FTP Radio Vallekas

Entre 1979 y 1980 los debates internacionales sobre asuntos de comunicación alcanzaron en muchas áreas, puntos de confrontación. La protesta de países del Tercer Mundo contra el flujo dominante de noticias procedentes de los países industrializados, las concepciones diversas sobre el valor a dar a las noticias, la función, derechos y responsabilidades de los periodistas fueron debatidos ampliamente al igual que la contribución de los medios masivos de comunicación a la solución de los problemas mundiales.

La Unesco fué el principal foco internacional de estos debates cruciales y en 1977 se creaba una comisión internacional para el estudio de los problemas de comunicación bajo la presidencia de Sean MacBride que realizaría un amplio informe sin evadir ningún problema. El informe Un solo mundo, voces múltiples también conocido como el Informe MacBride trata el derecho a la comunicación que reproducimos, en parte, en estas páginas: Democratización de la comunicación

Los Derechos Humanos, cuya defensa es una de las tareas primordiales de los órganos de información, no pueden existir sin la libertad de palabra, de prensa, de información y de reunión. La transformación de estas libertades en un derecho individual o colectivo más amplio a comunicar, es un principio evolutivo en el proceso de democratización. Entre los derechos humanos cuya defensa se impone especialmente figura el derecho a la igualdad para las mujeres y entre las razas.

Recomendamos lo siguiente:

Todos los que trabajan en el servicio de los órganos de información deberían contribuir a que se respeten los derechos humanos, a la vez en el plano indivisual y en el colectivo, con arreglo al espíritu de la Declaración de la Unesco sobre los medios de comunicación de masas, de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y del Acta final de Helsinki. La contribución de los órganos de información en este sentido no consiste solamente en defender tales principios sino también en poner de manifiesto todas las violaciones, independientemente de donde se produzcan, y de prestar su apoyo a aquellos cuyos derechos han sido ignorados o violados. Las asociaciones profesionales y la opinión pública deben respaldar a los periodistas que estén sometidos a presiones o que sean víctimas de su entrega a la causa de los derechos humanos.

Los órganos de información deberían contribuir a apoyar la justa causa de los pueblos que conbaten por la libertad y la independencia y por su derecho a vivir en paz, en un plano de igualdad y sin ingerencias abusivas. Esto es especialmente importante para todos los pueblos que, en su lucha contra la dominación externa de unos u otros y la discriminación religiosa y racial, no tienen la posibilidad de hacer oir su voz en el interior de su propio país.

Las necesidades de una sociedad democrática en materia de comunicación deberían quedar satisfechas mediante la formulación de derechos específicos tales como el derecho de ser informado, el derecho a informar, el derecho a la protección de la vida privada y el derecho a participar en la comunicación pública, que encajan todos ellos en ese nuevo concepto que es el derecho a comunicar. En vísperas de lo que cabría calificar de una nueva era en materia de derechos sociales, todas las implicaciones del derecho a comunicar deberían ser objeto de un minucioso estudio.

Por sus inmensas posibilidades de influir en el espíritu y en el comportamiento de los individuos, la comunicación puede ser un modo vigoroso de promover la democratización de la sociedad y de ampliar la participación de los ciudadanos en la adopción de las decisiones. Esto depende de las estructuras, de las prácticas y de la gestión de los medios de comunicació, al abrirla a un intercambio libre de ideas, de informaciones y de experiencia entre interlocutores situados en un plano de igualdad, sin predominio alguno ni discriminaciones.

Recomendamos lo siguiente:

Todos los países deberían adoptar medidas encaminadas a ampliar las fuentes de información que necesitan los ciudadanos en su vida cotidiana. Procede emprender un examen minucioso de las leyes y reglamentos vigentes para reducir las limitaciones, las cláusulas secretas y las restricciones de diversos tipos en las prácticas de información.

Se debería abolir la censura o el control arbitrario de la información. En los sectores en los cuales estén justificadas unas restricciones razonables, éstas deberían quedar definidas en una ley, su aplicación estar sometida a un control judicial y ceñirse a los principios formulados en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, y en los demás instrumentos que adopte la comunidad de naciones.

