La Tablada:
Entrevista a Gorriarán Merlo


Casa de los Pueblos de América

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2000 - 10:21 hs

Desde el Hospital Fernández, donde se encuentra internado a raíz de la huelga de hambre, el ex guerrillero sostuvo que el caso de los presos de La Tablada marca una continuidad entre dictadura y democracia.

- ¿Conoce algún antecedente de alguien que haya ayunado 100 días?
    Sé de dos experiencias –no se si hubo otras- que podrían compararse. Una es la de un grupo español que ayunó 120 días, resultado de lo cual varios de ellos quedaron con lesiones físicas de por vida. Y otro, más conocido y trágico, culminó con la muerte de 10 independentistas irlandeses. Eran los años brutales de Margaret Thatcher. Entre nosotros hay dos compañeros que están en el período que los médicos denominan de desnutrición severa y ello arriesga que se produzca alguna afección irreversible. El resto, todos –siempre según los médicos del hospital- entraremos en esa etapa en un plazo no mayor de una semana.

- ¿Qué diría a los ciudadanos que opinan que los atacantes del cuartel de la Tablada merecen cárcel para siempre?
    Algunos son víctimas de la desinformación, otros son revanchistas que se sienten cómodos paseando por las mismas calles que Astiz o Etchecolatz o Bussi; por las mismas calles que todos los golpistas, torturadores y desaparecedores (sic) que, como todo el mundo sabe, en Argentina están libres. A los primeros les pediría que traten de informarse bien y no crean cualquier cosa que transmita la televisión u otros medios de comunicación masiva. Ellos no son imparciales.

¿Qué beneficios esperan obtener de una segunda instancia o revisión de sus condenas?
    Lo que reclama la CIDH es la libertad. La segunda instancia es una de las formas de lograrla, como podrían ser el indulto, la conmutación de penas o la amnistía. Si se nos otorga el derecho de apelar, todos los juzgados en 1989 quedarán libres, ya que pasarán a ser procesados y deberán ser excarcelados y beneficiados con el 2 por 1, por aplicar la ley 24.390. Los compañeros llevan 12 años sin condena firme. Quedarían pendientes los casos de Ana María Sivori (su ex mujer y madre de sus dos hijas) y el mío hasta que se anule el juicio a que fuimos sometidos. A nosotros dos no se nos permitió ejercer la defensa porque el tribunal consideró "cosa juzgada" en 1989 la acusación que se nos hacía. Pero ahora se ve que no era cosa juzgada lo del juicio de 1989 ya que los compañeros no tuvieron derecho de apelación. Además faltaría resolver el problema de seis compañeros, perseguidos desde hace 12 años (se los considera prófugos).
    Pero como en mi caso, creo, los pasos deberían simplificarse.

-¿Qué faltó investigar de lo ocurrido durante el copamiento?
    Todo. Las torturas, los asesinatos de compañeros que habían sido detenidos, mi secuestro en México realizado por las fuerzas de la SIDE argentina y la PGR mexicana, la desaparición de tres compañeros, etcétera. No se investigó absolutamente ninguna de las denuncias que hicimos ni ninguno de los hechos que surgieron en el juicio a partir de contradicciones de los militares. Por ejemplo, dos soldados reconocieron ante el tribunal que sus declaraciones habían sido ensayadas frente a un tribunal falso montado en el Liceo Militar, del que participó nada menos que uno de los fiscales, Pablo Quiroga. Pero los jueces continuaron como si nada hubiesen dicho. Tampoco nadie podrá explicar cómo un genocida, jefe de un "grupo de tareas" y responsible de la desaparición de cinco abogados en tiempos de la dictadura, el general Alfredo Arrillaga, dirigió la represión a La Tablada en épocas democráticas. Este es un hecho que marca una continuidad más que una ruptura entre un régimen, la dictadura, y otro, la democracia.
    Ese es quizás uno de los principales problemas con que choca la democracia argentina. Sin embargo, aunque no con la rapidez deseada, creo que el autoritarismo va camino a la extinción. Lo que pase con nosotros puede ser un indicio a favor o en contra de esa afirmación.

- ¿A quiénes responsabilizan por su situación?
    A la herencia de la dictadura, que viene presionando al gobierno; y al gobierno, que es receptivo a esa presión. No obstante, aunque queda poco tiempo, confiamos en que, finalmente, prime el sentido común y todo se resuelva de acuerdo con la ley. Si esto último sucede, no sería sólo un triunfo nuestro y de quienes tan generosamente se solidarizan acá y en el mundo; sería una victoria más amplia, más abarcadora; sería una victoria del estado de derecho sobre los resabios del autoritarismo.

- ¿Cuál de los poderes del Estado tiene que darles una solución?
    El reclamo de la CIDH es al Estado, osea, a los tres poderes. Pero es el presidente De la Rúa, como jefe del Estado, quien debe asegurar que el país cumpla con la Constitución y los pactos internacionales. Es decir, él será –para bien o para mal- el principal responsable de lo que ocurra.

- ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar con el ayuno?
    Hasta que la democracia se imponga sobre los nostálgicos del despotismo. Esperamos que ese momento llegue sin que debamos lamentar algo irreparable. Eso nos causaría un dolor, sin duda, indescriptible, y lesionaría seriamente a un gobierno que no podría justificar su proceder. Por otra parte, provocaría una herida incurable a la democracia argentina. Por el bien de todos pretendemos y deseamos que nada de esto pase.