LA JORNADA

Pide instar al gobierno a actuar ejemplarmente en el Consejo de de Derechos Humanos de ONU

ONG alemana demanda al Parlamento Europeo difundir los hechos de Atenco
Legisladores italianos conocieron pormenores de la agresión policiaca en ese poblado

HERMANN BELLINGHAUSEN

La Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México solicitó la intervención del Parlamento Europeo para difundir y discutir los hechos de violencia perpetrados en San Salvador Atenco el 3 y 4 de mayo. Además, debido a que México preside el recientemente creado Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en Ginebra, demandó que el gobierno sea "instado a actuar ejemplarmente".

La coordinación subrayó "la importancia de tocar el tema con la delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea-México", que deberá incluir en su orden del día las graves violaciones a los derechos humanos en Atenco. "Saludaríamos la decisión de que en la próxima sesión plenaria del Parlamento Europeo (del 3 al 6 de julio) se solicitara un debate con la respectiva resolución".

Por otra parte, en Roma, una delegacion de la Comision Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH) fue recibida por Umberto Ranieri, diputado del Partido Democrático de Izquierda (DS) y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso italiano. "Después de escuchar los resultados y las evidencias de la investigación, así como sus conclusiones y recomendaciones, e impresionado por los actos de violencia, tortura y abuso sexual contra mujeres, se comprometió a invitar la CCIODH a una audiencia con la comisión parlamentaria que él preside", informaron los observadores internacionales.

Ranieri se comprometió a que el tema sea tratado en la comisión, que no se ha reunido después del cambio de gobierno. "Italia no puede quedarse callada frente a las graves violaciones a los derechos humanos en México, que tiene relaciones muy importantes con nuestro país", dijo.

Posteriormente se realizó una conferencia de prensa en el Congreso italiano, conducida por Ramón Mantovani, diputado de Refundación Comunista (PRC). Ante parlamentarios de diferentes partidos y la prensa, se presentaron el preinforme, las conclusiones y las recomendaciones de la CCIODH. Estuvieron presentes los legisladores Ruggero Ruggeri (Coalición Olivo), Francesco Forgione y Francesco Caruso (PRC). Además, manifestaron su adhesión a la iniciativa la senadora del Partido Verde Tana de Zulueta, así como Marco Fumagalli (DS) y Fabio Evangelisti (Partido 'Rosa nel Pugno').

En la carta dirigida a la señora Erika Mann, diputada del Parlamento Europeo y presidenta de la delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea-México, la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en nuestro país expresa: "Como debe ser de su conocimiento, por los medios de comunicación y por los reportes de personas afectadas, así como los informes de organizaciones de derechos humanos y los documentos recibidos en el encuentro de la Comisión Interparlamentaria, del 29 al 31 de mayo del 2006, el 4 de mayo en San Salvador Atenco, unidades de la policía mexicana atacaron de una manera desmedida y brutal a la población civil".

El documento (enviado también a Eberhard Kölsch, embajador de la República Federal Alemana en México; a Jorge Castro-Valle Kuehne, embajador de México en Alemania, así como a los diputados Lothar Mark, presidente del Grupo Parlamentario Alemán-Mexicano, y Herta Däubler-Gmelin, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Parlamento alemán) reseña las muertes de dos jóvenes a causa del operativo policiaco y que "cientos de personas inocentes fueron desalojadas arbitrariamente de sus viviendas, y con lujo de violencia metidas en camiones, apiladas unas sobre otras y llevadas a la prisión de Toluca. Numerosas mujeres sufrieron abusos sexuales por parte de la policía durante el trayecto, que se alargó por varias horas. Aún hay personas detenidas sin ninguna base legal".

Entre las personas agredidas "se encontraban varias extranjeras, quienes sin ninguna explicación fueron deportadas", incluida la fotógrafa Samantha Dietmar, "detenida por la policía mexicana por el simple hecho de encontrarse en Atenco. Los policías la patearon con sus botines de casquillo, la golpearon con toletes, le robaron sus pertenencias, la hostigaron sexualmente y le arrancaron cabellos".

La coordinación firmante es una red integrada por organizaciones e instituciones alemanas: ALASEI-Bonn, Amnistía Internacional (sección de la República Federal Alemana), CAREA AC, Central Misionera de los Franciscanos, Departamento de Derechos Humanos Diaconía Alemania, Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia, Pan para el Mundo, Pax Christi (Fondo Solidario Un Mundo), Procura Misionera de los Jesuitas Alemanes, Promovio (Asociación de Apoyo para el Movimiento de Derechos Humanos Indígena de Oaxaca y Promovimiento Indígena en Oaxaca), y la Universidad Protestante para Trabajo Social y Diaconía de Hamburgo.

