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NOTICIAS Y ARTICULOS
DE OPINION SOBRE LOS SUCESOS DE ATENCO (15-MAYO-06) |
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LA JORNADA Impiden a especialistas verificar el estado de los detenidos, sostienen sus abogados Buscan autoridades mexiquenses que el tiempo borre las huellas
de tortura EMIR OLIVARES E ISRAEL DAVILA REPORTERO Y CORRESPONSAL Las autoridades del estado de México saben que lo que sufrieron los detenidos tras los hechos en San Salvador Atenco fue tortura y no sólo agresiones físicas y sicológicas, por lo que han negado la entrada de especialistas del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, quienes verificarían que los capturados han padecido diversos tormentos, informó Juan de Dios Hernández Monge, abogado de algunos de los atenquenses. Destacó que el objetivo es que ''con el transcurso del tiempo se borren las huellas de la tortura''. Ante esta situación, y ''otras violaciones a las garantías de los detenidos'', sus defensores analizan denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estas transgresiones. Por su parte, el Colectivo señaló que ante los hechos, las autoridades han aceptado que se presentaron abusos y exceso de la fuerza, ''pero se niegan a reconocer que existió tortura'', por lo que ha comenzado a recabar ''documentación necesaria'' para dar a conocer en breve pruebas de que se presentó tortura. Asimismo, abogados de los atenquenses denunciaron que los procesos judiciales que se han instruido al menos a 175 de los detenidos durante el asalto policiaco están plagados de irregularidades. Señalaron que la más reciente anomalía es impedirles el acceso al expediente de la causa penal 96/06, a más de 11 días de los hechos, y al propio auto de formal prisión, que fue dictado el miércoles pasado. Denunciaron que el juez segundo de lo penal, Jaime Maldonado Salazar, es quien ha cometido esa violación, amén de que ya fijó fechas para las audiencias constitucionales, donde las partes, Ministerio Público y defensa, presentarán las pruebas de cargo y descargo que serán desahogadas a lo largo de los procesos penales en contra de 175 personas. Negligencia del juez: Zamora La abogada Bárbara Zamora comentó que esta violación flagrante a la Constitución es fundamental, ya que al no conocer en detalle los hechos que se imputan a los inculpados, la defensa está imposibilitada de ofrecer pruebas contundentes que desvirtúen los señalamientos, ''simplemente porque no los conocemos''. Según personal del juzgado segundo, el expediente consta de ocho tomos, lo que se traduce en más de 6 mil fojas que tienen que analizar los abogados para diseñar su estrategia de defensa. Las fechas para las audiencias fueron programadas el 22 de mayo para las 29 personas detenidas acusadas de secuestro equiparado, y el 23 y 24 de mayo para las 146 a quienes se imputaron ataques a las vías de comunicación. ''La negligencia del juez perjudica a los inculpados. Desde el inicio no se han respetado los términos legales procesales, violando con ello sus garantías individuales. Hemos solicitado copias simples del expediente y a tres días de haber dictado el auto no las han entregado, con el argumento de que tienen mucha carga de trabajo'', reveló Alejandro Cornejo. Entre las violaciones cometidas por las autoridades judiciales del estado de México, destacaron, están: no se debió encarcelar a los capturados hasta que el Ministerio Público consignara la averiguación previa, permaneciendo en las instalaciones de la procuraduría estatal, lo cual no sucedió; se les debió tomar declaración en presencia de abogados de su confianza; la procuraduría estatal debió consignar el acta a más tardar 48 horas después de su detención y, de no ser así, dejarlos en libertad; en cambio, mediante una maniobra duplicó el término constitucional con el argumento de que se les fincaría del delito de delincuencia organizada, para extender ese plazo a 96 horas, ilícito del que todos resultaron exonerados. En entrevista por separado, Hernández Monge consideró que ante