LA JORNADA

Los 19 hombres y siete mujeres recluidos en Santiaguito cumplen 28 días en ayuno

Impunidad y más abusos a casi cuatro semanas de los operativos en Atenco
Por falta de médicos en una prisión no se ha autorizado el traslado de un herido al hospital

EMIR OLIVARES E ISRAEL DAVILA REPORTERO Y CORRESPONSAL

Los hechos en San Salvador Atenco dejaron varios heridos de gravedad, entre ellos Arnulfo Pacheco, habitante de ese municipio -parapléjico desde hace años-, quien fue golpeado "brutalmente" por elementos policiacos, por lo que presenta cinco costillas rotas, lesiones en la faringe y su estado de salud es delicado, y Alexis Benhumea, estudiante de la UNAM, a quien decretaron muerte cerebral la semana pasada.

Casi cuatro semanas después de los operativos en Atenco y Texcoco, en los que fueron detenidas 211 personas, 29 permanecen encarceladas y acusadas de delitos graves, por lo que tendrán que enfrentar sus juicios tras las rejas. No obstante, 175 son procesados judicialmente, ya que 146 obtuvieron su libertad tras cubrir una fianza de 14 mil 125 pesos cada uno que fijó un juez.

En el penal de Santiaguito, 19 hombres y siete mujeres cumplieron hoy tres semanas en huelga de hambre, en protesta por su detención arbitraria, las golpizas sufridas y los maltratos en prisión. Todos reclaman su liberación inmediata, pues niegan haber participado en los hechos.

Asimismo, la defensa de los tres detenidos en el penal de máxima seguridad de La Palma promovió ayer un amparo ante un juzgado de distrito en Toluca, en el que demanda su traslado a una cárcel estatal, ya que "sin ninguna justificación jurídica" se encuentran en el Centro Federal de Readaptación Social.

Las condiciones de salud de Pacheco son delicadas, debido a que por su discapacidad no pudo cubrirse los golpes de los policías. El atenquense, quien fue hospitalizado 10 días y después trasladado al penal de Santiaguito, presenta además golpes en todo el cuerpo y problemas para hablar. Para que su vida no corra peligro necesita ser internado en un nosocomio, pero aún no hay personal médico que avale su traslado. De no ser así, por la magnitud de sus lesiones, podría presentar un cuadro de insuficiencia vascular cerebral o cardiopulmonar.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos reportó en un informe preliminar sobre los hechos que más de 200 de los capturados "presentan lesiones", debido a la forma en que los trataron los agentes policiacos, además de que ha habido negligencia médica en Santiaguito.

Alexis Benhumea, estudiante de la Facultad de Economía de la UNAM, es el herido más grave, debido a que un proyectil de gas lacrimógeno se le incrustó en la cabeza, por lo que continúa en terapia intensiva en el hospital regional Ignacio Zaragoza del ISSSTE.

Otro lesionado en situación delicada es el telefonista Jorge Salinas, quien presenta fractura en un brazo y "severos golpes" en la cabeza; los hermanos Ken y Dierk Lueders Monsiváis, quienes tienen heridas en varios órganos y la cabeza, e Isaac Ramírez, con tres costillas rotas. Los cuatro ya se encuentran en libertad.

Mientras tanto, Saturnino Zarco tiene lesiones en el cúbito y el radio, y Hugo Reyes necesita un collarín por el esguince cervical que le detectaron luego de que fue excarcelado.

Han pasado 21 días de los enfrentamientos y al menos una docena de detenidos todavía presentan huellas de los excesos de los uniformados durante las aprehensiones. En la cárcel sólo tienen acceso a Tempra, según han denunciado en las audiencias constitucionales ante juez.

Heriberto Nopaltitla y Paulino Zavala, todavía detenidos, presentan costillas rotas y hematomas que podrían causarles trombosis o embolia.

Fabrican culpables

De los 211 detenidos, cinco eran extranjeros. Aun cuando su estancia en el país era legal, fueron deportados. Cinco menores arrestados durante el operativo fueron puestos en libertad de inmediato y nueve remitidos a la Escuela de Rehabilitación para Menores, pues se presume que participaron en los bloqueos carreteros.

A 175 personas el juez les instruyó proceso penal, por considerar que existían elementos sobre su presunta responsabilidad. A 29 los enjuiciaron por secuestro equiparado, por la retención de 13 servidores públicos el 3 de mayo, y 146 más por ataques a las vías de comunicación, por el bloqueo a la carretera Lechería-Texcoco, suscitado el mismo día; el resto está libre, porque no existieron elementos para probar su culpabilidad.

