| Volver a página de inicio | |
NOTICIAS Y ARTICULOS
DE OPINION SOBRE LOS SUCESOS DE ATENCO (18-MAYO-06) |
|
|
LA JORNADA Al menos tres oficiales habrían participado en violación de mujeres Investigan ya abusos de 52 policías mexiquenses ISRAEL DAVILA Y SILVIA CHAVEZ CORRESPONSALES Toluca, Mex., 17 de mayo. El procurador del estado de México, Abel Villicaña, confirmó hoy que se inició una averiguación previa contra 41 elementos y tres oficiales de Agencia de Seguridad Estatal (ASE) que estuvieron a cargo del traslado de detenidos de San Salvador Atenco al penal de Santiaguito en Almoloya el pasado 4 de mayo, por su responsabilidad en las presuntas violaciones y ataques sexuales de las cuales fueron víctimas 23 de las mujeres detenidas en ese operativo. En tanto, sólo ocho elementos de la ASE serán investigados administrativamente por la contraloría de la Secretaría General de Gobierno por los excesos cometidos durante los operativos policiacos de 3 y 4 de mayo en Atenco y Texcoco, informó el secretario general de Gobierno, Humberto Benítez Treviño. "Hasta el momento tenemos a estos ocho elementos, pero esto no quiere decir que en el curso de la investigación no pueda identificarse a otras personas", comentó. Dado lo anterior, el total de elementos de la ASE sujetos a investigación asciende a 52, entre los cuales figuran cuatro mandos, tres por violación y uno más por las golpizas propinadas a los detenidos. En conferencia de prensa conjunta ofrecida en la sede del Ejecutivo estatal, el procurador y el secretario general de Gobierno señalaron que la competencia para investigar los excesos policiacos corresponde "única y exclusivamente" a las autoridades mexiquenses, por lo que solicitarán a la Procuraduría General de la República (PGR) que envíe un desglose de la averiguación 03/05/06, que inició de oficio la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra las Mujeres. Los funcionarios justificaron la tardanza para iniciar averiguaciones previas por las presuntas violaciones y otros ultrajes a que hasta el momento ninguna de las denunciantes permitió que se le practicara un examen médico para comprobar los abusos, ni mucho menos presentó denuncia. "Sin embargo, por instrucciones del gobernador Enrique Peña se determinó ir a fondo en este asunto", aclararon. En caso de que la contraloría determine que los agentes sujetos a investigación administrativa son responsables de la comisión de un delito, se remitirá el expediente a la procuraduría para iniciar la averiguación previa correspondiente. El procurador Villicaña informó que ya se remitió al Ministerio Público la lista de 41 agentes y tres oficiales que estuvieron a cargo del traslado de detenidos de Atenco a Toluca, donde presuntamente ocurrieron las violaciones. A la fecha ninguno de los 52 elementos de la ASE ha sido separado del cargo, a pesar de estar sujetos a investigación. "La totalidad continúa en funciones y se tomará alguna determinación cuando las indagatorias concluyan", aclaró el secretario general de Gobierno. "Lo que les puedo garantizar es que el gobierno de Enrique Peña no va propiciar impunidad para ninguno de los dos lados. En un estado de derecho estamos subordinados al imperio de la ley gobernantes y gobernados, policías y ciudadanos. Por eso se ejercitó acción penal y estamos investigando a los uniformados", concluyó. La respuesta del gobierno mexiquense se dio tras las evidencias que mostró la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) al gobernador Enrique Peña Nieto sobre los excesos cometidos por los cuerpos policiacos que participaron en la toma de Atenco el pasado 3 y 4 de mayo. La CNDH remitirá a la procuraduría estatal toda la información que recabó sobre los abusos policiacos, según acordaron el ombudsman José Luis Soberanes y el gobernador Peña Nieto durante el encuentro que sostuvieron el pasado martes. "Durante ese encuentro, la comisión nos mostró la información que posee respecto de los señalamientos que hacen las mujeres que fueron trasladadas en autobús de Atenco a Almoloya de Juárez. Nos mostraron videos, fotografías y una serie de documentos en los cuales constan las acusaciones que formulan las señoras en contra de los elementos de la policía estatal", informó el procurador Villicaña. Según lo expresado por la comisión, abundó, "las víctimas están dispuestas a proseguir la queja, a ratificar sus declaraciones y a señalar directamente a las personas que participaron". Aunada a la información que remita la CNDH a la procuraduría, el Ministerio Público requerirá mayores datos de la ASE, añadió, "para establecer con toda claridad quiénes y cómo intervinieron en los hechos que son motivos de la denuncia". Por otra parte, Benítez Treviño confirmó además que hasta el momento el comisionado de la ASE, Wilfrido Robledo Madrid, quien diseñó el operativo de asalto a San Salvador Atenco, no es investigado. Al respecto, Francisco Garate Chapa, dirigente del PAN en el estado de México, dijo que ante los evidentes excesos de la fuerza pública cometidos en Atenco, Robledo debe renunciara su cargo. Recordó además que en 2000 se formularon denuncias contra Robledo (en ese entonces responsable de la Policía Federal Preventiva) por la adquisición irregular de 12 aeronaves y la adjudicación directa de varios contratos para esta compra. LA JORNADA Confirma la procuraduría estatal que se trata de un homicidio doloso Dispararon contra el menor Javier Cortés a menos de 70
