Renta y solidaridad
Miguel Moliné

El pasado día 27 de diciembre, el diario 'El País' publicaba un artículo, "Diversidad e igualdad, un falso dilema", en el que su autor -Joan Saura, presidente de 'Iniciativa per Catalunya -Verds'- defiende el proyecto de Estatuto de Cataluña, al que califica de «equitativo y eficiente» en materia económica. El modelo propuesto en ese Estatuto catalán se asemejaría al cupo vasco y a la aportación navarra pero, curiosamente, ninguno de estos dos sistemas actuales puede calificarse precisamente de «equitativo»... Coinciden en ello tanto expertos económicos adscritos a la derecha ("Balanzas fiscales autonómicas: callejón sin salida", Alberto Recarte, http://www.almendron.com/politica/pdf/2005/spain/spain_2455.pdf) como a la izquierda ("Los mecanismos de cohesión territorial en España: un análisis y algunas propuestas", Ángel de la Fuente, http://www.almendron.com/politica/pdf/2005/spain/spain_2118.pdf) aunque, sin embargo, ningún grupo político se atreva a cuestionar su existencia. El PP rechaza la financiación catalana pero, que sepamos, no figura entre sus planes reformar la Constitución en el sentido de suprimir la «excepción» vasconavarra. El PSOE por su parte, niega a Cataluña lo que acepta sin recato para los mencionados territorios.

Lo más grave, sin embargo, es el deslizamiento de Joan Saura hacia la Edad Media en materia fiscal: el Estatuto catalán es eficiente porque establece «la correspondencia entre esfuerzo fiscal e ingresos: a mayor esfuerzo fiscal, mayores ingresos». En el siglo XVIII, Ensenada proyectó la abolición de varios impuestos -"alcabalas, cientos y millones..."- y su sustitución por un único Impuesto sobre la Renta nuevo, el "catastro", de aplicación a todos los ciudadanos sin importar condición o clase, y basado en la capacidad económica de aquéllos. Esa idea fue arrinconada en un primer momento pero, con el paso de los años, se convirtió en la piedra angular de los sistemas fiscales para las sociedades más avanzadas, incluida la española. En las postrimerías del siglo XIX, el Estado intervendría de forma más decidida en la economía, sentando las bases del llamado "Estado del Bienestar"...

A la creación de un sector público económico se añadió la obligación, por parte del Estado, de garantizar la prestación a todos los ciudadanos de una serie de servicios públicos, en determinados ámbitos, como la sanidad o la educación... Sin embargo, el razonamiento de Joan Saura aplicado a la ciudadanía invertiría el proceso histórico y convertiría la solidaridad en papel mojado pues entonces «a mayor renta, más servicios». Llegamos a este absurdo medieval porque Saura -y el resto de nacionalistas- parten de una premisa falsa al sustituir el concepto «ciudadano» por el de «territorio»; en realidad, no son los territorios quienes tributan sino los ciudadanos y, por supuesto, nadie puede alegar «mayor esfuerzo» ya que la presión fiscal es la misma para todos. El acceso de aquéllos a iguales servicios -en el conjunto del Estado...- no depende del esfuerzo fiscal de uno u otro "territorio", sino de los mecanismos de solidaridad que se establezcan. Y éstos de ningún modo pueden basarse en la "renta" de una determinada región sino en las necesidades concretas de los ciudadanos: a mayores necesidades, mayores recursos... Lógicamente, la estructura geográfica -en mayor medida que la administrativa o territorial- influye. No es lo mismo, por ejemplo, un plan sanitario para una zona con poca densidad de población que para otra con sus habitantes concentrados en unos pocos núcleos urbanos (y, en todo caso, poco debe importarnos para ello lo "ricos" que sean sus habitantes...), aunque algunos pretendan convencernos de todo lo contrario. ¡Desde luego, hay quienes han perdido el rumbo y ya no saben ni dónde está su mano izquierda!

[Bitácora 'Almendrón' 2.01.06]

 

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