primer aniversario desde aquel 11-M, en el que millar y medio de personas fueron víctimas directas, cuando se les arrebató la vida a dos centenares de ciudadanos que se dirigían a comenzar su jornada laboral) lo dejan dicho todo claro y transparente: El mismo atropello, resultante por un único fallo ocurrido in itinere al desgraciado inmigrante que algunos desaprensivos logreros (incumpliendo toda normativa) habían colocado a llevar -sin descanso ni papeles: ni contrato ni carné ni permisos- un trailer con suministros para el negocio de la construcción, en un "transporte especial" de larga distancia pirata por la A-1, se saldó con media docena de bajas mortales y varios otros heridos entre el equipo de los trabajadores (guardias civiles de tráfico en este caso) siniestrados como terceros. Mas de 400 camioneros y conductores profesionales murieron en accidente de tráfico el pasado año mientras realizaban su jornada laboral, ¡sin contar estadísticamente como accidentes laborales!

¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde habremos de llegar? ¿Hasta cuántos más? Hace pocos meses, diez trabajadores muertos -asfixiados, quemados...- a la vez por un solo siniestro en el polígono industrial de Burgos, sus cadáveres, habían pasado a engrosar la larga e inadmisible lista de víctimas por las condiciones reales con que se desarrolla el trabajo entre nosotros bajo la presente Desregulación generalizada. Un verdadero desmantelamiento ése, de las legislaciones española y europea en sus aspectos más progresistas o protectores de las condiciones laborales, una y mil veces exigida por el guión único de todos esos Programas comunitarios o recomendaciones de la OMC, de las patronales y de los lobbies empresariales que impulsan a ultranza la Competitividad, directamente o a través de tantos beneficiarios de "fondos de reptiles": sus voceros free-lance revestidos con la púrpura de alguna cátedra universitaria, la elegancia cool de los Servicios de estudios de instituciones financieras y/o la autoridad otorgada por las redacciones de medios de comunicación dudosamente progresistas.

Naturalmente, no estamos aludiendo tanto a inexistencia de Legislación reguladora sobre las condiciones de seguridad en el trabajo como a una extrema facilidad para contratar mediante "fraude de ley" y en cualesquiera condiciones, a cual más "basura" o precaria; al abaratamiento excesivo del despido; a la práctica permisividad para subcontratar indefinidamente y a la carencia de normativas penalmente severas respecto de las empresas matrices, que les obliguen a ejercer frecuentes controles -a fondo- de sus subcontratas so pena de incurrir en responsabilidad subsidiaria (y ser desprovistas de bonificaciones fiscales o sociales, a más del posible tratamiento sancionador al que en su caso hubiere lugar) siquiera por cómplice pasividad ante los siniestros laborales.

Entre todas las lacras que hoy producen un diario goteo de víctimas humanas y sobre las que se está actuando con dedicación y resultados desiguales (a saber: el terrorismo político; el de los asesinatos, heridas y mutilaciones de mujeres a cargo de sus parejas masculinas, o "violencia de género"; los accidentes por las temerarias imprudencias del tráfico y la sangría múltiple con diversas formas de drogadicciones varias, incluyendo el alcoholismo, el tabaquismo u otros), donde ni al gobierno anterior ni al actual o a las mayorías parlamentarias que los sostuvieron les ha temblado el pulso para adoptar medidas punitivas de la mayor -y, en determinados aspectos, algo discutible- severidad, la poca eficacia de las políticas públicas destinadas a reducir unas permanentemente altísimas cifras de siniestros laborales con víctimas mortales (nada juzgables como accidentales, dada su tan contumaz como previsible frecuencia), así como el escándalo o alarma social que comportan, se ponen dramáticamente de manifiesto con cada nuevo caso de "accidentes" -especialmente múltiple, como el antes ya citado- que mantienen a España en cabeza del macabro y criminal ranking de Europa.

