W. Shakespeare, Coriolano.

[...] Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión [...]

Declaración de los Derechos Humanos, 1948

En Rebelión en la sociedad civil (Barcelona, 1999) José Antonio Pérez sostiene la tesis de que, conforme a la Declaración de los Derechos Humanos promulgada por la ONU, en los países que suscriben formalmente la misma, como son los integrantes de la Unión Europea, la negación por parte del gobierno de las prestaciones sociales mínimas reconocidas en la Carta, haría legítima una eventual rebelión por parte de la ciudadanía. En este sentido, en el último capítulo del libro, "Un antídoto contra la rebelión", el autor defiende la instauración de una Renta Básica como remedio preventivo frente a los posibles estallidos sociales que pudieran surgir en la UE protagonizados por los 60 millones de parados, precarios y pobres de solemnidad existentes en su territorio.

Un antídoto contra la rebelión

José Antonio Pérez

Que nadie piense que siento afición a cultivar rebeldías en mi huerto por simple amor al arte. Hubiera preferido mil veces escribir un libro sobre cualquier otra materia más placentera y sosegada que la concerniente a la rebelión. Por principio, una mente racional ha de rechazar cierta perspectiva de contienda, toda vez que la disputa es una actitud impropia de seres civilizados. La civilización consiste precisamente en el intento humano de alejarse del estadio de las bestias para obrar como seres racionales. Actuar civilizadamente significa comportarse como ciudadanos (cives) que cooperan en una tarea común, y no como bárbaros expoliadores del prójimo. Ese principio de competencia a ultranza, de lucha de todos contra todos en el afán de conseguir la mejor tajada de la tarta social, que hoy se quiere presentar como insignia de la modernidad no se corresponde en absoluto con la idea de civilización.

En cualquier caso, ésta es una obra de ficción donde la libre imaginación del autor se ha permitido representar algunas hipotéticas escenas que, a su parco entender, podrían encajar sin grandes dificultades en el escenario en el que se representa la farsa política de la época. Sería deseable que cualquier parecido con la realidad fuera, como suele decirse, mera coincidencia. Pues, si algunas de las figuras y figurantes que aquí aparecen llegaran a ser ciertas, el riesgo de que la rebelión invadiera el cuerpo de la sociedad civil sería considerable. No obstante, llevado por su optimismo vital rayano en la candidez, el autor sigue confiando en que todavía quede en la sociedad, sin adjetivos, un resto de cordura que permita articular un diálogo político encaminado a llevarnos bien los unos con los otros. Pues, como dije al principio, en eso consiste fundamentalmente la democracia, que no es un fin en sí, sino un camino para hacer más transitable la vida civilizada.

El psicólogo Abraham Maslow ha señalado cómo la frustración de las necesidades intrínsecas de los individuos conduce a los comportamientos violentos. Ante la creciente exclusión social creada por los nuevos artefactos de la economía, es urgente abandonar las recetas trasnochadas y abordar directamente el reparto de la riqueza social. La dura medicina tecnológica aplicada por los galenos neoliberales produce serias manifestaciones de febrilidad reactiva que debilitan el cuerpo social. Afortunadamente hay un remedio infalible, en realidad un antídoto, para prevenir la rebelión. Consiste en algo tan sencillo como aplicar sobre las calenturas una suave cataplasma política cuya fórmula magistral está descrita en la Declaración de los Derechos Humanos. Algunos investigadores proponen añadir un ingrediente novedoso: la Renta Básica. Como existe cierta polémica al respecto, me he permitido ofrecer al lector un resumen de los principales argumentos en torno a los cuales gira la controversia.

La idea de la renta garantizada ha recibido diversas denominaciones, tales como ingreso garantizado (guaranteed income), ingreso básico, salario social, dividendo social o subsidio universal (allocation universel). Uno de sus antecedentes remotos se encuentra en Thomas Paine, que ya en 1796 proponía que, además de otorgar una pensión a los mayores de 50 años, se facilitase a toda persona, al cumplir los veintiun años, la suma de quince libras esterlinas "como compensación, en parte, de la pérdida de su herencia natural". En el siglo actual, la propuesta de facilitar una renta mínima a los ciudadanos comenzó a barajarse a raíz de la Gran Depresión de 1929. El "dividendo social" es una idea lanzada por el Social Credit Movement sobre el argumento de que cada ciudadano es copropietario del aparato productivo. Jan Timbergen, en 1953, y Jacques Duboin, en 1960, plantearon sendas propuestas sobre la conveniencia de adoptar el ingreso garantizado, concepto que no empezaría a ser tomado realmente en serio como alternativa al empleo asalariado hasta los años setenta, cuando comenzaron a notarse significativamente los efectos del paro estructural producido por los cambios tecnológicos. Ya en los años ochenta, un amplio grupo de investigadores sociales pertenecientes a trece países europeos crearon la Red Europea de Ingreso Básico, conocida por el acrónimo BIEN (Basic Income Europe Network) con sede en la universidad de Lovaina. Un grupo similar, el Centro de Estudios para el Ingreso de los Ciudadanos, fue creado en Londres.

Podrían existir ciertas reservas de tipo semántico y conceptual a la hora de elegir el nombre de este tipo de ingreso. En sentido extenso, hablar de "ingreso universal" sugiere que éste habría de pagarse también en la constelación de Andrómeda; en el sentido restringido con que suele emplearse el término "universal" referido a los asuntos que afectan a los humanos, una medida de aplicación universal significa que, además, de aplicarse en nuestro país habría de regir también en Etiopía, pongamos por caso. Desgraciadamente, la situación de miseria por la que atraviesa el Sur no permite, hoy por hoy, acariciar la posibilidad de aplicar de inmediato una medida de este tipo en países en los que no se publican cifras de desempleo por la sencilla razón de que, salvo los dirigentes, toda la población está en paro. Pero, de la misma forma que exigir en un país concreto la aplicación de las garantías establecidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos no invalida su pretensión de universalidad, defender la institución del ingreso mínimo "aquí y ahora" no conculca el derecho de los etíopes a recibirlo. Conforme al principio de "pensar globalmente y actuar localmente", el hecho de que en un país determinado se establezca un sistema de distribución de la riqueza basado en la renta garantizada no sólo no es pernicioso para el resto del mundo, sino que contribuiría a la exigencia de sostenibilidad al plantear un modelo de bajo consumo.

La pobreza generalizada existente a escala mundial es también otro de los argumentos que ciertos detractores del ingreso garantizado utilizan para oponerse al mismo de una forma un tanto demagógica. En efecto, el argumento de que la asignación de una renta mínima a los ciudadanos de un país industrial significaría mantener la explotación que el Primer Mundo ejerce sobre el Tercero tiene poca consistencia. La verdadera responsabilidad en el expolio de los recursos mundiales corresponde a quienes propugnan el sobredimensionamiento de la producción y del consumo en los países ricos conforme al vigente, e inviable, modelo de crecimiento continuo. Un modelo de rentas garantizadas, al que pudiera acogerse toda aquella persona deseosa de abandonar el ansia consumista, reduciría el consumo global de energía y materias primas en el mundo permitiendo un mejor reparto de los recursos entre el conjunto de la población mundial. Si en los países opulentos se ha alcanzado ya un nivel de riqueza suficiente como para asegurar que nadie se vea sumido en la pobreza, es hora de moderar el crecimiento y permitir que se desarrolle el resto del mundo. Los modelos que proponen crear empleo a base de aumentar la producción, al margen de su dudosa viabilidad, implican necesariamente un mayor gasto de recursos y energía así como un incremento de la contaminación. Y en todo caso, si alguien puede invocar todavía el derecho a realizar fuertes volúmenes de emisión de gases de invernadero a la atmósfera, esos son los habitantes del mundo pobre, muchos de los cuales no han quemado un sólo litro de petróleo en beneficio propio en toda su vida. No es correcto decir que el salario garantizado aumenta la pobreza en el mundo; en todo caso, si de la renta mínima se deriva algún perjuicio es para el Orden Establecido vigente en la actualidad.

