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NOTICIAS Y ARTICULOS
DE OPINION SOBRE LOS SUCESOS DE ATENCO (25-MAYO-06) |
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LA JORNADA Activistas exigen que la PGR atraiga investigaciones; desconfían de autoridades locales Presenta el Centro Pro denuncias por agresiones sexuales en operativo
de Atenco VICTOR BALLINAS El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez presentó ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia Contra las Mujeres una denuncia penal con siete casos de mujeres agredidas sexualmente por policías en el operativo policiaco efectuado en San Salvador Atenco, el 4 de mayo pasado. Tres son por violación y cuatro por abuso sexual. Edgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, aseveró que la fiscal Alicia Elena Pérez Duarte decía que no había recibido denuncias de mujeres: "ya las tiene, desde la semana pasada se le presentó una denuncia con siete casos; ahora los debe investigar. Además está toda la evidencia pública, que sin duda debe dar lugar a una atracción del caso, porque en el operativo participó la Policía Federal Preventiva". Al principio, la fiscal especial decía que no tenía materia, "ya tiene siete casos formalmente presentados, debe iniciar la investigación, porque la actuación que ha asumido hasta hoy ha sido tibia y tímida. Vamos a ver ahora si investiga o declina la competencia. Ella debe incidir ante el procurador general de la República y el Ejecutivo para que el caso sea atraído por la PGR". David Velazco, director del Centro Pro, y Cortez, secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todos, en entrevistas por separado, coinciden en que "no confiamos en las autoridades del estado de México como los directamente responsables de llevar la investigación: no pueden ser juez y parte. Hay riesgo de que haya colusión y complicidad y se deje en la impunidad estas violaciones y humillaciones". Ambos dirigentes de organizaciones civiles sostienen que "hubo elementos de la PFP, eso es suficiente para la atracción, pero lo que están haciendo las autoridades del estado de México y de la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) es armar todo lo posible para no dar intervención a las autoridades federales". Edgar Cortez, incluso, subrayó: "la CNDH aplicó una visión y un criterio jurídico sumamente formal, pero ello no crea las mejores condiciones para una investigación a fondo e imparcial. Jurídicamente pudo ser correcta esa decisión, pero políticamente es muy riesgosa, podría contribuir a la impunidad, como ocurrió en Guadalajara, Jalisco, con las protestas de los altermundistas". Velazco manifestó que "lo que demandamos es que el gobierno federal atraiga el caso para que se investigue hasta sus últimas consecuencias y se lleve ante la autoridad a los responsables y deslinde quiénes fueron los autores intelectuales y materiales de estos actos salvajes, sobre todo, mandos medios y superiores que idearon y organizaron este operativo". La Red Todos los Derechos Para Todos se pronunció porque la fiscalía especial atraiga íntegramente el caso de los abusos policiacos "tanto las violaciones y abusos sexuales, como los cateos ilegales, las detenciones arbitrarias, la incomunicación en que mantuvieron a los detenidos, la obstrucción para que sus abogados y defensores pudieran hablar con ellos, las violaciones al debido proceso; todo, todo ello, lo debe atraer para su investigación la PGR, porque no confiamos en las autoridades del estado de México". LA JORNADA Diputados piden la destitución del titular de la PFP El gobierno federal debe dejar doble discurso sobre derechos
humanos En congruencia con la distinción para México de presidir el recién creado Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el gobierno federal debe dejar a un lado el doble discurso e iniciar las investigaciones para castigar a quienes violaron las garantías elementales de los detenidos durante el operativo policiaco en San Salvador Atenco, demandó el PRD durante la sesión de ayer de la Comisión Permanente. Pidió, incluso, la destitución del titular de la Policía Federal Preventiva, Eduardo Martínez Acuña, y del comisionado de la Agencia de Seguridad del Estado de México, Wilfrido Robledo Madrid, para iniciar las investigaciones correspondientes sobre su responsabilidad en los hechos violentos en Atenco, particularmente en la violación de mujeres. El diputado perredista Inti Muñoz advirtió que, luego del informe preliminar