LA JORNADA

Adolfo Gilly

Otro Atenco, nunca más
El Informe preliminar sobre los hechos de Atenco presentado por la Comisión Internacional de Observación por los Derechos Humanos es un documento excepcional. Mexicanos y mexicanas debemos agradecer a la comisión por su empeño, su objetividad, su profesionalidad y su inestimable apoyo en este momento difícil para el país y para nuestros derechos.

El informe demuestra el carácter premeditado y organizado de las violaciones tumultuarias, las golpizas, las humillaciones, los cateos sin orden judicial realizados por los policías federales y estatales. Prueba la voluntad de intimidar, desmoralizar y desgarrar a un poblado mexicano, como escarmiento, venganza y norma para el futuro. Surge evidente la responsabilidad de las autoridades estatales y federales y la complicidad de la justicia en la comisión y el encubrimiento de esos hechos abominables.

Atenco ha rebasado los límites de represiones anteriores en las cuales hubo muertos, torturados, desaparecidos, encarcelados, contra los opositores políticos o los organizadores sociales. Pero ni siquiera Gustavo Díaz Ordaz había ordenado a sus tropas la violación tumultuaria de las mujeres de un pueblo mexicano. Son acciones propias de la barbarie de los ejércitos de ocupación en Lídice, en My Lai, en Bosnia, pero cometidas en este caso inaudito contra la propia comunidad nacional de los violadores y contra un poblado campesino entero. Este es el límite ahora rebasado, no por paramilitares, sino por las fuerzas uniformadas de la misma nación a la cual pertenecen esas mujeres y hombres vejados, humillados, encarcelados y, dos de ellos, asesinados.

Atenco es un intento de correr el límite moralmente tolerable para futuras represiones. Como dice el informe, en los camiones policiales, cuyo personal puede ser perfectamente identificado en los registros de la propia policía, "se produjo, desde la detención hasta la entrega de las detenidas a la autoridad penitenciaria, un espacio de excepción donde desaparecieron todas las garantías y derechos de las personas detenidas". Allí se desencadenó la violencia sexual y física contra las mujeres y también contra los hombres. Durante las interminables seis horas del traslado, esos camiones fueron una réplica nacional de la cárcel de Abu Graib, pero una donde policías mexicanos violaban en masa a mujeres mexicanas.

Jueces, fiscales, autoridades carcelarias se han unido en una acción cerrada de denegación de justicia a los torturados, los presos, los heridos, los despojados de sus bienes en sus propias casas. Las presas y los presos no son escuchados, los hechos probados se niegan con cinismo. La extrema degradación a que ha llegado la administración de justicia en este país surge como una evidencia trágica de las páginas del informe: procesos sin acusadores ni pruebas, presos sin derechos, jueces y fiscales sin conciencia.

El informe muestra cómo Atenco ha sido un intento planeado y organizado de infundir el miedo en las mexicanas y los mexicanos, y en especial un miedo concentrado en quienes están menos protegidos en sus derechos ciudadanos y en sus niveles de vida. "En la represión, primero los pobres", parece haber sido la consigna. En el pueblo de Atenco ha quedado miedo, legítimo miedo, como constata el informe, y una inmensa, insondable rabia, como la que brota hoy en Oaxaca, en Pasta de Conchos, en Sicartsa, en La Parota, en toda la geografía nacional.

Informes como éste nos ayudan a razonar ese miedo, a pensar en claro esa rabia, a comprender mejor lo que está sucediendo y lo que nos está pasando. Esta es una condición necesaria para organizar la defensa más amplia posible, sin distinciones ni sectarismos, uniendo a cuantos desde la posición que sea quieren liberar ahora mismo a los presos de Atenco, y proteger los derechos, las libertades y los bienes de sus pobladores.

En torno a Atenco es preciso reunir, sin distinciones, las voluntades y las fuerzas para detener la avalancha de abusos y humillaciones contra mexicanas y mexicanos que los actuales poderes nacionales están ejerciendo o tolerando o silenciando para heredarlos como cuestión de hecho a los gobernantes que nos toquen.