Estos organismos señalan a la legisladora Mann que tiene "una doble obligación para quienes le ecomendaron la tarea de representante popular: en relación con la injusticia cometida contra una ciudadana alemana, y con los artículos 1 y 39 referentes a la Cláusula de Democracia y Derechos Humanos del Acuerdo de Cooperación entre México y la Unión Europea". La exhortan asimismo a intervenir ante las autoridades mexicanas responsables en este caso "para reponer la injusticia causada a Dietmar y devolverle sus pertenencias o reponérselas en su valor; llevar a juicio y velar porque se les imponga una condena conforme a la ley a los responsables de las agresiones, exigir de las autoridades mexicanas que sean liberados todos los presos detenidos con arbitrariedad y garantizar que sean atendidos médicamente".

LA JORNADA

Ninguno de los implicados será encarcelado pues tienen derecho a fianza

Otorgan amparos a 12 de 21 policías que cometieron abusos en Atenco
ISRAEL DAVILA CORRESPONSAL

Toluca, Mex., 21 de junio. A cinco días de haber sido consignado el expediente relacionado con abusos cometidos por integrantes de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE) en Atenco, en mayo pasado, aún no existe ningún detenido. Es más, 12 de los 21 policías con órdenes de captura obtuvieron este miércoles un amparo de la justicia federal para impedir los arrestos.

Los uniformados deberán presentarse a más tardar el viernes ante el juez primero de lo penal, Alfonso Valtierra Guzmán, para rendir su declaración preparatoria por el presunto delito de abuso de autoridad. Sin embargo, no pisarán la cárcel.

Los nueve policías restantes, cuatro de ellos efectivos de la Dirección de Seguridad Pública de Texcoco, tendrán que ser encarcelados una vez que se cumplan las órdenes de captura que obsequió el juez que conoce de la causa, pero podrán recuperar su libertad mediante el pago de una fianza.

El vocero del Poder Judicial mexiquense, Carlos Mota, confirmó que la noche del martes llegó una notificación al juzgado primero de Tenango, en la cual se informa que el juzgado cuarto de distrito en materia de amparos federales emitió las suspensiones provisionales del acto reclamado, en este caso las órdenes de aprehensión, en favor de 12 policías.

Hasta el momento, el juez primero penal de Tenango, quien se encarga de la causa 59/06, no ha tenido a su disposición a ninguno de los implicados, quienes tras lograr la suspensión provisional tienen hasta el viernes para presentarse, y de no hacerlo, la Policía Ministerial los podrá capturar y llevarlos ante el juez.

El portavoz del Poder Judicial confirmó además que el juez Alfonso Valtierra sólo emitió 21 órdenes de aprehensión, ya que fueron 21 los expedientes consignados. Hace una semana, el procurador de justicia estatal, Abel Villicaña, anunció que se ejercitaría acción penal en contra de 23 elementos, y hasta el momento ninguna autoridad ha explicado qué pasó con los dos policías que no se incluyeron en el pliego consignatario.

Tampoco se ha dado cumplimiento al compromiso del procurador de consignar a los policías responsables de los ultrajes sexuales de que fueron víctimas 23 mujeres detenidas, ya que no ha concluido la integración de la averiguación previa.

Sobre este asunto, dos de las víctimas reconocieron a tres elementos de seguridad responsables de abusos sexuales, pero la procuraduría espera la identificación de otros policías por parte de las afectadas.

Los excesos cometidos por la unifomados estatales a principios de mayo pasado en Atenco sólo han sido castigados con sanciones administrativas. Cuatro efectivos han sido destituidos, y cinco más suspendidos durante 90 días.

El ejidatario Felipe Alvarez Hernández faltó a la audiencia de este miércoles -en el proceso que se le instruye por secuestro y ataques a las vías de comunicación- debido a sus lesiones resultado de la golpiza que recibió tras su detención en San Salvador Atenco el 4 de mayo anterior.

Su defensora, Bárbara Zamora, pidió al juez segundo penal de Toluca, Jaime Maldonado Salazar, quien conoce de la causa penal 96/06, que solicite a las autoridades del penal de máxima seguridad de La Palma, donde Alvarez se encuentra recluido, que expidan un certificado médico para conocer la situación del inculpado.

Y es que Alvarez Hernández tiene problemas con una de sus piernas desde hace una semana. Familiares que lo han visitado señalaron que la extremidad se le empezó a amoratar, por lo que debió ser trasladado a la enfermería del centro federal de readaptación social.

Sus parientes indicaron que solicitarán a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que certifique el estado de salud de Alvarez pues el martes, cuando tuvo visita, su pierna iba en recuperación.

Quienes sí se presentaron a la rejilla de prácticas fueron Ignacio del Valle y Héctor Galindo, mientras un oficial entregó a la abogada Zamora una tarjeta escrita por Alvarez, donde indicó que no podría asistir a la diligencia.

"Felipe Alvarez no subió a la audiencia; desconocemos el motivo de por qué no asistió: mandaron nada más un papelito que entregamos al juez donde expresa que no era su deseo acudir a la audiencia, porque está encamado, y preguntamos por qué, pero nadie supo decirnos y hemos solicitado un reporte a través del juez", agregó la litigante.