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DE OPINION SOBRE LOS SUCESOS DE ATENCO (13-JUNIO-06) |
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| LA JORNADA El Correo Ilustrado Quienes esto suscribimos, profundamente preocupados por el alud de denuncias que han salido a la luz sobre la barbarie perpetrada contra la población de San Salvador Atenco por parte de los cuerpos policiacos federales y del estado de México, consideramos que debe ya detenerse esta agresión. Más allá de la valoración de cada quien sobre los métodos empleados por la población para defender sus derechos, es ineludible el hecho de que se trata de una lucha social y no delincuencia común. Seguir apresando a personas queridas y reconocidas por no pocos pobladores, y mantener en la cárcel a sus dirigentes y a quienes se solidarizaron con su movimiento, no logrará más que continuar sangrando la herida, prolongando un dolor que ha sobrepasado todo límite imaginable con lo ocurrido hasta estos momentos. Por ello exigimos: 1) Suspender las órdenes de aprehensión contra América del Valle, Trinidad Ramírez y todos aquellos que no pueden regresar a sus hogares por estar amenazados judicialmente. 2) Liberar a todos los pobladores detenidos los días 3 y 4 de mayo pasados. Samuel Ruiz García, Pablo González Casanova, Francisco Cerezo Contreras, Dolores González, Miguel Alvarez Gándarra, Miguel Concha Malo, Gonzalo Ituarte Verduzco, Xóchitl Salazar, Jessica G. Arellano López, Alfredo López Austin, Magda Gómez, Gilberto López y Rivas, Paulina Fernández C., Ana Colchero, Carlos Fazio, Juan Brom, David Bermúdez Jiménez, Víctor García Zapata, Jorge Fernández Souza, Ernestina Godoy, Guillermo Almeyra, Eréndira Cruzvillegas; Ana Esther Ceceña, Pilar Puertas, Aldo Rabiela, Georgina M. Rangel, Luis Menéndez Medina, Rocío Eslava Castillo, Ma. Teresa Morfín, Blanca Isabel Martínez Bustos, Hugo Hernández Ramírez, Claudia Camacho, Rebeca Carranza, Rafael Moreno Villa, Ofelia Medina, Begoña Lecumberri y 137 firmas más LA JORNADA Cuatro fueron destituidos y cinco suspendidos por tres meses; 8 son agentes rasos Sólo nueve de 2 mil policías han sido sancionados
por la toma de Atenco ISRAEL DAVILA CORRESPONSAL Toluca, Mex., 12 de junio. Las investigaciones administrativas que emprendió el gobierno del estado de México para castigar los excesos cometidos por elementos de la policía estatal en los operativos instrumentados en San Salvador Atenco, el pasado 4 de mayo, sólo arrojaron sanciones para nueve uniformados de los más de 2 mil que participaron en la incursión a esa localidad. Cuatro de ellos fueron destituidos y cinco más suspendidos por 90 días. Hasta el momento, informó en conferencia Humberto Benítez Treviño, secretario general de Gobierno, no existen elementos o indicios para proceder contra el comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE), Wilfrido Robledo Madrid, quien diseñó y encabezó el operativo implementado la madrugada del 4 de mayo en Atenco. Del total de los servidores públicos sancionados, ocho son policías rasos, con categorías RI y R3, las más bajas en el escalafón, y sólo uno, Esteban Valor Ponce, es mando superior. Además, quedó comprobado que en el operativo participaron elementos adscritos a todas las subdirecciones de operación de la ASE. Benítez Treviño -quien recibió severos cuestionamientos por los reporteros, en el sentido de que si las violaciones y ultrajes contra mujeres detenidas sólo ameritaban castigo para nueve elementos- justificó que las sanciones corresponden al ámbito administrativo, y que las de orden penal serán dadas a conocer este miércoles por el procurador estatal, Abel Villicaña Estrada. "Nosotros no podemos fabricar culpables, pero tampoco vamos a generar impunidad. A estos (policías) se les encontró responsabilidad y por eso se les sanciona; la investigación continúa contra cinco efectivos más", explicó. Acompañado de Emanuel Villicaña, hermano del procurador Abel Villicaña y responsable de la Contraloría Interna de la Secretaría General de Gobierno, Benítez Treviño justificó la lentitud de las investigaciones con el argumento de que "es muy difícil identificarlos (a los policías que cometieron abusos)". "Estamos haciendo un análisis detallado de