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DE OPINION SOBRE LOS SUCESOS DE ATENCO (11-MAYO-06) |
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LA JORNADA Editorial Las autoridades mexicanas se encuentran ya en medio de un escándalo con repercusiones internacionales por las masivas violaciones a los derechos humanos que vienen perpetrándose desde hace una semana en el contexto de la desmedida represión contra habitantes de San Salvador Atenco. Amnistía Internacional (AI), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro Nacional de Comunicación Social, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la Red Todos los Derechos para Todos y la organización Sin Fronteras, entre otros organismos públicos, sociales e internacionales, han documentado las atrocidades cometidas por efectivos policiales federales, estatales y municipales, así como los atropellos perpetrados contra los detenidos por personal carcelario de los penales de Santiaguito y La Palma, empleados de la procuraduría mexiquense, elementos del Instituto Nacional de Migración, y acaso también por agentes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional quienes, al parecer, participaron en los interrogatorios efectuados a algunas de las víctimas. El clamor que exige investigar y sancionar a los responsables materiales, intelectuales y políticos de la barbarie represiva se ha extendido a diversos ámbitos de la sociedad: organismos humanitarios, universidades, legisladores de ambas cámaras, ciudadanos y hasta medios informativos que hasta hace unos días festinaban el "restablecimiento del orden" en Atenco. Mientras se consolidan y extienden los datos de las agresiones de la fuerza pública, el pretendido sustento legal del operativo termina de disolverse. Las fuerzas gubernamentales detuvieron a más de 200 ciudadanos, golpearon salvajemente a casi todos, con medio centenar de casos de lesiones graves y hasta críticas, agredieron sexualmente a 23 personas cifra documentada hasta ahora y expulsaron arbitrariamente del territorio nacional a cinco extranjeros. A la postre, formularon imputaciones penales contra 189 individuos. Ayer, el juez que ve el caso absolvió a 17 de ellos por falta de pruebas y decretó la libertad bajo caución para otros 144, que quedan acusados únicamente del delito no grave de ataque a las vías generales de comunicación. Los 28 restantes recibieron auto de formal prisión por el delito de secuestro equiparado, supuestamente cometido en febrero y abril, cuando el movimiento de los atenquenses retuvo por unas horas a funcionarios estatales. A ninguno de los 189 se le pudo acreditar el cargo de delincuencia organizada. Por su parte, las dependencias federales supuestamente involucradas en las acusaciones, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Policía Federal Preventiva y la Procuraduría General de la República (PGR), parecen haberse lavado las manos y han brillado por su ausencia en el juzgado mexiquense. La PGR ni siquiera estaba al tanto de las denuncias presentadas en sus propias oficinas por la CNDH por las violaciones y ataques sexuales perpetrados por efectivos policiales durante el traslado de los detenidos. Los datos anteriores ilustran una desproporción pocas veces vista en la de por sí distorsionada procuración de justicia en el país, y hablan de un acto gubernamental ajeno a esa tarea e impulsado, en cambio, por un designio delictivo de escarmentar, aterrorizar y castigar a un movimiento social y a sus integrantes. Independientemente de la opinión que pueda tenerse sobre el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (y sus métodos, resulta inadmisible que los organismos del Estado ordenen agresiones generalizadas y graves contra la población con el pretexto de neutralizar a los macheteros y que, ante el saldo de desastre y el panorama de violaciones a los derechos humanos dejados por las acciones oficiales, las autoridades pretendan esconder la cabeza en "procedimientos administrativos", maniobras evasivas y desganados reconocimientos de que "pudo haber habido" excesos policiales. Las autoridades están rebasadas, en lo legal y en lo político, y son incapaces de manejar las consecuencias del agravio que cometieron. Es hora de que los gobiernos de Vicente Fox, Enrique Peña Nieto y el munícipe de Texcoco se den por enterados del escándalo en cuyo centro se encuentran. La brutalidad represiva no puede perdonarse ni archivarse. Las autoridades que la propiciaron y la toleraron deben enfrentar sus responsabilidades. LA JORNADA Adolfo Gilly Recibo La Jornada de ayer, miércoles 10 de mayo, Día de las Madres. La portada con sus titulares es terrible, y también indispensable. Fotografía: un muchacho herido, esposado a su cama de hospital. "Abu Ghraib", pienso, pero no: es nomás el Hospital Adolfo López Mateos de Toluca, y el herido atado a su lecho con esposas es un estudiante mexicano apresado en Atenco. Después, mi lectura registra los siguientes episodios. 1. Abro el periódico. Encuentro, en la página 16 un desplegado de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados. Se titula: "Por una vida libre y sin violencia para las mujeres". 2. Regreso a la página 3. Los titulares dicen: "Mujeres ultrajadas por policías ofrecieron sus testimonios. Recibe CNDH 16 quejas por abuso sexual y 7 por violación". Encuentro en el texto de esa página párrafos como éste: "De acuerdo con la recopilación de testimonios del personal de la CNDH, las mujeres denuncian que 'las tenían ya hincadas, les ordenaban subirse la ropa de la cintura para arriba, y en los camiones en los que eran trasladadas de Atenco al penal de Santiaguito, los policías les metían mano, las toqueteaban, hurgaban en su sexo, en su ano, y a algunas les introducían objetos. Otras eran obligadas a realizar sexo oral'". 3. Vuelvo al desplegado de la Cámara de Diputados. En su primer párrafo dice: "Con la aprobación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, los diputados de la LIX Legislatura dimos un gran paso hacia la erradicación de cualquier tipo de hechos que atenten contra la mujer". 