de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en el que se da cuenta del abuso de la fuerza y las conductas delictivas en que incurrieron elementos de seguridad pública estatal y federal, es necesario que se actúe a fondo. Muñoz presentó en nombre de su compañera de bancada, la diputada Eliana García Luna, un punto de acuerdo, a fin de que la Comisión Permanente exhorte a la CNDH a emitir a la brevedad la recomendación correspondiente. Asimismo, que la Procuraduría General de la República (PGR) inicie las averiguaciones pertinentes y se presenten ante tribunales a los responsables de las "flagrantes violaciones a los derechos humanos" que, según la CNDH, configuran delitos de lesa humanidad establecidos en los tratados internacionales, particularmente en el Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional. El asesinato, la deportación o traslado forzoso, la tortura, violación o cualquier forma de violencia sexual y la persecución de un grupo por motivos políticos, son delitos de lesa humanidad, según el Estatuto de Roma, detalló el perredista. Hizo notar que las agresiones sexuales y las violaciones de que fueron objeto las mujeres de San Salvador Atenco durante su traslado a los centros de detención, configuran el delito de tortura, de acuerdo con Naciones Unidas, por lo que no deben quedar impunes. Sin embargo, "ha sido vergonzoso" ver cómo el secretario de Gobernación, Carlos Abascal y el candidato presidencial del PAN, Felipe Calderón, hayan puesto en duda, en todo momento, que esas violaciones a los derechos humanos se hubieran cometido. No hay congruencia en que México presida el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y en el país persista "una policía represiva, violenta". La propuesta fue turnada a comisiones y se espera que se discuta ante el pleno la próxima semana. LA JORNADA La represión contra campesinos, acto fascista del gobierno, afirman en Guatemala Amplia respuesta internacional en favor de los detenidos en Atenco
HERMANN BELLINGHAUSEN La respuesta en toda Latinoamérica a las protestas contra la represión en Atenco y la otra campaña se ha extendido fuera de todo precedente. Hasta ahora, la región no había mostrado el nivel de solidaridad con las luchas mexicanas que se ve en la actual coyuntura. Así, el Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) condenó este martes "la violencia represiva en contra de campesinos y habitantes de San Salvador Atenco, en el hermano país de México". Para el PGT, "estos hechos no pueden menos que calificarse de actos fascistas de los gobiernos federal y del estado de México. Constituyen un acto de barbarie sin justificación, que desnuda su esencia represiva. Esta violencia, además, no puede menos que interpretarse como una venganza tardía en contra de un pueblo que defendió sus tierras ante el intento de expropiación por parte de las autoridades del estado de México y el gobierno de Vicente Fox, quienes han pretendido hacer su gran negocio con la construcción de un aeropuerto en dicho lugar. "Nos preocupa igualmente la forma en que muchos medios de comunicación, en México y en Guatemala, manejaron los hechos, como si se tratara de delincuentes a los que las fuerzas represivas habían logrado controlar y capturar. Como partido de la clase trabajadora y del pueblo guatemalteco, nos solidarizamos con el pueblo de San Salvador Atenco y nos sumamos a las organizaciones y movimientos hermanos que piden la libertad inmediata e incondicional para los presos, la cancelación de las órdenes de aprehensión, el juicio y castigo para los responsables materiales e intelectuales, y la salida de este gobierno neoliberal y servil que, al igual que en nuestro país, mal gobiernan". Por su parte, la Asociación Venezolana de Gerencia de Desarrollo Cultural y el Colectivo Cultural Pueblo Soberano se pronunciaron en el país sudamericano "contra la brutal represión infligida al bravío pueblo de Atenco. Somos el mismo pueblo libertario latinocaribeño hoy levantado contra las maniobras y mecanismos opresores de terror de Bush y sus secuaces trasnacionales y gobiernos lacayos de nuestros países hermanos y del mundo". La Acción Colectiva Estudiantil No Violenta, radicado en Colombia, dio "una voz de apoyo" a la lucha de Atenco. Y en Argentina, el colectivo de Ecoportal.net y la revista Ambiente y Sociedad (que cuenta con cerca de 80 mil suscriptores en toda América) expresaron a su vez solidaridad "desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con los