esas violaciones las autoridades han cometido diversas transgresiones, como falsedad de declaraciones, simulación de acto jurídico, abuso de autoridad y ejercicio indebido de la función pública, además de robos, amenazas, lesiones graves, homicidio, tortura física y sicológica. ''Hay gran cantidad de delitos que están cometiendo los gobiernos federal, estatal y municipal. Es un acto de terrorismo de Estado, algo dramático e inédito.'' Destacó que recientemente se presentó en el país una especie de ''neofascismo'', que comenzó con la represión de grupos altermundistas en Guadalajara, en 2004. Los litigantes adelantaron que preparan la presentación de juicios de amparo ante la justicia federal, donde se relata ''toda esta serie de arbitrariedades'', para que sus clientes puedan obtener su libertad. Hernández también denunció que directivos del penal han intentado dividir a los presos que alcanzan libertad bajo fianza, debido a que la mayoría decidió no aceptarla en solidaridad con los 28 que no alcanzaron caución. ''Les han prometido que el gobernador (Enrique) Peña Nieto les pagará la fianza para que se vayan y sea menos la presión en el interior del penal.'' El sábado anterior algunos ya habían aceptado pagar para obtener su libertad. LA JORNADA No indagar sentaría un pésimo precedente, advierte Condena HRW el uso excesivo de la fuerza policiaca en Atenco
La irrupción policiaca en San Salvador Atenco es un hecho ''muy grave que debe ser investigado a fondo'' por las autoridades correspondientes para deslindar responsabilidades, aseveró el director ejecutivo de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco. Abundó: ''La policía actuó con excesivo uso de la fuerza contra la población: hay personas heridas, lesionadas y denuncias de violaciones sexuales que, si no son debidamente investigados y aclarados, pueden sentar un pésimo precedente para el accionar de la fuerza pública en hechos futuros''. En entrevista con La Jornada, Vivanco dijo: ''No conozco las disposiciones del Código Penal Federal, y entiendo que es razonable que las autoridades ministeriales exijan la denuncia para investigar. Pero ante hechos graves debe existir algún fundamento jurídico que permita a la autoridad hacer las investigaciones para determinar si la conducta de los agentes de la fuerza pública se ajustaron o no a la legalidad. Son hechos muy graves denunciados a través de los medios de comunicación y Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)''. Human Rights Watch, aseveró, ''condena el uso excesivo de la fuerza por los policías, pero también los actos de gran violencia de algunos habitantes que participaron en las manifestaciones. Estos hechos deben ser investigados y aclarados, y se debe sancionar a los agentes responsables, pero también a los habitantes que participaron en actos de violencia''. Interrogado sobre la posición de las autoridades federales y estatales que niegan los hechos de violencia, Vivanco sostuvo: ''El que los medios de comunicación, las autoridades, digan una u otra cosa, no es lo más útil ni lo más adecuado. Aquí lo que corresponde es que las autoridades judiciales investiguen los hechos, sin perjuicio de que puedan tener una opinión con respecto de la actuación de la policía. En concreto: hay un muerto, heridos, detenidos que fueron golpeados brutalmente, y también hay policías lesionados; por ello, es la autoridad judicial la que debe investigar y deslindar responsabilidades''. -Frente a estos hechos, ¿cómo queda el Estado en el plano internacional? -Lo importante es que no se están encubriendo. Habrá declaraciones del gobierno estatal y de las policías estatal y federal, incluso del municipio, tratando de justificar o minimizar los hechos, pero ahí están las imágenes que hablan por sí solas. No debemos quedarnos sólo en la denuncia de medios, es necesario que se hagan esfuerzos judiciales para sancionar esto y evitar que se repita. Vivanco resaltó: ''Esta situación ya la vimos, ya la vivimos. Observamos casos similares con los manifestantes de Guadalajara, los altermundistas que se