LA JORNADA

Debe sancionarse penalmente a quienes hicieron uso excesivo de la fuerza, señalan

Amnistía Internacional y la ONU exigen una investigación exhaustiva
DE LA REDACCION

Amnistía Internacional (AI) y la oficina en México del Alto Comisionado de las Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos demandaron ayer a las autoridades mexicanas "iniciar de inmediato investigaciones penales imparciales y exhaustivas sobre las denuncias de abuso sexual y malos tratos en con- tra de las mujeres detenidas en Salvador Atenco el 4 de mayo pasado por policías estatales y federales".

También solicitaron que se investiguen las denuncias de "uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, malos tratos y violaciones al debido proceso contra las personas detenidas, que se hagan públicos los resultados y los responsables sean llevados ante la justicia", y que se garantice la seguridad de las personas detenidas.

La oficina en México del Alto Comisionado de la ONU advirtió, por su parte, que el uso desproporcionado e indebido de la fuerza por servidores públicos "demerita el respeto y la efectiva realización de los derechos humanos, e impacta de manera negativa la vigencia del estado democrático de derecho en México".

Asimismo, destacó que la labor de los servidores públicos "está sujeta a limitaciones específicas sobre el uso de la fuerza. Ningún funcionario encargado de hacer cumplir la ley puede infligir, instigar o tolerar ningún acto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni invocar la orden de un superior como justificación de esos actos".

Hace notar, además, que como principio internacionalmente aceptado "el Estado no podrá invocar circunstancias excepcionales como la inestabilidad política interna o cualquier otra situación pública de emergencia para justificar el quebrantamiento de estas normas".

AI, en tanto, instó a las autoridades a llevar a cabo una investigación exhaustiva y transparente sobre la forma en que se realizaron los operativos policiacos en Atenco, y que "haga rendir cuentas de sus actos a todos los responsables de abusos, incluidos los altos cargos".

Manifestó también su preocupación "por la seguridad de las 28 personas que aún permanecen detenidas y por la de quienes enfrentan cargos en relación con las protestas y enfrentamientos con la policía que tuvieron lugar en San Salvador Atenco".

En un comunicado, informó ayer que ha recibido informes sobre "graves violaciones" de derechos humanos contra personas que fueron detenidas durante los violentos enfrentamientos en Atenco. De acuerdo con esos reportes, abunda, "al menos 23 mujeres sufrieron abusos sexuales mientras estuvieron detenidas".

Señaló que "al menos 23 mujeres presentaron denuncias de tortura y malos tratos, incluidos abusos sexuales, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y afirmaron que agentes de policía las habían obligado a subirse la ropa por encima de la cintura y les habían tocado las partes íntimas y, en algunos casos, les habían introducido objeto en ellas.

"Según los informes, a algunas de las mujeres también las obligaron a mantener sexo oral. Las autoridades federales y estatales han rechazado las denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, la misma autoridad encargada de acusarlas, que ha pasado por alto los indicios de malos tratos en el momento de la detención", apunta AI.

Dio cuenta también que otros testimonios "demuestran que la policía hizo uso de fuerza excesiva contra manifestantes y transeúntes, independientemente de si participaban en las protestas o en actos violentos

"Además -abundó-, según los informes, a las personas detenidas se les ha maltratado, se les ha mantenido en régimen de incomunicación y se les ha negado el acceso a atención médica adecuada, a su familia y a asistencia letrada durante el periodo inicial de detención.

"Algunos agentes de la policía recibieron la orden de pegarle a los detenidos cuando no hubiera medios de comunicación. Pese a esta sólida prueba de abusos de la policía, las autoridades han afirmado que se limitaron a aplicar la ley y, hasta el momento, no han mostrado un compromiso serio de investigar imparcialmente los presuntos abusos"

AI refirió que según la procuraduría mexiquense ha presentado cargos contra 189 de las 211 personas detenidas en los operativos policiacos. De éstos, 144 han quedado en libertad bajo fianza por cargos menores, y los restantes están bajo custodia en espera de ser "juzgadas por secuestro equiparado y ataques a las vías de comunicación".