Un ingreso garantizado podría ser una forma de remunerar a los que voluntariamente se abstuvieran, por motivos éticos, de causar mayores perjuicios medioambientales. Ésta es una fórmula que puede aplicarse en los países industrializados, donde existiría la posibilidad de optar por un modelo de este tipo, pero que de ninguna manera puede imponerse a los países en vías de desarrollo. Después de haber consumido la mayor parte de las reservas globales de energía, y tener la responsabilidad del actual nivel de vertidos contaminantes, el mundo rico no tiene ningún derecho a pedir a los países subdesarrollados que limiten sus emisiones de CO2 a menos que ofrezca un ejemplo nítido en esta dirección. Una iniciativa respetable podría ser la de pagar a los que se abstienen de trabajar en exceso, contribuyendo de esta manera a conservar el medio ambiente. Algún precedente existe ya, como en el caso citado por Cairncross, de las indemnizaciones del Gobierno británico a los agricultores que no cultiven la totalidad de la superficie de sus tierras, dejando espacios reservados al desarrollo de la vida silvestre en zonas consideradas sensibles desde un punto de vista ecológico.

Junto a los aspectos medioambientales, existen múltiples razones para defender la renta garantizada desde una perspectiva humanista. Por ejemplo, el filósofo Fernando Savater considera que: "El Estado de bienestar es algo a superar, sin duda, pero, para ir aún más allá: garantizando una asignación económica básica a todos los ciudadanos, independientemente de sus ejercicios productivos. ¿Primas a la vagancia o a la imprevisión, como creen la señora Thatcher y compañía? Pues muy bien: en un mundo en el que la automatización industrial y los límites ecológicos del desarrollo exigen plantearse la obligación laboral plenaria y universal, subvencionar el derecho a la pereza puede ser una forma de cordura política". Por otra parte, una excelente argumentación que resume las ventajas éticas y sociales de la renta incondicional se encuentra en el libro Tener o Ser de Erich Fromm, quien sostiene que "muchos males de las sociedades comunistas y capitalistas actuales desaparecerían con la introducción de un ingreso anual garantizado". Las razones que ofrece Fromm son las siguientes:

La esencia de esta idea es que todas las personas, trabajen o no, deben tener el derecho incondicional de no morir de hambre ni carecer de techo. Recibirán sólo lo que necesitan básicamente para mantenerse, pero no recibirán menos. Este derecho expresa un nuevo concepto en la actualidad, aunque es una norma muy antigua, proclamada por el cristianismo y practicada por muchas tribus "primitivas": los seres humanos tienen el derecho incondicional de vivir, sin importar si cumplen su "deber para con la sociedad". Otorgamos este derecho a nuestros animales favoritos, pero no a nuestros semejantes.

El campo de la libertad personal se ampliaría enormemente con esta ley; una persona que es económicamente dependiente (de un padre, de un esposo, de un jefe) ya no se vería obligada a someterse a la extorsión del hambre; las personas talentosas que deseen prepararse para una vida diferente podrán hacer esto, siempre que deseen realizar el sacrificio de vivir en la pobreza durante algún tiempo. Los modernos estados benefactores "casi" han aceptado este principio, pero no en la realidad. La burocracia aún "administra" a la gente, aún la domina y la humilla; pero el ingreso garantizado no requeriría ninguna "prueba" de necesidad por parte de una persona para obtener un techo sencillo y un mínimo de alimentos. Por esto no se necesitaría una burocracia (con su inherente desperdicio y sus violaciones a la dignidad humana) para administrar un programa de seguridad social

El ingreso anual garantizado aseguraría una libertad y una independencia reales. Por ello, esto es inaceptable para cualquier sistema basado en la explotación y en el dominio, en especial para los diferentes tipos de dictadura. Es característico del sistema soviético que aun la sugestión de las formas más sencillas de bienes gratuitos (por ejemplo, transporte público o leche gratis) ha sido rechazada con energía. El servicio médico gratuito es la excepción, pero sólo en apariencia, ya que este servicio requiere una clara condición: el individuo debe estar enfermo para recibirlo.

Si consideramos el costo actual del funcionamiento de las grandes burocracias que ofrecen servicios sociales, el costo del tratamiento médico (en especial de las enfermedades psicosomáticas), la criminalidad y el vicio de las drogas (los cuales en gran parte son formas de protestas contra la coerción y el tedio) parece probable que el costo de ofrecerle a todo el que lo desee un ingreso anual garantizado sería mejor que el de nuestro presente sistema de seguro social. La idea les parecerá impracticable o peligrosa a los que creen que "la gente es básicamente perezosa" por naturaleza. sin embargo, esto no tiene una base real; sencillamente es un lema que sirve como racionalización para resistirse a renunciar al sentimiento de poder sobre los individuos indefensos.

Norbert Wiener, considerado el "padre" de la cibernética, fue uno de los primeros en cobrar conciencia de que los cambios que las nuevas tecnologías informáticas producirían grandes oleadas de desempleo. Alarmado por las consecuencias sociales que esto podría traer, Wiener se puso en contacto con el presidente del poderoso sindicato United Auto Workers para ofrecer su incondicional apoyo en la búsqueda de soluciones. En 1963, un grupo de distinguidos científicos, economistas y académicos encabezados por J. Robert Oppenheimer, director del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Princeton, publicó en The New York Times una carta abierta al presidente de la nación en la que advertían de los riesgos sociales derivados de la automatización. El grupo, que adoptó el nombre de Ad Hoc Committee on the Triple Revolution (cibernética, armamentística y derechos humanos), defendió con firmeza la idea de garantizar que cada ciudadano pudiera disponer de "unos adecuados ingresos como derecho inalienable". Como es patente, aunque las advertencias de estos científicos fueron inicialmente tomadas en consideración, sus recomendaciones se disolvieron en agua de borrajas.

No obstante, el economista Robert Theobald, recogió la idea del Ad Hoc Committee y formuló una propuesta concreta de ingreso garantizado. Este economista argumentaba que, ante el desempleo producido por la tecnología, los seres humanos necesitarían un ingreso para poder subsistir, al tiempo que el funcionamiento de la propia economía precisaría distribuir una renta que permitiera la adquisición de los bienes producidos. En este sentido, Theobald propone la institución de una renta garantizada que debería percibir mensualmente cada ciudadano por el mero hecho de nacer. La cuantía de esa renta vendría fijada en función de la renta per capita del país. La prestación se extendería a todo el mundo, sin perjuicio de que trabajase o no, siendo libre cada ciudadano para decidir si desea obtener otros ingresos ejerciendo un trabajo adicional. La contrapartida a esta pensión vitalicia se encontraría en la institución de un servicio social en el que cada uno de los perceptores estaría obligado a prestar un cierto número de horas de trabajo a la comunidad. El ingreso garantizado, según Theobald, "representa la posibilidad de poner en práctica la creencia filosófica fundamental que se ha repetido constantemente en la historia del hombre, según la cual cada individuo tiene un derecho sobre una participación mínima en la producción de la sociedad. La falta perenne de casi todas las necesidades en la vida impedían la aplicación de sus creencias hasta años recientes: la llegada de una abundancia relativa en los países ricos da al hombre el poder para llegar a las metas que permitan garantizar un nivel mínimo de vida para todos".

Significativamente, otra de las propuestas de renta garantizada ha partido de Milton Friedman, profesor de la Universidad de Chicago situado ideológicamente en el extremo opuesto a Theobald, es decir, en la línea dura de los defensores del mercado a ultranza. Conocido en el mundo de la economía por su doctrina monetarista, Friedman se ha caracterizado por ser un enérgico opositor de la regulación gubernamental de la economía y, en general, de toda actividad del Estado. Pero, como señala Galbraith, "a diferencia de sus secuaces menos refinados, no se ha mostrado por entero indiferente a la libertad que se obtiene mediante la posesión de recursos para gastar. Esta preocupación le ha inducido a elaborar la propuesta más radical en materia de bienestar que se ha presentado en años posteriores a la segunda guerra mundial [...] No hay muchos economistas de izquierda que puedan jactarse de haber propuesto una innovación tan impresionante".