manifestaban frente a una conferencia internacional, y que fueron objeto de uso excesivo de fuerza por parte de los policías. Esta situación refleja problemas estructurales muy profundos en materia de administración de justicia, que es imprescindible abordar''. Estas acciones condenables, insistió Vivanco, trascendieron la cobertura nacional, fueron imágenes que se conocieron internacionalmente. ''Incidentes de esta naturaleza ayudan a que se mantenga la atención frente a las autoridades que, insisto, están obligadas a investigar.'' LA JORNADA No basta con que un periódico las denuncie, acota Pide Rivera investigar las violaciones en Atenco ALMA MUÑOZ Y ELIO HENRIQUEZ Antes de ''tomar como un hecho'' las denuncias de violación a mujeres detenidas en San Salvador Atenco, presuntamente perpetradas por elementos de seguridad pública, ''el Poder Judicial'' deberá aclarar los hechos y proceder acorde con la ley, planteó el cardenal Norberto Rivera Carrera. El arzobispo primado de México dijo que no basta con que un medio de comunicación lo denuncie. ''Se debe proceder conforme a una investigación, porque se trata de un asunto muy delicado'', afirmó. En este mismo sentido se manifestó el obispo de San Cristóbal de las Casas, Felipe Arizmendi, aunque antepuso su pesar por que se violen los derechos humanos de cualquier persona. Es triste, apuntó, ''pero duele y molesta más que sea contra mujeres''. En tanto, la arquidiócesis de Guadalajara cuestionó que en tiempo de elecciones federales el país se encuentre sumido ''en una época de revueltas'', que desata violencia y lo pone en riesgo de sufrir más enfrentamientos de este tipo. Mediante el editorial de su periódico Semanario, afirmó que la población está cansada de la situación, y asentó que seguramente los involucrados civiles son abanderados de causas para ''sacar algún provecho''. Entre ellos citó al subcomandante Marcos, mencionó ''algunos mazahuas, universitarios de Chapingo y líderes del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente''. Agregó: ''Desde diferentes frentes parecen haberse puesto de acuerdo para que los mexicanos no estemos tranquilos'', lo que ''nos hace vivir en medio de algo parecido a un interminable ajuste de cuentas''. A ejecuciones por parte de presuntos cárteles del narcotráfico sumó ''manifestaciones de toda índole'', que parecen ser ''planeadas estrategias desestabilizadoras''. Por supuesto, aseguró, ''hay quienes sacan provecho de todos estos ríos revueltos'', aunque no se atrevió a identificarlos porque ''resulta difícil, pero nadie pelea gratis''. Ubicó como lo más sobresaliente lo ocurrido a principios de mes en San Salvador Atenco, y las detenciones de decenas de simpatizantes del Frente del Pueblos en Defensa de la Tierra, entre ellos su líder, Ignacio del Valle, y extranjeros, de quienes se preguntó: ''¿qué estaban haciendo ahí?'' A la arquidiócesis de Guadalajara se cuidó de hablar de los abusos sexuales contra detenidas en aquel lugar. Por su parte, el cardenal Rivera Carrera, al término de su homilía en la Catedral Metropolitana, se manifestó por las investigaciones de esas denuncias, ''y no simplemente porque se anunció en tal periódico que hubo esa violación, que hubo aquel atropello, debe tomarse como un hecho. Creo que se debe investigar primero por las autoridades y después los jueces deberán castigar conforme a derecho'', exigió. -¿Se ponen en duda las quejas de las mujeres que han denunciado estos hechos? -Es un asunto delicado. Primero se tiene que investigar y no basta que sólo digan ''a mí me violaron'', para que ya se dé como un hecho. Se tiene que probar. No es que mientan o no mientan, pero creo que nadie de ustedes tiene pruebas. A su vez, el obispo Felipe Arizmendi también pidió ''al Poder Judicial'' que indague a fondo estas quejas, y precisó que ''no se puede tolerar que porque alguien tenga algún grado de autoridad o un informe policiaco, puede darse la libertad de dañar y perjudicar a otras personas''. Entrevistado en San Cristóbal de las Casas, antes de partir a Paraguay para participar en el Encuentro Pastoral Indígena y Teología India del Cono Sur, organizado por el Consejo Episcopal Latinoamericano y del Caribe, el prelado pidió a la ciudadanía ''educarse cada día para que controle sus propios instintos, aun de represión y venganza'' LA JORNADA En Tecámac entregan despensas para "minimizar" los actos de violencia policiaca Anuncia Marcos la creación de centros de comunicación
