ARTÍCULOS APARECIDOS EN LA JORNADA DEL 30-06-05 RELACIONADOS CON LA GUERRA SUCIA Y LOS DESAPARECIDOS EN MÉXICO

El expediente fue integrado en la DIPD durante el gobierno de Luis Echeverría

Partes policiacos prueban la participación oficial en la desaparición de guerrilleros
JESUS RAMIREZ CUEVAS / I

"Yo sé que a la larga ustedes van a ganar, pero yo voy a hacer hasta lo imposible por retrasar ese momento", dijo sin titubeos, amenazante, Miguel Nazar Haro, entonces subdirector de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS). Lo escuchaba José Luis Moreno Borbolla, militante de la Liga Comunista 23 de Septiembre, en un interrogatorio mientras se encontraba desaparecido en manos de la policía política del régimen de Luis Echeverría Alvarez.

La escena ocurrió en junio de 1975, en plena guerra sucia, en las oficinas del general Daniel Gutiérrez Santos, titular de la Dirección General de Policía y Tránsito del Distrito Federal (DGPT).

Un expediente elaborado por la Dirección de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia (DIPD) de esta dependencia, ahora en manos de La Jornada, contiene las fichas y placas de 27 guerrilleros, 25 de los cuales fueron fotografiados en los separos del cuartel del Batallón de Granaderos de Tlatelolco, entre mayo y agosto de 1975. Ahí aparecen registradas 10 personas que están reportadas como desaparecidos políticos. Sus fotos son prueba de que fueron detenidos antes de desaparecer en cárceles clandestinas.

El expediente lleva el logotipo de la DGPT y carece de sellos y de firmas, pero este diario verificó su autenticidad con distintos testigos y fuentes.

José Luis Moreno es uno de los guerrilleros que aparecen en el documento. Fue desaparecido político durante un mes, pero sobrevivió y estuvo encarcelado durante cuatro años. Había caído en manos de la DFS el 19 de mayo de ese año. Desde ese momento fue sometido a brutales torturas dirigidas y ejecutadas por José Salomón Tanús -que comandaba a la DIPD- en las caballerizas del Campo Militar Número Uno, donde permaneció hasta el 16 de junio.

Este torturador tenía fama de cruel y de un proceder salvaje: "Yo soy Salomón Tanús, el que te puede dar o quitar la vida; si quieres vivir tienes que hablar", una frase que todavía recuerda Mario Alvaro Cartagena López, militante de la liga detenido y torturado tres años después en el mismo lugar.

"El bueno"

Miguel Nazar Haro completaba la "labor investigadora" de Tanús. Esos días interrogó personalmente muchas veces a José Luis Moreno, pero no recurrió a los golpes, "prefirió presentarse como el 'policía bueno'", que le mostraba las fotos de sus compañeros para identificarlos.

El temido Nazar Haro, interrogador profesional, era uno de los hombres fuertes de la Brigada Blanca, una especie de escuadrón de la muerte encargado del exterminio de la guerrilla. Hoy es procesado por un juez federal que lo acusa de la desaparición forzada en esos años de varios guerrilleros.

Durante el tiempo en que José Luis Moreno estuvo detenido, fue llevado a los sótanos y celdas del cuartel del Batallón de Granaderos de Tlatelolco (otro de los sitios de tortura de la DIPD y de la DFS), donde fue fotografiado y fichado. Luego lo trasladaron a los separos y oficinas del director de la DGPT, donde tuvo varias "sesiones" con Nazar.

En ese periodo que coincide con la desaparición de Moreno, cayeron otros 22 militantes de la liga y dos que nada tenían que ver. Todos ellos estuvieron en los mismos lugares: una red de instalaciones policiacas y militares que sirvieron como centros de detención clandestina y de tortura de decenas de militantes de grupos armados y de sus familiares en los años setenta y ochenta.

Moreno Borbolla salvó la vida y fue consignado el 22 de junio de 1975 ante un juez en la Penitenciaría de Lecumberri. "Antes del traslado a la cárcel -relata José Luis a La Jornada-, Nazar me separó del grupo y me dijo: 'Te voy a dar dos mensajes, uno para la gente de adentro y otro para la gente de afuera. Yo sé que vas a tener comunicación con la gente de fuera. El primero es que quien sale libre y se vuelve a meter, no regresa. El segundo es que éste es el último grupo que llega a la cárcel'. Nosotros llegamos 13 a la cárcel (10 hombres y tres mujeres), fuimos los últimos en caer en grupo. Después de nosotros la mayoría cae muerta en enfrentamientos o son desaparecidos; sólo unos pocos llegan a la cárcel. A partir de mediados de 1975, el gobierno comienza la guerra de exterminio contra la Liga Comunista 23 de septiembre".

