Àlex Boso e Irkus Larrinaga

| 02/01/04 | | |
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Hace tan solo unos años, la Renta Básica (en adelante RB) parecía una utopía cargada de buenos propósitos pero destinada tan sólo a ser debatida por algunos teóricos o por grupos con pequeña, si alguna, incidencia social. Tras la celebración del III Simposio de la Renta Básica, que tuvo lugar el 10 de diciembre de 2003 en Barcelona y que fue organizado por la Asociación Red Renta Básica, con la colaboración del Grup de Recerca en Ètica Economicosocial, Ciutadania i Sociologia (GREECS) de la Universidad de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra y el Ayuntamiento de Barcelona, se pudo llegar a la conclusión de que la RB no anda muy lejos de hacerse realidad en un futuro no muy distante.

Primera mesa: “El camino hacia la Renta Básica:
problemas prácticos y tareas pendientes”

En la presentación del Simposio, Francisco Ramos, miembro de la Junta Directiva de la Red Renta Básica, realizó un resumen de estos fructíferos años de trabajo y de los retos para el futuro, en especial, la asunción, por parte de la Red, de la organización, en septiembre de 2004, del X Congreso de la Basic Income European Network (BIEN), congreso que reunirá a los máximos especialistas en la materia del mundo. Jordi Guiu, Decano de los Estudis de Ciències Politiques i Gestió Pública de la Universitat Pompeu Fabra, planteó una serie de cuestiones sobre el estado actual de la RB como propuesta de renovación de las políticas sociales, cuestiones que persistieron durante todo el debate posterior. El moderador de la primera mesa del Simposio, que llevaba por título “El camino hacia la Renta Básica: problemas prácticos y tareas pendientes”, fue José Antonio Noguera, profesor de la Universitat Autònoma de Barcelona y Vicepresidente Segundo de la Red Renta Básica. Noguera recibió con entusiasmo estas pertinentes consideraciones porque, a su entender, demostraban, por lo menos, dos cosas: en primer lugar, que sigue habiendo muchas cuestiones que discutir, muchos problemas que solucionar desde un debate riguroso; y, en segundo lugar, que ya no es necesario emplear ilusiones y energías en luchar contra prejuicios poco fundados, sino que las resistencias con las que va encontrándose la propuesta de la RB se basan, cada vez más, en argumentaciones bien articuladas. Entramos, pues, en una etapa de debate sereno, de un debate asentado sobre todo un cúmulo de estudios sólidos y rigurosos que cada vez es más amplio. Gracias a ellos, van aclarándose cuestiones relativas a la viabilidad financiera de la RB, así como a la eficacia de dicha medida como instrumento para erradicar la pobreza. En esta línea, se trató de sostener la compatibilidad de la RB con el modelo clásico del Estado de Bienestar. Así, se subrayó la necesidad de mantener parte de la filosofía del mismo, en especial por lo que respecta a las políticas de servicios, pero sin desatender una realidad de suma importancia en el mundo actual: la dificultad del pleno empleo como objetivo a largo plazo de las políticas sociales. De este modo, el fondo del debate se sitúa, ahora, en la viabilidad política y en la implantación institucional de la idea. Es el momento, pues, de encarar los retos que se plantean en relación con la aplicación real y concreta de una medida de estas características. Quedan todavía muchas ideas por discutir, muchas cuestiones por resolver que tanto los propios partidarios de la RB como quienes se muestran más escépticos en relación con la misma se están encargando de estudiar. Esta primera mesa del III Simposio de la RB debe entenderse, pues, en este marco conceptual y político-práctico.

En este contexto, Izaskun de la Fuente, miembro de la nueva Junta de la asociación Red Renta Básica que se eligió en la Asamblea que se realizó por la tarde el mismo día 10 de diciembre y de la dirección Nacional de Ezker Sindikalaren Konbergentzia (ESK), sindicato que combina desde hace años el trabajo sindical con la lucha contra la pobreza y la exclusión social, evaluó las experiencias y políticas en las que su sindicato, estrechamente comprometido con la propuesta de la RB, ha participado, en Euskadi, a lo largo de esta última década. De esta forma, denunció el hecho de que propuestas cargadas de muy buenas intenciones y que han contado con un apoyo notable por parte de la ciudadanía -la Carta de los derechos sociales desarrollada en 1996, por ejemplo- se hayan visto altamente empobrecidas, por el hecho de centrar sus reivindicaciones en la consecución del pleno empleo, propósito quimérico en la situación de paro estructural en la que nos encontramos, y, de este modo, relegar a un segundo plano, hasta condenarlo al olvido, el objetivo primigenio de esa Carta: lo que entonces se denominó un “salario social”, que contenía los principios esenciales de la RB. De esta forma, al condicionar el estatus de ciudadanía a la posesión de un trabajo renumerado y al no ser ni universales, ni individuales, ni incondicionales, las rentas mínimas introducidas en Euskadi distan mucho de constituir una RB genuina, pese al hecho paradójico de haber sido aglutinadas bajo el nombre, precisamente, de “Renta Básica”.