Entre los acusados por delitos menores que no han sido puestos en libertad bajo fianza, puntualizó, se encuentran los defensores de derechos humanos Damián Camacho, de la Comisión Independiente de Derechos Humanos del Estado de México, y Pedro Alvarado, del Comité de Derechos Humanos del Ajusco.

Precisó que cinco personas extranjeras, tres mujeres y dos hombres, fueron expulsadas del país, y según los informes, "las tres mujeres también fueron sometidas a humillaciones y abusos sexuales mientras estuvieron bajo custodia de la policía".

LA JORNADA

Sus miembros piden permiso para visitar México

Comisión europea planea realizar informe especial
Solicitud formal ante el consulado en Barcelona
Buscan documentar la vulneración de garantías

ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL

Madrid, 18 de mayo. El consulado de México en Barcelona recibió hoy la solicitud formal para que una comitiva integrada por defensores de los derechos humanos de diversos países realicen una visita al país, con el propósito de realizar un informe sobre los hechos ocurridos en San Salvador Atenco y la situación de los detenidos en el operativo policiaco contra esa comunidad mexiquense. La solicitud cuenta con el aval de centenares de personas y organizaciones civiles de todo el mundo.

La Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH), integrada tras la matanza de Acteal de diciembre de 1997, solicitó al gobierno de Vicente Fox realizar una gira de trabajo del 29 de mayo al 4 de junio, con el propósito de entrevistarse con los diversos actores del conflicto. El objetivo final de este viaje es realizar un informe para ser presentado de manera oficial ante el Parlamento Europeo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Congreso español.

En la misiva, entregada hoy en el consulado mexicano en Barcelona, se adjuntaron centenares de firmas de apoyo a esta petición de ciudadanos de México, España, Italia, Estados Unidos, Suiza, Japón, China, Dinamarca y Argentina, entre otro países. Los solicitantes explicaron los antecedentes de la CCIODH, que realizó un primer informe en febrero de 1998, otro más en noviembre de 1999 y el más reciente en febrero de 2003. Como resultado se realizaron informes que fueron entregados a todos los interlocutores de la comisión en México, a todas las organizaciones y personas que los avalaron y a las instituciones internacionales (al Parlamento Europeo, a los parlamentos Nacionales, al Parlamento Centroamericano, a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, entre otras entidades).

Los solicitantes explican así sus razones para viajar ahora a México: "Tras los sucesos ocurridos en San Salvador Atenco los días 3 y 4 de mayo del presente año, con el resultado de un menor fallecido, varias personas gravemente heridas, cerca de 300 detenidos y cinco extranjeras expulsadas en un operativo en el que participaron más de 3 mil policías, se han presentado graves denuncias de abusos sexuales, violaciones, malos tratos, vejaciones y torturas que atentan gravemente contra los derechos fundamentales de las personas".

LA JORNADA

Debe investigarse a funcionarios, plantea jurista

Robledo y otros mandos podrían ser responsables de los abusos
ALFREDO MENDEZ

Las autoridades de procuración de justicia del estado de México y de la República están obligadas legalmente a investigar si las "extralimitaciones policiacas" y los "actos de violencia" en que incurrieron agentes locales, estatales y federales el pasado 4 de mayo, durante el operativo para contener a los habitantes de Atenco y Texcoco, "fueron ordenadas y/o consentidas por los secretarios de Seguridad Pública estatal y federal, los directores de las diferentes policías, el procurador mexiquense o el propio gobernador del estado", con el propósito de que se puedan fincar responsabilidades penales no sólo a los policías, sino también a sus superiores, consideró el abogado Julio Hernández Pliego, especialista en derecho penal de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En entrevista telefónica, el jurista refirió que si la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), o la Procuraduría General de la República (PGR) -en caso de que se tipifiquen delitos federales- sólo consignan ante un juez a agentes operativos y soslayan la responsabilidad de los mandos medios y superiores en los abusos, se pondría en evidencia que hay un afán de proteger a la gente cercana al gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto.