Los obstáculos y las restricciones que se derivan de la concentración de la propiedad de los órganos de información, independientemente de que sea pública o privada, o de las influencias comerciales sobre la prensa, la radio y la televisión o bien de la publicidad privada u oficial, merecen un estudio especial. Se debería proceder también a un examen crítico del problema de las condiciones financieras que se imponen a los órganos de información, y de las medidas adoptadas para reforzar la independencia de la redacción.

Se deberían tomar medidas jurídicas para:

1. Limitar la concentración y la monopolización

2. Conseguir de las empresas transnacionales que acaten los criterios y condiciones específicas definidos en la legislación y en la política de desarrollo nacionales

3. Invertir la tendencia a la reducción de número de responsables precisamente cuando está aumentando la eficacia de la comunicación y la dimensión del público

4. Reducir la influencia de la publicidad sobre la política de redacción y los programas de radiodifusión

5. Perfeccionar los módelos que permiten fotalecer la independencia y la autonomía de los órganos de información en materia de gestión y de política de redacción, independientemente de que esos órganos dependan del sector privado, o del público o del propio gobierno.

La diversidad y la elección del contenido de la comunicación son condiciones previas para la participación democrática. Todo individuo y todo grupo concreto deben estar en condiciones de formular juicios fundados enla más amplia gama posible de informaciones, mensajes y opiniones y tener la ocasión de compartir sus ideas con los demás. El desarrollo de los medios de comunicación social descentralizados y diversificados ensancha el campo de participación real y directa de la población en la comunicación.

Recomendamos lo siguiente:

La construcción de infraestructuras y la adopción de técnicas concretas deberían adaptarse cuidadosamente a la necesidad de proporcionar a un público más amplio unas informaciones más abundantes, procedentes de fuentes muy diversificadas.

Se debe dedicar especial atención a las necesidades de las mujeres en materia de comunicación. Se les debe conceder la igualdad de acceso a los medios de comunicación y la garantía de que su imagen no quedará deformada por los órganos de información o por la publicidad.

Procede tener también presentes los problemas de los niños y los jóvenes, de las minorías nacionales, étnicas, religiosas y lingüísticas, de los habitantes de regiones remotas, de las personas de edad, y de los deficientes. Estas fraciones importantes y vulnerables de la sociedad tienen sus necesidades propias en materia de información.

Para estar en condiciones de comunicarse en la sociedad organizada de hoy, el hombre tiene que disponer de instrumentos apropiados. Las nuevas técnicas le ofrecen múltiples medios de información y de esparcimiento individualizado, pero a menudo son incapaces de facilitarle medios de comunicación adecuados en su propia comunidad o en su grupo social o cultural. Por lo mismo, a menudo resultan necesarias nuevas modalidades de comunicación.

Recomendamos lo siguiente:

Se debe estudiar más a fondo el empleo de los medios de comunicación social en el entorno de vida y trabajo. En vez de aislar a los hombres y mujeres, los medios de comunicación social deberían facilitar su integración en la colectividad.

Con harta frecuencia, se trata a los lectores, oyentes y los espectadores como si fueran receptores pasivos de información. Los responsables de los medios de comunicación social deberían incitar a su público a desempeñar un papel más activo en la comunicación, al concederle un lugar más importante en sus periódicos o en sus programas de radiodifusión con objeto de que los miembros de la sociedad y los grupos sociales organizados puedan expresar su opinión.

La creación de medios de comunicación apropiados, en todos los niveles, debería servir para crear nuevas formas de participación del público en la gestión de los medios de comunicación social y para establecer nuevas modalidades de financiación.

Los responsables de la política de comunicación deberían asignar una mayor importancia a la definición de los medios que puedan contribuir a democratizar la gestión, respetando las tradiciones y características nacionales, y asociando a ello las siguientes categorías:

a) Los dirigentes y propietarios de los medios de comunicación social

b) Los periodistas y profesionales de la comunicación

c) Los creadores

d) Los técnicos

e) Los representantes del público.

Semejante democratización de los medios de comunicación social requiere el apoyo y la comprensión total de quienes están a su servicio y que gracias a ello, podrían desempeñar un papel más activo en la política de redacción y en la gestión.