centímetros Toluca, Mex. 17 de mayo. El homicidio del menor Javier Cortés Santiago, ocurrido durante los enfrentamientos entre pobladores de Atenco y policías estatales y federales el pasado 3 de mayo, no fue accidental, sino doloso, afirmó hoy el procurador de Justicia del estado, Abel Villicaña Estrada, ya que el arma que lo privó de la vida fue disparada a menos de 70 centímetros de su cuerpo. El procurador informó que se recaban testimonios de testigos del asesinato para saber, a ciencia cierta, quién diparó el arma calibre .38 que ultimó al joven, "porque aún no sabemos si salió de la gente o de la policía". El procurador reveló que las pruebas de criminalística de-muestran que Cortés Santiago fue víctima de "un homicidio doloso y directo, porque no se trató de una bala perdida. El disparo fue activado a menos de 70 centímetros de distancia entre el sujeto activo y el pasivo, y el menor hizo maniobras defensivas porque levantó el brazo y el proyectil le atravesó el brazo y se le introdujo en el tórax". Sobre el video que difundió el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro el pasado 10 de mayo, en el que policías mexiquenses reconocen que la bala que le quitó la vida al menor fue disparada por agentes estatales, el procurador indicó que el material ya fue requerido por el Ministerio Público. El procurador del estado de México aseguró que el video "carece de validez jurídica" y "no tiene utilidad para la investigación de la muerte del menor", y agregó que las autoridades mexiquenses consideran que se trata de "un montaje", porque no se acredita la identidad de los policías declarantes y las voces fueron distorsionadas. LA JORNADA Adherentes a la otra campaña se manifiestan frente a oficinas del organismo Entregan en sede de la ONU paquete de denuncias sobre abusos
policiacos JOSE ANTONIO ROMAN Más de un centenar de adherentes y simpatizantes de la otra campaña se manifestaron ayer frente a la sede de la representación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en México para entregar un "paquete de denuncias" sobre violaciones a los derechos humanos y ofrecer varios testimonios de los hechos ocurridos en San Salvador Atenco, además de solicitar su intervención para obtener la liberación de los presos políticos. Luego de una hora de conversaciones con una comisión de la otra campaña, la respuesta del coordinador residente de la ONU en México, Thierry Lemaresquier, fue "ambigua y diplomática", sin asumir ningún compromiso claro, con el argumento de no tener ninguna facultad para intervenir. Las peticiones directas a la representación de Naciones Unidas en México fueron, con la entrega de las denuncias, lograr una sanción a México por el nuevo Consejo de Derechos Humanos de la ONU; apoyo para la atención médica y sicológica de las víctimas de la represión en Atenco, y acompañar a las mujeres ultrajadas para que puedan presentar sus denuncias sin represalias gubernamentales posteriores. El funcionario, quien estuvo acompañado de los responsables del área de desarrollo y de género, ofreció hacer llegar las denuncias a la misma secretaría general de la ONU, así como servir de intermediario para que la Cruz Roja Internacional pueda brindar atención médica y sicológica a las mujeres que fueron agredidas y violadas durante los operativos de la policía en Atenco, además de mantener comunicación futura con los integrantes de la comisión para notificarles sobre el avance de dichas gestiones. Durante la manifestación se convocó a la jornada internacional de solidaridad con San Salvador Atenco este viernes, y a no abandonar la movilización hasta lograr la libertad absoluta e incondicional de todos los presos. En una carta abierta leída por Sara Carrión a las puertas de la sede de la ONU, se pidió también la solidaridad con la huelga de hambre de los presos políticos de Atenco, recluidos en los penales de Santiaguito y La Palma, así como de las indígenas mazahuas en plantón afuera de este último, y de Gloria Arenas en el penal de Chiconautla, con la demanda de la libertad inmediata e incondicional de todos los presos del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y organizaciones solidarias. Llaman a la solidaridad internacional En el mitin, los oradores insistieron en que la solidaridad internacional debe ser una herramienta de presión contra el gobierno mexicano y el del estado de México, y también hacia los medios de comunicación y las instancias jurídicas que deben definir las acusaciones que pesan contra los presos en el ofrecimiento de pruebas de los días 22 y 23 de mayo. Asimismo, se convocó a todas las redes internacionales a realizar acciones de información y de presión en las embajadas y los consulados mexicanos en el extranjero. Los manifestantes portaban diferentes mantas, carteles y pancartas en las que denunciaban la represión en Atenco y la brutalidad y abusos de las fuerzas policiacas de los tres niveles de gobierno. De igual forma, denunciaron las expulsiones arbitrarias de cinco extranjeros, quienes por diversas circunstancias fueron detenidas en los operativos policiacos. LA JORNADA Presentan video en que la joven deportada narra abusos que sufrió en Atenco Exigen cineastas reingreso a México de la estudiante chilena