Sobre las presuntas violaciones y ataques sexuales de los cuales fueron víctimas 23 de las mujeres detenidas en ese operativo durante su traslado al penal de Santiaguito, en Almoloya, el penalista y autor del libro El proceso penal mexicano refirió que el procurador mexiquense, Abel Villicaña, debe interrogar a los elementos y oficiales que realizaron el operativo, para que revelen si actuaron por decisión propia o con el consentimiento de sus superiores.

Ayer, Villicaña informó que se inició una averiguación previa contra 41 elementos y tres oficiales de Agencia de Seguridad Estatal que estuvieron a cargo del traslado de los detenidos de San Salvador Atenco, y que sólo ocho elementos de la corporación serán investigados administrativamente por la contraloría de la Secretaría General de Gobierno, por los excesos cometidos durante los operativos policiacos de 3 y 4 de mayo en Atenco y Texcoco.

Hernández Pliego, profesor de derecho penal en la UNAM, indicó que existen posibilidades de que mandos superiores, inclusive el propio secretario de Seguridad Pública mexiquense, Wilfrido Robledo, tengan alguna responsabilidad penal en las presuntas violaciones a los derechos humanos de los más de 200 detenidos, pero aclaró que para ello es necesario "determinar bien cuáles son los hechos reales, derivados de las denuncias penales que ya se hayan presentado en la PGJEM o en la PGR".

Agregó que a simple vista, por lo que se pudo observar de las imágenes televisivas sobre esos hechos, "se aprecia que algunos de los policías de distintas corporaciones agredieron innecesariamente a algunos civiles, y me refiero que fue innecesario porque cuando ya estaba sofocada la reyerta, cuando los inconformes ya estaban sometidos, hubo actos de violencia que ya no se justifican".

La legislación penal en el país, indicó el jurista, "autoriza al que se defiende inclusive a matar al agresor sólo mientras la agresión dilate y se sostenga, pero una vez que ha cesado la agresión, ya no se justifica ninguna acción en contra del agresor; la ley penal califica esos actos como exceso en la legítima defensa".

LA JORNADA

Impiden acceso a La Palma a Bárbara Zamora
ISRAEL DAVILA CORRESPONSAL

Almoloya de Juárez, Mex., 18 de mayo. Las autoridades del penal de máxima seguridad de La Palma impidieron hoy el acceso a la abogada Bárbara Zamora, defensora del líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), Ignacio del Valle Medina, y de su compañero Felipe Alvarez Hernández, por lo que tuvo que ser suspendida la audiencia de presentación de pruebas programada para hoy.

La defensora calificó el hecho de "una maniobra más" para retrasar el proceso que se sigue a Del Valle y Alvarez por el presunto secuestro de Rosendo Rebolledo Montiel, ex director de Gobernación de la zona oriente del estado, al que retuvieron el pasado 8 de febrero en el auditorio Emiliano Zapata de San Salvador Atenco.

"No existe ninguna justificación para tenerlo (a Del Valle) aquí. No está acusado de delitos federales y no hay razón para que esté recluido en un penal de máxima seguridad. Los tienen incomunicados", indicó Zamora, quien desde la detención de los miembros del FPDT sólo ha podido verlos en una ocasión.

La abogada reveló que esta semana solicitó el traslado de sus defendidos a una cárcel estatal. Aunque la defensora arribó al penal poco antes de la hora indicada para la audiencia de presentación de pruebas y se acreditó ante la garita, los oficiales no le permitieron el ingreso. A la una de la tarde, la abogada continuaba esperando la autorización para ingresar.