Y es que desde la perspectiva institucional no es igual de fácil ni de cómodo, sin duda, el atacar o presionar a unos ciudadanos de a pie (porque puedan malbaratar su salud, arriesgando las seguridades propia y ajena, en aras de la única precaria "empleabilidad" ofertada por los Mercados de trabajo) que hacerlo con los empresarios, al cabo considerados "creadores de riqueza", aun cuando alguno pueda estar ejerciendo su función desde esa frontera próxima a la complicidad con el crimen que la borrachera neoliberal insufla en muchas actividades económicas.

Mas tampoco es que no se haya llegado a pretender ya -si no directamente por los gobiernos de España, sí que por algunos jueces de oído ultrasensible al 'dictum' económico del capitalismo desregulado- hacer recaer toda la responsabilidad de un incidente con resultados de gran invalidez sobre el propio "accidentado", quien/es según las sentencias que la prensa reprodujeron "debería/n haberse negado a efectuar una tarea de riesgo sin la protección adecuada"... ¡aun cuando ello le/s reportara la amenaza de un despido -inmediato o aplazado a la terminación del correspondiente contrato de trabajo temporal-, como cabría esperar de casi cualquier empresario ubicado al final de esa larga "cadena de subcontrataciones" al que debe resultarle, al parecer, casi imposible logar "su" competitividad ya, sólo, a través de la reducción de costes. Sin embargo, culpabilizar a la víctima de un "accidente laboral" es mucho más difícil e inaceptable que anatemizar como "parias sociales" a los adictos al tabaco -sin el menor coste en programas de deshabituación para la Seguridad Social- o que actuar penalmente contra los conductores pero sin obligar a los fabricantes de automóviles a limitar la velocidad de los vehículos... o que desentenderse de las condiciones de vida en los hogares donde se produce la "violencia de género". Pero no hay duda, en cambio, de lo "polít¡camente correcto" que es actuar en pro de unas supuestas virtudes y contra los "malos hábitos" de la ciudadanía, sobre todo si ello logra traducirse en una reducción del déficit público a niveles tolerables por el Pacto de Estabilidad; en caso contrario Solbes, el "comisario político" para nuestra economía, se encargará de recordarlo según acostumbra y, consecuentemente, de realizar algún número mayor de inspecciones

A finales del 2004 la cúspide del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales trató de incentivar al Cuerpo de Inspectores de Trabajo con una sustanciosa cantidad global de "productividad por objetivos" para que extremaran su dedicación y celo relativos a labores preventivas de los riesgos laborales. Pero obtuvo una negativa de dichos funcionarios, con la protesta, exigencia o recomendación de que cuanto la grave situación requería era, meramente, una ampliación de plantillas en la Inspección. Porque sin duda dinero hay, cualquier ciudadano puede notarlo a bote pronto: miles de horas de publicidad en la radio, y de metros cuadrados de papel en los diarios, ofrecen cursos y titulaciones de todo nivel sobre Prevención de Riesgos Laborales en academias privadas; avisos relativos a formación de semejante índole -auspiciada o impartida por los sindicatos- ocupan espacio privilegiado y permanente en los tablones de anuncios de las grandes empresas, Bancos y Administración Pública; miles de horas de clases financiadas con el FORCEM (ahora "Fundación Tripartita") por Fondos europeos o estatales, y de jornadas de delegados sindicales dedicados específicamente a la "prevención", no son capaces de reducir las mortales cifras. En realidad, sería un milagro que así fuera: porque no es en la gran empresa donde se producen las frecuencias mayores de siniestralidad laboral.

