Todos los ríos desembocan en el mar y todas las reivindicaciones nacionalistas terminan en la financiación y en el dinero. Los catalanes son especialmente propensos a estos planteamientos y, por eso, el presidente de la Generalitat el otro día, en su conferencia de Madrid, volvió a la carga con el déficit fiscal de Cataluña.
En este caos político las palabras no significan lo que realmente significan. Podría pensarse, y eso sería lo lógico, que cuando se habla del déficit fiscal de una entidad pública se está haciendo referencia a su desequilibrio presupuestario, que debe cubrirse con endeudamiento público. En este sentido, la Generalitat sí ha sido pionera, puesto que, quizás por el empleo de esos métodos tan buenos de gestión privada, desde el primer momento comenzó a gastar bastante más de lo que ingresaba y de lo que costaba mantener los mismos servicios antes de que se le transfiriesen.

Pero no, cuando los nacionalistas, "y a estos efectos Maragall es ante todo nacionalista", invocan el déficit catalán, lo usan en una acepción totalmente distinta, están queriendo indicar que la Comunidad de Cataluña contribuye al Estado central con bastante más de lo que recibe de éste. Tal planteamiento tiene un error de principio, sobre todo para aquel que se llame socialista, porque no son las Comunidades Autónomas las que contribuyen sino los ciudadanos. En un Estado moderno, por muy federal que sea, los impuestos recaen siempre sobre los ciudadanos. Son éstos los que soportan el gravamen y no los territorios.

La contribución por regiones o condados es propia del feudalismo o de aquellos sistemas que de forma anacrónica se mantienen como privilegios, fueros, se dice, como vestigios de la Edad Media, tales como el cupo vasco. Un ciudadano catalán no paga ni más ni menos tributos que un ciudadano andaluz con su misma capacidad económica. Y así debe ser en un sistema fiscal moderno. La distribución territorial de la carga fiscal es una mera consecuencia de este principio de igualdad general y de la distribución regional de la riqueza.

Ese discurso errático que dice que hay que poner un límite a la solidaridad interregional se asienta en dos enormes falacias. La primera, hablar de solidaridad cuando habría que pensar en términos de justicia. Un sistema fiscal progresivo pretende redistribuir la renta en la creencia de que la distribución primaria realizada por el mercado es errónea e injusta. La renta y la riqueza de catalanes y madrileños se obtiene en Andalucía o Extremadura, y viceversa. Se trata por tanto de restablecer en parte la justicia distorsionada por el juego de oferta y demanda. En segundo lugar, la pretensión de limitar esa redistribución regional es en realidad un intento de limitar el potencial redistributivo del sistema fiscal, dado que aquélla es un resultado meramente automático de éste. Las transferencias de recursos entre regiones son tanto más cuantiosas cuanto más progresivo es el sistema fiscal y más diferencia hay entre sus rentas.

Maragall suele argumentar que las Comunidades deben contribuir en proporción a su renta y recibir en función de su población. A primera vista puede pensarse que son criterios lógicos y aceptables, pero por poco que se reflexione uno se da cuenta que esconden una sutil trampa. En un sistema fiscal progresivo los contribuyentes no pagan en proporción a sus ingresos. Los impuestos se incrementan en una proporción mucho mayor de lo que aumenta la renta. La población tampoco parece que sea el único criterio a tener en cuenta a la hora de determinar los recursos que una región debe recibir; por ejemplo, la densidad de esa población puede ser una variable que también afecte a la hora de determinar el coste de los servicios.

La pretensión de limitar la capacidad redistributiva del Estado no es nueva. Los grupos económicamente fuertes lo han intentado siempre. No tiene nada de extraño que se reclame desde las fuerzas políticas de derecha. Lo que resulta inexplicable es que lo exijan aquellos que afirman pertenecer a un partido de izquierdas. Cuando el señor Maragall afirma que hay que limitar la solidaridad interterritorial está comportándose de la misma manera que las fuerzas económicas cuando demandan menor progresividad fiscal.