LA JORNADA

El procurador mexiquense minimiza agresiones a mujeres: "son violaciones impropias"

¿Quién dijo que sólo 8 policías se excedieron en Atenco? Son un montón: Abel Villicaña
ISRAEL DAVILA CORRESPONSAL

Toluca, Mex., 31 de mayo. Para comprobar la existencia de los abusos sexuales de los cuales presuntamente fueron objeto 23 de las 44 mujeres detenidas en Atenco a principios de mayo no son necesarios exámenes ginecológicos, ya que se trata de violaciones impropias, y basta con el reconocimiento de los victimarios y pruebas sicológicas, afirmó ayer el procurador del estado Abel Villicaña Estrada.

Comentó, no obstante, que no se ha acreditado la comisión de delitos sexuales en los operativos efectuados el 3 y 4 de mayo, aunque se tienen indicios de que sí hubo ultrajes durante el traslado de los detenidos. "Por eso es fundamental el reconocimiento de los presuntos responsables de las violaciones de parte de las mujeres ofendidas".

Tras acudir al informe del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, el procurador indicó que las mujeres afectadas no han ratificado la denuncia que inició el Ministerio Público de oficio, derivado del informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que acreditó 23 violaciones sexuales en agravio de las detenidas.

"Es muy difícil de probar (los delitos sexuales). Las mujeres hablan de que les cubrieron la cabeza con su propia ropa, les hemos mostrado los álbumes fotográficos y dicen 'no podemos identificarlos porque no les vimos la cara', salvo dos que dicen que sí vieron algunas características especiales", agregó.

Villicaña Estrada explicó que las violaciones genéricas requieren de exámenes médicos; sin embargo, la violación impropia no lo requiere, como lo es el caso de las mujeres de Atenco.

Han pasado 24 días de los presuntos abusos sexuales, por lo que las pruebas ginecológicas no procederían, dijo, pero puntualizó que se trató de violaciones impropias, por no existir una penetración vía vaginal.

El procurador dijo que se han tomado declaraciones a 44 agentes que participaron en los traslados de detenidos de Atenco al penal de Santiaguito, y todos han negado las imputaciones.

Indicó que en la indagatoria abierta por las golpizas a los detenidos durante las detenciones, reveló que 40 policías podrían estar involucrados en un presunto abuso de autoridad, y no sólo ocho, como lo informó el comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE), Wilfrido Robledo Madrid.

En la legislación estatal, el abuso de autoridad no es considerado un delito grave, por lo que los inculpados podrían obtener su libertad bajo fianza en caso de consignar la causa ante un juez.

-El comisionado de la ASE, Wilfrido Robledo, dijo que sólo a ocho se les ha probado que cometieron excesos durante los operativos.

-No, son un montón, ¿quién dijo que ocho? Nosotros vamos a interrogar a todos los que aparecen en los videos golpeando a los ciudadanos.

Sobre el homicidio del menor Javier Cortés Santiago, el procurador señaló que se han tomado declaraciones al padre, al tío y un amigo (testigo) de la víctima, sin que se haya establecido si el responsable del crimen fue un policía o un civil.

En tanto, abogados de al menos un centenar de procesados por los hechos de Texcoco y Atenco han promovido amparos ante juzgados de distrito contra los autos de formal prisión dictados por el juez segundo penal de Toluca, Jaime Maldonado Salazar, al considerar que no existen elementos para someter a sus defendidos a juicio por secuestro y ataques a las vías generales de comunicación.

Juan de Dios Hernández y Pedro Raúl González, abogados de la mayoría de los detenidos, afirmaron que ya promovieron dos juicios de amparo que abarcan a 95 personas de los 175 sujetos a proceso.

Aunque en un principio los recursos no fueron admitidos por los juzgados, esta semana ya fueron radicados por los jueces e inclusive ya se emitieron las fechas en las que se habrán de desahogar las audiencias constitucionales.

Este recurso fue radicado en el juzgado primero de distrito en materia de amparo con sede en Toluca, donde el pasado lunes se acreditó la personalidad jurídica para representar a cada una de las 95 personas.

"Reclamamos que fueron ilegales las detenciones de las personas, porque no hubo ni orden de aprehensión ni flagrancia. Por otro lado, no están individualizadas las conductas del Ministerio Público, hay acusaciones in genere, y en materia penal debe haber imputaciones directas contra cada persona, que en este caso no ocurre", explicó Juan de Dios Hernández.