En el pliego consignatorio, según han revelado al menos tres abogados defensores, "no existen imputaciones directas, sino de orden genérico", lo cual los hace suponer que tratan de fabricar culpables.

Tres de los aprehendidos fueron remitidos al penal de máxima seguridad de La Palma: Ignacio del Valle, Felipe Alvarez y Héctor Galindo, a quienes tienen incomunicados. No les han permitido visitas de sus familiares.

A los tres no sólo se les procesa por los hechos de los días 3 y 4 de mayo, sino que enfrentan otras dos causas penales por hechos pasados, en las que les imputan el secuestro de funcionarios públicos. El primero fue el 8 de febrero y el segundo el 8 de abril.

Su abogada, Bárbara Zamora, promovió un amparo ante la justicia estatal, porque sus defendidos están recluidos "sin ninguna justificación jurídica" en la cárcel de máxima seguridad de La Palma, en Almoloya de Juárez. Abundó que el recurso también combate la incomunicación de sus defendidos y los obstáculos que enfrenta para una adecuada defensa.

De acuerdo con los argumentos que sustentan el juicio de amparo, ninguno de los tres está procesado por un delito federal y las personas que junto con ellos están acusadas de secuestro equiparado se encuentran recluidas en el penal de Santiaguito, "por lo que no existe motivo" para juzgarlos de manera diferente.

"Nos estamos amparando de todas las autoridades. De los jueces de Toluca, las autoridades del penal de La Palma, de Santiaguito, el gobernador del estado, la procuraduría de Justicia estatal, la Agencia de Seguridad del estado, la Policía Federal Preventiva y todos los involucrados, porque no conocemos quién ordenó el traslado a ese reclusorio federal."

Una vez que el juez admita el recurso, se enviará un actuario a La Palma para que certifique todo lo que alega la defensa y para que los quejosos ratifiquen sus declaraciones.

LA JORNADA

La sociedad civil mundial está "muy preocupada por la violencia extrema"

Documenta otra ONG internacional abusos policiacos contra atenquenses
El informe sobre sus investigaciones será presentado ante Naciones Unidas

VICTOR BALLINAS

La Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos aseveró ayer que la violencia policiaca contra algunos habitantes de San Salvador Atenco, los días 3 y 4 de mayo, "creó una preocupación muy grande en la sociedad civil internacional". La mayor inquietud, resaltó, fue "por las violaciones y agresiones sexuales contra mujeres. Esto es algo muy grave, que debe ser aclarado ante la comunidad mundial".

Dicha comisión la integran 29 personas de España, Italia, Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Francia y Austria, y sus miembros señalaron: "estamos aquí para recoger los testimonios de las personas que sufrieron agresiones y violaciones a sus derechos humanos. Recogeremos las versiones de todos los que quieran aportar datos y documentos sobre los hechos".

En conferencia de prensa, realizada en la Universidad de la Ciudad de México, plantel Centro Histórico, Vilma Mazza, de Italia; Claude Rioux, de Canadá; Luca Martinelli, de Italia, e Ignacio García García, de España, puntualizaron que solicitaron entrevistas con el secretario de Gobernación; los titulares de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Migración y la Procuraduría General de la República, así como con el gobernador del estado de México y los alcaldes de Texcoco y San Salvador Atenco. Asimismo, con los responsables de las secretarías de Seguridad Pública federal y estatal, así como con el de la Policía Federal Preventiva y el del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Además, con representantes de organizaciones defensoras de los derechos humanos. Esperan se les permita el acceso a los penales de Santiaguito y La Palma.

Manifestaron que el gobierno mexicano otorgó a todos los integrantes de la comisión "visas especiales de observadores de derechos humanos" y que "los resultados de su investigación serán presentados ante la Organización de Naciones Unidas, sus países, diferentes organizaciones civiles y sociales internacionales, autoridades mexicanas, agrupaciones pro derechos humanos de México y la sociedad civil".

Destacaron que es la cuarta visita de observación que realizan a México, y en esta ocasión obedece a la preocupación "por la extrema violencia que se ejerció contra habitantes de San Salvador Atenco; el fallecimiento de Francisco Javier Cortés Santiago, de 14 años; la detención de más de 200 personas que fueron sometidas a tratos vejatorios y violaciones; la expulsión de cinco extranjeros -dos estudiantes catalanas, una alemana y dos chilenos- y la muerte cerebral de Alexis Benhumea, alumno de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Todo eso creó una preocupación muy grande en la sociedad civil internacional, y estamos aquí para conocer qué pasó, porque los primeros testimonios sobre agresiones sexuales se conocieron por las (denuncias de las) jóvenes españolas deportadas María y Cristina".