En concreto, a juicio de Friedman, la tarifa del impuesto sobre la renta debería ir reduciéndose hasta llegar a anularse cuando se aplica a las categorías de ingresos más reducidos. A partir del momento en que la tarifa es cero, debería convertirse en una renta conforme los ingresos van disminuyendo. En otras palabras, se define la renta mínima que necesita un individuo para satisfacer sus necesidades. Quienes obtienen ingresos por encima del mínimo vital pagan impuestos, quienes no alcanzan ese mínimo reciben del Erario público una renta compensatoria. Esto es lo que se conoce como Impuesto Negativo sobre la Renta. Aunque en principio fue considerado favorablemente por la Administración Nixon, e incorporado en sus programas por algunos candidatos a senadores, como Patrick Moynihan y George McGovern, tampoco la propuesta de Friedman llegó a prosperar en un panorama de economía cicatera con la libertad del individuo.

En Europa, el debate sobre la renta básica distingue este tipo de ingresode las llamadas "rentas mínimas de inserción", que constituyen la versión actual de la antigua Beneficencia Pública, y que los responsables de los servicios sociales sólo conceden una vez que se han cerciorado que los solicitantes acreditan ser pobres de solemnidad, de esos que los humoristas retratan viviendo debajo de un puente. Por el contrario, la denominada "retribución europea de ciudadanía", defendida por Gilles Cantelet, se apoya en la explicación del filósofo cristiano Jean Guitton: "Para que no sea una medida de asistencia social, todo el mundo debería disfrutar, desde su nacimiento hasta su muerte, de los mismos ingresos, retribución que hemos llamado de dignidad". Por su parte, Philippe Van Parijs es el principal abanderado de la corriente más radical que existe en este momento en defensa del ingreso básico al que define como:

Un ingreso pagado por el gobierno a cada miembro pleno de la sociedad a) incluso si no quiere trabajar, b) sin tener en cuenta si es rico o pobre, c) sin importar con quien vive, y, d) con independencia de la parte del país en la que viva. La elección de la expresión resulta conveniente para expresar la idea de que, debido a su naturaleza incondicional, tenemos algo con lo que una persona puede contar con toda seguridad, un cierto fundamento material en el que puede con firmeza descansar una vida, y al que se le pueden legítimamente añadir cualesquiera otros ingresos, ya sean en efectivo o en especie, procedentes del trabajo o de los ahorros, del mercado o del Estado.

Cuando se plantea la defensa del ingreso garantizado atendiendo a las posibilidades de ampliación de la libertad real de los individuos, corremos el riesgo de restringir el debate exclusivamente al ámbito de la especulación filosófica. Aunque antagónicos entre sí, tanto el capitalismo como el socialismo comparten el denominador común de la aceptación del trabajo como uno de los principales valores de la ética social heredada del siglo XIX. Por lo tanto, la asignación de una renta no vinculada al trabajo choca frontalmente con uno de los presupuestos ideológicos de ambas corrientes ideológicas. Éste es uno de los principales motivos por los que el concepto de ingreso básico encuentra el rechazo de tirios y troyanos. Para ambos bandos resulta absolutamente inaceptable la visión de un panorama social en el que unos individuos trabajaran y otros no, pese a lo cual éstos últimos disfrutaran de una renta no debida a su esfuerzo productivo. La idea del gorrón (free-rider), del parásito que vive a costa de los demás, es como un telón de fondo que oscure aún más el debate.

Es preciso superar ese prejuicio, porque en estos momentos la realidad del desempleo ya no puede circunscribirse a un mero debate sobre si es lícito o no poder vivir sin trabajar. El lacerante problema que tiene planteado esta sociedad es el de la existencia de una gran capa social que no puede trabajar aunque esté dispuesta a ello. Éste es un problema ético pero, sobre todo, un problema político que, como demuestra la experiencia, no puede resolverse con los trasnochados estereotipos en torno a la creación de empleo. El propio reparto del trabajo plantea dificultades que parecen insolubles desde el momento en que el propio concepto implica una "catástrofe semántica", como reconoce Guy Aznar, defensor de esta propuesta:

Repartir el trabajo es una catástrofe semántica, una expresión que hay que proscribir, excluir, prohibir, porque amenaza con apartarnos de la mejor ocasión que haya conocido la humanidad desde hace tiempo. Su defecto principal es haber dado una imagen de indigencia y tristeza al principio del reparto natural del tiempo de trabajo, como consecuencia de una confusión fundamental, conceptual, de la que hay que comprender bien su naturaleza. Repartir el trabajo hace pensar inevitablemente en un pastel de tamaño limitado ante el que están sentados varios niños. Llega un niño más que no había sido invitado. Hay que repartir en el sentido de reducir la parte de cada uno. Resultado: cada uno tendrá un trozo menos para comer. Esta analogía, inducida por la palabra reparto, no corresponde a la realidad porque el tamaño del pastel no disminuye. Al contrario, lo que disminuye es el tiempo necesario para fabricarlo. Lo que disminuye es el esfuerzo, no el beneficio.

En estas circunstancias, seguir manteniendo posicionamientos éticos en torno al trabajo equivale a mantener un debate sobre si existió la Atlántida justo en el momento en el que las aguas del oceáno comienzan a inundar la ciudad. Hace tiempo que la Tercera Ola de la revolución tecnológica ha comenzado a invadir nuestra sociedad, mientras sus directores siguen discutiendo sobre lo que podría ser más conveniente para el perfeccionamiento moral de los atlantes. Lo que hace falta es solucionar aquí y ahora el problema de los estragos sociales causados por la inundación. Y para achicar la marea que está ahogando a los habitantes de los sótanos de la sociedad no sirven ni las bombas capitalistas ni las socialistas, pensadas ambas para funcionar con un flujo continuo de trabajo. Tanto si aceptamos la postura pseudodarwinista partidaria de un mercado libre en el que cada cual debe ganar conforme a su esfuerzo, como si aceptamos la que plantea la exigencia ética de que cada cual aporte su esfuerzo personal a la realización de una tarea común, la cuestión de fondo es que falla el factor principal que permitiría vehicular ambos deseos teóricos: cada vez hay menos trabajo que hacer.

Para los individuos privados del acceso al empleo por la lotería de la organización económica, sobrevivir resulta materialmente imposible. No se puede acceder al mercado si no se tiene una mercancía que intercambiar en él. Pese a lo deleznable que, desde cierta perspectiva ética, pudiera parecer la conversión del trabajo en mercancía, lo cierto es que, bajo la concepción clásica del capitalismo, al individuo siempre le quedaría el recurso de vender su fuerza de trabajo en el mercado. Asimismo podría ofrecer su disposición a trabajar para cumplir con las exigencias del socialismo clásico de que todo el mundo contribuya al esfuerzo común de la sociedad. Pero en la actualidad, cuando un individuo, impulsado bien por el hambre bien por el deseo de colaborar, agarra un pico y una pala y se presenta en el tajo dispuesto a prestar sus servicios, se encuentra con que la zanja ya ha sido abierta por una moderna y potente maquinaria. Y lo que debería ser gozo se transforma en tristeza ante la estúpida paradoja de que el único provecho que una organización social basada en el artificio del empleo extrae de la zanja consiste en utilizarla como brecha infranqueable entre las dos orillas de la sociedad dual.

Los argumentos capitalistas contra el ingreso garantizado son básicamente los mismos que sirven para rechazar los transportes públicos, los subsidios por desempleo o el Estado del Bienestar en su conjunto. No obstante, lo que llama poderosamente la atención es que sea precisamente en los ámbitos en los que teóricamente se cuece el pensamiento de la izquierda donde se haya formalizado, en ocasiones con excesiva virulencia, un rechazo frontal al ingreso básico como forma de reparto de la riqueza social.

La crítica realizada desde una perspectiva de izquierda al ingreso garantizado suele distinguir entre dos versiones de la renta básica. Por una parte, la versión de la derecha, cajón de sastre en el que se incluyen tanto la alternativa de Friedman como las distintas modalidades de renta mínima al estilo Speenhamland que, con mayor o menor cicatería, distribuyen actualmente los servicios públicos de asistencia social. Por otra parte, la versión de la izquierda, es decir, el ingreso garantizado para todo el mundo, tal como lo proponen Fromm, Theobald, Van Parijs (no todos coinciden en considerar de izquierda a este "real-libertario") y resto de partidarios de lo que los críticos llaman "las utopías generosas".