contra la represión El nuevo giro de la otra campaña, determinado por la agresión policiaca contra la población de San Salvador Atenco y las detenciones arbitrarias y violentas de muchas decenas de personas, significa que el delegado Zero habrá de permanecer en la capital de la República por un tiempo todavía indefinido, y que la prioridad de este movimiento sea la liberación de todos los presos y presas recluidos en los penales de La Palma y Santiaguito, en el municipio mexiquense de Almoloya de Juárez. Tras la asamblea nacional de adherentes a la Sexta declaración de la selva Lacandona, efectuada el sábado en el auditorio Che Guevara, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, la otra campaña divulgó ayer una nueva propuesta de la Comisión Sexta para sus actividades y un primer esbozo de programa, en el que destacan un acto este martes 16 en la Casa de Teatro de Coyoacán, con artistas mujeres contra la violencia, así como un acto público, también con artistas mujeres, el próximo lunes 22 de mayo. El nuevo plan de acción de la otra campaña, la cual originalmente estaría recorriendo estos días el norte del país, se centra en la lucha por la libertad de los detenidos y en una convocatoria "a toda la otra a un periodo de difusión, propaganda y agitación en todo el país y en el mundo". Para ello, se plantean los siguientes ejes: "Esto pasó. Eso mismo te pasó, pasa o te puede pasar a ti, a ustedes. Esto queremos: libertad", y se agrega una "invitación a participar en las movilizaciones" desde este domingo 14 hasta una fecha no confirmada. También se anunció "una jornada de movilizaciones civiles y pacíficas en todo el país y en el mundo", con fecha por definir, y que será simultánea. Así, se convocará a una marcha de la otra campaña nacional en la ciudad de México, y en otros países. Para ello se establecerán "centros de comunicación para la seguridad y contra la represión", que podrán ser por organización, grupo o colectivo, y también por comisiones regionales, subregionales o estatales de la otra campaña. Por otro lado, pobladores de Tecámac, comunidad vecina a San Salvador Atenco, denunciaron que el gobierno ha iniciado un insistente reparto de despensas, "hasta tres por familia", para minimizar el efecto regional de la violencia institucional desatada en la zona de Texcoco. Este reparto se da "a través de los partidos políticos, y cuenta con la confusión informativa que promueven las televisoras y radiodifusoras comerciales". En Tecámac, por cierto, se lleva a cabo una fuerte movilización en defensa del agua. Esto fue denunciado el sábado, durante el Encuentro Nacional para Definir Estrategias de Defensa Jurídica de la Lucha Social, en el cual participaron 30 organismos de derechos humanos procedentes de 17 estados. Durante dicho encuentro, efectuado en el Centro Universitario Cultural, se denunció que la represión y la impunidad están garantizadas por las leyes vigentes. El defensor Isaac González, de la Universidad Autónoma Metropolitana, señaló que las autoridades pretenden "regularizar la violencia y la represión". En el encuentro también se subrayó que los acontecimientos en Atenco significan "una degradación de la aplicación del orden por parte de la autoridad". Participantes de Coahuila y Baja California coincidieron en denunciar que en sus entidades se han creado nuevas corporaciones policiacas, "que se dedican a investigar e intimidar a los activistas sociales". LA JORNADA Repudio indígena a la represión policiaca Señora directora: Los pueblos indígenas y organizaciones que suscribimos el presente pronunciamiento, participantes en el congreso nacional indígena repudiamos profundamente los hechos de