En la conferencia sostuvieron que esas denuncias "ya han sido ampliadas y que a escala internacional se conocieron los hechos. Causaron preocupación la violencia, la humillación, las vejaciones y los ultrajes contra las mujeres detenidas".

Los integrantes de la comisión informaron que desde el lunes 29 y hasta el domingo 4 de junio sesionarán en México para transparentar la situación y "llevar ante la comunidad internacional lo que ocurrió en San Salvador Atenco". En 10 días elaborarán un informe preliminar de lo que hayan visto y constatado, y el reporte final será presentado en septiembre.

Expusieron que "mejor escenario no podíamos esperar, pues no han transcurrido 15 días de que recibimos la petición de observación y vamos a tomar los testimonios de viva voz en San Salvador Atenco. Visitaremos los domicilios cateados, hablaremos con niños, jóvenes, señoras y hombres de la comunidad, con las y los presos, así como con las autoridades, porque la agresión contra las mujeres impactó a la comunidad internacional".

LA JORNADA

Propuesta: concentración el 2 de julio para irrumpir en forma civil y pacífica

La otra campaña, un movimiento nacional para desenmascarar al sistema
HERMANN BELLINGHAUSEN

Al cabo de la reunión nacional de adherentes de la otra campaña, el subcomandante Marcos propuso hacer del próximo 2 de julio "una concentración nacional de acción para irrumpir en el proceso electoral en forma civil y pacífica", en un momento en el que la otra campaña tiene "todo en contra", excepto el ser anticapitalista y de izquierda. Insistió en que después de la movilización del 28 de mayo, "este ya es un movimiento nacional", que "es otra cosa" y se propone "desenmascarar al sistema".

Ante un auditorio totalmente lleno, con más de mil asistentes, el delegado Zero adelantó una propuesta, que deberá aún ser discutida y aprobada en todos los estados de la República. El plan de acción de la otra campaña, según lo propuesto por la Comisión Sexta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), consistiría en "avanzar en la organización y construcción de la otra campaña en localidades, subregionales, regionales, estados, sectoriales y zonas". Esto, para "avanzar en la construcción de otra alternativa a partir del día 3 de julio para la organización de los de abajo y a la izquierda".

Esto implica "profundizar en un frente cultural y artístico en la lucha por los y las presos y presas políticas; crear una comisión de enlace nacional, provisional, y con una sola tarea definida y acotada", en la cual "una o dos personas en cada unidad organizativa de la otra campaña" trabajen en una propuesta regional o sectorial, "según su propia lógica y dinámica". Y así "reafirmar el carácter anticapitalista y de izquierda de la otra" para "irrumpir en el calendario de arriba con la organización y movilización civil y pacífica; avanzar en una definición frente al proceso electoral". La alternativa, dijo Marcos, "no es votar por uno u otro, o no votar; la alternativa es organizarse o no abajo y a la izquierda".

Por tanto, "proponemos dislocación local con temas y acción definidos. Uno, el tema que proponemos es arte y cultura y comunicación por la libertad y la justicia para los y las luchadores y luchadoras sociales. Dos, concentraciones de zona donde se agrupen estados o regiones. Tres, concentraciones sectoriales de mujeres, otros amores, estudiantes, trabajadores y trabajadoras sexuales, etcétera. Cuatro, una concentración nacional de evaluación y propuestas de acción; es decir, una plenaria de adherentes. Y, cinco, una concentración nacional de acción para el 2 de julio".

Marcos propuso también que la concentración de evaluación y propuestas sea los días 30 de junio y primero de julio. "Y que la acción de dislocación local sea el 11 de junio con actividades de arte, cultura y comunicación con el tema de libertad y la justicia". No obstante, aclaró que no es sólo un movimiento de solidaridad con los presos políticos, sino un proyecto nacional de lucha. Se trata de que en los estados se reúnan los adherentes "y se manifiesten sobre esta propuesta, y si se decide, que lo hagamos". Tenemos todo en contra, advirtió. "Los medios, la clase política, el Ejército, la policía, la incomprensión de la gente. Esto es para no hacerlo. Para sí hacerlo sólo tenemos que es nuestro deber y ser lo que somos, anticapitalistas y a la izquierda."