Esta denuncia de las rentas mínimas actualmente existentes se vio reforzada por la perspectiva de género de la que De la Fuente dotó a su intervención. En efecto, De la Fuente denunció el proceso de femenización de la pobreza que se está dando. Del total de los beneficiarios de las políticas de ingresos mínimos en el País Vasco, más del 70 % lo constituyen las mujeres. Además, si a esto se le añade que los estudios acerca de la pobreza poseen un claro sesgo de género, al considerar las unidades familiares como unidades económicas independientes y suponer de forma falaz que el reparto inter-familiar de los recursos se halla sujeto a criterios democráticos, resulta obligado afirmar que la crudeza de las condiciones socioeconómicas en las que las mujeres se encuentran es especialmente preocupante. Resulta evidente que, en muchos casos, las familias tradicionales mantienen su unidad debido a las mayores dificultades a las que la mujer debe enfrentarse a la hora de encontrar un puesto de trabajo digno y, con ello, independizarse –no debe olvidarse que, a día de hoy, el desempleo femenino duplica el masculino en el conjunto del Reino de España; y que, a escala mundial, la mujer aporta más del 60 % de las horas de trabajo pese a que recibe a cambio el 10 % de los salarios y posee apenas el 1 % de la riqueza mundial-. Asimismo, conviene tener presente que las mujeres se hallan especialmente perjudicadas cuando es el hombre quien toma la decisión de abandonar el núcleo familiar, pues en este caso se ven inevitablemente empujadas a asumir en solitario la maternidad y el cuidado de los ancianos. Por todo ello, De la Fuente recalcó la necesidad de compaginar un salario universal, incondicional e individual –una RB-, que resuelva de una vez por todas las injusticias de la ecuación empleo-derechos, con políticas de igualdad de oportunidades que modifiquen los roles tradicionales que impiden a las mujeres escapar de las situaciones en las que hoy se hallan inmersas.

Por su parte, Sebastià Sarasa, profesor de la Universitat Pompeu Fabra, planteó un acercamiento crítico a la propuesta de la RB, una medida de la que, sin embargo, resaltó las posibilidades reales de ser implantada “a medio plazo, en un plazo de unos 5 o 10 años”. Desde esta perspectiva, y dejando clara una inicial simpatía hacia los principios que fundamentan dicha propuesta, Sarasa planteó algunos interrogantes acerca de sus posibles consecuencias.

En primer lugar, puso en cuestión el énfasis depositado en la RB como instrumento de lucha contra la pobreza. Sarasa recordó que el término pobreza es un término relativo y que, si bien con políticas de transferencias monetarias eficientes se puede luchar contra ella de forma coyuntural, no resulta tan evidente que estas políticas, por sí solas, diluyan las descomunales desigualdades existentes en las sociedades actuales. Para ejemplificar sus preocupaciones, Sarasa planteó la posibilidad de que una RB conduzca hacia una sociedad radicalmente polarizada entre contribuyentes y dependientes. En este escenario, aquellas personas que contasen con algún tipo de incentivo para la realización de una tarea –en este caso, trabajos remunerados y esencialmente agradables- conformarían el grupo de los contribuyentes; mientras que aquellas personas que sólo tuvieran acceso a trabajos precarios -como sería el caso de las mujeres, anteriormente denunciado- optarían por vivir dependiendo de las transferencias monetarias. En una situación como la detallada, todo el mundo sobreviviría, por supuesto, pero las desigualdades serían, evidentemente, intolerables.

En esta línea, Sarasa planteó algunas dudas acerca de la viabilidad financiera de la RB, sobre todo si ésta no ha de excluir una adecuada y eficiente prestación de servicios -y especialmente si se asume que en la actualidad esta prestación de servicios es deficiente y debe ser mejorada-. Para Sarasa, el hecho de que los Estados cuenten con unos recursos finitos aboca a una disyuntiva que él planteó en términos de “igualdad de capacidades” versus “igualdad de recursos económicos”. En este punto, Sarasa sostuvo que una prestación adecuada de servicios constituye una medida más eficaz para la erradicación de la pobreza, para la lucha contra las desigualdades sociales, para garantizar la autonomía de las mujeres frente a los sistemas patriarcales y, en definitiva, para paliar los costes de la herencia social, que lo que él llamó “igualitarismo económico”, esto es, las políticas de transferencia de rentas.