En este sentido, quienes han tenido que soportar el aguacero de las críticas más furibundas han sido los miembros del Colectivo Charles Fourier, de la universidad de Lovaina, grupo liderado principalmente por Philippe Van Parijs y Robert Van der Veen. Bien es cierto que, de alguna manera, este colectivo libertario se ha ganado a pulso esta lluvia de críticas despiadadas al provocar la ira de los ortodoxos de la izquierda con una propuesta absolutamente iconoclasta: el subsidio universal como vía capitalista al comunismo, idea resumida en el Manifiesto redactado por Van Parijs en 1985:

Suprimamos todos los subsidios al desempleo, las pensiones del Estado, las transferencias de la Seguridad Social, las subvenciones familiares, la reducción de impuestos a personas dependientes, las becas estudiantiles, los planes especiales de empleo temporal, la ayuda estatal a las empresas en crisis. Pero otorguemos cada mes a cada ciudadano una suma suficiente para cubrir sus necesidades fundamentales. Otorguémosla trabaje o no trabaje, sea pobre o sea rico, viva solo o con su familia, en concubinato o en comuna, haya o no haya trabajado en el pasado. No variemos la cantidad otorgada más que en función de la edad o del grado (eventual) de invalidez. Y financiemos todo ello mediante un impuesto progresivo sobre los otros ingresos de cada individuo.

Paralelamente, desregulemos el mercado de trabajo. Abolamos toda legislación que imponga un salario mínimo o una jornada máxima de trabajo. Eliminemos todos los obstáculos administrativos al trabajo a tiempo parcial. Reduzcamos la edad de escolarización obligatoria. Suprimamos la obligación de jubilarse a una determinada edad.

Una vez hecho todo esto, observemos qué ocurre.

En principio, lo que ha ocurrido es un nuevo "cataclismo ideológico". La aproximación de conceptos diametralmente antagónicos como son el capitalismo y el comunismo produce un efecto similar a la puesta en contacto del ánodo y el cátodo de un sistema eléctrico: saltan chispas. Estos fuegos de artificio han distraído a los espectadores, desviando la atención respecto al fondo del elaboradísimo razonamiento con que Van Parijs, cogiendo uno por uno los argumentos más floridos del pensamiento liberal respecto a la noción de justicia (Dworkin, Rawls, etc.), sitúa inteligentemente sobre el tejado de los liberales la pelota del restablecimiento del juego de igualdad de oportunidades.

En cualquier caso, el grueso de la crítica a la versión de la derecha se fundamenta en que, tal como se propone desde este ámbito la concesión de las rentas mínimas del tipo del Ingreso Mínimo de Inserción (IMI), su única virtualidad consistiría en contribuir a la perpetuación de la fractura producida por la dualización social. Por ejemplo, en caso de que se otorgara un salario social a las actuales amas de casa, propuesta que cuenta con el beneplácito vaticano, tal ingreso sólo serviría para acentuar la discriminación de la mujer en la esfera de la producción general, condenándola a vivir permanentemente en el seno de la esfera doméstica desposeída de las posibilidades de promoción social que permite el empleo. Por otro lado, un ingreso mínimo asignado exclusivamente a los excluidos del actual proceso productivo, es decir, a los desempleados, podría conducir a la creación de una bolsa permanente de trabajadores sumergidos que se ocupasen ocasionalmente de la realización de "empleos de rebaja" ofrecidos por unos empresarios que, según los críticos, se aprovecharían de la situación de los desfavorecidos, quienes no estarían en condiciones de desperdiciar la ocasión de obtener una fuente de ingresos suplementarios.

Por lo demás, dice Gorz, "el Estado será siempre sospechoso de favorecer el parasitismo y la pereza. Tenderá siempre a desmontar esta sospecha combinando el derecho a una renta social con controles más o menos humillantes y vejatorios. Los beneficiarios de esta renta seguirán estando a merced de una revuelta social o de un cambio político". También la propuesta de Friedman, que en principio no introduce una discriminación similar a la del IMI, ya que se mueve en el ámbito de una compensación fiscal común para todo el mundo, es rechazada en base a que, según Guy Aznar, su contrapartida sería la supresión de la totalidad de las actuales prestaciones públicas por jubilación, desempleo, etc. "La estrategia de derechas consiste en aprovechar la circunstancia para descargar al Estado de sus compromisos, de sus múltiples intervenciones sociales [...] Se ve la filosofía subyacente, se acepta el sacrificio de pagar un precio para conseguir la paz social y no crear oleadas de protesta. Como contrapartida se reconstituye la famosa libertad de mercado".

Dado que resulta imposible recoger aquí todas las críticas al ingreso garantizado, reproduciré lo esencial de las objeciones formuladas a este respecto por Guy Aznar y André Gorz. De una manera u otra, la mayor parte de los críticos coinciden a la hora de recoger los argumentos de estos autores, que han logrado una de las mejores aproximaciones a la cuestión de las "metamorfosis" sufrida por el concepto del trabajo en la sociedad postindustrial, abordando con imaginación alternativas en este sentido. Como ellos mismos reconocen, sus respectivas propuestas a propósito del empleo forman parte un núcleo discursivo común que, en síntesis, se substancia en el rechazo de las medidas que puedan contribuir a asentar el principio de una sociedad dual escindida entre quienes trabajan y quienes no lo hacen.

En opinión de estos pensadores galos, la alternativa del ingreso garantizado no es válida porque no resuelve el problema de la escisión social, ni siquiera desde las versiones más generosas surgidas desde el ámbito de la izquierda. A su juicio, la solución de la desigualdad social creada por el incremento de la productividad en el trabajo vendría dada por la "recuperación del sentido" de la actividad humana, unida a un auténtico reparto de las obligaciones y derechos derivados del trabajo realizado con responsabilidad social. En definitiva, según la propuesta concreta de Gorz, trabajar menos para trabajar todos.

Bajo esta fórmula no se trataría de abundar en la falsa solución de "repartir el paro", sino de que todo el mundo participara en el esfuerzo productivo general de la sociedad, trabajando individualmente menos horas. Paralelamente, cada individuo debería recibir en forma de rentas crecientes su parte de riqueza en aumento producida socialmente. Esto supone, dice Gorz, "que el tiempo de trabajo, que actualmente es de alrededor de 1.600 horas al año, sea rebajado en quince a veinte años, escalonadamente y de forma programada, a más o menos 1.000 horas al año, sin disminución del nivel de vida, sino al contrario".

Partiendo de este criterio, Guy Aznar ha elaborado una amplia gama de propuestas concretas que permitirían materializar esa disminución generalizada de la jornada laboral haciéndola compatible con su reparto entre el conjunto de la población. Medias jornadas, periodos sabáticos, puestos compartidos, trabajo "a la carta", un puesto en la función pública repartido entre cuatro personas, etc., son algunas de las imaginativas fórmulas ideadas por este autor para repartir el volumen de ocupación laboral disponible. Sin embargo, la manera en que se pudiera organizar el reparto del empleo disponible no es, en mi opinión, el mayor problema que se le plantea a la sociedad postindustrial, pues en definitiva se trata de un aspecto técnico que, mejor o peor, podría solucionar el más incompetente de los actuales "expertos" laborales. La gran cuestión radica en saber cómo se realizaría el reparto de la riqueza social. En este sentido, el dúo Guy Aznar/Gorz resuelve la cuestión proponiendo algunas alternativas que, de forma resumida, pueden concretarse en lo que denominan el segundo cheque, o indemnización por redistribución de empleo, cuyas principales características son las siguientes:

Nunca es abonado a una persona que no trabaja. Es lo que le diferencia de la prestación por desempleo, del salario mínimo, del salario social, etc. Esa es una condición necesaria y suficiente para que genere un reparto de trabajo.

Nunca es abonado a una persona que trabaja a jornada completa. Al contrario, tiene como función permitir a los activos que tienen jornada completa disminuir su tiempo de trabajo compensando su pérdida de ingresos.

