Hace justo diez años, el 27 de junio de 1991, se empezaba a morir en Yugoslavia. Se sigue muriendo pero, por lo menos, los "vengadores humanitarios", la OTAN, harán que Slobodan Milosevic, el único malo de la película balcánica, pague sus culpas en el Tribunal Penal Internacional de La Haya.
     Slobodan Milosevic, acusado de homicidio, deportación, persecución por motivos políticos, raciales y religiosos, crímenes de guerra, y por la eliminación de 730 ciudadanos kosovares, es presuntamente culpable. Aunque pueda pensarse que el primer jefe de Estado en sentarse como acusado ante un tribunal internacional no sea inocente, hubiese sido oportuno que fuera juzgado en Belgrado.
    En términos teóricos, es un gran logro que exista un tribunal internacional contra los crímenes de guerra. Pero el juicio que empezó en La Haya, el martes 3, contra el expresidente yugoslavo obliga a toda una serie de consideraciones que -lamentablemente- oscurecen las presuntas responsabilidades de Slobodan Milosevic.
    La primera refiere a la naturaleza misma del Tribunal Penal Internacional para los crímenes en la ex Yugoslavia, instituido por las Naciones Unidas en 1993. La aspiración de que se aplique el principio básico de que la ley sea igual para todos, ha sido frustrado hasta ahora porque Estados Unidos pretende ejercer el derecho de veto sobre quién puede ser juzgado en ese tribunal, excluyendo a los ciudadanos de ese país. Por consiguiente, mientras los Henry Kissinger y los Ariel Sharon sean inmunes, un tribunal como el de La Haya pierde cualquier credibilidad política internacional y se perfila como un organismo ilegítimo. Mientras tanto el carnicero serbo-bosnio Radovan Karadzic, sigue tranquilamente en su casa en Pale.
    Y así el juicio a Milosevic lleva la misma distorsión óptica que la comunicación televisiva. Procesando un hombre solo -y sustrayéndolo a la justicia de su país que había sabido detenerlo- se lavan las culpas colectivas de una generación entera de ex yugoslavos. Como en la Alemania nazi, fueron decenas de miles los que cumplieron y cientos de miles los que compartieron. Además -y no es novedad- el juicio de La Haya limpia de las responsabilidades directas a los actores internacionales, políticos y económicos y también religiosos.

    En esto es fácil leer el cumplimiento de un proyecto nacido con la caída del muro de Berlín, en el que los intereses de los grupos en el poder, los dirigentes de las grandes potencias y las fuerzas económicas que representan, se hacen primero ideología y después interpretación única de la realidad. Con el g-8, el FMI, el Banco Mundial y la OMC, los grandes ya detentan el "poder legislativo" sobre el mundo. Con la transformación de la OTAN de alianza defensiva en ofensiva, los grandes se atribuyeron una suerte de "poder ejecutivo", brazo armado del gobierno del mundo. Ahora, con el tribunal internacional, se dotan también del "poder judicial". Pero es un poder judicial que, como en el antiguo régimen, sólo juzga al tercer estado. Nobleza y clero -la pretensión estadounidense de excluir a los suyos- son inmunes.
    Mientras tanto, las consecuencias de la entrega de Milosevic sobre la República Federal Yugoslava son devastadoras. El primer ministro serbio Zoran Djindjic ha dado el paso desautorizando por completo a los órganos federales. No podía haber otra consecuencia que la dimisión del jefe del gobierno federal, el montenegrino Zoran Zizic. Será difícil que Kostunica consiga formar otro gobierno.
    La violación de la Constitución yugoslava que se plasmó con la entrega de Milosevic a un tribunal de dudosa legitimidad internacional, tiene un precio. El día siguiente a la deportación, la hoy república bananera serbia ingresó un cheque de 1.280 millones de dólares prometido por el Banco Mundial para la reconstrucción del país. Es una gota en el mar de la crisis serbia, un país que sigue viviendo con el 30 por ciento de la energía que necesitaría, un desempleo que llega al 40 por ciento, sueldos de 70 dólares mensuales y jubilaciones de 40.