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Queridos amigos,
las últimas semanas han sido pródigas en acontecimientos,
alguno tan doloroso y despiadado como los atentados del 11 de marzo en Madrid.
La ciudadanía ha reaccionado con vigor y voluntad solidaria, con
calma y con deseos de cambiar las cosas. Ahí estamos. Ahora hemos
cambiado de gobierno y, tal vez, podamos iniciar un camino de diálogo
racional y de vigor ciudadano.
Para intentar cambiar las cosas, precisamente, en un terreno en que están
especialmente torcidas, el de la educación, el colectivo Baltasar
Gracián ha escrito una "carta abierta" dirigida a todas
las organizaciones interesadas, incluidos los partidos políticos,
los sindicatos y el nuevo gobierno. No queremos tampoco dejar de llegar
a quienes, individualmente, pueden estar también preocupados por
el incremento de la injusticia social en el terreno educativo y por la deriva
destructiva a que se está viendo abocada la enseñanza pública
en España (y, en general, en los países de la Unión
Europea).
Por eso os enviamos esta "carta abierta", que pide una reflexión
colectiva y un debate abierto, en los que deberían participar todas
las organizaciones y particulares verdaderamente interesados en la reconstrucción
de la enseñanza pública (lema, como sabéis, de nuestro
colectivo).
Por favor, reflexionad sobre ello y, si os parece bien, enviadnos vuestra
opinión sobre lo que decimos: sobre si hay que hacer esa reflexión
colectiva para llegar a acuerdos básicos de reconstrucción
y acerca de cómo os parecería que se podría iniciar
ese debate. A todos los niveles, en cualquier nivel.
Saludos. Salustiano Martin
Colectivo Baltasar Gracián
e-mail: crisis@colectivobgracian.com
www.colectivobgracian.com
EL CAMBIO NECESARIO EN LA EDUCACIÓN
El vuelco electoral y político del 14-M
ha levantado un cúmulo de expectativas en la mayoría de
los ciudadanos. También, y de manera particular, entre quienes
estamos más directamente vinculados a la educación.
La enseñanza pública, la única que puede garantizar
el acceso a todos los niveles de educación en igualdad de derechos,
viene arrastrando un notable deterioro desde hace años, al que
han contribuido en grado diferente las sucesivas reformas emprendidas
por las distintas administraciones. A los serios errores de orientación
y aplicación de la LODE y la LOGSE dentro de un sistema ya escindido
en una doble o triple red de centros, se han venido a sumar los derivados
del sesgo aún más discriminador, sectario y regresivo introducido
por la LOCE y demás iniciativas legislativas impulsadas por el
último gobierno.
No se trata de meras apreciaciones subjetivas o impresionistas. A la vista
están -y no faltan estudios rigurosos al respecto- indicadores
harto alarmantes: el acusado avance del sector privado en detrimento del
público; la progresiva fragmentación de la población
escolar y el aumento de las desigualdades; el considerable descenso de
las exigencias y niveles formativos para amplias capas del alumnado, lo
que no impide índices escandalosos de fracaso y abandono escolar
en la ESO, tanto más graves por su dispar distribución entre
pública y privada, así como entre los distintos sectores
sociales y económicos (alcanzando cotas muy por encima de las cifras
oficiales del 25%); la proyección de esa disparidad en la desproporción
de alumnos procedentes de uno u otro sector que acceden al bachillerato
y a la universidad... Dentro de los centros se ha ido multiplicando el
desconcierto ante la ausencia de pautas que propicien un clima de trabajo
disciplinado y eficaz en el aula, las contradictorias orientaciones "pedagógicas",
los constantes e inútiles cambios de currículo, entre los
que cabe destacar el último y provocador refuerzo de la injerencia
de la Iglesia en la escuela, atentando no sólo contra el carácter
laico que debe presidirla, sino también contra el más elemental
sentido de proporcionalidad entre las materias en presencia. En lo que
al profesorado se refiere, se acrecienta la desmoralización y desasosiego
por la insoportable degradación de las condiciones en que ha de
ejercer la docencia, el aumento de la división, precariedad e inestabilidad
de las plantillas, la eliminación de los últimos resquicios
democráticos en la dirección y funcionamiento de los centros,
la escasa consideración social y administrativa de su labor, etc,
etc, etc.