El pequeño pueblo de San Salvador Atenco es una de nuestras tragedias nacionales de estos tiempos. Cinco candidatos, entre ellos una mujer, piden al pueblo de México el voto para ser elegidos presidente el próximo 2 de julio. Cuatro de ellos, en el gran debate nacional, no dijeron una palabra sobre Atenco: silencio, silencio total sobre la tragedia. Uno, el del PAN, tocó el tema para dar su expresa aprobación a este oprobio.

La Comisión Civil Internacional de Observación ha hecho llegar este estremecedor informe a esos cinco candidatos. Pido a cada uno de ellos que digan su palabra sobre Atenco en las clausuras inminentes de sus campañas. Pido que se unan al clamor nacional e internacional que no ha dejado de crecer en defensa de Atenco y por la libertad inmediata de sus presos.

No les estoy pidiendo demasiado

LA JORNADA

Abuso de autoridad, el delito para procesarlos: juez

Dictan auto de formal prisión contra 13 elementos de la ASE
ISRAEL DAVILA CORRESPONSAL

Toluca, Méx., 26 de junio. El juez primero penal de Tenango del Valle, Alfonso Valtierra Guzmán, dictó hoy auto de formal prisión en contra de 13 efectivos de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE) por considerar que existen elementos para procesarlos por el delito de abuso de autoridad.

De esta forma, estos policías del estado de México se convierten en los primeros que serán enjuiciados por los abusos cometidos durante los operativos en San Salvador Atenco y Texcoco, los días 3 y 4 de mayo pasados.

Entre los 13 uniformados se encuentran dos mandos de la ASE: el comandante de la región de Texcoco, Salvador Pérez Aguirre, y el jefe del Grupo ASE, Jorge Hernández, a quien se identifica con la clave Lobo dentro de la corporación.

También serán procesados Ramiro González Lara, Armando Reyes Dávila, Juan Carlos Pelcastre Pérez, Rodolfo Juárez López, Emmanuel Cervantes Cruz y Erasmo Barrera Hernández.

Además de Jorge Domínguez Gómez, Javier Gómez Cuéllar, Israel Gil Flores, Raymundo Rosas Molina y Sonia Peralta Almazán, todos adscritos a las subdirecciones operativas del valle de Toluca.

Estos elementos se presentarán este martes ante el juzgado para que el juez les fije la fianza, para no pisar la prisión y enfrentar el proceso en plena libertad.

De acuerdo con el pliego consignatario que turnó la Procuraduría General de Justicia estatal al juez primero penal de Tenango, aún existen ocho policías acusados de abuso de autoridad. De éstos, se informó, tres cuentan con protección de la justicia federal que impide que sean detenidos.

Es decir, Alejandrina Arriaga, Víctor Vial y José Martínez, todos ellos oficiales adscritos a la subdirección de Operación del Valle de Toluca, se presentarán este martes ante el juzgado para rendir su declaración preparatoria.

Mientras, cinco elementos más aún se encuentran prófugos de la justicia, debido a que no se ha cumplimentado la orden de aprehensión en su contra. El procurador mexiquense, Abel Villicaña, aseguró que "muy pronto" se cumplimentarán estas órdenes de captura.

El funcionario justificó que no se haya ejercido acción penal en contra de ellos, al argumentar que su involucramiento en los hechos fue una confusión.

LA JORNADA

Lo elaboró la comisión internacional de observación por los derechos humanos

Presentan un libro con testimonios de las agresiones a mujeres en Atenco
Las ofensas, desde verbales hasta violaciones reiteradas y extremadamente violentas

VICTOR BALLINAS

La Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos presentó ayer un libro con casi 200 páginas, con los testimonios recabados en su visita a México del 29 de mayo al 24 de junio a San Salvador Atenco, la cárcel de Santiaguito y otros lugares. Sostienen que la agresión contra mujeres es un delito que en la práctica judicial suele permanecer impune y sin procurar ningún resarcimiento ni justicia a las ofendidas.