Por último, Sebastià Sarasa puso sobre la mesa una de las objeciones más recurrentes entre quienes se acercan a la idea de la RB: el efecto de la misma sobre el fenómeno migratorio. Según su análisis, el interés por parte de algunos de mantener una economía sumergida, que actualmente se sitúa entre un 20 % y un 30 % de la actividad económica en el Reino de España, y la subida de los salarios que presumiblemente comportaría una Renta Básica para todos los ciudadanos de pleno derecho permite albergar la sospecha –y la preocupación- de que la posible polarización de la que se hablaba anteriormente adquiera tintes también étnicos.

Pero la discusión acerca de dificultades de tipo práctico no debe mermar la facultad de hacer propios y desarrollar con amplitud ideales de justicia enraizados en tradiciones ético-políticas de largo recorrido. Así lo revindicó Jaime Pastor, profesor de la UNED, miembro de Espacio Alternativo y de la dirección federal de IU, al instar a partir de un horizonte utópico. Es preciso, sostuvo Pastor, aspirar a alcanzar una sociedad justa donde las necesidades básicas se hallen cubiertas, una sociedad en la cual el ubicuo fetiche del dinero vaya perdiendo su actual centralidad, al desarrollarse una economía nueva, reformulada, basada en la reciprocidad y en la autogestión. En este escenario, la supuesta contradicción entre servicios e ingresos no tendría por qué darse: tanto unos como otros podrían estar garantizados.

Ahora bien, en el horizonte real del mundo actual asistimos, indefensos, a un proceso de globalización neoliberal que ha provocado un corte en la tendencia histórica del movimiento obrero a reducir el tiempo del empleo socialmente necesario. Mientras, por un lado, los logros conseguidos por la acumulación de saber técnico-científico hacen posible la reducción del empleo socialmente necesario, por otro nos encontramos con que la ideología dominante ha estructurado un mundo donde no sólo es necesario destinar más tiempo al empleo para garantizar una vida digna, sino que, conjuntamente, ha surgido una nueva clase de trabajadores y trabajadoras sobre-explotados -trabajadores y trabajadoras de los países más pobres e inmigrantes en los países ricos, especialmente-, unido todo ello al fenómeno de precarización de las condiciones sociolaborales que sufren los trabajadores y trabajadoras que hasta ahora se situaban en la situación más “cómoda y estable” –cada vez son más habituales los despidos masivos, la contratación precaria para los más jóvenes, etc.-. Además, de forma paralela se ha ido dando una progresiva privatización de los servicios públicos, así como un creciente incivismo fiscal, esto es, una tendencia a la desfiscalización de los estados. En resumen, la alineación aparece cada vez más como una realidad cotidiana y la figura del “trabajador pobre” va cobrando mayor importancia.

Las respuestas que los estados dan a esta situación se están sustentando sobre dos pilares: en primer lugar, el diseño ad hoc de políticas asistencialistas de parches que se muestran totalmente ineficaces, a la vez que generan un elevado gasto público -se trata de “políticas generalmente diseñadas para lavar la cara de los gobiernos de turno”, según palabras del propio Pastor-; y, en segundo lugar, el paso del Estado de Derecho al Estado Penal, el cual estigmatiza primero y criminaliza después a todos aquellos que se sitúan por debajo del umbral de la pobreza, independientemente de si poseen o no empleo.

En este estado de cosas, para Jaime Pastor no hay ninguna duda de que la Renta Básica constituye un derecho: el derecho a la existencia. Ahora bien, mientras se articulan los caminos para alcanzar la seguridad material, esto es, la garantía de la existencia para todos, en lo concreto se deben ir delineando flancos de ataque que pongan freno a los nefastos efectos de la globalización anteriormente detallados. Así, la izquierda, libre de trabas y prejuicios arrastrados de forma consuetudinaria, debe mostrarse capaz de alumbrar nuevos caminos para la lucha en favor de una cultura alternativa del trabajo y del ocio, cultura en la que, además de contemplar la importancia de la garantía de las necesidades básicas, se paralice la interiorización, por parte de los individuos, de la maquinaria forjadora de deseos continuamente sedientos que buscan su sublimación en el consumo compulsivo e irreflexivo. En esta dirección, Pastor sostuvo que es preciso luchar por la reducción de la jornada laboral, entendiendo esta lucha como siempre se hizo, a saber, como una mejora sustancial de la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras, no sólo como herramienta orientada a la consecución del pleno empleo. Para ello es preciso que las centrales sindicales tomen conciencia de que, en la situación actual, la vieja estructura empresa-fabrica tiende a perder importancia, incluso a desaparecer, y asuman la hegemonía del modelo empresa-red: empresas que, dada a su enorme capacidad de reubicación, a lo largo y ancho del globo terráqueo, en una incesante búsqueda de la más laxa presión fiscal, son las principales responsables de los despidos masivos. Frente a estas nuevas empresas, propone Pastor, se deben plantear redes sindicales que exijan un estatuto profesional permanente que, ante los despidos masivos, obliguen a las empresas -y a los estados- a dotar de garantías de recolocación para los trabajadores y trabajadoras. Todo ello, acompañado de una presión sobre las autoridades locales para que se comprometan en la prestación de unos servicios públicos de calidad, así como de mayores esfuerzos para la democratización de la sociedad civil desde las diversas estrategias que se puedan desarrollar -debates públicos sobre los presupuestos, lucha contra los prejuicios de género, clase o raza, etc.-. Sin duda -sugirió Jaime Pastor-, los defensores de la Renta Básica deben estar en continuo diálogo con todos aquellos que elaboren propuestas políticas soñando, a modo de telón de fondo, en aquel horizonte utópico de una sociedad justa que él mismo reivindicaba al inicio de su alocución.