4. Retorno a la crónica de la página 3 y en otro párrafo encuentro que los visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) registraron: "que un número importante de mujeres violadas o que sufrieron acoso sexual, manoseos y fueron obligadas a hacer sexo oral a los policías, son amas de casa. Hay casos como el de una señora de 50 años que fue obligada a hacer sexo oral a tres policías para que la dejaran libre. Ella, dolida, avergonzada, con el rostro escondido, narra que salió de su casa porque iba a comprarle un regalo a su hijo, por eso los uniformados se aprovecharon de ella. Le dijeron, narra: 'si quieres quedar libre tienes que darnos una mamada a cada uno'. Ella nos comentó que no quería, pero tenía miedo de que la golpearan, como lo habían hecho con otras detenidas, así que tuvo que acceder a hacer lo que ellos querían. Al final, la dejaron irse". 5. En el segundo párrafo de su desplegado, los legisladores comienzan a tutear a la mujer y con enérgico acento le hacen saber: "Para garantizar tu protección y derechos castigaremos con mano firme a quienes ejerzan todos los tipos de violencia de género: sicológica, sexual, física, laboral y de pareja". 6. Retrocedo a la página 5 de esa misma edición de La Jornada. Aparece allí la declaración de Cristina Valls, una de las ciudadanas españolas agredidas y deportadas: "Primero que nada debo decir que sí hubo compañeras que fueron violadas, pero yo no fui penetrada por los agentes policiales. Lo que sí me hicieron durante ese tiempo fue que me tocaron la vagina, los senos, y me introdujeron sus dedos varios policías. Todo esto ocurrió en el autobús que nos llevó de Atenco a la cárcel de Toluca, llamada Santiaguito (...). "En la llegada al penal nos sentamos juntas y ninguna parecía tener pena por lo que les había pasado, al contrario, estábamos todas muy indignadas y cabreadas. Todas coincidimos en que habíamos sufrido abusos sexuales aparte de las palizas. Una dijo que la habían penetrado, luego otra también lo reconoció. Inclusive recuerdo que se hablaba de un chavo que lo había dicho y además hubo testigos que lo confirmaban." 6. Como no está claro si el documento protector de los legisladores ampara a este último caso, abro otra vez la página 16 del periódico y encuentro que en su párrafo tercero y final, el desplegado, siempre tuteando a la mujer, declara: "Porque nos interesa tu porvenir, con esta ley obligamos a los tres órdenes de gobierno a trabajar coordinadamente para atender, sancionar, erradicar la discriminación de género y lograr mayor equidad". Con esta nota altamente tranquilizadora concluye el desplegado. Que la mujer no tema: la LIX Legislatura vela por ella. 7. Algo desconcertado por semejante contrapunto entre ley y realidad, me regresé a La Jornada del día precedente (9 de mayo de 2006). Allí, en la página 7, topé con el testimonio de Valentina Palma, la estudiante de cine chilena golpeada, vejada y deportada. Desde Chile le dice a Blanche Petrich: "Nos llevaron a un costado de la iglesia donde ya había muchos detenidos y nos obligaron a arrodillarnos. Nos seguían golpeando. (...) Me robaron todo: documentos, mi material, la cámara. Luego nos subieron a una camioneta. Me arrojaron sobre unos cuerpos ensangrentados. Uno de los uniformados me ordenó que pusiera la cara contra el piso, pero había un charco de sangre. Como me resistí aplastó mi cabeza con su bota. Ahí empezó el abuso sexual. (...) Me insultaron, me manosearon todo lo que quisieron. Yo era la única mujer. Fue una violación, aunque no hubo penetración. Nos ordenaban permanecer inmóviles. A mi lado había un viejito que gemía y pedía piedad. Su cara era una sola costra de sangre. Traté de tocarlo y me golpearon. No puedo quitármelo de la cabeza, iba muy mal. "Al bajar de los camiones, nos taparon la cabeza y nos hicieron pasar entre dos hileras de policías que nos pateaban (...) Cuando me ingresaron fue cuando vi a las chavas con los pantalones y la ropa interior rotos, llorando mucho. Eramos 25 o 30 mujeres, muchas en shock. Conozco esa reacción, la crisis después de un episodio de violación. Al menos dos sufrieron violación con penetración, aunque nadie pronunciaba esta palabra. Una contó que el hombre que la agredía le ordenó decirle jinete y se burlaba. Las custodias nos preguntaban si habíamos sido violadas, como si supieran." 8. El poblado mexicano de San Salvador Atenco fue tomado por asalto por cuerpos policiales federales y estatales que golpearon a sus hombres, saquearon sus hogares y violaron a sus mujeres. Los policías no se mandan solos. No actúan así si no tienen orden o permiso para hacerlo. Los jefes inmediatos de esos cuerpos, tampoco: acciones militares como ésta se deciden y autorizan desde los altos mandos políticos federales y estatales. No tengo idea de qué harán, ante este desafío, los integrantes de la LIX Legislatura que aprobaron la citada Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y empeñaron su palabra en aquella solemne declaración: "Para garantizar tu protección y derechos castigaremos con mano firme a quienes ejerzan todos los tipos de violencia de género: sicológica, sexual, física, laboral y de pareja". Tal vez no lo pensaron bien, como cuando votaron sin leer la ley Televisa. Ya veremos lo que de ver se haya. LA JORNADA Declaración de tres miembros de esa corporación al Centro Pro Un policía estatal fue quien asesinó al menor en