No es financiado directamente por la empresa. Aunque en algunos casos la empresa pueda pagar una prima de compensación (ligada a una mejor utilización de los equipamientos, por ejemplo), es importante que la segunda nómina sea financiada por la colectividad. Eso se justifica cuando hay disminución del paro. Por otra parte, es importante que cada uno participe de las ganancias de la productividad colectiva, por medio de un mecanismo de prorrateo, que impide crear otro dualismo entre diferentes categorías de empresas, las ricas y las pobres.

Es proporcional al salario. Muy lógico, ya que debe compensar la pérdida de ingresos. ¿Debe ser siempre directamente proporcional o al contrario deber ser concebido para disminuir la diferencia entre los salarios altos y favoreciendo los bajos? Se puede afirmar que le corresponde a la mecánica fiscal igualar los ingresos y que no es preciso querer arreglarlo todo al mismo tiempo. Se puede temer que una solución no proporcional sólo fomente el tiempo parcial para los empleos de menor remuneración y desvalorice aún más el trabajo a tiempo parcial, contribuyendo así a favorecer el dualismo en la empresa.

Es un concepto, no un rectángulo de papel. Si la empresa sigue pagando el salario completo de un asalariado a tiempo parcial y el Estado reembolsa a aquélla el montante de la diferencia, el asalariado cobra de hecho un segundo cheque; si el asalariado a tiempo parcial es parcialmente exonerado de impuestos sobre la renta, cobra un segundo cheque no materializado; si la empresa mantiene el sueldo pero es exonerada de algunas cargas sociales cuya financiación es asegurada mediante otras vías, es un segundo cheque.

Como es obvio, la financiación de esta "segunda nómina", complementaria a la percibida por la participación directa en la producción, correría a cargo del Estado, que sería el encargado de recaudar los fondos necesarios mediante unos tipos impositivos directamente ligados a la trinidad maquinaria/energía/productividad, generadora de la riqueza en la civilización industrial. Esta propuesta le parece a Guy Aznar que resulta preferible a cualquier tipo de renta garantizada, ya que, según afirma: "A mis amigos que luchan por la creación de un salario social sin duda no les gustará que los clasifique bajo la bandera de la sociedad dual. Lejos de mí poner en duda su generosidad, su buena fe y su idealismo, que parten de una voluntad sincera de reducir la pobreza. Sin embargo, como se sabe, el infierno está lleno de buenas intenciones".

Lo que no significa que los caminos que aparentemente llevan directamente al cielo, como la vía del trabajo, estén libres de pecado. Aunque varíen sus formas y objetivos aparentes, el trabajo está considerado como la principal fuente de virtud tanto en la ética del capital como en la del socialismo clásico, y especialmente en la versión comunista de éste. Como reconoce Gorz, "esta semejanza de la ética puritana y de la moral comunista se debe en lo esencial a que la racionalización íntegra de la conducta de la vida es exigida igualmente por la adecuación de ésta a la puesta en orden del mundo querida por Dios (puritanismo) y por la adecuación de la conducta de cada uno a los fines transpersonales de la eficacia colectiva y de la Historia" [en el comunismo]. La ética fundada en los valores del trabajo es una de las muchas racionalizaciones que la mente humana puede realizar a partir de motivación irracionales , como el temor, la angustia o la creencia en medios de "salvación" externos a la naturaleza humana. La ética del trabajo no tiene mayor consistencia que la que pretende asignar un papel "salvador" a la mano invisible del mercado.

El sentido común aconseja no atrincherarse en posturas extremas. Es indudable que todavía perdurará la necesidad de realizar un considerable volumen de tareas que no es posible, ni siquiera deseable, transferir a las máquinas. La administración de justicia, el cuidado de la salud o la educación, pongamos por caso, son actividades que la mayoría de nosotros no vería con agrado que fueran realizadas por impersonales ordenadores (aunque seguramente éstos actuarían con más objetividad que algunos jueces humanos, y cometerían menos fallos que muchos médicos que ejercen su profesión con la misma falta de sensibilidad que un automáta). Parece razonable que incluso la decisión de producir pepinos o melones sea tomada por un agricultor de carne y hueso, sin perjuicio de que la totalidad de los métodos de cultivo pudieran ser automatizados. Es esta continuidad del trabajo la que haría aconsejable, desde un punto de vista equitativo, repartir las tareas socialmente útiles entre el conjunto de la población.

Sin embargo, más allá de lo que aconseja el sentido común a la hora de comprender la realidad de las cosas, entiendo que el rechazo frontal del ingreso garantizado obedece más a la pervivencia de la vieja moral laboralista que a las necesidades reales de trabajo en la sociedad. En buena parte, son esas reliquias de moral decimonónica las que impiden afrontar sin complejos el problema del desempleo, al menos desde la izquierda. La objetividad es una de las condiciones que resultan imprescindibles para abordar una cuestión de tanto calado como es la de intentar definir el papel del ser humano en el mundo una vez agotada la que ha venido siendo hasta el ayer histórico su ocupación principal: el trabajo. Pero la caracterización del trabajo que hace Guy Aznar resulta escasamente objetiva:

El trabajo es la vida. El hombre es una masa de energía que se descarga sobre la materia. Energía física del cuerpo, energía afectiva, energía intelectual de las neuronas que se conectan para razonar o se entrecruzan para imaginar [...] el trabajo es un tipo de lenguaje que permite al hombre participar en el mundo. Ya sea para adaptarse o para transformarlo. Trabajar es hacer el amor con el mundo.

Esta poética descripción tiene mucho más que ver con una encendida defensa de la capacidad creadora del individuo —que por lo demás comparto plenamente y con idéntica pasión— que con la naturaleza intrínseca del trabajo. El tamaño de la masa de energía humana que se descarga sobre la materia es bastante irrelevante, como prueba el hecho de que la superficie terrestre apenas hubiera sufrido modificaciones importantes hasta el siglo XIX, momento a partir del cual el hombre comenzó a utilizar energías exógenas. Aunque diga el Evangelio que "la fe mueve montañas", la geografía de éstas sólo ha podido ser transformada de manera sustancial a base de maquinaria. No ha sido la fe, sino las energías liberadas por la explosión de la dinamita y del petróleo inyectado en los motores de las retroexcavadoras, lo que realmente ha servido para horadar los túneles y cornisas por los que discurren hoy las atrevidas carreteras que surcan las cordilleras montañosas.

Al lado de estas energías externas, la energía física corporal del ser humano tiene un valor despreciable en el cómputo total del trabajo industrial. Lo que Guy Aznar considera "energía afectiva e intelectual" debiera describirse de una manera más rigurosa como "información". Los humanos hemos sido capaces de llevar a cabo una serie de obras que no se encuentran al alcance de otros seres vivos debido a ese rasgo diferencial que consiste en la capacidad de proceso de información residente en nuestro cerebro. La idea de que la "transición del mono al hombre" tuvo lugar gracias al trabajo es una cándida suposición de Federico Engels que ha sido aceptada como un dogma incontrovertible por la izquierda, aunque se trate de una teoría completamente refutada a estas alturas por las investigaciones antropológicas.

Lamentablemente, esa suposición engeliana sigue latiendo en el fondo de las propuestas que, frente al problema del agotamiento del empleo, elabora la izquierda "ortodoxa". Parece que sus representantes tuvieran arduas dificultades para superar la disonancia cognitiva que se produce entre la realidad y la representación ideológica de la misma. En efecto, cada ser humano tiende a adquirir un conjunto de conocimientos organizado e integrado sobre sí mismo y sobre el mundo que le rodea, el cual proporciona significado y estabilidad a la vida. Parte de estos conocimientos son consonantes, en tanto que otros son disonantes. La disonancia cognitiva es un estado de tensión psicológica que tiene poder motivante; en tal estado, el individuo tenderá a buscar el modo de reducir dicha tensión. Este tipo de disonancia psíquica ha sido descrito por Festinger como "un estado de incomodidad o tensión producida por la concurrencia de dos elementos cognoscitivos, igualmente aceptados por el sujeto, que lleva a los sujetos afectados a realizar algún esfuerzo por reducir la disonancia y restablecer la consonancia".