Moreno Borbolla recuerda: "Nazar cumplió su amenaza".

El tenebroso documento

De su detención y la de sus compañeros, además del recuerdo de los sobrevivientes, quedó un registro oficial de la policía capitalina y varios informes de la DFS. El más revelador es un expediente de la Dirección General de Policía y Tránsito del DF, elaborado por la siniestra Dirección de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia en 1975, cuyo original tiene hoy La Jornada, y que confirma la participación gubernamental en la desaparición forzada de guerrilleros.

El legajo oficial tiene impreso en portada y contraportada el nombre de la dependencia y el escudo de armas del Distrito Federal. Su contenido abarca las detenciones y bajas de la Liga Comunista 23 de Septiembre de mayo a agosto de ese año. Incluye fichas y fotografías de 24 personas acusadas de pertenecer a la organización guerrillera. Es un parte de guerra que atestigua cómo se les mantuvo prisioneros y se les torturó.

Entre los fotografiados aparecen seis hombres y cuatro mujeres que todavía hoy están desaparecidos: David Jiménez Fragoso, Adolfo Tecla Parra, Violeta Tecla Parra, Mario Domínguez Avila, Leonardo Jiménez Alvarado, Carmen Vargas Pérez, Francisco Avelino Gallangos, Araceli Ramos Watanabe y Delia Morales López. También se reporta la detención de Joaquín Porras Baños -aunque no aparece su foto-, donde se consigna que permanece herido en el Hospital Militar tras un enfrentamiento con la DFS.

Esas imágenes prueban que estaban vivos y detenidos dentro de un recinto oficial, en manos de la DFS, antes de que la maquinaria antisubversiva montada por el régimen que encabezaba el presidente Luis Echeverría los borrara del mapa.

De los 27 registrados -detenidos o muertos entre mayo y agosto de 1975-, 14 fueron consignados a la penitenciaría de Lecumberri: Carlos Conde López o Carlos Gómez (José Luis o El Compadre); Ignacio Abel Chávez Velázquez (Jorge o Pablo); Víctor Manuel Mendoza Sánchez (El Pelé); Antonio Licenco Licea Verdugo (Mario); Juan Escamilla Escobedo (Julio o Emilio); Jorge Manuel Torres Cedillo (Oscar); Alfredo Tecla Parra (Rafael); José Luis Moreno Borbolla (Adolfo); Norma Martínez Watanabe (Nora); Trinidad León Zempoaltécatl (Sandra); Manuel Anzaldo Meneses, y David Zaragoza Jiménez (José).

También Arcadio Iturbide Hernández y Ricardo Ocampo Moronatti, originarios de Morelos, quienes no tenían nada que ver con la guerrilla, fueron torturados salvajemente como los demás. A pesar de su probada inocencia, pasaron un año presos en Lecumberri.

Cada ficha contiene un resumen escrito a máquina de la información obtenida por la DFS durante las sesiones de tortura y los interrogatorios. Ahí se establece el papel que cada uno de los detenidos tenía en la organización guerrillera, sus relaciones, las acciones armadas en las que presuntamente habían participado. Y registra la fecha y la circunstancia de la detención.

En el expediente se hallan las fichas de tres guerrilleros muertos en dos enfrentamientos ocurridos en esos meses: Adolfo Lozano Pérez, Mariano, Teresa Hernández Antonio, Alejandra, y Jacinto, a quien sólo se identifica por su seudónimo. Sus fotos fueron captadas en las planchas del Servicio Médico Forense. Los tres recibieron el tiro de gracia, de acuerdo con diversos testimonios.

Mariano y Alejandra fueron abatidos por la Brigada Blanca el 15 de junio de ese año en Ciudad Universitaria, cuando asistían a un encuentro con David Jiménez Sarmiento, uno de los dirigentes de la liga. El enfrentamiento tuvo mucha resonancia, pues ocurrió en las islas de CU, donde se celebraba una exposición canina y en la que todos los asistentes fueron testigos de la balacera.