Nada es de extrañar que, pese a las resistencias y protestas levantadas
en distintos momentos, se haya asentado entre muchos una cierta sensación
de resignación e impotencia ante los continuos pasos atrás
experimentados en todos los órdenes dentro de la enseñanza.
Ahora, con el cambio de gobierno, provocado por una reacción popular
sin precedentes, parece abrirse una nueva situación en la que muchos
ciudadanos han recobrado la confianza en sí mismos y se sienten
animados a retomar la iniciativa para plantear sus exigencias ante las
fuerzas políticas que se han presentado como alternativa más
democrática y social.
Al igual que en épocas pasadas, no se han hecho esperar las presiones
de los sectores más conservadores, para contener los impulsos de
cambio democrático con el señuelo de un nuevo "pacto
por la educación". Por los contenidos avanzados para el presunto
consenso (libertad de elección de centro, autonomía,...),
se pretendería una pura amalgama de leyes y objetivos contradictorios,
a fin de preservar sus muy particulares intereses económicos e
ideológicos, a la espera de tiempos más propicios para avanzar
en la privatización de un servicio público fundamental como
es la educación. Por el contrario, no obstante la larga experiencia
de ilusiones frustradas y la perplejidad que suscitan muchas de las propuestas
presentadas en la campaña electoral, en muchos de los ámbitos
comprometidos con la enseñanza arraiga la idea de que estamos ante
un momento propicio para repensar, proponer y exigir un verdadero giro,
que logre revertir el curso declinante de la enseñanza pública,
abocada hoy a un paulatino desmantelamiento para someter el derecho a
la educación a las injustas leyes del mercado.
El Colectivo Baltasar Gracián viene desarrollando una actividad
continuada de análisis, discusión y propuestas en torno
a los procesos que vive la enseñanza dentro y fuera de nuestro
país. En buena parte, esa actividad se ve reflejada en los artículos
y trabajos publicados en la revista Crisis. Nuestro referente no es otro
que la defensa del derecho democrático a la educación -responsabilidad
primordial de los poderes públicos-, que sólo puede verse
garantizado en igualdad de condiciones para el conjunto de la sociedad
por un único sistema público de enseñanza, enteramente
gratuito, obligatorio en los niveles básicos, científico
en sus contenidos y de carácter laico, a fin de respetar la libertad
de todas las conciencias individuales y preservar, a la vez, un espacio
común para la formación de niños y jóvenes
dentro de un proyecto de ciudadanía compartido. Somos conscientes,
como tantos otros, de lo mucho desandado en cada uno de esos elementos,
que han vertebrado, desde hace mucho tiempo, la lucha por la Escuela Pública
y la igualdad efectiva de derechos. También lo somos de las dificultades
para remontar las diversas inercias de un largo pasado y los diferentes
intereses espurios asentados en la educación. Pero nadie puede
dudar de la fuerza con que se han expresado las aspiraciones de la mayoría
y la exigencia generalizada de cambios imprescindibles de orientación.
De ahí que, en nuestra opinión, sea necesario abordar, de
forma abierta, la discusión de las medidas más urgentes
y eficaces, que puedan representar pasos inequívocos en dirección
a evitar el creciente descrédito y ruina de la enseñanza
pública, como consecuencia directa del apoyo a la privada y de
la acelerada conformación de una educación "de mercado".
La idea de "recuperar espacio público y democrático"
en la Escuela, para atajar el grave deterioro que sufre el sistema público
de educación, puede aunar muchas voluntades y servir de cauce para
las demandas educativas acumuladas que, pensamos, tendrían expresión
en torno a los siguientes ejes fundamentales:
a) Freno a la privatización: Plan de financiación a favor
de la Escuela Pública frente al crecimiento de la concertación.
