En una comparecencia pública de candidatos a la presidencia sobre derechos humanos, organizada por Amnistía Internacional y la Comisión Colombiana de Juristas y  donde se encontraba el delegado de la ONU en Colombia, Alvaro Uribe Vélez respondió así al ser preguntado sobre los efectos de la guerra y las garantías de la población: la autoridad es la base de los derechos humanos y su gobierno sólo aceptará las recomendaciones que le convengan, y continuó, el país lo que necesita es un severo Estatuto Antiterrorista.
    A preguntas de Susan Lee y otros defensores de derechos humanos, sobre la impunidad, el paramilitarismo o una supuesta reforma constitucional para dar cabida a dicho Estatuto, dijo que, el país necesita legalizar el allanamiento, la detención, el control telefónico sin orden judicial y que él organizaría una red nacional de informantes para alertar a las autoridades de la presencia de la subversión.
    No se le puede negar coraje y claridad de ideas al nuevo mandatario, de esta manera, se legalizaría algo que viene siendo una regular actuación de los militares para instaurar estados de sitio  regionales sin autoridad civil, al estilo de lo que hizo Ariel Sharon en Yenin, primero para masacrar a la población y después impidiendo que nadie entrara, ni siquiera la ONU, a mirar lo que allí pasó.
    Resuena en las conciencias de los colombianos la crisis humanitaria de Bojayá en territorio chocoano, 500 víctimas en enfrentamientos entre los paramilitares, la guerrilla y el ejército. Un informe de la ONU ha señalado responsabilidades al paramilitarismo, a las Farc y al gobierno que preside Pastrana.
    Nadie pone en duda que el nuevo presidente ha surgido en unas elecciones amparadas por una constitución formalmente democrática, lo cual, sin embargo, no dice nada a favor del carácter democrático del presidente ni de la democracia en Colombia. Uribe Vélez quiere acabar con cualquier oposición democrática y militarizar el país hasta donde le sea posible.

    El flamante nuevo presidente del liberalismo disidente ocupó la alcaldía de Medellín en 1983 hasta ser destituido por el presidente Belisario Betancur tras ser acusado de participar en una cumbre de narcotraficantes del cartel de Medellín.
    También fue destituido como gerente de Aerocivil. Durante el período 1980-1982 se produjo uno de los caso de corrupción oficial más sonados en Colombia. En ese período los carteles, tanto el de Medellín como el de Cali, adquirieron permisos y licencias para obtener la más poderosa flota de aviación privada de América Latina con la que transportar sus productos y participar en la guerra sucia.
    Fue socio comercial de importantes industriales del narcotráfico que posteriormente fueron detenidos, juzgados y encarcelados como sucediera con el político e industrial César Villegas quien fue Subdirector de Areonáutica Civil.
    Curiosamente Uribe Vélez nunca fue molestado ni sus actividades investigadas, ni por narcotráfico ni vinculaciones al paramilitarismo.
    Durante su período como Gobernador de Antioquia entre 1995 y 1997, junto con el general Rito Alejo del Río y de AUGURA (gremio bananero de Urabá), se desarrolló la denominada “Operación Retorno” que aniquiló al movimiento Unión Patriótica de uno de sus principales bastiones políticos. Una revista estadounidense como NewsWeek señaló a Alvaro Uribe, como el personaje que pronunció el discurso principal en el homenaje de desagravio que se le hizo los generales Rito Alejo del Río y Fernando Millán, después de que fueron retirados del servicio por sus implicaciones con grupos paramilitares acusados de cometer masacres y otras atrocidades entre 1996 y 1997, caracterizando a Del Río como un hombre honorable.
    En declaraciones al periódico El Tiempo del 3 de Febrero, se ufanaba afirmando que hoy Urabá es una zona donde hay una gran convivencia entre empresarios y trabajadores.
    De la misma época data una de las más célebres apuestas del Presidente electo. La organización de las cooperativas “Convivir” para pacificar a Antioquia organizando y armando a civiles. Su pretensión de legalizar el paramilitarismo acarreó un aumento considerable del baño de sangre contra sindicalistas, defensores de derechos humanos y diversos líderes sociales.
    La periodista del Espectador Mª Teresa Herrán, con ocasión de un homenaje nacional que se le brindó al gobernador Uribe en Bogotá, decía que, no sabía si el homenaje era por su apoyo a ultranza a las Convivir o porque su Departamento estaba bañado de sangre.