Esa incomodidad mental ante el hecho de que un artificio tan querido por la sociedad como ha sido el empleo se esfume ahora ante nuestros propios ojos, parece ser la responsable de las flagrantes contradicciones en las que continuamente incurrimos a la hora de referirnos a esta materia. "El error es creer todavía que es el trabajo lo que genera riqueza. Como sabemos, las máquinas generan riqueza sin trabajo y la fábrica funcionará pronto sin trabajadores", constata Guy Aznar. No obstante, su perspicacia para detectar la raíz del problema entra en flagrante contradicción con su propuesta de reinventar el trabajo: "El objetivo que se persigue aquí no es suprimir el trabajo, sino reencontrarlo, reinventarlo y, en la medida en que va disminuyendo, organizar de manera equitativa el reparto de ese bien precioso".

¡Volvemos a caer en la trampa de considerar el trabajo como un bien! Va a ser harto difícil encontrar alternativas viables a un modelo social periclitado si persistimos en mantener la ambigüedad semántica y conceptual creada alrededor del invento. "Reinventar" el trabajo, como quiere Guy Aznar, equivale como quien dice a invertir la flecha del tiempo y regresar a estadios anteriores de la evolución cultural humana. En mi opinión no hay que "reinventar" absolutamente nada relacionado con el trabajo. En todo caso, lo que podemos plantearnos es descubrir nuevas formas de ocupación no laboral de la actividad humana compatibles tanto con la sostenibilidad medioambiental como con un reparto solidario de la riqueza. Puesto que en la sociedad moderna ésta no desaparece, al contrario de lo que ocurre con el empleo, el gran reto de nuestro tiempo consiste en encontrar formas alternativas de ocupación del tiempo liberado. Es decir, esa "búsqueda del sentido" en la que coinciden tantos autores.

La defensa del ingreso garantizado no contradice en absoluto la argumentación de Gorz en defensa de la libertad de utilización del tiempo liberado de la obligación de trabajar: "Si se es libre, es libre. Nada resulta tan exasperante como el discurso de ciertos autores sobre el tiempo libre. [...] Nada es más insoportable que esa voluntad de amables organizadores que quieren cuadricular nuestro tiempo de aventuras antes de que nosotros mismos lo hayamos descubierto". En efecto, esa obsesión que parecen tener algunos por la "ocupación ordenada" del tiempo libre de los demás entra en flagrante contradicción con el propio concepto de libertad.

Desde un punto de vista económico, Guy Aznar reivindica el derecho individual a ejercer la autoproducción e incluso a vender parte de ella, propuesta que, por lo demás, ha de encantar a los liberales convencidos. Plantar patatas para autoconsumo, fabricar una estantería o arreglar el automóvil son actividades no sólo lícitas, sino materialmente imposibles de impedir por decreto. La libertad individual debe garantizase tanto si uno quiere dedicarse a la mística o a la poesía como si prefiere aplicarse al cultivo de patatas. Por lo demás, ¿cómo impedir que una persona no venda una parte de su cosecha al vecino o recurra al trueque para intercambiar productos o servicios? Son acuerdos interpersonales del tipo "yo te arreglo tu coche a a cambio de que me facilites los huevos que necesito durante el año". Esta actividad es irreductible según Guy Aznar, quien vislumbra una sociedad organizada económicamente en torno a tres tipos de ingresos: 1) el salario, distribuido en la forma directa a la que estamos acostumbrados; 2) el segundo cheque, que distribuye la productividad global del sistema; 3) los ingresos de la autoproducción.

En este sentido, Guy Aznar reconoce la importancia de esa actividad irreductible que es la autoproducción y propone olvidar "por un instante el carácter ilegal e inaceptable del trabajo sumergido, supongámoslo reflotado. Forzosamente hay que constatar que este tipo de actividad económica presenta una serie de ventajas considerables [...] esta actividad se desarrolla en las fallas y en los huecos de las grandes empresas: explota los micromercados a los que éstas no pueden llegar". No habría nada que objetar a esa propuesta de "liberar" la capacidad de autoproducción, aunque conviene señalar que el reflotamiento de las actividades sumergidas recuerda la descripción que Adam Smith realiza de la actividad de los cottagers escoceses, apuntando que "el producto de un trabajo de ese tipo llega a menudo al mercado más barato de lo que correspondería en otro caso a su naturaleza".

En cualquier caso, surge aquí una nueva cuestión: ¿la existencia de cada persona debe vincularse sine qua non a esas tres fuentes de ingresos o, por el contrario, cabe la posibilidad de efectuar combinaciones? Es decir, que ante la probable imposibilidad técnica de realizar un reparto total del trabajo disponible, hubiera personas que voluntariamente optaran por aceptar el segundo cheque como única fuente de ingresos procedentes de la productividad global y eligieran libremente dedicar su tiempo bien a la autoproducción, bien a la prestación de servicios voluntarios dentro de su comunidad o bien a solazarse caminando por los senderos de Gran Recorrido. Sin olvidar a quienes se conformaran simplemente con tumbarse a la bartola ante la consideración de que no hay que fatigar excesivamente los recursos naturales del planeta. Ningún auténtico defensor de la libertad puede cuestionar la legitimidad de cualquiera de estas opciones, que no son más que un infinitesimal ejemplo de las múltiples formas en que puede sustanciarse la libertad de elección individual.

Si estamos dispuestos a admitir la posibilidad de que una persona pueda optar libremente por conformarse con recibir el segundo cheque propuesto por Guy Aznar, entraríamos en la esfera del ingreso garantizado. En efecto, no existe una gran diferencia "operativa" entre el segundo cheque y el ingreso garantizado. El problema radica más en el lastre ideológico de la ética del trabajo que de las consecuencias prácticas de la aplicación de una renta básica. Pongámonos, pues, de acuerdo: no hay contradicción alguna entre la reivindicación del reparto de la productividad global obtenida del trabajo automatizado y el ingreso garantizado, pues a la postre todos estaríamos hablando de libertad real del individuo.

En las condiciones actuales de desigualdad social derivadas del inevitable desempleo estructural ¿qué utilidad tiene perder el tiempo en discusiones cuasi teológicas en torno al trabajo en lugar de reivindicar directamente el reparto de la tarta de la riqueza global? La izquierda en concreto debería abandonar su miedo por la desaparición del trabajo, pues para defenderlo, especialmente en condiciones de precariedad, ya tenemos al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, al Círculo de Empresarios y a los conferenciantes de la escuela de la señora Thatcher.

Afortunadamente, existen puntos de acuerdo. Van Parijs no descarta que el ingreso garantizado pudiera ligarse a la prestación de cierta cantidad de trabajo social cuando afirma: "En este aspecto, concedería a André Gorz que la introducción viable de un ingreso básico sustancial puede exigir la introducción paralela de algún tipo de servicio público. Pero debe quedar claro que [...] la justicia exige que cada miembro de la sociedad tenga derecho a un ingreso sustantivo con independencia de su contribución". Por su parte, Gorz también ha flexibilizado su postura al admitir que "hay una idea que no cesa de ganar terreno y es la de instituir un salario social de base garantizado para todos".

De hecho, tanto Gorz como Guy Aznar figuran entre los firmantes del Llamamiento de los 35. Un manifiesto suscrito por otros tantos prestigiosos economistas, sociólogos, filósofos, periodistas y militantes del asociacionismo en Francia, en el que se reivindica la elaboración de una política económica y social decididamente innovadora y democrática. Este texto unificador de posiciones, aunque advierte expresamente que la renta básica es la materia que mayores diferencias de criterio suscita entre los firmantes, concluye afirmando que "al margen de las diferencias de perspectiva a medio o largo plazo sobre esta cuestión, todos están de acuerdo en reconocer que, en lo inmediato y a corto plazo, el buen sentido, la humanidad y la equidad deben llevar a hacer incondicional la atribución de un ingreso mínimo para toda persona que no se beneficie ya de un nivel mínimo de recursos que aquel podría garantizar, independientemente del buen resultado de las iniciativas de reinserción". O sea, que se impone el sentido común aplazando la discusión sobre el sexo de los ángeles hasta que todos hayan comido.