La igualdad del derecho a la educación implica un plan general
compensatorio de inversiones, con el fin de superar, en lo posible, las
desigualdades de origen y las manifestadas a lo largo del proceso educativo.
Promoción de plazas públicas en todos los niveles de la
educación, particularmente en las etapas más deficitarias
como la de preescolar, eliminando subvenciones allí donde haya
oferta pública suficiente o donde no se cumplan los requisitos
de igualdad de acceso y distribución de alumnos, gratuidad, coeducación,
...
b) Igualdad y calidad en toda la enseñanza: Actuaciones precisas
e inmediatas para lograr el ascenso de los niveles formativos en todas
las etapas del sistema educativo, empezando, de modo prioritario, por
la enseñanza Preescolar y los primeros cursos de Primaria, sin
ocultar la situación de los aprendizajes reales hoy velados en
los datos de éxito/fracaso de las estadísticas oficiales.
En este mismo sentido es preciso garantizar la homogeneidad en los niveles
de exigencia para obtener el título de Graduado de la E.S.O., de
modo que habilite a los alumnos para cursar, sin los actuales desajustes,
la Secundaria Postobligatoria. Paralelamente, la atención eficaz
a la diversidad debe incluir todos los instrumentos precisos para dar
respuesta al conjunto de los problemas derivados de la heterogeneidad
de los alumnos y la imprescindible atención específica compensatoria...
c) Democratización de los centros: Paralizar/derogar los últimos
decretos sobre elección de directores y devolver la capacidad de
decisión a los claustros de profesores, contra el propósito
de imponer un modelo de gestión empresarial,...
d) Dignificación de la labor docente: Medidas claras que aseguren
un nivel aceptable de estabilidad en las plantillas (alto porcentaje actual
y situación precaria de interinos, profesores en expectativa o
desplazados) y que mejoren sustancialmente las condiciones de la docencia
(número máximo de alumnos por profesor; autoridad y respeto
en el aula; reconocimiento profesional y económico de tareas como
la tutoría; refuerzo de personal subalterno para tareas de control
y vigilancia de los centros; descarga progresiva de horas lectivas a partir
de los 55 años; promoción profesional; etc.).
Mención aparte merece la presencia y trato de privilegio otorgado
a la religión confesional en el marco escolar, en contradicción
con los principios democráticos que exigen la separación
de los ámbitos públicos, comunes a todos los ciudadanos,
y los que hacen referencia a las personales convicciones y creencias.
Cualesquiera que sean los niveles de rectificación legal precisos,
ha de prevalecer la neutralidad del Estado y su respeto a la libertad
de conciencia de todos los alumnos, sin privilegio alguno. En el espacio
común educativo, la religión -como materia específica
y en sus distintas expresiones confesionales- no puede formar parte del
currículo escolar. En todo caso, su oferta transitoria en los centros
educativos no puede afectar sino, exclusivamente, a los alumnos que la
demanden, sin oponerle ninguna "alternativa" curricular para
quienes no la soliciten.
En el Colectivo Baltasar Gracián pensamos que debería abrirse
un período de reflexión y discusión entre todas las
instancias administrativas y asociativas relacionadas con la educación,
discusión en la que estamos dispuestos a participar activamente
en la medida de nuestras posibilidades. En este sentido, hacemos extensiva
la presente propuesta a todas las organizaciones, a los representantes
de las diversas fuerzas comprometidas en el cambio democrático
que la educación precisa y, muy en especial, a los nuevos responsables
de la política educativa, manifestando nuestra disposición
a intercambiar experiencias y opiniones con el sano propósito de
contribuir a la recuperación y mejora del sistema público
de enseñanza.
Esperando pronta respuesta a las sugerencias de diálogo y reflexión
en común, reciban un cordial saludo.
Por el Colectivo Baltasar Gracián
Chomin Cunchillos
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