Atenco VICTOR BALLINAS Y JESUS RAMIREZ CUEVAS El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro presentó ayer un video con entrevistas a tres elementos de la policía del estado de México, quienes aseguran -como publicó La Jornada el 6 de mayo- que ''la bala que quitó la vida al niño Francisco Javier Cortés en San Salvador Atenco, sí fue disparada por un policía estatal''. Los tres agentes -cuya identidad se mantuvo en el anonimato- revelan que en el operativo policiaco del 4 de mayo pasado, ''algunos elementos portaban armas como R-15, escopetas calibre 38 y 9 milímetros; recibimos orden de golpear a todo lo que se moviera, siempre que no nos vieran los medios (de comunicación), y que entráramos a las casas a sacar a la gente que se pudiera''. Al mando de la operación estaba ''el ex comisionado de la Policía Federal Preventiva en el sexenio de Ernesto Zedillo, y vicealmirante de la Armada, Wilfrido Robledo Madrid'', quien como comisionado de la PFP dirigió el desalojo de la Preparatoria 3 y la toma de Ciudad Universitaria, esta última ocurrida el 3 de febrero de 2000. En conferencia de prensa, el Centro Pro proyectó el video de las entrevistas a los tres agentes estatales, quienes sostienen: ''Eramos más de 3 mil 500 elementos policiacos en el operativo, sólo de los policías estatales, aparte los de la PFP. Al mando de nuestro grupo estaba el comandante David Pintado Espinoza; su clave es Zafiro. Estaba toda la comandancia ''Además estaban todos los comandantes de la región, comandantes de agrupamientos y subdirectores de Tlalnepantla, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chalco, Amecameca. Ahí estaban de todas las regiones del estado de México, de los sectores que se derivan. Todos los comandantes que se juntan.'' -¿Cuántos cuerpos participaron en el operativo de los estatales? -preguntó el Centro Pro. -Los sectores, el FAR, Saetas, Caninos, Ases, que es el grupo especial; son los que vimos entrando a los domicilios apuntando a la gente, porque sí traían armas. Ellos siempre andan armados, traen granadas. -¿Cuál es el grupo de choque? -El agrupamiento de tránsito. -¿Hubo policías estatales que iban armados? ¿Qué tipo de armas llevaban? -Siempre que venimos a los servicios nunca nos da tiempo de desarmarnos. Nada más nos dicen, apúrense, que vamos a un servicio, y venimos siempre armados; el arma la ocultamos en el pantalón y la camiseta para que la gente no se dé cuenta que venimos armados. Cargamos armas R-15, escopetas y 38, es el armamento con el que cuenta la dirección, pero también hay pocas armas 9 milímetros. En esta ocasión había gente armada. -Cuando ya entran a San Salvador, ¿cuál fue la instrucción?, ¿por quién iban? -Primera, era disolver a la gente que estaba ahí y que no dejaba entrar a todo el personal a la plaza principal. Después ya viene la orden, salió del gobierno, de los comandos que tenían que entrar a las casas; nosotros era entrar y dispersar a la gente. -¿A los que se encontraban en la plaza? -Sí, en las entradas. Pero nunca existe un control de lo que se llega a hacer a los domicilios; a veces en los desalojos todo el personal llega a saquear, busca qué encuentra: dinero, una joya, todo lo que se pueda echar al pantalón y no se perciba. En este caso, la federal entró y empezó a saquear, así con otro personal de la del estado, no nada más la federal. -¿Quiénes fueron los que entraron a hacer los cateos? -La policía del estado. -¿Cómo sabían a qué casa llegar? -Hubo habitantes del pueblo que fueron señalando los domicilios donde se percataron que entraron estudiantes a esconderse. También fueron señalando a los líderes, a personas del grupo; además, con ayuda de helicópteros se nos iba diciendo más o menos dónde se escondía la gente. -¿La instrucción era detener a la gente que había participado con los líderes? -No, a todo lo que se moviera. Porque inclusive se detuvo a mucha gente que no tenía nada que ver. Algunos iban a trabajar, otros estaban en sus bicicletas nada más viendo; también se les subió. A toda la gente que se encontraba en la calle y a los que fueron sacados de sus domicilios. -Cuando ya habían tomado control de la plaza y empiezan a entrar a los domicilios, ¿cuál es el papel del grupo de choque? -El grupo de choque siempre repliega a la gente, es lo único que siempre hace. En este caso la consigna ya era entrar a los domicilios y sacar a la gente que se pudiera. Inclusive nos tocó sacar gente que aún se encontraba durmiendo. Jóvenes que estaban dormidos, los agarrabas y los sacabas. Esa era la orden. Asegurar a todo tipo de gente y asegurarla, ya no importaba si eran líderes o no, ya no buscaban quién la hizo sino quién la pagara. De hecho, ni nosotros conocemos a los líderes. Yo creo que por eso hay tanta gente asegurada. -¿Cómo se llevaban a cabo los cateos? -Rompiendo chapas, forzándolas, y entrábamos al domicilio a sacar a las personas, a golpear, a agarrarlas a toletazos, patadas, asegurarlas y subirlas a las pick up. En algunos domicilios se les apuntó a las personas y les dijimos que no se movieran. Las señoras son las que más querían defender a sus esposos y a sus hijos; en algunos domicilios hubo disparos. -¿Les autorizaron a usar las armas? -La autorización en sí, no; simplemente nos dejaron las armas y si corrían peligro nuestras vidas, pues sí, sí las podíamos usar, que las usáramos. En este caso fue para amedrentar a la gente que no quería dejar que nos lleváramos a sus familiares. Esta gente no estaba armada, nosotros sí entrábamos con armas. -¿Y el niño que murió? -Fue por un impacto de 38 especial. -¿ Y esa arma quién la utiliza? -Nosotros, la policía estatal, y fue un compañero el que disparó. -¿Le disparó al menor al calor de los hechos o fue de manera directa? -De manera directa. Ya que el niño lo estaba descubriendo que estaba escondido; dijo que había un policía estatal y éste sacó el arma y le disparó. -¿Qué orden les dieron para iniciar el operativo en Atenco? -El comandante nos recoge de los servicios que estábamos cubriendo. Nos dice que teníamos que ir a apoyar al personal que se encontraba en el servicio. Estábamos esperando órdenes para ver si entrábamos en la tarde (del día 3) o en la noche. -¿Cuál fue la instrucción para avanzar hacia San Salvador? -Nada más nos estaban moviendo, no nos habían dado la información, qué problema, en qué consistiría el operativo. Hasta en la noche nos enteramos que era por unos comerciantes de Chapingo. -¿Cuando avanzan qué orden les dan? -Nos quitaron de Chapingo, nos llevaron a otro punto, porque nos dijeron que ya estábamos