violencia y represión desatados los pasados días por el gobierno mexicanos en San Salvador Atento, estado de México, y exigimos: La liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos producto de la acción represiva del Estado en San Salvador Atenco, así como la cancelación de todos los cargos y procesos penales iniciados con motivo de las acciones represivas señaladas. El retiro absoluto de las fuerzas policiacas y paramilitares de San Salvador Atenco y la región de Texcoco. El castigo a los responsables de haber ordenado y ejercido la represión, la violencia, el abuso de autoridad, la violación sistemática de los derechos humanos y el alevoso asesinato de un menor de edad. El cese inmediato de la represión de Estado contra del Frente de Pueblos Unidos en Defensa de la Tierra (FPUDT), en contra de las organizaciones solidarias con su lucha, en contra de la otra campaña y, en general, en contra de la sociedad civil. Especialmente nos pronunciamos por la liberación inmediata e incondicional, así como por la cancelación de los procesos penales respectivos, de nuestros hermanos Magdalena García Durán (pueblo mazahua), Juan Ventura Juan (pueblo otomí), Alberto Sánchez Chávez (pueblo mazahua) y Gustavo Damián Camacho Guzmán (asesor legal del FPUDT y de diversas comunidades indígenas integrantes del CNI). Por último, en acatamiento a los resolutivos de nuestro 4 Congreso Nacional Indígena, exigimos la liberación de todos los presos políticos que hay en nuestro país y llamamos al pueblo de México y a las organizaciones y personas adheridas a la otra campaña a no detener el paso ni callar la voz en contra del terror de Estado y por un nuevo México en verdad libre, justo y democrático. Unión Campesina Zapatista, Comité de Defensa Campesina de Texcatepec, Comunidades Nahuas y Tepehuas de la Sierra Norte de Veracruz, Frente Regional Indígena Chichimeca Otomí, Consejo Estatal Indígena de Guanajuato de la Comunidad Guachichil de San Ignacio, Colectivo Guachichil, AJAGI A.C., UACI, Organización de Comunidades Indígenas y Campesinas de Tuxpan; Chihuahua: Ricardo Robles O. (Alta Tarahumara), Colectivo en Rebeldía Suljaa y otra organizaciones LA JORNADA Mil mujeres protestan por violencia en atenco Señora directora: Las mil mujeres que firmamos esta carta, académicas, actrices, bailarinas, científicas, cineastas, diputadas, diseñadoras, escritoras, estudiantes, feministas, fotógrafas, médicas, miembros de ONG, museógrafas, músicas, pintoras, periodistas, profesionistas, religiosas, restauradoras, etcétera, expresamos nuestra indignación y horror ante la violencia, los abusos sexuales y las violaciones a los derechos humanos cometidos por las policías estatal y federal contra las mujeres detenidas en Atenco el 3 y 4 de mayo. Los testimonios directos recogidos por la CNDH y el centro de derechos humanos PRODH y publicados en la prensa dan fe de una realidad que no se puede aceptar. Son públicos los testimonios de Valentina Palma, estudiante chilena ilegalmente expulsada, de Cristina Valls y de María Sastres, ciudadanas españolas expulsadas. Las tres declaran que las manosearon, abusaron, golpearon, insultaron y humillaron de todas las maneras. Es público el testimonio de dos estudiantes, todavía detenidas, que refieren lo mismo. Dicen que eso les pasó a todas las presas, que lo oyeron y las vieron llegar al penal llorando y con la ropa desgarrada, y contando lo que les pasó. Existe el testimonio de una mujer de 50 años que no está detenida, a la que forzaron a hacer sexo oral a tres policías. Las autoridades, del secretario de Gobernación, Carlos Abascal, para abajo, han empezado a decir que se trata de mentiras y propaganda, y que como no hay denuncias no se puede investigar. Pero: 1. Sí hay denuncias formales: hasta ahora, 23 casos denunciados de abusos o violaciones, más las tres expulsadas, que también están denunciando formalmente. 2. Aunque no hubiera esas denuncias, estamos frente a la violación tumultuaria por personal policiaco en servicio. Es un delito grave tanto según el Código Penal Federal como el del estado de México. Se castiga con penas de 10 a 15 años de prisión (Edomex), o de 12 a 21 años (Federal). Y se persigue de oficio. 