    La esperanza de una definitiva y rápida derrota de la oposición al régimen y el aplastamiento de la insurgencia, magnifican sus promesas más belicistas y las cúpulas poderosas de Colombia se han emocionado con los gritos de que, vamos a llegar a 100 mil soldados profesionales, sumaremos 100 mil policías y organizaremos un millón de voluntarios para apoyar a la Fuerza Pública, en declaraciones recogidas por El Tiempo el 3 de Febrero. Han visto en el locuaz  candidato un firme ariete para desarrollar el Plan Colombia, para poder comprarla y venderla, para poder negociarla y obtener pingües beneficios sin incómodos pobladores ni testigos opositores.
    Armar un millón de civiles será la vía para conseguir tres objetivos: legitimar los grupos paramilitares, propósito que se frustró con las Convivir; regularizar las relaciones entre la Fuerza pública y los grupos paramilitares; cumplir el deseo frustrado, hasta ahora, de contar con una fuerza "legitima" que recoja el proyecto paramilitar.
    Como lo ha expresado el Ministro de Defensa, el país está en mora de discutir la creación de una fuerza intermedia entre la policía y las Fuerzas Militares.

    Colombia que ha vivido bajo el terror Estatal y para-estatal más de 50 años; sometido a la negativa influencia de EEUU y la tutela agresiva del FMI y la Banca Mundial; más del 50% de los colombianos viven en condiciones de pobreza; donde existyen más de 2 millones de desplazados de guerra; que recoge 1.000 masacres bajo el mandato de Pastrana y 40.000 muertos políticos en la década del 90; 20 personas mueren o desaparecen diariamente por la violencia; que ha permitido la fuga de US 4.500 millones de dólares.., no puede permitirse un presidente que prefiera la fuerza a la solución política y negociada de los conflictos internos.
    La cancelación del proceso de diálogos con las Farc y la negativa a dialogar con el Eln ha sido un salto al vacío que despeja el camino para que los militares y sus organizaciones paramilitares continúen sus abusos, sus masacres, su terror y la conquista de territorios "pacificados". Para que Estados Unidos justifique su intervención directa con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico y, para que la "ayuda" del Plan Colombia se utilice contra la insurgencia, como lo pretende el presidente Bush, llevando a un mayor escalamiento el conflicto.
    Lo sucedido en las recientes elecciones parlamentarias, donde se cumplieron los pronósticos de la incidencia del narcotráfico y el paramilitarismo en la elección de muchos candidatos hace más compleja y difícil la situación. El periodista Francisco Santos, hoy, compañero de formula, como vicepresidente, de Alvaro Uribe, escribió en El Tiempo en octubre, el mismo día de las elecciones,  lo cierto es que el Congreso que vamos a elegir va  a ser aún peor que el que ahora tenemos. Va a ser, con algunas excepciones, un Congreso al servicio de los caciques políticos tradicionales, de los narcos y de los paramilitares"
    El arzobispo de la ciudad de Cali, Isaías Duarte Cancino, había advertido sobre la presencia de dineros del narcotráfico en la financiación de algunas campañas políticas y esto, al parecer, le significó la muerte pocos días después.
    Antes de la convocatoria electoral Salvatore Mancuso, jefe militar de las Autodefensas-Paramilitares, había anunciado que la meta de su agrupación era conseguir la tercera parte del Congreso. Pasadas las elecciones, informó que había superado el 35%,  es motivo de inmensa satisfacción, además, que los candidatos de nuestras preferencias hayan alcanzado un masivo respaldo de los electores.
    Entretanto el jefe paramilitar Carlos Castaño dijo que, las regiones pacificadas por las Autodefensas tienen hoy una representación en el poder legislativo, coincidiendo con denuncias que han venido haciendo dirigentes políticos y sociales sobre la manifiesta intervención armada de los paramilitares para obligar a la ciudadanía a pronunciarse en favor de Uribe.
    El ex presidente Carlos Lemos, dando crédito a esta situación, escribió, eso significa que hoy la mayor parte y la fuerza más importante en el Congreso la constituyen las Autodefensas.
    En este escenario controlado por el narco-paramilitarismo que ha venido afirmando  tener candidato presidencial, sin dejar dudas que se trataba de Alvaro Uribe, su triunfo aumenta la tragedia Colombiana, pues se conoce que en su entorno se mueven los sectores más reaccionarios de la vida del país.