muy vistos; nos dice el comandante 'ya estamos muy vistos, vamos a quitarnos y a escondernos'. Se salió de la carretera como a 10 minutos por un lado de la región de Texcoco, más allá del Limón. Ahí todo el personal se reunió y esperamos a que llegara más personal de Toluca y otras subdirecciones. -¿Cuándo avanzan? -Ibamos a entrar en la madrugada, que fue cuando llegó casi todo el personal de Toluca con varios camiones y unidades, pero como ya era de noche y empezó a llover lo suspendieron para entrar en la mañana del día 4. La orden era entrar al cuarto para las seis, pero en lo que se juntó el personal y nos empezamos a reunir, entramos a las seis. En la larga entrevista los poli-cías dicen que quisieran decirle a la gente que ''me indigna, me da vergüenza todo lo que sucedió. Ya viendo todo en la televisión, la verdad sí es indignante lo que vi, lo que se hizo a ese pueblo, ya que después de todo también somos seres humanos. Hay muchos excesos que no deberían haber pasado. Que la gente esté consciente de que son órdenes de los mandos de arriba. A nosotros nos obligan a hacer ese tipo de trabajo. Al gobierno le quisiéramos decir que ya no es la forma de gobernar, de reprimir a la gente. Que nos den capacitación, pero profesional''. LA JORNADA Piden ONG renuncias de Peña Nieto y otros funcionarios El Estado, responsable de los hechos de Atenco: Centro Pro JESUS RAMIREZ CUEVAS Y VICTOR BALLINAS Organismos de derechos humanos demandaron la renuncia de Enrique Peña Nieto, gobernador del estado de México, así como las del procurador Abel Villicaña; Wilfrido Robledo, comisionado de la Agencia Estatal de Seguridad Pública, y de Eduardo Medina Mora, secretario de Seguridad Pública federal, por su "responsabilidad en el uso excesivo de la fuerza pública" y los abusos policiacos cometidos en Texcoco y San Salvador Atenco. "Hay una responsabilidad compartida del gobierno estatal y federal, porque el Consejo de Seguridad Pública del estado sesionó para diseñar el operativo policiaco conjunto del 4 de mayo", afirmó Edgar Cortez, de la Red Todos los Derechos para Todos. En dicha reunión participaron el secretario general de Gobierno, Humberto Benítez; Wilfrido Robledo, Eduardo Medina Mora y Ardelio Vargas Fosado, jefe del Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva (PFP). En conferencia de prensa, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez presentó su Informe Atenco, que da cuenta de las violaciones a los derechos humanos de los pobladores, como allanamientos de morada, golpes, detenciones ilegales y arbitrarias, agresiones sexuales y otros abusos de policías estatales y federales. "Hay una responsabilidad del Estado, no se puede alegar que sólo fueron funcionarios menores o policías los responsables de estos hechos", aseveró David Velasco, director del centro. También se presentaron fotografías de los destrozos a las casas y se mostró un video con el testimonio de tres policías estatales que participaron en el operativo en Atenco. Los abogados Luisa Pérez Escobedo y Santiago Aguirre; Héctor Guerra, de Amnistía Internacional México, Velasco y Cortez, señalaron que "mal empieza" la elección de México como miembro fundador del nuevo Consejo de Derechos Humanos de la ONU, "mientras en el país sigue la preocupación por los acontecimientos de Atenco", que dejaron un saldo de un muerto, 200 detenidos, innumerables heridos y golpeados, además de varios policías lesionados. Los representantes de organismos de derechos humanos exigieron la liberación de todas las personas detenidas. Demandaron a los jueces que llevan el caso tomar una decisión "apegada a derecho, fundada en el irrestricto respeto al principio de presunción de inocencia". También demandaron "el esclarecimiento de los hechos mediante una investigación independiente, imparcial y pública de lo ocurrido", acompañada de "un informe oficial de las autoridades involucradas". Tras presentar pruebas y testimonios de las ilegalidades y abusos cometidos por la policía el 3 y 4 de mayo en Texcoco y Atenco, el Centro Pro señala que "el análisis de lo ocurrido muestra un uso excesivo de la fuerza pública, no ceñido a los principios de proporcionalidad, razonabilidad y absoluta necesidad, lo que se tradujo en violación masiva a derechos humanos, presentándose detenciones arbitrarias, allanamientos, privación arbitraria de la vida, agresiones y violaciones sexuales, así como violaciones procesales. Podemos afirmar que la actuación de las corporaciones policiacas estatal y federal, el día 4 de mayo, tuvo orden expresa de detener indiscriminadamente a cualquier persona y allanar moradas sin ningún respeto por los derechos fundamentales. La fuerza pública buscó cobrar venganza por los hechos del día anterior". El informe del Pro contiene un recuento pormenorizado de los antecedentes del conflicto social en Atenco, tras el intento de construir un aeropuerto en la región; el acuerdo político entre el gobierno mexiquense y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra en 2003, y el problema de los floricultores en Texcoco. Con una cronología detallada y el testimonio de las víctimas, se documentan cada una de las ilegalidades cometidas. Del operativo policiaco del 4 de mayo, el informe señala que "si bien las circunstancias podrían justificar la necesidad del uso de la fuerza pública -para la liberación de policías retenidos-, se demuestra que hubo un excesivo uso de la fuerza pública". El testimonio de la joven estudiante Susana lo confirma: ''La mañana del 4 de mayo, cuando empezaron a aventar bombas con gas lacrimógeno, la gente ya no tenía fuerza para resistir, los granaderos avanzaban hacia nosotros, así que corrimos y vi que de una casa abrieron las puertas; ya iba un muchacho herido (Alexis Benhumea) que iba sangrando, lo habían golpeado con una bomba que le pegó en la cabeza y su papá lo acompañaba (...) La policía entró con gritos, insultos; yo escuchaba que decían 'putas con que sus pinches bombitas que estaban haciendo ¿eh?' Escuché a otras