Por su parte, Orio Giarini y Patrick M. Liedtke, autores del informe al Club de Roma titulado El dilema del empleo, certifican la obsolescencia de los criterios de la economía clásica para interpretar el sentido del trabajo en el mundo postindustrial. El informe defiende la importancia que tienen las actividades de autoproducción en una economía real dominada cada vez más por el sector de servicios. Los instrumentos de la econometría al uso están diseñados para medir el volumen de trabajo únicamente cuando media una compraventa del mismo, pero la estadística oficial olvida el valor del conjunto de actividades socialmente útiles que realizan los individuos fuera del mercado. Por ejemplo, el cuidado de un niño por el empleado de una guardería puntuará en el PIB. Paradójicamente, si al pequeño le cuidan sus abuelos o un familiar en paro, los Ministerios de Trabajo y Economía no se darán por enterados, pese a que el trabajo efectivamente realizado es el mismo. El conservadurismo económico impide cuantificar el volumen total de la economía "inadvertida", que comprende desde las labores domésticas y de atención familiar, hasta la infinidad de trabajos no monetarizados que realiza la gente al margen de los circuitos mercantiles convencionales.

Giarini y Liedtke reconocen asimismo la evidencia de que hoy en día basta el 20% de la población para producir el conjunto de manufacturas y suministros básicos; por lo tanto, bajo el esquema de mercado, el 80% restante está condenado a quedar fuera del juego económico. Aunque la renta básica les parece una solución idónea para salvar esta disfunción, estos autores declaran no estar dispuestos a defenderla debido al eterno problema: la imposibilidad de superar sus propios prejuicios respecto a la ética del trabajo. En consecuencia, todo su inteligente reconocimiento inicial del valor de la autoproducción —que se incentivaría con el ingreso mínimo— se desvanece tan pronto como el meollo de sus propuestas adopta el ritornello de crear un "estrato mínimo de empleo garantizado" para toda la población. A partir de ahí, es normal que el resto de su ingeniería social consista en diseños de esa especie cuya mayor virtualidad consiste en servir de entretenimiento a los miles de congresistas bien alimentados que participan en los debates internacionales "al más alto nivel" sobre "nuevas" políticas de empleo. La posibilidad de que el ingreso mínimo pudiera generar un nuevo sector de pobres —discutible, puesto que la aceptación voluntaria de un modo de vida austero no tiene nada que ver con la carencia impuesta por decreto— se convierte en certeza con las propuestas orientadas a obligar a la gente que no tenga otra alternativa a trabajar a la fuerza a cambio de un ingreso reducido. Cambiar de nombre a las workhouses inglesas del XIX no es muy alentador que digamos.

En España, autores como Tomás Etxabe, Rafael Gisbert, José Iglesias o Daniel Raventós han realizado trabajos bastantes rigurosos en defensa de la renta básica, pese a lo cual esta materia sigue siendo bastante desconocida por el grueso de la opinión pública. Y es que a estos adelantados de la razón les cuesta hacerse oir más allá del sólido muro con el que la propia izquierda defiende su rancia fortaleza ideológica asentada en los valores de un trabajo que contribuyó a glorificar tanto o más que los mentores del capitalismo. Las especulaciones de Engels sobre la escasa laboriosidad del mono son una minucia al lado del tremebundo anatema con que la primitiva Constitución soviética cerró filas alrededor del conservadurismo laboral: "La URSS considera como deber de todos los ciudadanos el trabajar y pone el lema: ¡quien no trabaja, tampoco come!". Lo que no se puso fue el debido crédito a los derechos de autor de Pablo de Tarso, apóstol de la Iglesia católica, que fue quien acuñó la fórmula original de esta máxima en su Epístola a los Tesalonicenses.

Esta escuela de la centralidad del trabajo posee su propia cantera de fundamentalistas, siempre dispuestos a impugnar cualquier alternativa que no pase obligatoriamente bajo las horcas caudinas de una servidumbre laboral. Cosa que le viene muy bien a un capitalismo que podrá permitirse el lujo de seguir pagando salarios por debajo del nivel de subsistencia mientras encuentre la complicidad de quienes sitúan el trabajo por encima de todas las cosas. Los defensores de la renta básica en España han tenido que soportar airadas críticas efectuadas desde sectores de izquierda que se han puesto fuera de quicio al ver cuestionado el dogma. Es el caso de J. Riechmann, quien confiesa sin rubor: "Soy contrario al subsidio universal incondicional y partidario de mantener, mutatis mutandis, el principio paulino de "el que no quiera trabajar que no coma". La mutación de Riechmann consiste en que "es indispensable añadir al principio paulino, eso sí, que los frutos del trabajo han de repartirse con justicia".

Qué cosa puedan ser "frutos del trabajo" es jugosa cuestión para la que no queda ya lugar en estas páginas. El patrón del trabajo comunitario obligado pudo ser adecuado en las épocas en que el pan había que ganarlo "con el sudor de la frente". No parece de recibo que una parte de la población se esforzara en los campos para conseguir que hubiera pan, y que luego las rebanadas fueran consumidas por una panda de aprovechados gorrones. Pero el canon del trabajo obligatorio se vuelve obsoleto a partir del momento en que una sóla persona, sentada al volante de una máquina, puede cosechar en una sola jornada el trigo suficiente para alimentar a cien personas. Adecuadamente utilizada, la tecnología es susceptible de acabar con los dos enojosos problemas que tantos dolores de cabeza han acarreado a moralistas e ideólogos: los zánganos de la colmena y los explotadores. Nadie racanea y nadie explota a un semejante cuando son las energías exógenas las que trabajan para proporcionar el cereal comunitario. Circunstancias que actualizan pero no necesariamente contradicen la esencia de lo que Marx dice en la Crítica del programa de Gotha cuando reconoce que:

El trabajo no es la fuente de toda riqueza. La naturaleza es la fuente de los valores de uso [...] ni más ni menos que el trabajo, que no es más que la manifestación de una fuerza natural, de la fuerza de trabajo del hombre [...] Los burgueses tienen razones muy fundadas para atribuir al trabajo una fuerza creadora sobrenatural; pues precisamente del hecho de que el trabajo está condicionado por la naturaleza se deduce que el hombre que no dispone de más propiedad que su fuerza de trabajo, tiene que ser, necesariamente, en todo estado social y de civilización, esclavo de otros hombres, de aquellos que se han adueñado de las condiciones materiales de trabajo. Y no podrá trabajar, ni, por consiguiente, vivir, más que con su permiso.

Sigue siendo, pues, la naturaleza, intervenida por el hombre a través de la tecnología, la que provee nuestras necesidades, mientras que los miles de páginas de exaltada lírica laboralista escritos a lo largo de los últimos 150 años sólo han servido para sojuzgar a la gente a través del trabajo. Esa lírica del trabajo forma parte de la estrategia empleada por los directores del Establecimiento para obligar a la gente a implorar continuamente su permiso para vivir. Sin embargo, en las condiciones tecnológicas de la sociedad actual, la verdadera prioridad consiste en repartir el trigo, dejando en paz a los individuos para que cada cual haga con su porción de harina lo que quiera. La cuestión de quien trabajaría si existiera una renta básica, que tanto inquieta a los detractores del ingreso garantizado es absolutamente banal. No niego la conveniencia de turnarse en la conducción de la máquina, pero se trata de un problema accesorio fácilmente solventable, dado que el turno le correspondería realizarlo a cada persona ¡sólo una vez cada cien días! El riesgo de que los noventa y nueve restantes el personal se rasque la barriga es, ciertamente, un horizonte detestable a los ojos de las abadesas del convento, convencidas como están de que el ocio es la madre de todos los vicios.

Por ello, la promesa de una posible liberación del trabajo, que parece nítida a primera vista, se oscurece tan pronto se la somete a observación a través de la Tripodología, asignatura integrante del plan de estudios de la Facultad de Trivialidades Comparadas propuesta por Umberto Eco. Los profesores de esta disciplina, que como todo el mundo sabe se ocupa de buscarle tres pies al gato, encontrarán sin duda un buen pretexto para refutar la mencionada posibilidad en la manifiesta desigualdad que ofrece la distribución del consumo mundial de energía. En efecto, siendo el 20% de la población quien consume el 80% de los recursos, surge de inmediato la tentación de rechazar el ingreso garantizado arguyendo un impedimento moral: no es justo obtener pan mediante las energías expoliadas. El argumento, no obstante, perderá consistencia tan pronto nos tomemos la pequeña molestia de comprobar cuál es la porción real de energía fósil aplicada a la producción de alimentos, pues, por muy intensiva en consumo energético que pueda ser la agricultura mecanizada, sus magnitudes son bastante modestas comparadas con el desfilfarro de energía que se produce en otros sectores de dudosa utilidad.