A su consideración, el auto de formal prisión dictado el pasado 10 de mayo en contra de sus compañeros detenidos es infundado, porque "es público y notorio que son víctimas de un operativo de Estado, y que se violaron todas las normas procedimentales, tanto en la averiguación previa como en etapa de preinstrucción del proceso, que van en perjuicio de las garantías individuales de las personas".

Todo esto debe ser analizado por el juez, dijo el defensor, para que conceda la protección y el amparo de la justicia federal.

Otros abogados que han promovido amparos son Bárbara Zamora, quien representa a 12 detenidos, y Julio Durán, quien defiende a tres más, y todos los recursos se fundamentan en que en la averiguación previa no existen imputaciones directas contra los ahora procesados, por lo que no hay motivo para un auto de formal prisión.

Bárbara Zamora también ha presentado un amparo en favor de Ignacio del Valle, líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, y sus compañeros, Felipe Alvarez y Héctor Galindo, a quienes recluyeron en el penal de máxima seguridad de La Palma.

LA JORNADA

Continúan acciones legales para lograr su regreso al país

Estudiantes chilenos expulsados niegan vínculos con el EZLN
ANGELES CRUZ MARTINEZ

Desde Santiago de Chile llegó la carta de Valentina Palma Novoa y Mario Aguirre Tomic, quienes estuvieron entre los detenidos en San Salvador Atenco el pasado 4 de mayo y luego fueron expulsados del país, en la que rechazan las versiones difundidas en un diario mexicano, según las cuales están vinculados con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Tampoco tienen formación en guerrilla, preparación sobre explosivos ni como francotiradores.

La publicación "miente de manera descarada al asegurar que operábamos como correos internacionales entre Oventic (Chiapas) y Sudamérica", así como al afirmar que carecían de la calidad migratoria de estudiantes, dice el texto en el que resaltan que dichas aseveraciones también vulneran sus derechos fundamentales y se suman a las irregularidades de que fueron víctimas durante su detención y salida del país.

Ambos jóvenes realizaban estudios universitarios en México. Valentina vivió en el país durante 11 años, es egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) y antes de ser enviada de regreso a Chile estudiaba en el Centro de Capacitación Cinematográfica.

Mario Aguirre, en tanto, estudiaba también en la ENAH, desde 2002. Los dos se trasladaron a San Salvador Atenco luego de conocer del operativo policiaco efectuado el 3 de mayo con el objetivo de desalojar a floricultores de la vía pública en el municipio de Texcoco, y en cuyo apoyo acudieron integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco.

Los estudiantes tenían la intención de documentar lo que había ocurrido en dicha intervención policiaca, principalmente por la muerte de Javier Cortés Santiago, de 14 años de edad. En San Salvador Atenco los encontró la madrugada del 4 de mayo, cuando las fuerzas policiacas del estado de México y el gobierno federal irrumpieron en el poblado.

Los dos jóvenes, junto con otras tres mujeres originarias de Alemania y España, fueron detenidos y recluidos por unas horas en el penal de Santiaguito, en el estado de México. Ahí mismo fueron llevados alrededor de 200 campesinos de Atenco.

Todos fueron víctimas de golpes, abuso sicológico, y en las mujeres se agregó el abuso sexual por parte de los policías en el penal y durante su estancia de unas cuantas horas en la estación migratoria de Iztapalapa, en las horas previas a su expulsión del país.

Los chilenos han dado constancia pública de estas agresiones y ahora su denuncia es revisada por la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, dentro de un marco de buena fe y respeto absoluto, por lo que, dicen, las versiones difundidas en un diario mexicano atentan contra el "legítimo ejercicio de nuestros derechos como ciudadanos residentes en México".

Tanto Palma Novoa como Aguirre Tomic continúan desde Chile con las acciones legales correspondientes para revertir los actos de autoridad violatorios de las garantías constitucionales que padecieron y, sobre todo, para poder regresar a México y continuar con sus actividades académicas, pues su expulsión, agregan, fue injusta y arbitraria.

LA JORNADA

Niegan acceso a los penales a observadores internacionales

ONG presentará informe sobre Atenco ante la ONU
ISRAEL DAVILA Y RENE RAMON CORRESPONSALES

Activistas de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH) visitaron ayer el plantón que familiares y amigos de personas presas tras los operativos policiacos en San Salvador Atenco y Texcoco mantienen, junto con simpatizantes de la otra campaña, frente al penal de Santiaguito, ubicado en Almoloya, estado de México.

