Eulàlia Solé*

Un estudio de la Fundació Jaume Bofill demuestra que es factible la implantación de una renta básica para todos los ciudadanos de Cataluña

Un estudio de la Fundación Jaume Bofill demuestra que es factible la implantación de una renta básica para todos los ciudadanos de Cataluña. Un presupuesto más equilibrado y una fiscalidad con énfasis en los impuestos directos permitiría que cada persona percibiera 528 euros mensuales, los ricos también, puesto que habrían contribuido al establecimiento de esta retribución generalizada.

Que una entidad como la Jaume Bofill avale con su informe una distribución más equitativa de los recursos económicos constituye una garantía de la seriedad de la propuesta. Sin embargo, la idea no es una novedad. A finales del siglo XVIII, época en que las desigualdades sociales eran aplastantes, en Gran Bretaña funcionaron con mayor o menor eficacia las "poor laws", destinadas a dotar a los más necesitados de un mínimo de subsistencia, calculado a partir del coste del pan. Beneficencia que dos siglos más tarde se vería superada por la racionalidad del Estado de bienestar.

Más cerca de nosotros, geográfica y cronológicamente, el sociólogo y humanista Juan N. García-Nieto desarrolló a finales del siglo XX razonados estudios sobre el tema, distinguiendo, sin embargo, entre una "asignación universal incondicional" y un "salario ciudadano". La primera aportación, equivalente a la mencionada renta básica, la concedería el Estado de forma universal y con independencia de si se trabajara o no. En cambio, el "salario ciudadano" no sólo comportaría la recepción de un ingreso suficiente para llevar una vida con unos niveles de consumo medios, sino que el receptor estaría obligado a una contraprestación en forma de trabajo "socialmente útil".

En síntesis, junto al trabajo económicamente rentable, éste que los ciudadanos realizarían para elevar su nivel de ingresos por encima del "salario ciudadano", se desarrollarían otras formas de ocupación basadas en valores culturales, educativos, de solidaridad que constituirían la contraprestación. Quien esté interesado en el tema, puede acudir al cuaderno n.º 30 de "Cristanisme i Justícia", de 1989, firmado por García-Nieto en colaboración con Eduardo Rojo.

Volviendo a la mencionada renta universal de 528 euros al mes, significaría que las necesidades básicas estarían cubiertas, pero sólo éstas, lo cual aleja el fantasma fácilmente esgrimible de que la gente dejaría de trabajar. En una sociedad donde el consumismo a menudo parece tan esencial como la respiración, el acicate para tener acceso a más cosas asegura el apego al trabajo.

En cuanto a los recursos necesarios para la universalidad de esta renta, basta con calcular cuánto costará el proyecto del Gobierno español de incrementar las fuerzas policiales. Siendo que las causas de la delincuencia radican mayormente en la pobreza y la marginalidad, cuán más tranquilos viviríamos todos, tanto los aposentados como los "chorizos", con menos policías y menos cárceles a cambio de una mejor distribución del producto interior.

Mientras que unos se dedican a estudiar cómo todo el mundo podría vivir mejor, otros sólo piensan en medidas policiales, cuando no en preparar la guerra. Lo malo es que éstos tienen la sartén por el mango. Por fortuna, ellos no son el fin de la historia.

* Publicado en La Vanguardia el 27/09/2002