Casa de los Pueblos de América
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2000 - 10:21 hs
Desde el Hospital Fernández, donde se encuentra internado a raíz de la huelga de hambre, el ex guerrillero sostuvo que el caso de los presos de La Tablada marca una continuidad entre dictadura y democracia.
- ¿Conoce algún
antecedente de alguien que haya ayunado 100 días?
Sé de dos experiencias –no
se si hubo otras- que podrían compararse. Una es la de un grupo
español que ayunó 120 días, resultado de lo cual varios
de ellos quedaron con lesiones físicas de por vida. Y otro, más
conocido y trágico, culminó con la muerte de 10 independentistas
irlandeses. Eran los años brutales de Margaret Thatcher. Entre nosotros
hay dos compañeros que están en el período que los
médicos denominan de desnutrición severa y ello arriesga
que se produzca alguna afección irreversible. El resto, todos –siempre
según los médicos del hospital- entraremos en esa etapa en
un plazo no mayor de una semana.
- ¿Qué diría
a los ciudadanos que opinan que los atacantes del cuartel de la Tablada
merecen cárcel para siempre?
Algunos son víctimas de la
desinformación, otros son revanchistas que se sienten cómodos
paseando por las mismas calles que Astiz o Etchecolatz o Bussi; por las
mismas calles que todos los golpistas, torturadores y desaparecedores (sic)
que, como todo el mundo sabe, en Argentina están libres. A los primeros
les pediría que traten de informarse bien y no crean cualquier cosa
que transmita la televisión u otros medios de comunicación
masiva. Ellos no son imparciales.
¿Qué beneficios
esperan obtener de una segunda instancia o revisión de sus condenas?
Lo que reclama la CIDH es la libertad.
La segunda instancia es una de las formas de lograrla, como podrían
ser el indulto, la conmutación de penas o la amnistía. Si
se nos otorga el derecho de apelar, todos los juzgados en 1989 quedarán
libres, ya que pasarán a ser procesados y deberán ser excarcelados
y beneficiados con el 2 por 1, por aplicar la ley 24.390. Los compañeros
llevan 12 años sin condena firme. Quedarían pendientes los
casos de Ana María Sivori (su ex mujer y madre de sus dos hijas)
y el mío hasta que se anule el juicio a que fuimos sometidos. A
nosotros dos no se nos permitió ejercer la defensa porque el tribunal
consideró "cosa juzgada" en 1989 la acusación que se nos
hacía. Pero ahora se ve que no era cosa juzgada lo del juicio de
1989 ya que los compañeros no tuvieron derecho de apelación.
Además faltaría resolver el problema de seis compañeros,
perseguidos desde hace 12 años (se los considera prófugos).
Pero como en mi caso, creo, los pasos
deberían simplificarse.
-¿Qué faltó
investigar de lo ocurrido durante el copamiento?
Todo. Las torturas, los asesinatos
de compañeros que habían sido detenidos, mi secuestro en
México realizado por las fuerzas de la SIDE argentina y la PGR mexicana,
la desaparición de tres compañeros, etcétera. No se
investigó absolutamente ninguna de las denuncias que hicimos ni
ninguno de los hechos que surgieron en el juicio a partir de contradicciones
de los militares. Por ejemplo, dos soldados reconocieron ante el tribunal
que sus declaraciones habían sido ensayadas frente a un tribunal
falso montado en el Liceo Militar, del que participó nada menos
que uno de los fiscales, Pablo Quiroga. Pero los jueces continuaron como
si nada hubiesen dicho. Tampoco nadie podrá explicar cómo
un genocida, jefe de un "grupo de tareas" y responsible de la desaparición
de cinco abogados en tiempos de la dictadura, el general Alfredo Arrillaga,
dirigió la represión a La Tablada en épocas democráticas.
Este es un hecho que marca una continuidad más que una ruptura entre
un régimen, la dictadura, y otro, la democracia.
Ese es quizás uno de los principales
problemas con que choca la democracia argentina. Sin embargo, aunque no
con la rapidez deseada, creo que el autoritarismo va camino a la extinción.
Lo que pase con nosotros puede ser un indicio a favor o en contra de esa
afirmación.
- ¿A quiénes responsabilizan
por su situación?
A la herencia de la dictadura, que
viene presionando al gobierno; y al gobierno, que es receptivo a esa presión.
No obstante, aunque queda poco tiempo, confiamos en que, finalmente, prime
el sentido común y todo se resuelva de acuerdo con la ley. Si esto
último sucede, no sería sólo un triunfo nuestro y
de quienes tan generosamente se solidarizan acá y en el mundo; sería
una victoria más amplia, más abarcadora; sería una
victoria del estado de derecho sobre los resabios del autoritarismo.
- ¿Cuál de los
poderes del Estado tiene que darles una solución?
El reclamo de la CIDH es al Estado,
osea, a los tres poderes. Pero es el presidente De la Rúa, como
jefe del Estado, quien debe asegurar que el país cumpla con la Constitución
y los pactos internacionales. Es decir, él será –para bien
o para mal- el principal responsable de lo que ocurra.
- ¿Hasta dónde
están dispuestos a llegar con el ayuno?
Hasta que la democracia se imponga
sobre los nostálgicos del despotismo. Esperamos que ese momento
llegue sin que debamos lamentar algo irreparable. Eso nos causaría
un dolor, sin duda, indescriptible, y lesionaría seriamente a un
gobierno que no podría justificar su proceder. Por otra parte, provocaría
una herida incurable a la democracia argentina. Por el bien de todos pretendemos
y deseamos que nada de esto pase.