compañeras de la universidad que gritaban que no las golpearan, luego escuché tres disparos...'' Violando la Constitución y la legislación internacional, ''la mayoría de los detenidos el 4 de mayo fue privada arbitrariamente de su libertad''. Así lo corrobora Rosa, de 27 años: ''Encerraron a la familia en un cuarto, tenían a niños y una mujer embarazada, gasearon, rompieron los vidrios. César del Valle estaba adentro, lo sacaron, encañonaron a dos muchachos, les cortaron cartucho y de ahí se llevaron a tres hermanos y brutalmente los golpearon. A las personas de la casa las volvieron a encerrar y a gasear... Ahí, sin orden de aprehensión ni de cateo se llevaron a los muchachos y la casa quedó destrozada (...). Fue algo inhumano''. Las policías estatal y federal ''irrumpieron violenta e indiscriminadamente en domicilios de la población. Con ello las autoridades violentaron el derecho a la intimidad y la inviolavilidad del domicilio''. Mariana, ama de casa de 32 años, relata: ''A las ocho de la mañana se congregaron (los policías) alrededor de la casa (...) Entraron y destrozaron todo (...). La policía se llevó a mi esposo (...) Entraron al cuarto y mis hijos empezaron a gritar (...) La policía los vio, les apuntó con sus armas". Según la mamá de Indalecio, de 60 años, ''nos atacaron sólo por ser de la familia de Nacho (Del Valle). Tengo una hija con su bebito; ahí estábamos con ella; ya nomás fue ella que les dijo 'sálganse porque aquí hay puros niños'. Cuando vi ya estaban apuntando por las ventanas. ¿Cómo dice el gobierno que no traen armas?, cómo no van a traer armas, sí las traían, golpearon a mis hijos. ¿Por qué el helicóptero rodeándonos?, ¿qué somos? No somos delincuentes, somos gente pacífica". El informe describe que al ser remitidas a Santiaguito, las personas detenidas ''fueron maltratadas y violados sus derechos''. Como cuenta Fernando, campesino de 24 años: "Nos bajaron del camión y al entrar al reclusorio nos siguieron golpeando. Nos hicieron pasar por una fila de policías que nos siguieron golpeando, nos daban con sus toletes. No nos dejan hacer llamadas (...) a nuestros familiares les niegan el paso, nos tienen a 15 en cada cuarto". A los detenidos se les ''violaron sus derechos a un debido proceso legal: fueron incomunicados, no tuvieron acceso a sus abogados, no conocieron la acusación hecha en su contra, declararon sin asistencia letrada y permanecieron en incertidumbre jurídica". LA JORNADA El primer paso, ''vencer el miedo'', aseguran Inicia el FPDT proceso de reagrupación y unidad San Salvador Atenco, Mex., 10 de mayo. Miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) comenzaron un proceso de reagrupación mediante asambleas en domicilios particulares y un plantón permanente en la Casa Ejidal, en apoyo a sus compañeros presos. Al mismo tiempo, en Texcoco, resultó un fracaso la convocatoria que se acordó el pasado sábado en la asamblea popular de organizaciones solidarias con el FPDT, realizada en Atenco, para que acudieran a comprar flores a los productores como una acción de protesta. Sólo algunas personas acudieron al llamado. Integrantes del movimiento atenquense, quienes consideraron que "el primer paso" de su jornada de lucha "es vencer el miedo", dieron la cara con voz temblorosa y semblante desencajado. Una vez en las instalaciones ejidales conformaron comisiones. Una partió hacia Santiaguito a llevar líquidos, miel, suero y caramelos para sus compañeros presos y en huelga de hambre. Otra comisión instaló un equipo de sonido desde el cual diversos oradores llamaron a la comunidad a participar en apoyo a los detenidos y se emitió música. Algunas mujeres se dedicaron a preparar alimentos con la donación voluntaria de verduras, sopas y diversos víveres. Los integrantes del FPDT, que pidieron omitir sus nombres, revelaron que al menos 50 de sus compañeros que no fueron aprehendidos idean estrategias y acciones para su reagrupación y resistencia. "Lo primero que estamos logrando es vencer el miedo y llamar a los compañeros que aún se encuentran en el pueblo a volver a unirse, a reorganizarse". Sin embargo, ninguno de los dirigentes del movimiento atenquense, como David Pájaro, Adán Espinoza, Bernardino Cruz o América del Valle, de quienes se sabe que oficialmente no se encuentran detenidos, han hecho acto de presencia ante el riesgo de aprehensión. Otros miembros se dieron a la tarea de realizar periódicos murales. En la fachada de la Casa Ejidal fueron pintadas este miércoles reproducciones de los cartones de los moneros de La Jornada, Rocha y Hernández. Un integrante del FPDT narró cómo la mañana del jueves 4 de mayo, tras el ingreso a la plaza municipal de las fuerzas federales y estatales, logró huir y refugiarse en una vivienda. "Al ver que la policía estaba en nuestras calles, lo que hice fue correr y refugiarme en uno de los salones de la Casa de la Cultura, pero al ver que la mayoría de mis compañeros también se refugiaron aquí, lo que hice fue salirme y escapar por la calle Hidalgo. Me di cuenta que estábamos rodeados, porque al dirigirme hacia el panteón vi una valla de granaderos. Lo que hice fue meterme en una de las callecitas e intentar entrar a cualquier casa, hasta que lo logré. Fuimos seis a los que una familia ayudó. Desde este lugar escuchamos los destrozos que causó la policía en las viviendas cercanas que fueron cateadas'', recordó. Durante siete horas permanecieron en una bodega, y después en uno de los cuartos de la casa; a las 14:30, una vez que la fuerza pública se replegó en el centro de la comunidad, los miembros del frente atenquense lograron huir. Hoy, a una semana de los enfrentamientos, en Atenco abrieron la mayoría de los comercios y la población transitó por las calles taciturna y buscando la normalidad. LA JORNADA ''Ni encerradas nos vamos a callar'': detenidas Informe del Centro Pro sobre Atenco. En la gráfica, Luisa Pérez