No es la energía destinada a mover las máquinas agrícolas la que agota las reservas. Apaguemos las luces de las autopistas, paremos los motores de los vehículos que llevan a la gente a los centros de trabajo, a los centros del consumo y a los embotellamientos de fin de semana, y ahorraremos cien veces más energía de la que se usa para producir los alimentos. Cerremos la espita del consumo inútil, produciendo sólo lo que es cabalmente necesario para vivir con decencia y constataremos cómo ya no será necesario arrebatar a los pobres del mundo ese maldito litro de combustible que podría regar un huerto y que aquí malgastamos en coger el coche para ir a comprar el periódico a la vuelta de la esquina.

Aunque, como ya sé que alcanzar un objetivo semejante tiene todos los visos de una quimera, me conformaría con que, al menos, los tripodólogos de turno dejaran de entorpecer la posibilidad de que algunos individuos, voluntariamente, decidieran abstenerse de participar en la locura global que desordena al mundo y aceptaran vivir con los magros recursos de una renta básica garantizada.¡Laboralistas del mundo, apartaos! Laisez-passer también vosotros. Dejadnos al menos decidir cómo organizamos nuestra vida sin necesidad de vuestras directrices, vuestros permisos de trabajo y vuestra aburrida lírica laboralista. Dejadnos, incluso, la posibilidad de librarnos del infierno por nuestros propios medios. Cerrad la oficina encargada de expender los certificados de salvación eterna mediante el trabajo. Olvidaos de vuestra obsesión por garantizar nuestra perfección moral y dejad de estorbar un ingreso que permite la garantía de vivir.

Preocuparse tanto por el futuro del trabajo en lugar de hacerlo por los desastres de la precariedad en el presente equivale a poner la venda antes que el parche. Nadie está diciendo que la renta básica sea la panacea política del futuro, sino una solución aplicable aquí y ahora a las lesiones causadas en el cuerpo social por los excesos del mercado de trabajo. Más o menos éstas son las conclusiones de las primeras Jornadas sobre la Renta Básica celebradas en Barcelona, en noviembre de 1998. Aparte de ellas, ha habido dos intentos frustrados de aplicar una medida inspirada en estos criterios.

La primera, fue la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida en Euskadi, en 1996, por las plataformas Gogoa, Eraiki y Elkartasuna, que reunió las suficientes firmas para presentar en el Parlamento Vasco la propuesta de una Carta Social contra el paro y la pobreza en la que se incluya el reconocimiento del derecho ciudadano a una renta social para cuantas personas queden fuera del mercado de trabajo. No pedía el ingreso universal, pero al menos reivindicaba una renta mínima para los sectores que lo necesitan con mayor urgencia. En la actualidad, la propuesta duerme el sueño de los justos en el seno del ámbito vasco de decisión política.

La segunda oportunidad de reclamar una medida de este tipo se produjo a finales de 1998, tras los éxitos alcanzados por las manifestaciones contra la precariedad y el paro celebradas, el 20.6.98, en Madrid, y, el 14.12.98, en toda España, que lograron movilizar a gran parte de la izquierda no establecida o establecida ma non tanto. Culminaba así una campaña en favor del reparto del trabajo y la riqueza, ésta última mediante un salario social, que consiguió sembrar cierta ilusión en muchos colectivos. Mas ya se sabe que, aunque el hombre propone, es finalmente Dios quien dispone, como demuestra el hecho de que el vector político encargado de canalizar la fuerza de esta dinámica social fuese Izquierda Unida, partido cuyo ideario se halla más cercano a las epístolas paulinas que a ese libertarismo disolvente profesado por la grey. Por lo tanto, en la nueva ILP de ámbito estatal que promueve esta formación, el derecho a la renta básica está bellamente recogido en la retórica de la exposición de motivos, si bien, largo me lo fiáis, su parte dispositiva se limita a pedir una ley que limite la jornada laboral a 35 horas. Una vez más, la obsesión por el reloj vuelve a retrasar el avance de la historia.

La reducción del tiempo de trabajo es una vieja reivindicación del movimiento obrero, por lo tanto, la aspiración a la jornada de 35 horas (¡qué fatiga!) es tan respetable como la de quienes quisieran colocar tiestos de alávega en los talleres para aliviar con su aroma los rigores del esfuerzo laboral. Pero sigue siendo una medida que no beneficia en nada a los sectores excluidos del mercado de trabajo. Reducir en un 1/8 la duración de la jornada del decreciente colectivo de empleados a tiempo total mejorará sin duda las condiciones laborales de éstos. Sin embargo, la repercusión de esa medida sobre el empleo del resto es más que dudosa, pues la lógica empresarial ya encontrará los medios de compensar esa disminución de tiempo con mejoras organizativas. Puede que hace veinte años la reducción de jornada hubiera tenido efectos automáticos sobre el empleo, pero a estas alturas no hace falta repartir el empleo por ley. Hace tiempo que el Establecimiento ya se ocupó de reducir extra-legalmente la jornada a esos dos tercios de la población activa que no tienen contrato fijo. La gente de este sector no es que trabaje menos de 35 horas semanales, es que hay semanas, meses, años enteros en los que ni siquiera trabajan.

Impuntuales por tradición, proclives a llegar tarde a todas partes —a la industrialización, a la reconversión industrial, al Estado de Bienestar, a la democracia incluso—, los nativos de la Celtiberia autonómica hemos tratado de recuperar el retraso de nuestra incorporación a los ritmos europeos dándonos el gran sofocón en la carrera emprendida para cumplir los criterios monetarios de Maastricht. Sin reparar que en el camino nos hemos dejado el tejido social hecho jirones. Ahora que ya hemos aprendido a contar en euros, deberíamos ir pensando en exigirle al Gobierno que proceda a realizar cuanto antes la "convergencia" interior de salarios, pensiones y subsidios al desempleo fijando un salario social mínimo que, a título de sugerencia, podría situarse en 500 euros mensuales, modestísima cantidad que tampoco es como para tirar cohetes.

Divagar sobre el ámbito de cobertura de una renta de este tipo es como empezar la casa por el tejado. Es evidente que los parados y los pensionistas situados dentro de los umbrales de la pobreza necesitan encontrar aquí y ahora una solución pacífica al problema de la precariedad de sus medios de vida. Empecemos por cimentar la sociedad evitando asentarla sobre los movedizos terrenos del descontento y luego ya veremos si conviene poner jardineras en todos los balcones. El problema, creo yo, no reside en debatir si los directores de los bancos, los ministros o los capataces de las ETT deben estar concernidos también por la renta básica. El camino hacia el infierno, se recordaba antes, está lleno de buenas intenciones, pero no es menos cierto que, para quienes ya se encuentran inmersos en él, no importa gran cosa el sexo de los ángeles.

Por eso produce tanta perplejidad asistir a la encendida y tardía defensa de los valores del trabajo por parte de una izquierda que, en general, parece no haberse dado cuenta de que no vivimos precisamente en la nova insula de Utopía. Quienes lleguen a ella tendrán tiempo suficiente para hablar sobre la mejor forma de su gobernación. Mas, por el momento, convendría contemplar el presente en su auténtica dimensión y perder el apego a los valores del Orden Establecido contemporáneo. Particularmente, ese orden me inspira escaso respeto, pues, de acuerdo una vez más con Thoreau, tengo claro que no soy el hijo del ingeniero social que ha parido semejante Máquina de fabricar paro y miseria. Y en consecuencia no pienso mover un dedo para cooperar a mantenerlo. Me limito a apelar al buen sentido de quienes sienten aprecio por ese mecanismo. Porque, si fueran medianamente sensatos, deberían apresurarse a poner cuanto antes los medios que eviten que el siglo XX termine mientras anida en mucha gente, hablo de 20.000.000 de personas en Europa, el convencimiento de que la rebelión es la única salida que nos queda para continuar haciendo política, siquiera por otras vías.