En su intervención, David Casassas, investigador del Grup de Recerca en Ètica Economicosocial, Ciutadania i Sociologia (GREECS) de la Universidad de Barcelona y Secretario de la Red Renta Básica, ofreció respuestas al conjunto de cuestiones planteadas en esta mesa. En primer lugar, se centró en una de las preguntas que sobrevuelan todo debate de estas características: la RB, ¿constituye una medida meramente reformista o va más allá, hasta el punto de permitir la superación del sistema capitalista? Según su opinión, debe quedar claro de una vez por todas que la RB es una medida compatible con el sistema actual. Sin embargo, esto no implica, en ningún caso, que la asunción de la RB exija renunciar a proyectos emancipatorios que podamos albergar, aunque tampoco nos obliga a asumirlos. La RB constituye una medida que puede tener múltiples efectos y consecuencias, lo que la hace compatible con numerosas -a menudo no concordantes- concepciones de lo que debe ser un mundo éticamente deseable, una sociedad justa. Su alcance y su significado se verán determinados por el marco institucional en el que se hallen inscritas.

Lo que resulta evidente, sin embargo, es que, en cualquier caso, los efectos beneficiosos de una RB para aquellas personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad no pueden pasar desapercibidos; como tampoco debe pasar desapercibido el hecho de que la propuesta de la RB recoge el núcleo de las preocupaciones alrededor de las cuales se articuló la izquierda –el socialismo político, si se quiere- durante el siglo XIX: la existencia o no de asimetrías de poder en el seno de la llamada “sociedad civil”, asimetrías de poder que constituyen la espina dorsal de las relaciones laborales que podemos observar en nuestras sociedades. En este sentido, Casassas subrayó la necesidad de entender la RB como una medida que, pese a tener en la lucha contra la pobreza su objetivo más inmediato, trasciende esta cuestión. En efecto, el hecho de que se equiparen las posiciones negociadoras en la esfera laboral –en la “sociedad civil”- hace de dicha medida un instrumento capaz de dotar de contenido sustantivo nociones como las de libertad o ciudadanía que, de otro modo, quedarían reducidas a puro papel mojado. En definitiva, la RB recoge la sensibilidad que inspiró las clásicas reivindicaciones de la izquierda.

Sin duda, la garantía de la subsistencia material que la RB supondría dotaría a los trabajadores y trabajadores de un poder de negociación que hoy resulta impensable. En este sentido, Casassas habló de la RB como de una suerte de “caja de resistencia sindical desagregada”: la RB permitiría a los trabajadores y trabajadoras sostener sus posiciones negociadoras durante períodos de tiempo nada menospreciables, lo que ensancharía sus probabilidades de éxito –individual o colectivo- en la mesa de negociación. En efecto, aquéllos no se verían abocados a tomar decisiones de urgencia y a aceptar, en silencio, la precarización de sus condiciones laborales –y vitales, en último término-. Hay motivos, por tanto, para afirmar que, al poner freno a las asimetrías de poder que actualmente caracterizan la sociedad civil, podrían evitarse situaciones de pobreza extrema, así como situaciones de precariedad que hoy, aun a riesgo de cercenar el más elemental derecho a una vida digna, son aceptadas por parte de la gente ante el temor de caer en la más absoluta de las exclusiones sociales. Así pues, con una Renta Básica se podrían ampliar las posibilidades de que los individuos se autorrealizaran, esto es, de que llevaran a la práctica los planes de vida libremente escogidos. De esta forma, un ideal sustantivo de democracia que supere la lógica meramente formalista de los ordenamientos jurídico-políticos de cuño liberal y que se adhiera a los postulados ético-políticos del republicanismo democrático podría empezar a abrirse camino.