Es en ese otro apartheid sindical y laboral donde reina el miedo a perder el puesto de trabajo o donde tan sólo acude el trabajador contratado por unas Empresas de Trabajo Temporal que no lo volverán a llamar si se recibe alguna queja del cliente, en la cutre nave de la subcontrata o en la obra de construcción donde las tareas a destajo (y sobre la base de 12 o más horas al día) hacen "inútiles" -o "un estorbo"- los arneses y quitamiedos para llegar a los 1000 euros/mes, donde hablar de "Prevención de Riesgos Laborales" a los empresarios implicados sería tanto como disertarles sobre filosofia pura... para conseguir un cambio en sus actitudes. Los propios trabajadores, carne de cañón para "el accidente" bajo esas condiciones, nos afirmarían -no sin paradoja- que el mayor riesgo laboral que sufren consiste en su pérdida del puesto de trabajo, con la seguridad de que si así fuera no encontrarían otro mejor, o en simplemente no poder con el salario base de convenios colectivos miserables, lo que les obligaría a prescindir de protecciones para lograr conseguir el destajo, los metros cuadrados de solería, de tabique o de enfoscado: así en España ostentamos las mayores cotas de precariedad laboral, entre todas las de Europa, y también en cuanto al número de los "accidentes" laborales. Salta, pues, a la vista la evidente relación de una y otra lacra; y sin pretensiones omnicomprensivas cabe afirmar, en consecuencia, que no habrá seguridad del trabajo si no la hay en el empleo. Porque en definitiva, sin duda que una invalidez, con riesgo de muerte, termina siendo la "enfermedad profesional" más siniestramente amenazadora para el precariado.

Así, igual que quien se acuerda de Santa Bárbara cuando truena, tras suceder un hecho luctuoso -y, sobre todo, con amplia repercusión mediática- los sindicatos hasta suelen convocarnos a que participemos en manifestaciones y simbólicos paros locales o sectoriales sobre esos terribles casos... Mientras, eso sí, ellos continúan dentro del sector de la "Formación en Riesgos Laborales" ofertando cursos subvencionados, aunque sin parecer interrogarse sobre si tendrá límite esta impostura (o si el volumen de esos Fondos no debería revertir en una drástica reducción -¡de una vez, ya!- en el número de "accidentes"), y haciendo marchar la maquinaria burocrático-sindical subsidiada o paraoficial sin cuestionarse el "sistema" neoliberal en su conjunto, que quizás vuelva inútiles cualquier tipo de medidas en tanto no impliquen aumentar la obligación empresarial de aumentar la seguridad del empleo, penalizando las actividades empresariales regresivamente predadoras y deshumanizadas.

Creemos que cada uno de esos compañeros muertos -y casi asesinados, por un sistema sin alma- en los siniestros citados, como ejemplo, han debido colmar el vaso de toda paciencia cívica; que es la hora de reclamar responsabilidades a los Ministros de Trabajo, Economía e Industria, y de los Consejeros autonómicos o los Concejales de Empleo, ...así como con respecto a los mismos líderes sindicales, tan prestos para su condena a posteriori cuanto ineficaces en la inexcusable previsión. También sería ya el momento de exigir la congelación de todos los Fondos destinados a Formación en Prevención de Riesgos laborales hasta tanto vengan, por fin, insertos dentro de políticas públicas realmente creíbles (en las que, para resultarlo, el formar a los trabajadores sobre "que sean cuidadosos" respecto de su propia integridad física -o al empresario con la salud y vida ajenas- no serían, ni con mucho, la principal medida a adoptar). ¡Otras formas de ver y solucionar el problema son posibles!

Pero, sin embargo, respecto del principal portavoz -y celador- de la ortodoxia vigente, el ayer eurocomisario y hoy vicepresidente económico del Gobierno, no nos será posible pedir su dimisión. Y no lo podría ser porque, pese a la democracia, a los Solbes, Rato, Solchaga, Boyer, Fernández Ordóñez, Matutes, Almunia o De Palacio..., como a tantos otros "gurús" encumbrados hasta esas poltronas de la OCDE, el FMI y la UE, desde donde tenemos que sufrir que nos adoctrinen inmisericordes, NO los hemos elegido los ciudadanos.