La orden de aprehensión, legalmente improcedente, dicen

Echeverría y Moya niegan que haya existido genocidio
ALFREDO MENDEZ ORTIZ

El 10 de junio de 1971 en el Distrito Federal hubo un "enfrentamiento" entre decenas de estudiantes que se manifestaban en contra de autoridades gubernamentales y unos 150 miembros del grupo de choque conocido como Los halcones, lo que dejó como resultado "12 muertos y 23 lesionados", pero de ninguna manera esos hechos representan un acto de genocidio, de acuerdo con la versión del ex presidente Luis Echeverría Alvarez y de su secretario de Gobernación Mario Moya Palencia, la cual tiene sustento en el artículo 149 bis del Código Penal Federal.

En un memorando firmado por ambos ex funcionarios -a quienes la Fiscalía para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado imputa el delito de genocidio por los hechos del llamado jueves de Corpus-, los inculpados refieren que sería "legalmente improcedente" que se librara una orden de aprehensión en su contra por ese delito, ya que a su parecer nunca se cometió genocidio en México, y no existe una sola prueba de su presunta responsabilidad de esa supuesta conducta delictiva, además de que, en todo caso, cualquier otro delito que se les imputara por esos hechos (homicidio o lesiones) "se habría extinguido ya por la prescripción que se dio por el simple transcurso del tiempo", puesto que han pasado más de 30 años.

Refutan que no hubo genocidio, pues los lesionados y los muertos fueron por un enfrentamiento. "La afirmación del fiscal (Ignacio Carrillo Prieto) de que el 10 de junio de 1971 se cometió genocidio respecto del estudiantado nacional, es tergiversar los hechos. En virtud de que los estudiantes no formaban parte de un grupo étnico, racial o religioso, el fiscal afirmó que se trataba de un grupo nacional: ¡porque estudiaban en planteles nacionales!"

Sin embargo, continúa el argumento de los inculpados, "el carácter nacional, que el Código Penal Federal señala, corresponde al del término genocidio, que significa exterminar a un pueblo, estirpe o nación. Esta última que etimológicamente significa el lugar donde se nace, pero que desde el punto de vista de las ciencias sociales y políticas está constituida por grupos de seres humanos, que además del lugar común de su nacimiento y vida tiene características propias que los identifican. Los estudiantes no son un grupo nacional, dado que la característica de estudiar que los une no corresponde al concepto de nación, y la pretensión de que lo fue por 'estudiar en planteles nacionales' es absurda", puntualiza el documento.

Los inculpados desmenuzan los hechos del 10 de junio, principalmente la participación de Los halcones y la situación legal de la indagatoria. Según ellos y su abogado defensor, ese grupo dependió del Departamento del Distrito Federal hasta su desaparición, y la orden que tenía era disolver la manifestación estudiantil con palos, pero al llegar, "unos estudiantes les dispararon". Algunos halcones fueron a sus vehículos por armas para enfrentar a quienes les disparaban, y ninguno de ellos perteneció al Estado Mayor Presidencial, afirman en dicha carta.

Ayer, su abogado Juan Velásquez -quien elaboró la carta- entregó el documento a la magistrada Herlina Velasco Villavicencio, titular del quinto tribunal unitario penal, misma que determinará en los próximos días si ordena la captura de Echeverría y Moya o si niega esa medida cautelar.

Reclaman justicia

Rechazan las indemnizaciones por la guerra sucia
ENRIQUE MENDEZ

Integrantes del Foro Permanente por la Comisión de la Verdad expresaron ayer su rechazo a la política del gobierno federal de entregar indemnizaciones a familiares de desaparecidos y de personas torturadas durante la llamada guerra sucia, pues consideraron que esta es una manera de corromper la búsqueda y la aplicación de la justicia, además de que es indebido y confronta a los supuestos beneficiarios.

Lourdes Uranga y Enrique González Ruiz plantearon que en tanto no se fundamente bien el juicio contra el ex presidente Luis Echeverría Alvarez y la amplia lista de represores de las décadas de los 70 y 80, los familiares de activistas presos, torturados o desaparecidos no aceptarán ningún tipo de indemnización.

"Somos víctimas de la represión de Estado y queremos que se hagan las cosas como se deben en un régimen de estado de derecho: juicio, castigo a los culpables y, si acaso, reparación del daño, que no siempre es dinero, que, además, estaríamos por renunciar a él", explicó Uranga.

También, dijo, debe darse una explicación de lo que ocurrió con los desaparecidos, quienes en todo caso exigirían verdad y justicia, no una compensación económica.