Valentina Palma Ayer se exhibió en el Centro de Capacitación Cinematográfica
un video de la estudiante chilena Valentina Palma, en el que narra los
abusos policiacos de los que fue víctima Foto Cristina Rodríguez En una conferencia de prensa convocada por la comunidad cinematográfica, los compañeros de estudio de la alumna expulsada del país exhibieron un breve documental sobre el arresto y expulsión de Valentina Palma, que fue deportada junto con otro joven chileno, dos españolas y una alemana un día después del asalto policiaco a San Salvador Atenco. Las cuatro deportadas han denunciado, en testimonios por separado, actos de violencia y agresión sexual mientras estuvieron detenidas en poder de las fuerzas policiacas estatales y federales el día de los hechos. Las escenas del documental, en las que se ve a Valentina con un rictus de dolor, llevada de los brazos por dos elementos de seguridad con el protector de los cascos sobre la cara, mientras otros dos la golpean por detrás, recuerdan momentos de muchas grabaciones hechas hace 38 años en Tlatelolco. "Pensábamos -dijo el cineasta Jorge Fons, director de Rojo amanecer, al hacer uso de la palabra- que nuestro modo de vivir y pensar se había acercado más a las normas democráticas. Ahora vemos, por medio del caso de Valentina, que no hemos dejado atrás el pasado. Vemos que los hechos de Atenco fueron un acto de represión, un patrón de conducta y no un simple operativo para detener a unos señores que habían transgredido la ley." En respuesta a las argumentos con los que las autoridades han intentado justificar la deportación de la estudiante chilena, diciendo que ella sólo tenía una visa para estudiar y no para "trabajar", que es lo que estaba haciendo en Atenco, la directora del CCC, Angeles Castro, reivindicó el derecho de los alumnos de la institución a salir a las calles a documentar con cámaras la realidad o hacer ficción. El haber coartado ese derecho en el caso de Valentina Palma, señaló, significa un grave retroceso "en los esfuerzos que esta sociedad ha hecho para construir espacios de libre expresión". Armando Casas, director del CUEC, de la Universidad Nacional Autónoma de México, acudió al CCC para solidarizarse con la afectada. Manifestó que el registro de la realidad "es indispensable para la práctica y el aprendizaje del cine documental. Es -subrayó- nuestro derecho y nuestra obligación como comunidad cinematográfica. Es nuestro compromiso con la cultura y no vamos a permitir que este derecho nos sea negado". La maestra María del Carmen Lara, realizadora de En este país no pasa nada, expresó que las autoridades "no ven nunca documentales; por eso no saben lo que es", por lo que procedió a definir este género "como parte de los movimientos sociales, un instrumento de la historia, de la denuncia". Lo que Valentina Palma hizo como estudiante, explicó, fue seguir los pasos de los grandes maestros del cine documental, como Leobardo López Arteche, autor de El Grito, filme sobre el movimiento estudiantil del 68, y Patricio Guzmán, autor del la trilogía La Batalla de Chile. Con los hechos de Atenco, añadió, "el régimen de Vicente Fox se quitó el velo" y se muestra "como lo que es: un poder violento que promueve la violencia" y que cuenta con la complicidad de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. "Nosotros -concluyó- no somos cómplices; no permitiremos que Valentina no pueda terminar su carrera en México". Otro docente, Carlos Taibo, del Instituto Mexicano de Cinematografía, afirmó que la joven expulsada "va a seguir documentando la realidad de México a través de nosotros. No queremos un país de botas, toletes y puertas rompiéndose. Queremos un estado de derecho, no de derecha". A su vez, los estudiantes del CCC, de la Escuela Nacional de Arte Teatral y de la Escuela de Pintura de La Esmeralda expresaron que la detención de su compañera "es un agravio a la libertad de expresión, y reafirma la ignorancia y cinismo" del presidente Vicente Fox. También hubo una lectura dramática de un texto escrito por Valentina Palma, leído por la actriz Julieta Egurrola. "Para ellos -expresa la joven cuando describe el momento en que fue golpeada y agredida sexualmente, después de ser arrojada sobre una montaña de cuerpos heridos en un transporte policiaco- soy un nombre cualquiera, unas nalgas cualquiera, unos senos cualquiera. Pero ellos también son cualquiera. Sin el uniforme de policía, con sus caras mexicanas, podrían ser cualquiera, como los otros cualquiera ahí tirados, llenos de sangre, de miedo y de rabia. Rabia por la impotencia". |
|