En relación con la disyuntiva planteada entre RB y otras medidas de política social como las políticas de prestación de servicios en especie, Casassas asumió que, por un lado, cierto nivel en las prestaciones en especies son objetivos –logros, ya, a veces- irrenunciables: ningún defensor sensato de la RB ha dudado de la necesidad de mantener –e insistir, si cabe- en la línea de las políticas de servicios y de prestaciones en especie. Sin embargo, por otro lado tampoco se puede dejar de insistir en que la pretensión del “viejo consenso bienestarista” de garantizar el acceso a una renta estable y digna a través de la garantía del trabajo -del trabajo remunerado en el mercado- es, cada vez más, una auténtica quimera. Con todo, Casassas sugirió que el hecho de que la RB aparezca como una política de rentas cuyas características -su carácter universal e incondicional- hacen que sus efectos se extiendan más allá de la curación de un déficit coyuntural de ingresos, dotando de poder de negociación, precisamente, a los “sujetos de las políticas sociales”, podría facilitar la aplicación de todo el abanico de políticas que, por lo general, se engloban bajo la categoría de las políticas asistenciales o de prestación de servicios -las políticas de formación intensiva localizada en grupos de alta vulnerabilidad social, entre otros muchos ejemplos-; políticas que, por tanto, podrían desarrollarse con mayor amplitud, eficacia y precisión.

Insistiendo en esta cuestión, José Antonio Noguera abrió el turno de preguntas correspondiente a esta primera mesa recordando que los Estados de Bienestar más asentados no son menos generosos en las políticas de transferencias de renta que en las políticas de servicios o de prestaciones en especie.

Por su parte, Rafael Pinilla, Vicepresidente Primero de la Asociación Red Renta Básica, sostuvo que la mayoría de los temas planteadas constituyen cuestiones que se podrán ir resolviendo y comprendiendo de forma cabal, precisamente, en el momento en que las necesarias dosis de voluntad política permitan la puesta en práctica de los planes concretos elaborados para la aplicación de la medida de la RB. Así, por ejemplo, afirmó que los supuestos efectos de una RB sobre los flujos migratorios se mostrarán menos importantes de lo que algunos sostienen en la actualidad. Si, por ejemplo, se introdujese como requisito para la percepción de la RB un período de residencia continuada en el área geográfica considerada de cinco años -sostuvo-, el “efecto llamada” de dicha medida no sobrepasaría los que hoy presentan las políticas asistenciales y de rentas propias de los Estados de Bienestar vigentes.

Segunda mesa: “La opinión de los partidos políticos”

El objeto de la segunda mesa fue el de observar como distintos partidos políticos han recibido y trabajado la propuesta de la RB. Daniel Raventós, presidente de la asociación, hizo las veces de moderador en una mesa compuesta por Carme Porta (Diputada de Esquerra Republicana, ERC), Ricard Gomà (Concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Barcelona por Iniciativa per Catalunya-Verds- Esquerra Unida i Alternativa), Antoni Comín (Partit dels Socialistes de Catalunya-Ciutadans pel Canvi) y Nekane Alzelai (Diputada de Eusko Alkartasuna). Cabe incidir en que, dadas las circunstancias, en la mesa teníamos la primera escenificación de la nueva mayoría política catalanista y de izquierdas que gobernará Catalunya en los próximos 4 años, lo cual sirvió para sondear la viabilidad política de la propuesta de la RB en Catalunya a medio plazo.

Carme Porta (ERC) se pronunció más desde la experiencia personal que de una posición de partido. A pesar de haber presentado una propuesta de Ley en el Parlament junto a Iniciativa per Catalunya-Verds- Esquerra Unida i Alternativa, la diputada admitió que su partido nunca ha tenido una posición homogénea al respecto. En su ponencia expuso el proceso por el cuál se concretó dicha propuesta valorando tanto aspectos positivos como negativos.

Consabido de antemano que, dada la correlación de fuerzas políticas en el Parlament, no se aprobaría la Ley, se optó por trabajar de forma seria y rigurosa en aras de promover un debate no sólo parlamentario sino también social. En este sentido, se dieron una serie de contactos con la Sociedad Civil, movimientos sociales, sindicatos, tercer sector, tarea en la que la Red Renta Básica jugó un papel determinante. El proceso se prolongó durante dos años e intervinieron la propia Carme Porta, Daniel Raventós, José Luis López Bulla (diputado en la anterior legislatura al Parlament por ICV), con colaboraciones de Magda Mercader, Sixte Garganté, entre otros. Finalmente, la Ley fue rechazada con el voto en contra de Convergència i Unió y el Partido Popular y la abstención del Partit dels Socialistes de Catalunya. No obstante, lo sugestivo del proyecto fue la conceptualización de la iniciativa. La propuesta era la de una RB fibrosa. Esto es, universal y efectiva para todo ciudadano/a de pleno derecho, que pudiera acreditar su residencia en el país, con independencia de que quisieran o no trabajar remuneradamente e independientemente de otras posibles fuentes de renta, luego, sin importar con quién convivieran. Por esta razón, la diputada Carme Porta quiso destacar la finalidad de la Ley. Por un lado, se pretendía acabar con los subsidios condicionales, los cuales estigmatizan, poniendo encima de la mesa el concepto clásico de trabajo, haciendo visible toda una gama de prácticas no remuneradas. Por otro, se quería atacar la pobreza, siendo conscientes de que la RB era la panacea de todos sus males pero sí aliviaba claramente las desigualdades sociales y ayudaba a generar las condiciones necesarias para extinguirla. Finalmente, la propuesta daba cuenta de un nuevo paradigma para el diseño de políticas sociales en Catalunya a partir del reconocimiento de las necesidades universales de la población.