Por su parte, la diputada federal perredista Eliana García Laguna denunció que, al igual que durante la etapa de la represión en México, el Poder Judicial actuó como cómplice del gobierno federal al determinar, como lo hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la prescripción de los delitos cometidos desde el poder contra ciudadanos mexicanos.

"Durante el terrorismo de Estado, el Poder Judicial permitió que presos puestos bajo su tutela fueran sacados de las cárceles y desaparecidos. En ese tenor, la decisión de la Corte vuelve a poner en entredicho al Poder Judicial", declaró.

También exhortó a la Fiscalía Especializada en Movimientos Sociales y Políticos del Pasado a integrar con mayor minuciosidad sus averiguaciones previas, pues consideró que la mejor muestra de la falta de profesionalismo de esa instancia judicial fue la liberación del ex procurador de Hidalgo Alejandro Straffon Arteaga, acusado de desaparición forzada de seis integrantes de un grupo guerrillero en la década de los 70.

Y al igual que los integrantes del Foro Permanente por la Comisión de la Verdad, García Laguna indicó que si el Estado mexicano quiere reparar el daño a las víctimas de la guerra sucia y a sus familiares, debe conocerse la verdad, que "se castigue a los culpables y se generen en la Cámara de Diputados condiciones legales para que desde el gobierno no se vuelvan a repetir en nuestro país actos de represión contra los ciudadanos".

Plantea que en los libros de texto gratuito se incluya la matanza de estudiantes

Demanda PRD en la Comisión Permanente que no haya impunidad para Echeverría
ROBERTO GARDUÑO Y ANDREA BECERRIL

Después de dos intentos frustrados del PRI por evitarlo, ayer finalmente el PRD pudo llevar a la tribuna de la Comisión Permanente la demanda de que no haya impunidad y se sancione a Luis Echeverría, Mario Moya Palencia y los demás involucrados en las matanzas estudiantiles de 1968 y 1971, así como los demás crímenes del pasado.

El diputado perredista Salvador Martínez della Rocca recalcó ante el pleno que no se trata de enconos personales contra el ex presidente Echeverría, sino de que se haga justicia para que hechos como esos, en los que se masacró a jóvenes que demandaban libertades políticas, "nunca más vuelvan a darse en el país".

Protagonista central, ya que Martínez della Rocca, mejor conocido como El Pino, participó en los movimientos estudiantiles que concluyeron en las matanzas de Tlatelolco y el jueves de Corpus -estuvo preso por ello más de dos años-, hasta ayer pudo tocar el tema ante el pleno del órgano legislativo.

El pasado día 15, cuando la Suprema Corte resolvió que los delitos de genocidio por los hechos del junio de 1971 no han prescrito en el caso de Echeverría y Moya Palencia, el priísta Mariano González Zarur ordenó inclusive romper el quórum para que El Pino no pudiera aludir a ello en tribuna. Una semana después la sesión terminó antes.

Por ello, Martínez della Rocca se explayó ayer y demandó que no haya impunidad, que se juzgue a Echeverría y a quien entonces era su secretario de Gobernación, además de exigir que en los libros de texto gratuito aparezca la historia de los estudiantes asesinados, de la tortura a luchadores sociales, de desapariciones forzadas, de juicios sumarios.

En su respaldo, el diputado Francisco Amadeo Espinosa, del Partido del Trabajo, advirtió que tanto en 1968 como en 1971 muchos jóvenes fueron "cobarde y vilmente asesinados", y aunque en aquellas fechas era del dominio público quiénes fueron los responsables intelectuales y materiales, "el régimen de partido canceló toda posibilidad de ejercer justicia".

La Suprema Corte, 37 años después, resolvió que Echeverría y Moya Palencia pueden ser juzgados por esos "hechos sangrientos", lo que significa un avance en el tortuoso camino en busca de la verdad. Sin embargo, recalcó el diputado del PT, "no queremos una nueva y grotesca burla" y que mientras en otras naciones se procesa y castiga a los responsables de las guerras sucias de los años 70, "en el nuestro se evadan y dilaten las acciones judiciales".

Por su parte, la senadora perredista Leticia Burgos comentó que la resolución de la Suprema Corte fue parcial y "tramposa", e insistió en la necesidad de actualizar el marco legal mexicano en torno a la prescriptibilidad de los crímenes de genocidio y de lesa humanidad.

Paralelo a ello, dijo, los familiares de desaparecidos y asesinados durante la guerra sucia de los años 70 en el país pueden recurrir a tribunales internacionales.