Resaltan que el primer obstáculo a que se enfrenta la demanda de justicia de mujeres agredidas -abuso y violación sexual- es la reacción rutinaria de las instituciones encargadas de protegerlas e impartir justicia: negar los hechos, rechazar la palabra de las víctimas, culpabilizarlas y encubrir o proteger a los agresores.

Aseveran que las entrevistas con organizaciones de derechos humanos y con las mujeres que se acercaron a esta comisión permiten afirmar "que la mayor parte de las detenidas sufrieron diversas agresiones, que van desde agresiones verbales a las violaciones reiteradas y extremadamente violentas".

En el testimonio 182, que se identifica con número para proteger a la víctima, se destaca: "Yo me encontraba tomando fotos y testimonios, y por representar a la prensa alternativa nos dijeron pinches chismosos, y abusaron sexualmente de mí, y por negarme al abuso me golpearon todo lo que pudieron, me jalaron el cabello, me pegaron en la espalda y me tocó escuchar cómo le hacían cosas al testimonio 160, porque yo estaba cerca de ella; escuché lo que les hacían a otras dos extranjeras, no sé de dónde eran, íbamos en el mismo camión... (El proceder legal es totalmente incorrecto), me taparon la boca, los ojos, cierran las cortinas del camión, no nos dejan ver, cómo los vamos a reconocer cuando son personas que sabían a qué iban, no se puede reconocer a alguien que sabe a lo que va mandado, de qué sirve que nos muestren fotos".

Testimonio 40: "nos apilaron con majaderías y golpes todo el tiempo, nos seguían pegando, nos quitaron las pertenencias: brazaletes, celulares, nos manoseaban. Unas compañeras fueron violadas oralmente. No declaran porque tienen miedo".

Otros testimonios, que fortalecen la denuncia que esta comisión presentará ante organismos internacionales, como la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Europea, son los siguientes. La segunda visitadora de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dijo a esta comisión que "dentro de estas investigaciones se aprecia, y lo hemos acreditado, que hay personas que en su registro médico presentaban agresión sexual, pero las personas que levantaron la denuncia dijeron que no se podía hacer eso y cambiaron la hoja, pero vimos esos registros médicos que se hicieron y la propia autoridad rescindía los casos que presentaban denuncia de agresión sexual". Y la misma funcionaria de la CNDH dijo a los miembros de la comisión civil que "es muy preocupante que todavía, al 2 de junio, algunas de esas mujeres agredidas refieren desgarros vaginales".

Este testimonio contrasta con lo dicho por la Fiscalía Especializada de Delitos Violentos Contra Mujeres el 2 de junio de este año: "nos empezamos a enterar de que había quejas de mujeres agredidas aproximadamente 10 días después".

En la conferencia de prensa, en la que además exhibieron el video con parte de los testimonios recabados, también hablaron Angel Benhumea, padre del joven Alexis, que falleció hace algunos días, y que estuvo más de 30 días en muerte cerebral; Adolfo Gilly, Magdalena Gómez, Juan Bañuelos y Gilberto López y Rivas.

Gilly resaltó que el informe presentado por la comisión civil demuestra el carácter premeditado y organizado de "las violaciones tumultuarias, las golpizas, las humillaciones, los cateos sin orden judicial realizados por policías federales y estatales. Prueba la voluntad de intimidar, desmoralizar y desgarrar a un poblado mexicano como escarmiento y norma para el futuro".

Pero Gilly fue más allá y dijo que ni siquiera Gustavo Díaz Ordaz ordenó a sus tropas la violación tumultuaria de mujeres de un pueblo mexicano: "son acciones propias de la barbarie de los ejércitos de ocupación en Lídice, en My Lai, en Bosnia, pero cometidas en este caso inaudito contra la propia comunidad nacional de los violadores y contra un poblado campesino entero".

Atenco, subrayó, ha rebasado los límites de represiones anteriores en las que hubo muertos, torturados, desaparecidos, encarcelados, contra los opositores políticos o las organizaciones sociales: "este es el límite ahora rebasado no por paramilitares sino por la fuerzas uniformadas de la misma nación".