Corren malos tiempos para la lengua castellana en el solar ibérico. Nuestras primeras Constituciones ni siquiera consideraron necesario referirse a ella como la de todos los españoles. Es en la Constitución de 1931 donde aparece expresamente, en su título Preliminar, que “el castellano es el idioma oficial de la República”, declaración que en el artículo 2 de la Constitución de 1978 se adapta a la nueva forma de Gobierno y se completa teniendo en cuenta las previsiones autonómicas: “El castellano es la lengua oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en sus respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos”.

La cita importa porque su simple lectura revela hasta qué punto vamos cediendo a una presión nacionalista que, lejos de aceptar aquel precepto en sus exactos términos, lucha contra nuestra lengua 'común', la española, en al menos dos grandes frentes. De un lado, degradándola a un segundo puesto —a veces por detrás de determinados idiomas extranjeros— en las Autonomías que gobierna, y de otro, tratando que las lenguas propias sean aceptadas de hecho como 'cooficiales' en toda España. Ahora le ha llegado su turno al Congreso de los Diputados, pese a que su sede se encuentra en Madrid y todos los diputados deben saber y saben hablar en castellano. El recurso a las traducciones sería, amén de ridículo, la prueba evidente de que, más que el posible entendimiento, se busca marcar distancias con quienes son ciudadanos españoles pero no sienten pertenecer a una Comunidad Autónoma con sustrato "nacional" diferenciado y vocación de Estado independiente.

Molesta el interés por subrayar rasgos diferenciales, venga o no a cuento, tanto más cuanto, como es bien sabido, el uso del castellano en el Parlamento de Cataluña fue desterrado mediante el poco democrático pero muy efectivo método del abucheo. Una afrenta a esa mitad de la población que aún tiene como primera lengua la común entre todos los españoles. Es de suponer que la mayoría de sus hijos seguirán antes o después los derroteros del nacionalismo excluyente, aunque sólo sea para no apartarse de lo políticamente correcto y profesionalmente aconsejable. Del ¡habla "la lengua del Imperio”!, que decían en la postguerra, hemos pasado al “sólo la propia de nuestra Comunidad”, siendo así que (aunque ya no quiere recordarse) tan 'materna' -y 'propia'- como ésa es la castellana (o 'español', al decir de Hispanoamérica) para muchos de sus habitantes.

Se abusa de la 'discriminación positiva', so pretexto de una "normalización" que debiera ser compatible con el pleno respeto a la voluntad de cada persona para usar a voluntad una u otra lengua. Como decía Salvador de Madariaga desde la BBC londinense, en tiempos de Franco, lo contrario de una bofetada en la mejilla izquierda no es una bofetada en la mejilla derecha. O viceversa