3. No se trata aquí de que cada una de las mujeres vejadas denuncie. Se trata de que se castigue a todos los responsables. Nosotras creemos en el testimonio de las mujeres violadas. Sabemos lo difícil que es denunciar, que faltan las palabras para expresar lo vivido. Y sabemos que pueden recibir amenazas. Les ofrecemos solidaridad, respeto y apoyo. Tienen todo el derecho de negarse a ser examinadas por médicos que no son de su confianza, examen que representa una violencia más, y eso no invalida en nada su denuncia. La justicia debería servir para defenderlas y protegerlas, no para exponerlas. A la luz de casos anteriores, y del muy reciente de Lydia Cacho, contra quien se planeaba una violación "con un palo" en la cárcel de Puebla, parece que violar o abusar sexualmente de mujeres detenidas se está volviendo sistema. Para "defender la ley", ahora los gobiernos mandan violar mujeres. Exigimos la liberación inmediata de todas las presas, porque lo que se ha hecho con ellas no es la detención legal de presuntas delicuentes para someterlas a proceso, sino secuestro y tortura. El trato que han recibido vuelve inoperante cualquier proceso en su contra: se trata de víctimas de la violencia impune de quienes dicen defender la ley. Exigimos castigo a los responsables directos y a sus mandos. Lo exigimos no sólo porque es claramente de justicia, sino porque este creciente empleo del abuso sexual por la policía debe detenerse cuanto antes. No podemos admitir que se vuelva "habitual" y las mujeres en México tengamos que vivir con su amenaza, esa otra amenaza más. La lista con las mil firmas no fue posible publicarla por falta de espacio. EL UNIVERSAL El "Sub Marcos" se convierte en pesadilla Instalada en un plácido sueño, la clase política fue sobresaltada por el ahora ´Delegado Zero´, al tomar en sus manos la defensa de Atenco. Y aquél al que miraban con condescendencia y ´desinflado´, es hoy el que los mira con desdén
Primero pretendieron ignorarlo, no darle mayor importancia a sus palabras y convocatorias hacia aquellos "de abajo" en su recorrido por el país. Es más, todavía la semana pasada muchos festejaban que el subcomandante Marcos y La otra campaña pasaran prácticamente inadvertidos. Y se solazaban: "Marcos se ha desinflado...". Incluso, cuando ocurrieron los hechos violentos en San Salvador Atenco (el miércoles 3 y el jueves 4 de mayo pasado), la mayor parte de la clase política gobernante se regocijaba y aseguraba que la ciudadanía estaba muy contenta porque al fin se había impuesto el orden. O, como diría el presidente Vicente Fox, habían traído "la paz" ante "una embestida de violencia". Pero en esta historia -que en las primeras horas las autoridades consideraron una gran victoria- se les apareció el fantasma, el encapuchado, el trasgresor de la ley, el desinflado... Y todo cambió. Cambió al grado que hoy es imposible disociar Atenco de Marcos y de La otra campaña. Cambió al punto de que lo que se les haga o deje de hacer a los presos de Atenco tendrá respuesta inmediata del subcomandante y sus seguidores. Al erigirse Marcos como el rostro defensor de los atenquenses, el gobierno -que había eludido durante todo el sexenio confrontarse con los zapatistas- está en una situación difícil, por no decir que en el peor de los mundos: elecciones presidenciales en puerta, grupos subversivos en estado de alerta, tomas de carreteras y bloqueos, decenas de presos de Atenco en huelga de hambre, cientos de zapatistas y simpatizantes urgiendo su libertad, y Marcos en los estudios del "Canal de las Estrellas" y en CNN. El gobierno, pues, está entre la espada y la pared. O entre los machetes y el paredón, para retomar los símbolos. Pero, sobre todo, está frente a Marcos. Sin embargo, el vuelco en los hechos, que es clarísimo, no se ha reflejado aún en el discurso político. Ahí más bien se distingue la resistencia, el temor, el enojo, la rabia, y hasta la rapiña, según sea el caso. Vayamos primero