Ricard Gomà es actualmente Concejal por ICV en el Ayuntamiento de Barcelona. Hace unos años, coincidiendo en su etapa como responsable de Bienestar Social en ICV, empezó a entrar personalmente en contacto con la literatura académica sobre la RB. Fue así cómo se percató del vacío conceptual y programático que su partido tenía acerca de la propuesta de la RB. A partir de ese momento, en ICV empezaron a trabajar, tanto en el ámbito de base como en el institucional, con ciertas dificultades derivadas del escaso el bagaje cultural del que seguramente adolecían acerca de la RB. No obstante, al final de un largo proceso de debate interno el cual se prolongó unos 2 años, se pudo acordar una posición de ICV conjunta netamente favorable a la propuesta. Prueba de ello es que, en la asamblea abierta de febrero del 2002 donde se decidieron las veinticinco prioridades programáticas para las últimas elecciones al Parlament, la lista más votada fue precisamente la que incluyó la RB como una pieza fundamental en la estructuración de un Estado del Bienestar catalán sólido. En este sentido la invectiva del concejal Ricard Gomà hizo hincapié en dos reflexiones, una global y otra programática.

Su punto de partida es observar que en los últimos 10 o 15 los Estados del Bienestar, incluso los más desarrollados en Europa, presentan un importante déficit de inclusión social. Ciertos colectivos han quedo desconectados de los mecanismos asistenciales y de protección social que quizás en la década de los sesenta y setenta los cobijaba y, a la vez, han surgido nuevos grupos de vulnerabilidad a los que no se ha sabido siquiera articular algún mecanismo de anclaje. Por un lado, las políticas activas de ocupación no han conseguido un gran avance en las tasas de ocupación ni tampoco han ayudado a sacar adelante un debate de fondo, cada vez más necesario, sobre el papel del trabajo asalariado como mecanismo de integración social en las sociedades post-industriales del siglo XXI. Por otro, las rentas mínimas de inserción no dejan de tener una cobertura muy baja, no dejan de ser condicionales, familiaristas, luego, tampoco son un mecanismo plenamente satisfactorio. Ante esta situación, la posibilidad de una RB pasa a ser una propuesta muy atractiva. Ricard Gomà destacó principalmente tres aspectos positivos de la RB, a saber: a) se podría acabar con la exclusión de determinados colectivos y grupos de vulnerabilidad, superando, además, la estigmatización social que sufren actualmente; b) se avanzaría en nuevas igualdades, por ejemplo, en clave de género (superándo la desigualdad jurídica o fáctica que sufren las mujeres con respecto a los hombres) o en clave de ciclo de vida (ofreciendo a las personas ventajas en las etapas más vulnerables de sus vidas); y c) se avanzaría en términos de más libertad real, permitiendo tirar adelante el proyecto vital de cada uno, más independencia ante las vicisitudes del mercado de trabajo y más independencia de los vínculos familiares.

En cuanto a la reflexión programática el concejal admitió que, actualmente, la Generalitat de Catalunya no tiene ni las competencias, ni la capacidad fiscal para instaurar una RB en sentido estricto, pero, en cambio, entre la situación ideal y la situación actual hay un gran camino por recorrer y avanzar. Por consiguiente, el representante de ICV puso sobre la mesa tres ideas las cuáles, conjuntamente, nos podrían acercar a algo parecido a una RB. La primera es una renta mínima garantizada, mecanismo que substituiría a la actual renta mínima de inserción y que debería establecerse por Ley en el Parlament de Catalunya, por tanto con carácter de derecho social de ciudadanía. Estaría todavía condicionada a un control de ingresos cosa que la diferencia de una RB en sentido estricto. No obstante, se garantizaría que todas las personas de Catalunya vivan por encima del umbral de la pobreza. La segunda idea es la de una transferencia familiar directa, para familias con miembros de 0 a 16 años. Sería, esta si, una transferencia de tipo universal, no condicionada al nivel de renta de las diferentes familias. Y la tercera, una pensión básica universal, la garantía de un mínimo de ingresos para cualquier persona mayor de 65 años. A efectos prácticos tal propuesta significaría complementar a un determinado nivel cualquier otro tipo de pensión que se esté recibiendo y dotar de pensión a todo ciudadano anciano que todavía no esté recibiendo ningún tipo de prestación. La suma de los tres factores, según Ricard Gomà, podría comportar una mejora radical de la protección social en Catalunya y, a la vez, desde un punto de vista teórico o normativo situarnos mucho más cerca de una RB en sentido estricto.