No sólo la defensora de Del Valle fue víctima de las extremas medidas de seguridad del penal. El juez que conoce de la causa, Juan Arturo Velásquez, y su personal, tuvieron que esperar más de una hora para ingresar a esta cárcel federal, no obstante la existencia de un oficio en el que se notificaba la celebración de la diligencia.

Después de ingresar, el juez esperó casi tres horas a que se diera la autorización para el acceso de Bárbara Zamora, pero como esto no ocurrió se vio obligado a reprogramar la diligencia para el primero de junio.

Tampoco los familiares de Felipe Alvarez, que acompañaban a la abogada, pudieron ingresar al penal. La esposa de Alvarez -que prefirió omitir su nombre- señaló que no es la primera ocasión que le impiden el acceso a La Palma y relató que cuando su marido fue trasladado a este centro le pidieron una serie de documentos para poder ingresar, desde el acta de nacimiento hasta cartas de referencias y de antecedentes no penales.

Desde la detención de Alvarez el pasado 3 de febrero, su esposa sólo lo ha visto en una ocasión, en la cual le permitieron platicar con él sólo diez minutos.

"En aquella ocasión no me dejaban entrar porque traía tenis y pants. Tuve que ir a buscar aquí cerca ropa que me vendieran. Conseguí unas sandalias y un pantalón por los que pagué cien pesos, y luego, en la entrada, me volvieron a poner de pretexto la ropa. Acaso quieren que venga con ropa de última moda, joyas y en carros últimos modelo, como viene mucha gente aquí, a la que dejan pasar por ser familiar de no sé qué interno".

Por otra parte, ayer se celebró la primera audiencia en el proceso que se sigue a los floricultores Arturo Sánchez Romero, María Patricia Romero y Raúl Romero Macías, acusados de portación de arma prohibida y lesiones en agravio de nueve policías municipales de Texcoco durante los enfrentamientos del 3 de mayo.

Los floricultores ofrecieron como pruebas la ampliación de declaración de los nueve uniformados agraviados, así como la de dos testigos presenciales de los hechos para desvirtuar la acusación en su contra.

Además promovieron un amparo contra el auto de formal prisión dictado por el juez segundo penal de Toluca, Jaime Maldonado Salazar, en el que también reclaman su libertad, ya que los delitos que les imputan no son considerados graves y alcanzan fianza. Sin embargo, la procuraduría pidió al juez no otorgarles este beneficio por ser "peligrosos para la sociedad".

LA JORNADA

Evitan granaderos el bloqueo de Insurgentes en las inmediaciones de CU

Paros estudiantiles en la UNAM y en la ENAH para exigir libertad de presos
EMIR OLIVARES ALONSO

Integrantes del Consejo General de Huelgal (CGH), alumnos y profesores de las facultades de Ciencias, Filosofía y Letras, Economía y Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realizaron ayer diversas actividades para exigir la liberación de los "presos políticos" de San Salvador Atenco, así como castigo a los culpables de la "toma violenta" y posteriores agresiones contra los detenidos.

Asimismo, estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) demandaron la libertad incondicional e inmediata de los presos, esclarecer los hechos, enjuiciar a los policías involucrados en violaciones sexuales de mujeres y a quienes se excedieron en el uso de la fuerza.

En las facultades de Ciencias y de Filosofía y Letras de la UNAM, desde las siete de la mañana se realizaron paros totales de actividades académicas, los cuales culminaron a las 19 horas.

Mientras, en las facultades de Economía y de Ciencias Políticas y Sociales se realizaron paros activos, por lo que las puertas de las aulas permanecieron abiertas para quienes desearan tomar clases.

En el caso de la primera, a pesar de que en una asamblea estudiantil previa se había aprobado que el paro sería total, por la mañana sectores que se manifestaron en contra de esa decisión lograron que se volviera a someter a votación, con lo que se logró que las instalaciones permanecieran abiertas.