videos y fotografías, que ustedes en su trabajo tomaron del operativo. Todo ese material nos ha ayudado a identificar a los responsables", añadió. La mayoría de los responsables fueron sancionados por omisión, y no tanto por acciones cometidas en agravio de los detenidos o civiles que resultaron lesionados durante la incursión policiaca en Atenco. Dos de ellos, Gustavo García Torres e Isidro Hernández Meneses, policías adscritos a la subdirección operativa de Pirámides, con responsabilidad en el agrupamiento de seguridad en Ecatepec, fueron destituidos "por no salvaguardar la vida e integridad física de un camarógrafo (de Televisa), así como el bien que llevaba consigo", según la resolución del expediente 74/06 de la Contraloría Interna de la Secretaría General de Gobierno. Los otros elementos destituidos son Erasmo Barrera Hernández, policía R-1 adscrito a Chalco, "por no cumplir con las disposiciones de la Ley de Seguridad Pública del Estado de México, y realizar actos violentos contra los ciudadanos, y por consiguiente, no velar por la integridad física de una persona", y Héctor Miguel Martínez Carranza, policía R-3, adscrito a Toluca, "por infligir y tolerar actos violentos y omitir velar por la vida e integridad física de las personas, así como desobedecer las órdenes de un superior jerárquico". Al policía R-2 con adscripción a Tlalnepantla Alán Guadarrama Cárcamo se le suspendió por 90 días, "por tolerar actos violentos en perjuicio del ciudadano Jorge Salinas Jardón, quien resultó con fracturas en huesos cúbito y radio de ambos brazos y lesiones graves en la muñeca, además de siete descalabradas". Aída Carolina Lemus, policía R-3, adscrita a Nezahualcóyotl, también fue sancionada 90 días por tolerar actos violentos y no velar por la integridad física de una persona durante su traslado. En tanto, los policías Jorge Domínguez Gómez y Javier González Cuéllar, adscritos a la subdirección operativa de Toluca, se hicieron merecedores a una sanción igual por "tolerar actos violentos de sus compañeros a las personas con las cuales tuvo contacto para su traslado". El único mando superior sancionado fue Esteban Valor Ponce, comandante de sector de la quinta región, adscrito a Chiautla, "por tolerar tratos violentos a las personas detenidas, estando obligado a vigilar y a cuidar su integridad física". El secretario general de Gobierno aclaró que a estas personas aún se les puede consignar por abuso de autoridad, "pero esto forma parte del expediente que tiene que dar a conocer el procurador el próximo miércoles". Por otra parte, integrantes del colectivo Mujeres sin Miedo, Todas Somos Atenco, encabezadas por la actriz Ofelia Medina, calificaron las sanciones a policías de "una burla más" de las autoridades mexiquenses. "Parece que se quieren reír de nosotros, del dolor humano de las mujeres que fueron ultrajadas durante su traslado a la prisión de Santiaguito. Esto lo único que hace es ensuciar y enlodar más la imagen de México a escala internacional, por tratar de curar los abusos de esta manera", denunciaron. LA JORNADA Luis Hernández Navarro Atenco: el horror, la impunidad El 4 de mayo de 2006 es una fecha para recordar. Ocupa ya un lugar en el vergonzoso calendario de la impunidad gubernamental, al lado del 2 de octubre de 1968, del 10 de junio de 1971 y del 22 de septiembre de 1997. Es muestra de que, a pesar de los años transcurridos desde la guerra sucia, la cara más represiva y autoritaria del gobierno mexicano permanece intacta. Nadie ha sido castigado por las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron en el operativo de Atenco. Por el contrario, los jefes policiacos responsables se presentan como los nuevos héroes del estado de derecho. La mayoría de los grandes medios electrónicos guardan silencio ante las atrocidades cometidas. Los partidos políticos se han desentendido del asunto. Todos apuestan al olvido. La barbaridad sólo parece interesar fuera de México. Miles de personas se han movilizado en casi 30 países para denunciarla. El 11 de marzo Amnistía Internacional emitió una acción urgente exigiendo el esclarecimiento de los hechos. El 11 de mayo Human Rights Watch condenó el uso excesivo de fuerza. Naciones Unidas ha hecho varias