y Edgar Cortez Foto Marco Peláez Era el primer contacto con el mundo exterior tras una semana de estar casi incomunicadas en Santiaguito, donde las recluyeron tras su detención en Atenco, el miércoles y jueves pasado. "Quisiera que alguno de ustedes hubiera estado en nuestros zapatos sólo unos minutos para que vieran la brutalidad con que fuimos tratadas; minutos que para nosotros fueron horas en las que nos violaron, nos golperaron y nos robaron", decía otra reclusa, quien dijo haber sido víctima del abuso sexual de los "perros que nos trasladaron a Toluca". Kent Lueders Monsiváis, joven alemán naturalizado mexicano, quien se encontraba en Atenco para realizar un trabajo el pasado 3 de mayo, denunció: "Nos acaban de cambiar la ropa, nos pusieron estos trajes azules antes de venir a la rejilla. ¿Por qué no nos dejaron las ropas ensangrentadas, las que traíamos desde que fuimos brutalmente golpeados? ¿Acaso será porque están llenas de sangre?" Lorena Camacho, hermana de Damián, académico detenido
Foto Carlos Ramos Mamahua El personal del juzgado, atónito, continuaba con la lectura de los autos, a pesar de las consignas que se escuchaban tras las rejas. Los abogados defensores, incrédulos leían carta tras carta que les entregaban en mano sus "compañeros encarcelados". Muchas misivas refrendaban la versión de los excesos cometidos por la policía. "Cuando me subieron al camión me tomaron fotos y de inmediato me manosearon los pechos, me tomaron de la cara y me metían los dedos a la boca, querían que los chupara, me obligaron a hacerles sexo oral a tres personas que me mancharon de semen el suéter, otros se masturbaban, al final me amenazaron que si yo decía algo me iban a romper la puta madre", relata Gabriela, en una carta manuscrita que le entregó a su abogado defensor. Otras confirmaban que por lo menos 14 permanecen el huelga de hambre. Entre ellas se encuentran María Patricia Romero, a quien le fue dictado auto de formal prisión; Edith Rosales Gutiérrez, que corrió con la misma suerte; Bárbara Italia Méndez Romero, quien alcanza fianza, y Mariana Selvas Gómez, que repetía: "Ni aquí adentro nos van a callar". Sus compañeros las apoyaban. Argumentaban que su único delito era pensar y defenderse de los abusos. De repente, uno soltó: "Que digan dónde están los muertos, los que fueron a tirar a los ríos como animales. Que cuenten cómo nos detuvieron, cómo nos apilaron en los camiones de granaderos, en camionetas pick-up, donde se nos terminó de poner en la madre; aquí en el penal fuimos asaltados. Nos volvieron a golpear. Todo fue una estrategia para meternos en la cárcel; el sistema de gobierno está temblando, por eso nos tratan así". LA JORNADA Ataque a vías de comunicación y secuestro, los cargos Formal prisión a 172 de los 189 detenidos en Santiaguito
Almoloya de Juárez, Mex., 10 de mayo. El juez segundo penal de Toluca, Jaime Maldonado, con sede en el penal de Santiaguito, dictó auto de formal prisión a 172 de las 189 personas detenidas la semana pasada en los operativos policiacos de Atenco y Texcoco, por considerar que existen elementos suficientes para procesarlos por ataques a las vías de comunicación y secuestro. No obstante, absolvió a todos por delincuencia organizada, al no existir pruebas de su responsabilidad. Maldonado Salazar concedió fianza a 144 personas señaladas por ataques a las vías de comunicación, por lo que una vez que se cubran las cauciones, de aproximadamente 24 mil pesos cada uno, podrán abandonar el penal, lo que se espera suceda en las primeras horas de este jueves. A otros 17, en su mayoría estudiantes de Chapingo y de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, así como reporteros detenidos en Atenco, se les decretó auto de libertad, al no tener responsabilidad en la comisión de delincuencia organizada, secuestro equiparado y ataques a las vías de comunicación. Sólo 28 quedarán en prisión al estar acusados de secuestro equiparado, por la retención de servidores públicos el 3 de mayo. Entre ellos se encuentran el líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Ignacio del Valle; su hijo César del Valle, y Felipe Alvarez. El primero y el tercero se encuentran recluidos en La Palma. Abogados de los procesados consideraron esta resolución "una mancha para el sistema jurídico mexicano", ya que el juez, acusaron, actuó bajo consigna privilegiando los intereses políticos y de venganza del gobierno estatal y federal sobre los argumentos jurídicos. Anunciaron que esta semana promoverán amparos directos ante la justicia federal contra los autos emitidos este miércoles, ya que no confían en las autoridades estatales, que "parece están al servicio del Ejecutivo". Afuera de los juzgados de Toluca, a un costado de Santiaguito, familiares de los encarcelados decían: "Son chivos expiatorios porque no hay pruebas para sustentar las acusaciones". Nombres Las 17 personas que no tienen responsabilidad en ninguno de los tres delitos que les fincaba la procuraduría son Nassir Sleeman López; los hermanos Kent y Dierk Lueders Monsiváis, ambos alemanes naturalizados mexicanos; Arturo Manuel González Rosas; Rafael Renato Balderas, de la ENAH; los estudiantes de Chapingo Diana Elisa Jiménez Santiago, Miguel Ángel Cortázar Valencia, Luis Daniel Magadad Revelo y María Fernanda Martínez Moreno; Luis Cristóbal Martínez Reyes, Adán Cortés Espejel, Edgar Santiago Navarro, Luis Miguel Dimede Gómez, Isaac Ramírez Espinosa, Juan Rodríguez Altamirano, Juan Rangel Rodríguez Zavala y Bernardino Agustín Llave Olivares. Los que quedarán en prisión en Santiaguito son: Alejandro Pilón Zacate, Edgar Eduardo Morales Reyes, Jorge Alberto Ordóñez Romero, Juan Carlos Estrada Cruces, Narciso Arellano Hernández, Oscar Hernández Pacheco, Pedro Reyes Flores, Román Adán Ordóñez Romero y Julio César Espinosa Ramos, por su probable responsabilidad en secuestro equiparado en agravio de la libertad y seguridad de nueve servidores públicos. También permanecerán encarcelados César del Valle, David Medina Neri, Edith Rosales Gutiérrez, Cecilio Ramírez Durán, Rufino González Rojas, Arnulfo Pacheco Cervantes, Magdalena García Durán (mazahua que vendía verduras en