Llegaron aquí adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona de los 32 estados, que alquilaron autobuses o pusieron camionetas, o lo que pudieron para acudir a la marcha del domigo y a esta asamblea en el cine Venustiano Carranza. De algunos estados, como Chiapas o Jalisco, los contingentes suman el centenar de personas. Y también acudieron de Estados Unidos y Canadá, "el otro lado de la otra". Uno de los asistentes comenta: "¿Qué organización junta así gente de todo el país sin acarreo ni financiamiento?". Los que vinieron del norte, con esa nostalgia del futuro que no ocurrió (por lo pronto), expresan su entusiamo de una manera distinta a la de aquellos que ya vieron pasar al delegado Zero y la otra campaña por sus tierras.

El ataque a la población de Atenco y la persistencia de una treintena de presos marcan las intervenciones, y han determinado buena parte de las acciones recientes de la otra campaña en los estados. En algunos casos, de Quintana Roo y Chiapas a San Luis Potosí y Baja California, ya han sufrido en semanas recientes agresiones policiacas o parapoliciacas no muy distintas a la desplegada, en mayor escala, en el lastimado municipio mexiquense.

Apenas este 25 de mayo, la colonia popular Rancho Viejo, en el municipio quintanarroense de Isla Mujeres, fue atacada brutalmente por la policía del vecino municipio de Benito Juárez (o sea Cancún). "Sacaron de las casas a nuestros esposos, hijos, hermanos, vecinos, incluidos cinco menores", denuncia una mujer. ¿La "razón"? Que poco antes habían realizado una manifestación pacífica contra un basurero municipal que ha deteriorado sus condiciones de vida. ¿Y el "delito"? Impedir el paso a los carros cargados de desperdicio. A muchos los llevaron detenidos, sin órdenes de cateo ni de aprehensión.

El "modelo" de agresión se repite en ataques aparentemente aislados en San Cristóbal de las Casas o Tijuana, contra adherentes de la Sexta. No debe extrañar entonces la identificación de tanta gente con los campesinos del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra en decenas de acciones, bloqueos, plantones, marchas, actos político-culturales en Sinaloa, Veracruz, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro. Y en las reacciones paranoicas y agresivas de las policías locales. El diagnóstico colectivo, implícito y explícito, es el de un deterioro importante de las garantías ciudadanas en toda la República.

En San Luis Potosí, los opositores a la Minera San Javier han sido golpeados con brutalidad por empleados de la empresa, por órdenes del gerente Jorge Mandizábal Aceves, mientras se siguen dinamitando impunemente las tierras y se "omite" respetar los amparos y prohibiciones judiciales existentes. Un delegado de Tlaxcala apunta: "Lo que pasa es que la otra campaña es el único recurso de resistencia contra el avance del neoliberalismo". Una delegada de Chiapas dice: "Existe una guerra de baja intensidad en muchas partes", y relata cómo el presidente Vicente Fox ya padeció expresiones de repudio (omitidas por la mayoría de los medios de comunicación) en su reciente visita al estado.

En Sinaloa, los adherentes informan que se reúnen semanalmente en Mazatlán; realizan acciones en Culiacán y Los Mochis, y han repartido decenas de miles de volantes y pasquines. En Sonora, los pueblos pimas, mayos y yaquis se mantienen alertas, se concentran en el marco de la otra campaña y se aprestan a la resistencia. Tras escuchar los informes de las coordinadoras de todas las entidades federativas, y de los representantes binacionales, un participante afirma: "Hoy la otra campaña está en todo el país".

Otro orador expresa: "El ejemplo que está dando la otra campaña es que, a diferencia de los partidos y organizaciones, no abandona a sus presos ni olvida sus muertos. La otra campaña atenta contra lo posible porque se ubica a la izquierda de lo posible".

El subcomandante Marcos toma entonces la palabra para señalar que esta asamblea, y los actos de solidaridad con los presos de Atenco que se han acumulado, "significan que ya tenemos una organización nacional de izquierda".

Luego de describir la situación jurídica de los presos en Santiaguito y La Palma, los abogados defensores informan a la asamblea que las protestas nacionales, y sobre todo internacionales, han atraído la atención de Aminstía Internacional, que anunció desde Londres una visita a México esta semana para conocer el caso de Atenco. En tanto, la Comisión Civil Internacional de Observación para los Derechos Humanos (CCIODH) inició hoy su misión de emergencia en este país.

Por más que oficialmente se omita acusar recibo y los medios lo soslayen, México está en el spotlight en materia de violación a las garantías individuales. Un nuevo y lamentable récord de notoriedad logrado por el gobierno "del cambio".