Integrantes de estas cuatro facultades realizaron campañas de información con volantes y mantas en el campus universitario, avenidas, estaciones del Metro y colonias cercanas a Ciudad Universitaria, para "que la gente se entere de la otra versión y no sólo de la que dan las autoridades y los medios de comunicación".

Por la tarde, unas 300 personas iniciaron una marcha por el circuito exterior de Ciudad Universitaria, desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales hasta la explanada de la torre de rectoría, donde realizaron un mitin y un performance.

En el transcurso de la manifestación se detuvieron en las facultades de Ciencias, Ingeniería, Química, Medicina, Odontología, Economía, Derecho y Filosofía, en las que señalaron los motivos de la movilización y las acciones que emprenderán a partir de hoy y durante la próxima semana para manifestar su rechazo a las "prácticas represivas del gobierno de Vicente Fox".

Asimismo, informaron que los trabajadores de la Facultad de Ciencias Políticas donaron 5 mil pesos para colaborar con el monto de las fianzas que se fijaron a algunos de los detenidos en el penal de Santiaguito.

Al llegar a rectoría gritaron consignas en contra de las autoridades universitarias y en favor de los atenquenses.

Anunciaron que hoy, a las ocho de la mañana, realizarán un plantón frente a la torre de rectoría y manifestaciones frente a la Bolsa Mexicana de Valores, "porque representa el sistema económico neoliberal", así como ante las embajadas de Alemania, España y Chile en México, "por su tibia postura ante la expulsión de sus connacionales".

Mientras, las autoridades universitarias consideraron que los estudiantes "tienen derecho" a manifestarse por la libertad de los detenidos en el penal de Santiaguito, pero rechazaron el cierre de instalaciones, aunque aclararon que "no es un asunto complicado, ya que sólo cuatro escuelas fueron afectadas y las demás tuvieron clases normales".

Tras finalizar el mitin en la explanada de rectoría, unos 40 manifestantes intentaron bloquear la avenida Insurgentes. Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Pública capitalina destinó alrededor de 300 granaderos para liberar la vialidad.

Los manifestantes gritaban consignas contra los policías e inclusive les lanzaron botellas y piedras. Cabe destacar que la mayoría de los estudiantes que marcharon hasta rectoría se retiraron al terminar el mitin e invitaban a sus compañeros a no agredir a los granaderos.

En Naucalpan, al menos cien estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) tomaron la dirección del plantel por algunas horas y amagaron con suspender actividades, para exigir al gobierno federal y al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, la liberación de los ejidatarios presos.

Mientras tanto, en conferencia de prensa en las instalaciones de la ENAH, estudiantes de esa institución se pronunciaron por el retorno "inmediato a México de nuestros compañeros Mario Aguirre Tomic y Valentina Palma Novoa -chilenos que se encontraban en Atenco el día del asalto policial-, ilegalmente deportados" por las autoridades migratorias mexicanas. También demandaron la inmediata libertad de Mariana Selvas, acusada de secuestro equiparado y daños a las vías generales de comunicación, a quien se le podría dictar una sentencia de entre 20 y 60 años de prisión, sin derecho a fianza.

Los estudiantes realizaron ayer un paro activo de las siete de la mañana a las nueve de la noche, y repudiaron "las políticas gubernamentales de represión".

Asimismo, expresaron su "indignación" debido de que alrededor de 200 granaderos se encontraban afuera de las instalaciones de esa casa de estudios vigilando el transcurso del paro de labores.

"Eso demuestra que no ha cesado el hostigamiento de las autoridades ante las movilizaciones de solidaridad. No seguiremos tolerando estos actos de represión frente a todo intento de organización social que defienda sus justos derechos, como la libertad de manifestación, así como la denuncia de la represión estatal y la exigencia de su castigo", dijo uno de los oradores en el mitin.

Con información de Silvia Chávez, corresponsal