Atenco), Jorge Armando Ramírez, Martín Garrido Romero y Guillermo Selvas Pineda, Mariana Selvas Gómez, Zuelen Gabriela Cuevas Jaramillo y Vicente García Munguía, por ser probables responsables en el delito de secuestro equiparado de siete servidores públicos. Asimismo, los floricultores Arturo Sánchez Romero, Raúl Romero Macías y María del Pilar Romero Hernández, quienes estarán sujetos a proceso por ultrajes, lesiones y portación de arma prohibida. Quedarán encarcelados en La Palma: Ignacio del Valle y Felipe Alvarez, quienes enfrentan tres causas penales por secuestro equiparado y una compartida por el delito de ataques a las vías de comunicación. A estas dos personas se les notificó por la noche del auto de formal prisión. Otro de los aprehendidos que enfrenta causa por secuestro equiparado es Héctor Galindo. Estos detenidos no alcanzaron fianza, al estar acusados de delitos graves y, en el caso del secuestro, podrían alcanzar hasta 60 años de prisión. LA JORNADA Insultos, amenazas, golpes y ultrajes sexuales, prácticas de policías mexiquenses Estudiantes presas narran abusos Presas en el penal de Santiaguito, dos estudiantes detenidas durante el operativo policiaco del pasado 4 de mayo en San Salvador Atenco narran las vejaciones y agresiones sexuales a que fueron sometidas por policías estatales y federales. Abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez obtuvieron este testimonio que da a conocer La Jornada. A petición de las víctimas, se omite su identidad. Su denuncia evidencia el sadismo y la crueldad con que los agentes del orden sometieron a los detenidos ese día, sobre todo a las mujeres, muchas de las cuales sufrieron abuso sexual y hasta violaciones. Lorena, estudiante universitaria de 22 años, cuenta que cuando la policía estatal y federal ocupó Atenco, se refugió con otras personas en una vivienda: "A las 8.30 de la mañana nos encontrábamos escondidos en una casa siete hombres, dos mujeres y un niño de 14 años. Llegaron 15 granaderos insultándonos. Golpearon al niño, que trataba de cambiar su camisa porque estaba impregnada de gas lacrimógeno; entre varios lo golpearon hasta dejarlo ensangrentado. "Empezaron a golpearnos con las macanas en la cabeza. Me empezaron a hacer tocamientos en ambos senos y nalgas. De pronto sentí que una mano tocaba mis genitales e introducía sus dedos en mi". Les ordenaron ponerse de pie y dos mujeres policías los filmaron e interrogaron sobre sus datos personales. "A cada pregunta y respuesta nos daban una cachetada", explica Lorena. "Siguieron los golpes y nos ordenaron salir de la casa. Nos mantuvieron en una banqueta. A un compañero lo golpearon brutalmente entre más de cinco policías. A otra compañera le hacían tocamientos en los senos. Como estaba al final de la fila, me dieron golpes con la macana en las costillas. El dolor era terrible, y aunque prefería no agacharme, me volvían a golpear para que me doblara. "Nos subieron con la cara tapada a un camión, no recuerdo de qué color era. Nos ordenaron acostarnos uno encima del otro, amontonados. Fui la última en entrar, por lo que quedé mero arriba, boca abajo. "Un policía, creo que era comandante, me preguntó de dónde era. Le respondí y le gritó a otro: 'Mira, esta perra es de ...'. Su compañero me jaló de los cabellos y me empezó a dar cachetadas hasta hacerme sangrar (...). El policía me decía: 'te vamos a hacer lo mismo que le hicieron a nuestro compañero'. Luego escuché a otro policía que le dijo: 'ya déjenla'. En eso cerraron la puerta del camión (tipo Van) donde nos tenían y uno dijo: 'a esta perra hay que hacerle calzón chino', y me empieza a jalar la pantaleta. Se da cuenta que estaba en mi periodo de menstruación, porque tenía una toalla sanitaria. Le gritó a otros policías: 'Miren, esta perra está sangrando, vamos a ensuciarla un poquito más'. Sentí cómo introdujo violentamente sus dedos en mi vagina repetidamente hasta el cansancio. Yo ya no estaba bien, pero me acuerdo que decía: 'Dios mío, qué me van a hacer'. "Nos ordenaron entrar a otro camión. Busqué el primer asiento detrás del conductor. Apenas me senté me gritaron 'ni madres, no merecen estar sentados, se van a ir hincados', y nos hicieron agachar la cabeza. La forma de contarnos era dándonos un golpe con la macana en la cabeza. Si alguien se quejaba del dolor, porque las rodillas y las piernas se adormecían, venían y te daban otro golpe. "Subieron a más mujeres, escuchaba sus gritos, decían que no las tocaran. Los policías gritaban: 'gime perra, gime como una puta'. "Me di cuenta que el compañero que venía a mi lado, encapuchado, estaba inconsciente. Cuando despertó, empezó a quejarse de dolor. Llegaron a golpearlo nuevamente y le decían: 'tú no llegas al penal, pendejo, te vamos a bajar antes'. Cada vez que se quejaba, volvían nuevamente a golpearlo. "Yo le decía que mejor no se quejara, que se callara (...) y vinieron a golpearnos a los dos. Uno me pisó la cabeza hasta que me topé con el piso. Ahí se quedó y luego intentó introducir su mano por mi trasero, pero me apreté entre el asiento de adelante y el mío. Entonces el policía sólo me golpeó las nalgas y se fue. El trayecto duró de tres a cuatro horas". Al llegar al penal de Santiaguito los formaron, pero el martirio de Lorena y sus compañeros continuó: "Un policía empieza a patear detrás de mis tobillos a fin de abrirme las piernas, empalma sus genitales en mi trasero. Sentí que ya estaba excitado y me toca de nueva cuenta mis senos. Otro policía le dice: 'ya déjala, acá está la prensa'. El policía le responde: 'pero si apenas me empiezo a divertir', luego se separa y dice violentamente: 'chingada madre', y avienta mi cabeza contra la pared. "Nos ordenaron pasar en medio de filas de policías. Fue horrible: nos insultaban, me golpearon con sus macanas en la cabeza y costillas, me pellizcaron los senos y las nalgas. Cuando me revisaron, me dijeron que tenía desgarre vaginal y una infección. De medicamento sólo me dieron un óvulo". Otro testimonio Claudia, estudiante de 19 años, también