Los miembros de la CCIODH, que pretenden recabar información testimonial y documental sobre los hechos violentos del 3 y 4 de mayo anterior, también visitaron en Atenco a habitantes cuyas viviendas fueron cateadas por la policía.

Claude Rioux, vocero de la CCIODH, informó que el comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal mexiquense, Wilfrido Robledo Madrid, y el secretario de Gobierno estatal, Humberto Benítez Treviño, se niegan a entrevistarse con el organismo para ofrecer su versión de los enfrentamientos.

Tampoco han obtenido respuesta a su petición de audiencia con el gobernador mexiquense, Enrique Peña, ni con el secretario de Gobernación, Carlos Abascal, con el propósito de conocer la versión de las autoridades. Rioux acalró que "no venimos a apoyar a tal persona o grupo; estamos haciendo el trabajo lo más imparcial posible".

La CCIODH, que cuenta con representación en ocho países de Europa y en Estados Unidos, indicó que presentará ante el Parlamento Europeo, y en la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), su informe sobre el problema.

Hasta el momento, los promotores de derechos humanos no han podido ingresar al penal de Santiaguito ni al de La Palma para entrevistarse con los presos, pues no han tenido respuesta sus solicitudes de ingreso.

Para este jueves, los miembros de la CCIODH tienen concertada una entrevista con el alcalde de Texcoco, Nazario Gutiérrez, quien les ofreció una cita con los policías municipales que participaron en el desalojo de floristas que desencadenó el conflicto.

LA JORNADA

En Brasil convocan a un foro sobre la otra campaña

Continúa el repudio en otros países a la represión contra atenquenses
HERMANN BELLINGHAUSEN

Siguen a escala internacional las manifestaciones contra los hechos de Atenco hace casi un mes, y por la otra campaña en su escala "intergaláctica". Ayer la protesta fue en Burdeos, Francia, afuera del consulado mexicano, en la librería Mollat. Y se anuncian actos en la embajada de México en Managua, Nicaragua, el 2 de junio; frente al consulado de nuestro país en Milán, el día 4, y nuevamente en Vancouver, el viernes 9.

A su vez, la organización Ação Rebelde Dignidade Candanga convoca a un encuentro en Brasilia los días 3 y 4 de junio para discutir la otra campaña y la postura que las organizaciones independientes brasileñas adoptarán frente a los próximos comicios en su país. O sea, "la forma en que grupos y personas apartidarias actuarán" en los periodos electorales de las dos naciones.

En Mayagüez, Puerto Rico, el Movimiento Independista Nacional Hostiano, "como pueblo que tiene encima la represión del imperio estadunidense", expresó su solidaridad "con nuestros hermanos de San Salvador Atenco y la otra campaña. Aquí los opresores yanquis asesinaron a nuestro hermano Filiberto Ojeda Ríos, en septiembre pasado. No es el primer independentista ni el último que nos asesina el imperio".

Desde las tres Californias, los grupos e individuos adherentes a la Sexta declaración de la selva Lacandona en ambos lados de la frontera enviaron un emotivo mensaje a los "compañeros" de Atenco, Texcoco y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Manifiestan admiración hacia los destinatarios, "no sólo por su organización, entrega, dignidad y coraje en beneficio del pueblo de abajo, sino también por lo logrado en 2001 para frenar el aparato gubernamental con sus motores neoliberales y evitar así el despojo ilegal de las tierras para beneficio de los grandes empresarios en sociedad con la clase política.

"Sepan que hemos visto cómo fueron objeto de represión y abusos de autoridad durante los días 3 y 4 de mayo. De la complicidad de los medios de comunicación, que han logrado poner precio a la ética profesional. Que sentimos esas injusticias como propias. Siendo adherentes de la otra campaña, es nuestro deber responder y apoyar a nuestros compañeros adherentes."

Los grupos californianos advierten: "Seremos voceros de la lucha nuestra a cada instante y en cada lugar donde nos encontremos. No pierdan la voluntad y el ánimo ante la indiferencia de los gobernantes. Sólo basta mirar a su alrededor para sentir el apoyo nacional e internacional que estaremos brindando, tangible o no, pero sin duda firme y presente. Estén seguros de que su sufrimiento no fue ni será en vano, que no se apagará con el tiempo, que tarde o temprano habrá justicia para ustedes.Y volverán la calma y esperanza a sus vidas. Serán los opresores, junto con su banda de violadores perversos, los que terminen del otro lado de las barras de acero. Serán ustedes libres y parte de un nuevo México, de un nuevo mundo".