La ponencia de Antoni Comín (PSC-CpC) se cimentó explicando cómo su partido había avanzado en el debate de la propuesta de la RB, basándose en su experiencia personal de participación en dicho proceso. Antoni Comín, en un gesto destacable de humildad política admitió llanamente que el PSC-CpC había ido a remolque en el debate sobre la RB. Tanto es así que a causa de la propuesta de Ley presentada en el Parlament por ERC e ICV, el PSC-CpC constató que era un debate que tenía poco maduro. A posteriori, el partido inició un debate interno el cual le llevaría a organizar una jornada de reflexión sobre la RB la primavera pasada. Dicho evento sirvió para dar un salto adelante en la discusión de la RB dentro del PSC-CpC. Antoni Comín explicó como en la medida en que el PSC-CpC se identifica claramente con una idea de Estado de Bienestar robusto, inspirado en el modelo escandinavo, quizás es el partido catalán que ha debido de hacer un mayor esfuerzo conceptual para abrirse espacio a sí mismo en este debate. Uno de los elementos que cambió en aquella jornada fue la incorporación del debate de la RB como algo imprescindible para una formación que se dice de izquierdas, comprometida con la igualdad social y la cohesión social a principios del siglo XXI. En efecto, aquel debate fue suficiente como para incorporar una mención, más bien genérica, en el programa electoral del partido para las últimas elecciones autonómicas. Dicha referencia insinúa un camino similar al que expuso anteriormente Ricard Gomà de ICV aunque, sin duda, no tan trabajado. La lógica es reforzar las diferentes prestaciones ya existentes para acercarnos a una implementación de una RB de tipo incondicional y universal. El debate en la jornada de reflexión del PSC-CpC sirvió para deshacer alguna de las objeciones más típicamente socialdemócratas, en el mejor sentido del adjetivo, a la propuesta de la RB, siempre en un nivel más teórico o filosófico. Antoni Comín quiso comentarlos con algún detalle.

La primera objeción, hace referencia a los riesgos que la RB puede plantear a la producción de servicios públicos. El argumento socialdemócrata clásico es que si reforzamos las prestaciones desde una filosofía de RB, estamos abriendo un camino para que el Estado se retire de la producción de servicios públicos. En el debate, personas favorables a la RB intentaron desarmar el argumento explicando que existen verdaderamente son dos modelos muy distintos. Uno considera la RB como herramienta substitutiva de los servicios de prestaciones en especie, y hay otro más atrevido que no lo hace, que sólo la admite en la medida que sea una estrategia de refuerzo mutuo con otras medidas que son necesarias. Desde esta perspectiva, se busca algo parecido a lo que en términos socialdemócratas podría llamarse una desmercantilización completa. Esto es, el derecho de las personas a no depender exclusivamente del trabajo remunerado para asegurar su existencia. Entendido esto se puso sobre la mesa cierta inquietud sobre la viabilidad financiera de una RB. Para aplacarlas se comentó que en Catalunya, sin entrar en temas competenciales, se pueden pensar dos grandes estrategias. La primera consiste en un aumento de la presión fiscal, una reorganización de su estructura y del gasto público. La segunda, no necesariamente separada de la anterior, se basa en una aplicación gradualista vinculada a los incrementos que se vayan sucediendo en la productividad, los cuales han de ir permitiendo pagar una RB sin pasar con una reforma radical del sistema fiscal.

Otra objeción espontánea desde la lógica socialdemócrata tradicional es la de plantearse hasta que punto la RB no cuestiona la centralidad del trabajo vinculado al mercado, en definitiva, hasta que punto la RB es una buena estrategia para atacar el problema de la pobreza. Pues, desde esta óptica, la manera de acabar con la pobreza es la reincorporación de los ciudadanos al mercado de trabajo. Antoni Comín dijo que aquí ha sucedido un cambio importante en el PSC-CpC. Se ha producido un avance filosófico importante y se ha hecho entender que una cosa es el trabajo con sentido y otra el trabajo asalariado. Paulatinamente, se está asumido dentro del PSC-CpC el hecho de que la relación entre trabajo individual y generación de riqueza es cada vez más compleja y menos lineal, y si bien es cierto que todavía la primera reacción sigue siendo hacer políticas activas de reinserción laboral, existe la constatación de que han de buscarse otros mecanismos de inclusión social que no pasen estrictamente por la participación en el mercado de trabajo.