relató a los defensores de derechos humanos su traumática experiencia: "Estaba en el centro de Atenco. Fui con mi pareja a fotografiar y a grabar lo que estaba pasando. De pronto llegaron los policías y aventaron bombas de gas lacrimógeno. La gente empezó a correr. Nos refugiamos en una casa al lado de la casa de cultura, entramos como cuatro o cinco personas. Uno iba herido por un petardo (...). Tomé fotos de todo lo que veía. "De pronto irrumpieron en la casa (...) Cuando nos vieron a mí y a mi pareja con las cámaras y la grabadora, se fueron contra nosotros. Nos decían: 'con que ustedes son los chismositos, hijos de puta', y nos empezaron a golpear con sus macanas. Nos hincaron boca abajo. A mí me hicieron tocamientos en los senos, me apretaban y me pellizcaban. Luego nos ordenaron subir a una camioneta con las camisetas sobre los rostros. En eso me bajaron el pantalón junto con la pantaleta y me hicieron tocamientos. Nos encimaron uno sobre otro. Quedé mero abajo y sentía que me faltaba aire y aún así me alcanzaron a golpear... "Luego nos ordenaron sentarnos. Seguía con la camiseta sobre mi rostro, por lo que tenía al descubierto el brassier. Me lo empezaron a jalar y me pellizcaron; sentí que me mordían los senos. Nos gritaban que las viejas éramos 'unas pendejas', 'unas putas'. Uno decía: 'mira cuánta vieja, ¡qué rico!'. "Cada vez que me tocaban, escuchaba que le decían a mi pareja: '¿así te la coges, cabrón?' Cuando vieron que tenía un tatuaje en mi espalda se ensañaron más (...) Iba hincada con la cara agachada y las manos atadas atrás. El camino duró como cuatro horas. En ese tiempo también sentí que un policía quería meter su mano en mis partes, pero no me dejé, me moví todo lo que pude (...) Desde atrás me empezó a patear en mis genitales. Escuchaba que mujeres extranjeras iban gritando 'ya déjenme'. A todas nos decían: 'tú vas a ser mi puta para siempre', o 'así le va a pasar a tu mamá'. "Cuando llegué la penal, me di cuenta de que a las jóvenes les había ido peor y que a las señoras las habían golpeado con más saña. A mí sólo me dieron medicamento para el dolor". LA JORNADA En 24 horas sólo recibió una llamada de 3 minutos Valentina Palma deplora atención del cónsul chileno
LAURA POY SOLANO Las paredes de las casas de San Salvador Atenco han sido usadas para
manifestar el malestar de la gente por la represión y designar
al responsable Foto Marco Peláez "Se nos dejó en un estado de indefensión", afirmó, "porque si te están violando tus derechos en un país que no es el tuyo, esperas mínimamente que el cónsul esté ahí para representarte y hacer algo, pero nunca lo hizo, porque si la atención consular implica una llamada telefónica de tres minutos, eso fue lo que recibimos. "Nos preguntaron datos personales, si estábamos vinculados con algún movimiento y si queríamos comunicarnos con algún familiar, cosa que es absurda, porque fueron nuestros familiares quienes se comunicaron para avisarles de nuestra situación." Postura oficial Un comunicado del gobierno de Chile, fechado el 9 de mayo y difundido ayer, señala que en la mañana del 5 de mayo el Instituto Nacional de Migración "comunicó a este consulado que la connacional Palma Novoa y Mario Alberto Aguirre Tomic, este último sin documentación de identidad, pero que manifestara ser de nacionalidad chilena, se encontraban a disposición de la estación migratoria de la delegación Iztapalapa". Por lo anterior, continúa el documento, el cónsul general, José Cataldo, "tomó inmediato contacto con las autoridades de la estación migratoria, a fin de comunicarse telefónicamente con ambos detenidos, pudiendo confirmar su situación luego de la conversación sostenida con cada uno. La motivación del cónsul general fue ofrecerles ayuda humanitaria y personal". Por ello concluye que "desde que este consulado general tuvo conocimiento por parte de las autoridades mexicanas de la detención de Palma Novoa y Aguirre Tomic, se les prestó toda la asistencia consular establecida en el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, velándose por el respeto a sus derechos, así como que la determinación adoptada en relación con su situación migratoria se llevara a cabo dentro del debido proceso." En entrevista telefónica desde Santiago de Chile, Palma Novoa afirmó que al rendir su declaración en la estación migratoria de Iztapalpa "recibí una llamada del cónsul en la que me preguntó mis datos personales y cuál era mi estado de salud. Me dijo que iba a velar porque todo el proceso se realizará de forma adecuada, pero en realidad no fue así". La estudiante chilena destacó que fueron sus familiares quienes estuvieron en contacto con el cónsul y le informaron que había un recurso de amparo ante una posible deportación, "pero en ningún momento se presentó en los lugares de nuestra detención, aunque estaba informado de que fuimos trasladados al penal de Almoloyita y después a la estación migratoria, no pudo conocer cuál era nuestro estado de salud y velar que el proceso fuera legal". A diferencia del cónsul español, afirmó, quien acudió a la estación migratoria para entrevistarse con sus connacionales, "me llama mucho la atención que si se gastaron más de 7 millones de dólares en el proceso para expulsar a Augusto Pinochet de Inglaterra, al cónsul chileno no le costó absolutamente nada gastar en un boleto de Metro o en gasolina para su auto e ir a ver cuál era el estado de dos compatriotas detenidos. "En la única llamada telefónica que recibí -manifestó-, el cónsul me preguntó qué andaba haciendo en Atenco. Le dije que grababa un video documental y que no tengo ninguna conexión política con ningún tipo de organización en México; se lo asegure, pero después de eso no supe nada de él". Afirmó que solicitará a la cancillería chilena que se pronuncie respecto de estos abusos y que se esclarezca el clima de hostigamiento que afecta "a compañeras chilenas en México, quienes han comenzado a recibir mensajes telefónicos amenazantes". |
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