advertencias. La Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH), integrada por 28 personas de siete países, se trasladó a México entre el 29 de mayo y el 4 de junio y elaboró un documentado informe sobre las atrocidades cometidas. Se trató de una revancha anunciada. Cuando en marzo de 2003, el relator especial de Naciones Unidas, Miloon Khotari, conoció la situación que se vivía en San Salvador Atenco, recomendó al gobierno mexicano garantizar "que no haya repercusiones ni medidas punitivas contra los activistas y defensores de vivienda. El relator especial sigue preocupado por las acusaciones formuladas contra los activistas principales, que se han convertido en un obstáculo para el mantenimiento del diálogo y la reconciliación". Lamentablemente Khatari acertó en su advertencia. En los operativos del 3 y 4 de mayo las policías utilizaron armas de fuego, gases lacrimógenos, toletes y palos eléctricos. Agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP) entraron a lo largo del 4 de mayo a viviendas particulares sin orden de cateo. Golpearon bestialmente y detuvieron sin orden de aprehensión a sus moradores. Destrozaron y robaron sus escasos bienes. Los vidrios de los coches de los atenquenses fueron destrozados. Aprehendieron, también, a defensores de derechos humanos y comunicadores presentes. No se permitió acceso al lugar de los hechos ni a ambulancias ni a médicos, a pesar de que muchas personas sufrieron heridas de gravedad. El traslado de los detenidos hasta el penal de Santiaguito duró más de seis horas. Las mujeres fueron abusadas y violadas sexualmente. El informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) demuestra que, por lo menos, 23 de las detenidas sufrieron abuso sexual. Los hombres fueron salvajemente golpeados. Varios testimonios señalan que a dos de ellos se les metió un palo por el ano. Los policías insultaron, vejaron y humillaron a los aprehendidos. Golpearon a personas inconscientes. "Los vamos a matar como perros", les dijeron. Al llegar a la cárcel las cosas no fueron mejores. Los más golpeados fueron trasladados a un hospital en el que se les dio paracetamol y se les atendió sin las más elementales condiciones de higiene. Las mujeres violadas estuvieron sin atención médica y sin medicamentos durante días. Fueron examinadas por un ginecólogo hasta cuatro semanas después de la agresión. Se les impidió, además, presentar las denuncias legales. Incluso fueron amenazadas por querer hacerlo. Los detenidos fueron hacinados en las celdas. No se les dio agua. Se les impidió comunicarse con el exterior. Uno de ellos dijo a la CCIODH: "cuando pedíamos hacer una llamada, que queríamos ver un abogado, nos dijeron que ya no viéramos películas gringas, que eso sólo pasa en Estados Unidos. Aquí estás en México..." Irónicamente, el 10 de mayo, Día de la Madre, la directora de la cárcel fue a felicitar a las mujeres. Ellas relataron a la CCIODH que "las mujeres empezaron a levantar las camisas y bajar los pantalones, a enseñar los moretones, y dijeron: '¿felices con esto? Ustedes tienen, hermanas, hijas, ¿estarían felices con esto?' " El informe de la CCIODH -el más amplio de los hasta ahora elaborados- concluyó que el operativo policial se produjo con uso excesivo de la fuerza pública, contrario a los principios de proporcionalidad, razonabilidad y absoluta necesidad que debería guiarla. Establece que no se condujo conforme a lo dispuesto por la Constitución ni los tratados internacionales suscritos y ratificados por México. Dicha comisión considera que el ex comisionado de la PFP, Wilfrido Robledo Madrid, así como David Pintado Espinos, Alejandro Eduardo Martínez Aduna y Ardelio Vargas Fosado deben ser cesados inmediatamente. Asimismo, sostiene que es necesaria la inmediata puesta en libertad de las personas detenidas con base en el principio de presunción de inocencia. Hoy ha quedado claro por qué el gobierno de Vicente Fox se negó a juzgar y castigar los crímenes del pasado: sabía que al hacerlo se estaba poniendo una soga al cuello. Las administraciones panistas no se distinguen en nada de las priístas en cuanto a la violación de derechos humanos. Están hechos con la misma horma: la impunidad. |
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