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En CCOO, Fidalgo por un Sí
al TCUE:
igual que el PSOE o el PP y la CEOE. Pocos son los afortunados que pueden presumir de haber conseguido toda una página de EL PAIS y además en un fin de semana. Sin embargo para el Secretario General de Comisiones Obreras la del último sábado, en pleno apogeo de la campaña electoral ante el Referéndum del 20-F, no era la primera. Y bien que supo aprovecharla, una vez más. De entrada comenzaba por (presentar sus "Razones para un Sí" al Tratado Constitucional de la UE con) la afirmación de que "las dos centrales sindicales españolas representativas -CCOO y UGT- se han pronunciado nítidamente a favor...", en una escandalosa demostración de su intolerancia hacia el verdadero pluralismo que realmente suponen todavía hoy las restantes fuerzas de nuestro movimiento sindical. Y, para terminar la faena con la misma desenvoltura, concluía mediante el alarde de poner un punto final enfatizando cómo "desde el pensamiento crítico, que siempre tiene que guiarnos a los sindicalistas, le doy un SÍ sin complejos". Pero en el intermedio venían lo que pretenden ser argumentos centrales de su importante mensaje: que "...estaremos en mejores condiciones para construir la Europa social" y que, por lo tanto, donde "menos fundamentados" resultarían (los incomprensibles "errores" de) algunos "contrarios a la Constitución europea" es cuando "se preconiza el rechazo en sectores de izquierda por el supuesto 'neoliberalismo' del texto"... Aunque lo que en realidad no se puede comprender es la razón para esta actitud de José María Fidalgo, pues la contestación a esas aparentes dudas no tendría que haber ido a buscarla muy lejos, ya que la tiene dentro de su mismo Sindicato: "El Sector Crítico de Comisiones Obreras nos oponemos al Tratado Constitucional de la UE, firmado en Roma el 29 de Octubre del 2004, porque entendemos que consolidaría una Europa menos social, menos democrática y menos solidaria (...) Lo que hace el texto es profundizar en la lógica neoliberal de los tratados anteriores. Además, este TCUE fue modificado por la Conferencia Intergubernamental (jefes de Estado y de Gobierno) de Junio 2004. Los cambios introducidos han empeorado el proyecto anterior, produciéndose regresiones, desde el punto de vista de los trabajadores y quedando, como ha reconocido la CES, "menos ambiciosa y menos eficaz". (...) La mal llamada constitución europea insiste en los contenidos de la Europa de Maastricht: reformas laborales, ataques a los servicios públicos, recorte de presupuestos sociales para imponer el déficit cero (...) en un momento en que las pensiones, los sistemas de protección social, los sectores públicos y los recursos naturales están amenazados. En toda Europa se fomenta la deslocalización, la prolongación de la jornada laboral y su flexibilización, y los derechos de las personas en activo y paradas se ven en peligro. La constitución fija con todo detalle las opciones políticas, económicas y sociales que nos afectarán en los próximos años y que van en el sentido de la dominación del mercado, la libertad de acción del capital y de las empresas transnacionales. El modelo de economía de mercado altamente competitiva y de mercado abierto significa de hecho, implantar un marco que confronta objetivamente a todos los trabajadores de la UE y, más allá, a los trabajadores del mundo entero. El capitalismo más neoliberal y la libre concurrencia se convierten en el pilar de la Unión Europea en lugar de los derechos sociales, el pleno empleo de calidad y con derechos reconocidos (...) Quienes, desde la CES y desde el movimiento sindical, defienden la constitución argumentan que en ella se reconocen los derechos sociales a través de la Carta de Derechos Fundamentales. Aunque la Carta haya sido integrada en la constitución, no crea derecho social europeo susceptible de compensar la degradación que impulsa la competencia, siendo ésta la única que se preserva y adquiere un carácter realmente comunitario. En general prevalece la legislación de cada país sin que se armonicen y regulen unos derechos laborales y sociales mínimos. Sustituye el derecho al trabajo por el derecho a trabajar, no reconoce el derecho de huelga a escala europea y rechaza la igualdad de derechos de quienes residen en Europa y no poseen la nacionalidad de un estado miembro. En la denominada cláusula social que informa la parte tercera, se sustituye "pleno empleo y nivel elevado de protección social por la más descafeinada e inconcreta de nivel de empleo elevado y protección social adecuada. La supresión de la posibilidad de decidir por mayoría cualificada medidas de cooperación administrativa y de lucha contra la evasión y el fraude fiscal hace imposible políticas conjuntas en este importante campo. Como en toda la política fiscal, cualquier decisión deberá tomarse por unanimidad. Ello convierte en prácticamente imposible desarrollar medidas de armonización fiscal que permitan luchar contra el movimiento especulativo del capital y contra la deslocalización industrial. Este TCUE no es la Constitución de la Europa Democrática. Supone dar plenos poderes a instancias al margen de todo control democrático, como la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, cuya única misión es mantener la estabilidad de precios y bloquear las políticas presupuestarias en detrimento de los servicios públicos, los ingresos sociales, y el empleo. A estos ámbitos les ceden soberanía tanto los gobiernos como los Parlamentos nacionales, sin que el Parlamento Europeo tenga control sobre ellas. De hecho, el Parlamento queda vacío de poder. Ni siquiera puede proponer leyes (la competencia legislativa plena es de la Comisión Europea). Es, por tanto, la negación de la democracia (...) Por lo expuesto, queda claro que hay suficientes razones para oponerse a la llamada constitución: No es cierto que sea un paso adelante.
Más bien al contrario: si este texto es ratificado, será
necesario el acuerdo de los 25 Estados miembros para modificarlo, lo cual
sería prácticamente imposible y supone blindar este texto
para medio siglo.
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