compañeros campesinos de Atenco, y todos los de la otra campaña. Exigimos la inmediata libertad de los compañeros presos por luchar por sus derechos y que cese la represión de los malos gobiernos, es decir los que no representan los intereses de sus pueblos". En la nueva situación regional, donde parecen avanzar las fuerzas progresistas, a los movimientos sociales de países que han padecido represión y dictaduras, el espejo de México los lleva a manifestarse en esta, la hora más negra del foxismo a nivel internacional. LA JORNADA Exige Zamora traslado de líderes del FPDT a penal estatal Resistir embate oficial, pide Del Valle a sus seguidores ISRAEL DAVILA CORRESPONSAL Almoloya de Juárez, Mex., 24 de mayo. Desde el penal de máxima seguridad de La Palma, donde se encuentra preso desde el pasado 3 de mayo, luego de ser detenido en Texcoco, el líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), Ignacio del Valle Medina, pidió a los pobladores de San Salvador Atenco y a las organizaciones que se han adherido al movimiento "resistir ante el embate gubernamental". Por medio de su defensora, la abogada Bárbara Zamora, quien acudió este miércoles a La Palma para la audiencia de ofrecimiento de pruebas en el proceso que se instruye a Del Valle y a sus compañeros Felipe Alvarez y Héctor Galindo, en la causa penal 96/06, por los supuestos delitos de secuestro equiparado y ataques a las vías de comunicación, el dirigente del FPDT también agradeció a las agrupaciones mexicanas y extranjeras su apoyo a la lucha "que enfrentan los ejidatarios de Atenco por la dignidad". Durante la diligencia, Zamora solicitó al juez la ampliación de declaración de los policías que participaron en el operativo de desalojo de los floristas en Texcoco -el pasado 3 de mayo- y un interrogatorio al presidente municipal de dicha localidad, Nazario Gutiérrez, quien habría dado la orden de reprimir a los comerciantes y con quien supuestamente existía un acuerdo para dejarlos trabajar en la vía pública. "El 3 de mayo, Ignacio, Felipe y Héctor fueron sitiados por la policía en una casa de Texcoco, por lo que es imposible que hayan participado en los delitos que se les imputan de retención de funcionarios y bloqueo de carreteras, y en eso vamos a basar la defensa", dijo Zamora, y anunció que el desahogo de pruebas empezará a partir de la próxima audiencia, programada para el 7 de junio. Al salir del penal de La Palma, una vez realizada la diligencia constitucional, la litigante trasmitió el mensaje de Del Valle a los integrantes del FPDT que no pudieron ingresar a la audiencia, por las estrictas medidas de seguridad de esa cárcel federal. Estas disposiciones afectaron también a familiares de los coacusados de Del Valle, quienes tampoco pudieron entrar a la diligencia, situación que la abogada consideró "otra transgresión de la ley" por parte de las autoridades, ya que constitucionalmente, las audiencias de los procesos penales deben ser abiertas y públicas. Ante la situación, Zamora volvió a solicitar de manera formal al juez el traslado de los tres procesados a un penal estatal, ya que "no existe argumento para tenerlos en una prisión de alta seguridad, donde se coartan sus principales garantías individuales. "No están acusados de un delito de orden federal ni de delincuencia organizada, por lo que no hay razón jurídica para que los tengan aquí. El hecho de que los hayan traído a una cárcel de máxima seguridad es un asunto político, de venganza del gobernador (Enrique Peña Nieto) y de las autoridades federales. Si no tenemos respuesta a esta solicitud, lo exigiremos mediante un recurso de amparo", advirtió. "Nacho, Felipe y Héctor están bien", afirmó la defensora al salir de la diligencia. "Tienen buena salud y agradecen todo el apoyo que ustedes y el pueblo de Atenco les han brindado. Ignacio me pidió que les trasmitiera que no se rindan, que resistan ante los embates del gobierno, que se mantengan unidos, y a todos los del pueblo les manda un saludo", agregó. De acuerdo con Zamora, los tres encarcelados en La Palma no tenían conocimiento del respaldo que ha generado el movimiento entre estudiantes de las universidades Nacional Autónoma de Méxcio, Chapingo y adherentes a la otra campaña, ni del apoyo que les han manifestado diversas organizaciones sociales en todo el mundo. "(Del Valle) Nos comentó que si ellos están resistiendo allá adentro, los que están afuera también deben hacerlo", indicó la abogada. |
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