Para acabar de una forma más concreta Antoni Comín se atrevió, en nombre propio, y hasta cierto punto en nombre del PSC-CpC a adquirir un compromiso con la Red Renta Básica y a proponer otro. El compromiso asumido es el de estudiar aquellas propuestas más concretas de implementación de una RB que se vayan elaborando. Es algo que de alguna manera ya se esta produciendo pues dentro del PSC-CpC se están estudiando, por ejemplo, los trabajos de Rafael Pinilla y de Magda Mercader. Son propuestas pensadas a escala nacional que, sin embargo, pueden generar ideas de cara a la administración catalana. La iniciativa que Antoni Comín lanzó sobre la mesa del III Simposio con el deseo de que fuera asumido por los otros ponentes es que la nueva etapa de gobierno que se abre en Catalunya sirva para que la administración, de entrada, cree un grupo de trabajo y estudio implicando fuerzas políticas y académicos para empezar a plantearse una futura aplicación de la RB. Siempre desde el realismo competencial en el que estamos subsumidos. Traspasar un debate que se inauguró hace unos años en la Sociedad Civil, en determinados círculos académicos y que ha estado promovido por la Red Renta Básica al ámbito de la administración pública. Asumir la propuesta de la RB sin ninguna promesa concreta de implementación pero si con la voluntad de estudiarla de forma conjunta políticos y académicos.

Nekane Alzelai, Diputada de Eusko Alkartasuna (EA) realizó una ponencia acerca de su experiencia que entorno al debate de la RB ha vivido como diputada en el Parlamento vasco. El debate de la RB en la Comunidad Autónoma del País Vasco surgió, en 1996, impulsado por una serie de ciudadanos que elaboraron y presentaron a la sociedad vasca una carta de derechos sociales. Consiguieron alrededor de 83.000 firmas sobrepasando más que holgadamente el mínimo exigido para la iniciativa legislativa popular de aquella Comunidad Autónoma. La carta de derechos entró en 1997 en el Parlamento alargándose el debate durante 3 años. Según la diputada fue voluntad de todos los partidos políticos, de los promotores de la iniciativa legislativa y de los movimientos sociales y sindicales el plantear un debate sosegado y tranquilo con la intención de encontrar el máximo consenso posible sobre la RB, y con la tranquilidad suficiente para llegar a una serie de acuerdos. Por otra parte, se encargó al gobierno vasco la elaboración de una encuesta de pobreza para evaluar bajo que condiciones se encuentran sus habitantes. Las conclusiones que se extraen del estudio son que una serie de ciudadanos se encuentran en una situación de clara de precariedad viendo así limitada la capacidad de ejercer sus derechos de ciudadanía. Ante tal situación, los promotores de la carta de derechos sociales plantearon dos planes: a) actuar sobre el mercado laboral con medidas de reparto del trabajo como la supresión de las horas extras, la implantación de las 35 horas y el adelanto de la jubilación a los 65 años; y b) implantar una RB para aquellas personas que están en desempleo e inscritas en una oficina de mediación laboral. La diputada afirmó que a la hora de abordar el tema de la RB todos los actores sociales (grupos parlamentarios, movimientos sociales y sindicatos) se pusieron de acuerdo en que la RB debía darse a aquellas personas que carecían de ingresos suficientes, teniendo en cuenta para el cálculo de estos ingresos los que se puedan recibir indirectamente de familiares o personas con las que se esté conviviendo. Nekane Alzelai admitió que la idea de RB del País Vasco es muy distinta en este punto a la que se promueve desde la Red Renta Básica al tratarse de una prestación sujeta a la unidad de convivencia. No obstante, el acuerdo según la diputada fue unánime y sólo hubo discrepancias a la hora de establecer la cuantía. Esta afirmación fue rebatida por Iñaki Uribarri (ESK y miembro de la Red Renta Básica) generando un interesante debate en el turno de preguntas de la mesa. Sumariamente, se denunció la perversión que por parte de los grupos parlamentarios vascos se había hecho de la carta de derechos sociales en ese largo proceso de gestación. Según Iñaki Uribarri el concepto RB de la iniciativa legislativa popular era el de una prestación universal e incondicional y nunca se dio un consenso entre grupos parlamentarios, movimientos sociales y sindicatos a favor de una renta mínima o condicional. Finalmente, la diputada de EA manifestó su inquietud por la nueva ley aprobada por el Partido Popular por la cual se prohíbe a las Comunidades Autónomas complementar las pensiones no contributivas.

Preparando el IV Simposio

El balance de este III Simposio es muy positivo. A diferencia de otros años, el IV Simposio tiene ya lugar y fecha previstos desde muchos meses antes. Esto es así porque queremos celebrarlo justo un día antes del inicio del X Congreso de la BIEN que, como ya es conocido, tendrá lugar del 18 al 21 del próximo septiembre. Por lo tanto, el IV Simposio lo haremos en Barcelona el 17 de septiembre de 2004.