con la reacción de los principales candidatos a la Presidencia de la República y de sus más cercanos colaboradores: Felipe Calderón, del Partido Acción Nacional (PAN), tomó al vuelo los sucesos de Atenco para continuar con la estrategia -iniciada con spots- de vincular a Andrés Manuel López Obrador con la violencia y mantenerlo en el plano de un personaje peligroso para México. No lo hizo con ditirambos. Calderón fue directo en su declaración: Marcos, dijo, "le hace el trabajo sucio" a López Obrador. Y luego agregó: "Yo creo que detrás del pasamontañas está el mismo rostro de intolerancia y autoritarismo que caracteriza a la izquierda violenta y que hoy representa López Obrador". Manuel Espino, líder Nacional del PAN, se manifestó primero preocupado porque se le diera a Marcos un pretexto para reaparecer en la escena nacional (en lo que a su entender eso es lo que el subcomandante deseaba), porque, decía, podría "contribuir a exacerbar ánimos que desencadenen expresiones violentas". Los mexicanos, aseguraba, "no queremos que personajes como él alteren el desarrollo del proceso electoral". Roberto Madrazo, de la Alianza por México (PRI, PVEM), sin ser tan contundente en sus declaraciones como Calderón, va sin embargo en la misma línea. Pidió mano firme por parte del gobierno, bajo el rubro de que "hay que aplicar la ley" y demandar, por supuesto, que se aplique la "ley Cocopa" (lo que podría traducirse en la reactivación de las órdenes de aprehensión contra los zapatistas). Y en ello abundó desde el Senado Carlos Rojas, quien fuera cercano colaborador de Carlos Salinas de Gortari cuando el alzamiento del EZLN en 1994. Andrés Manuel López Obrador, de la alianza Por el Bien de Todos (PRD, PT, Convergencia), reaccionó con cuidado, tratando de evitar primero el tema, pero a fin de cuentas obligado por la situación procuró deslindarse del tema de la violencia, condenando ésta, "venga de donde venga", e insistiendo en que había que resolver los conflictos por la vía pacífica. En cuanto a quienes le atribuyen responsabilidad por lo ocurrido en Atenco, simplemente reviró muy a su estilo: "Son unos vulgares mentirosos". Manuel Camacho Solís, uno de los operadores de las Redes Ciudadanas y ex comisonado para la Paz en Chiapas declaró que "el gobierno federal le está apostando a la polarización social para generar temores entre la población e intentar así favorecer a su candidato", Felipe Calderón. En suma, Calderón y Madrazo procuraron capitalizar electoralmente los sucesos de Atenco endilgándole los hechos de violencia a López Obrador, mientras éste intentaba evadir el tema. Por lo que toca al gobierno federal, y particularmente sobre la figura de Marcos -que, insistimos, ya no se puede disociar del tema Atenco-, la primera reacción de la Presidencia de la República fue de una gran prudencia. En voz de Rubén Aguilar se oyó decir que Marcos puede expresarse de manera abierta, hacer valer sus ideas, manifestar sus desacuerdos, hacer las críticas que considere pertinentes, "pero en el marco de la ley". Y en cuanto a si los zapatistas habían sido parte de la violencia desatada en Atenco, Aguilar también fue cauto y declaró que no percibían que otros actores estuviesen violando la ley. Ahora, durante su gira por Viena, el presidente Vicente Fox respondió a reclamos de simpatizantes zapatistas de los atenquenses. No se refirió a Marcos, pero sí a los sucesos de Atenco y allí sostuvo que el uso de la fuerza policiaca fue "para traer paz a los habitantes (de ese municipio) ante una embestida de violencia". Estas palabras del jefe del Ejecutivo resuenan de manera muy distinta a las primeras declaraciones emitidas por el vocero. Entre tanto, en cuanta entrevista otorga, el subcomandante Marcos se sienta, demanda la liberación de los presos, informa que no se irá de la ciudad de México hasta que esto ocurra, y advierte que "el foco de tensión social no se va a acabar hasta que salgan los presos". Y aquel al que veían desinflado se les ha aparecido como en una pesadilla. |
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