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Otra vez Josemari Ripalda - Filósofo Otra vez y siempre lo mismo. Una semana lleva en la cárcel Alfonso Martínez de Lizardui; otra vez un amigo y compañero de enseñanza y escrituras. Lo conozco, le conocemos muchos; y hasta yo, que vivo y enseño en Madrid, desde siempre bastante aislado de Euskal Herria, ya voy teniendo una lista de conocidos, como Sabino Ormazabal o Martxelo Otamendi, que me empieza a avergonzar por seguir yo en libertad y sin cargos. El juez Garzón puede ponerle remedio todavía. Los procedimientos judiciales y policiales en este país son algo de lo que no se habla en sociedad. Se sacude alguna vez la cabeza frente a ciertos excesos ocasionales ¿cómo no? de este juez, que hace también una semana tuvo que dejar en libertad tras dos años de cárcel a una «supuesta» etarra decía un periódico madrileño, cuyo sumario fue de traca. Porque la culpabilidad ya se «supone» y tampoco importa mucho, si uno o una es «entorno», hermosa noción jurídica, que abarca a todos menos a los marcianos, si es que existen; aunque también dependerá desde qué punto de la galaxia se mire. Sí, también en este caso se ha «supuesto» contra toda evidencia que Lizardui es un colaborador «muy eficaz» de ETA. En un secuestro, o en un chantaje bajo amenaza, se admite que se pague y se busquen mediadores. Y el mediador puede haber sido elegido, a la vez que él aceptado, como amigo, lo que esta vez es el caso bien conocido. Si la política del Es- tado es cortarle todos los grifos a ETA, no por eso tiene derecho a exigirnos riesgos heroicos, ni la justicia puede arrasar simplemente con la situación, avasallar a la gente angustiada y perseguir a quienes tratan de ayudar. Lo contrario es militarizar la sociedad o concebirla como un colegio. El Estado no tiene derecho a involucrarnos imperativamente en problemas que él no ha sabido resolver. Pero un juez se arroga el derecho de interpretar por su cuenta un delito vago, como ya es colaboración con banda armada; un juez no «natural», miembro de un tribunal especial, que se mueve por una Euskal Herria que no conoce como un elefante por una cacharrería. ¿Hasta cuándo más sumarios de un juez que primero encarcela y luego busca las pruebas, con los medios que sabemos por su penúltimo caso, el de Ainara Gorostiaga? ¿Y hasta cuándo este abuso de la Audiencia «Nacional»? La táctica de tomar a la sociedad vasca como rehén por causa de ETA con toda clase de vejaciones y torturas es no conocer esa sociedad o mera voluntad de castigar, de sem- brar él su terror en la sociedad. Y el Consejo del Poder Judicial ¿haciendo de Don Tancredo?... Al pagador del rescate lo procesan, lo que ya me parece un abuso manifiesto; pero le dejan en libertad por razones de inserción social notoria. Esto no vale para el mediador, personaje secundario, aunque la razón de inserción social sea por lo menos equivalente; bien es verdad que no hay por qué esperar que ni la universidad ni sus contenidos tengan gran predicamento en Garzón. Del «peligro de fuga» ni vale la pena hablar para quien conoce la situación. Pero sin duda Lizardui tenía malas amistades y eso lo convierte en «entorno», un «entorno» que abarca de hecho a una gran parte de la sociedad vasca; habrá que poner alambradas en las casas familiares. Pero es que además ¡oh fortuna! Lizardui, a fuer de universitario, colabora en una editorial dedicada a traducir al euskara libros científicos. Naturalmente ya ha sido registrada e investigada, a ver si sirve para financiar a ETA, puesto que Lizardui ha sido declarado su «supuesto» funcionario recaudador. Y un valor añadido político, tal como se ha dado la noticia en Madrid: sin necesidad de afirmar nada, se insinúa que la universidad vasca está poblada de proetarras. Yo ya he oído por aquí que los profesores no nacionalistas en la UPV llevan una existencia permanentemente vejada y amenazada; pues bien, un dato más para confirmarlo. Las «víctimas del terrorismo» se han apresurado también a hacer de opinión pública en pos de Garzón; ya está montado el ruido. Se superpone una opinión pública construida tapando lo que ha mostrado en la UPV el último proceso electoral yo no parto de considerar casual la coincidencia de fechas y añadiendo una presión sobre la universidad, y una amenaza. La detención en una acción «de niebla y noche», la prisión incondicional incomunicada, la falta de consideración por las condiciones de salud del detenido, el alejamiento a Madrid ya nos parecen normales. Estamos contentos de que no le hayan torturado; la judicatura se blinda cada vez más y el Estado hace oídos sordos a las suaves, pero muy serias, advertencias internacionales. Tiene la opinión pública española con él. El juez Garzón tiene de su parte también el artículo 55 de la Constitución española, que, cuando se tiene costumbre de leer, es para echarse a temblar, sobre todo si se mira al contraste entre las garantías genéricas que contiene y al cumplimiento que se hace de ellas en el mismo cielo platónico de su generalidad. Como terrorismo es algo que, según el nuevo Código, ya es aplicable a un piquete de huelga, la consecuencia es clara: nuestros derechos ciudadanos son para las situaciones «normales». Desde Locke a Robespierre una gran tradición democrática, que pasa por la revolución norteamericana y tiene fuerte arraigo en la Antigüedad clásica, ha exigido a los magistrados que rindan cuentas públicas de su actividad y puedan ser revocados por el pueblo soberano. La limitación de este control a órganos constituidos por los magistrados puede garantizar su independencia; pero también anegarla en el corporativismo. ¿Habrá que recordar los nombres de juristas del Tercer Reich como Binder, Sauer, E. Jung y Metzger? Por mi parte, mi aprensión es más bien algo así como un futuro Guantánamo. - |
