En democracia, la libertad de opinión es un derecho. Y con esa libertad se ha expresado el Banco de España que preside Juan Caruana, al advertir que "la cláusula del SMI tendrá efectos sobre la inflación y los salarios".

Esta institución, que acostumbra acompañar sus comentarios de una aparente neutralidad y acreditada solvencia, suele sorprender más con su ortodoxia liberal cuando quien gobierna es un partido "progresista". Claro que siempre encuentra inestimables apoyos -Solbes, Almunia, Fdez. Ordóñez...- en algunos miembros de esos gobiernos y del partido que los sustenta.

La cruzada emprendida por sectores empresariales, políticos y financieros contra la revalorización automática del salario mínimo interprofesional (SMI) es tan injusta como disparatada. En el caso del Banco de España la insinuación es indecente, al proceder de una institución que debería preocuparse por la buena salud del sistema económico en general.

Dice que de revalorizarse el SMI como se ha acordado, generaría una "inercia inflacionista" y sería "muy perjudicial para la productividad". Una renta de 513 euros mensuales -quizás el importe de una comida de trabajo del presidente del Banco de España- pasa a ocupar un lugar de honor en las preocupaciones de las autoridades monetarias. Un colectivo de 180.000 personas con rentas como las señaladas puede constipar la economía nacional. Ya está bien.

La inestabilidad de la economía no viene de los salarios. Que el Banco de España bucee en otras rentas y negocios si realmente quiere preservar la buena salud del sistema. No hay peligro de "inercia inflacionista" con la cláusula del SMI. Existe una insoportable tendenciosidad en ciertos ámbitos que no estamos dispuestos a aceptar como "autorizadas reflexiones".

(Gaceta Sindical. febrero del 2005)