Confederación General del Trabajo de Andalucía

Comité Confederal. Secretaría de Formación

Grupo de Trabajo: Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía

INFORME SOBRE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LAS FOSAS COMUNES EN ANDALUCIA


Hemos de admitir que el tema de las «FOSAS COMUNES» pero también de los «DESAPARECIDOS» nunca había estado en nuestra mente tratarlo o hacer de él un asunto prioritario, entre otras razones porque no teníamos suficiente información, ni creíamos que su importancia social fuera tanta, pero además este problema «nos venía grande», pues entendemos que para tratarlo a fondo, con seriedad y responsabilidad, había que responder con rapidez, a los continuos llamamientos de ayuda y apoyo, y para eso era necesario infraestructura, además de contar con un número de colaboradores (militantes) con las ideas claras de lo que se quiere conseguir, lo que no se tiene, desafortunadamente.

Si en el objetivo de «recuperar la memoria» las cortapisas, por no decir un claro boicot de los poderes clásicos (político, económico, religioso e incluso académico), a las investigaciones y difusión pública para convertirlo en debate político, han sido claras desde 1982, desde hace un par de años el escenario está cambiando considerablemente. Entre otras cuestiones el asunto de las fosas comunes y los desaparecidos ha adquirido una dimensión insospechada, aunque presentan problemas de muy diversa naturaleza y ámbitos, pero todos de cierto calado y repercusiones. Los problemas, han sido y aún lo son, más importantes en todos los ámbitos, entre otras razones porque ponen en evidencia el proceso de transición política y, por lo tanto, a los que lo han liderado (personas y organizaciones) y vendido públicamente como modelo, tanto dentro como fuera de España; pero también el Poder Judicial —y sus estrellas— se ponen en duda dada su actitud «beligerante» ante temas similares en otros países y totalmente sumisos al gobierno ante lo que ocurre aquí.

Hasta que un grupo de familiares, a partir de experiencias que se desenvuelven hasta entonces en el estricto ámbito privado, deciden crear la ARMH y actúa directa y eficazmente (exhumando los restos, de forma pública, seria y científica), las iniciativas en esta materia se limitaban a actuaciones casi clandestinas y en unos ámbitos muy restringidos (localidades pequeños) cuyas intervenciones tenían una contribución meramente simbólica, aportando poco a las familias y menos aún al proceso general de investigación. De esta etapa, principalmente entre1977 y 1983, en la que hubo ciertas esperanzas y mucha memoria viva, ha quedado el tímido reconocimiento de la existencia de fosas y la instalación de algunos monolitos y placas.

Mientras que este nuevo auge de las fosas ocurre en Castilla-León, Castilla-La Mancha, Asturias, Extremadura, etc., en Andalucía no se ha movido ni dios en cuanto al interés por las fosas, desaparecidos y exhumaciones. De ahí que desde que iniciamos nuestro programa de trabajo en 1999, y habiéndose convertido en referente, las peticiones de ayuda para intervenir en estos asuntos han sido frecuentes, pero cada vez que lo comentábamos en los ambientes políticos (ya fueran de la oposición o de los que ejercen el poder) se notaba un rápido alejamiento o cambio de tema en la conversación. La confirmación de esta actitud de «miedo» o simplemente «irresponsabilidad» la obtenemos cuando vamos descubriendo que no importaba «el color» del gobierno local, autonómico o central de turno, todos estaban —y están— actuando de la misma forma.

Hay que decir, asimismo, que en ningún momento, hemos influido en ninguna familia por la opción de la exhumación, sino que hemos respetado sus propios deseos que en la mayoría de los casos han sido la de dignificar los restos, ya sea señalizando el lugar (monolitos) ya sea trasladándolos a una fosa común pero dentro de un cementerio, o en algún caso, exhumar y posteriormente analizar los restos.

En Marzo de 2003 trasladamos estas preocupaciones y demandas al Defensor del Pueblo Andaluz que decide abrir un expediente informativo (3/1411).

NUESTRA INTERVENCIÓN EN EL TEMA DE LAS FOSAS COMUNES
PRIMERA INTERVENCIÓN: MÁLAGA

El comienzo de las obras de un aparcamiento subterráneo en Málaga fue lo que provocó nuestra intervención en este asunto, pues teníamos informaciones directas respecto a la posible existencia de una fosa común en dicho lugar. Había pasado poco más de un mes desde nuestra petición al Defensor del Pueblo cuando el 8 de Abril ponemos en conocimiento del Ayuntamiento malagueño y de la Consejería de Justicia y AAPP «la posible existencia de una fosa y de la necesaria intervención con carácter preventivo». El 13 de abril convocamos, con la Federación Local de Málaga, una Rueda de Prensa en dicha localidad para que «... no ocurriera lo de 1978 en el mismo lugar, cuando se ocultó y se hizo desaparecer —en vertederos— restos humanos, que según testimonios recogidos a pie de obra por parte de personas mayores del vecindario, correspondían a una de las fosas comunes donde eran arrojados los asesinados por los fascistas de la ciudad».

A pesar de que nuestra denuncia es recogida por los medios de comunicación las instituciones no se dan por enteredas, hasta que el Ayuntamiento (PP) responde el 4 de Junio diciendo que «no resulta la existencia de esas fosas comunes a las que aluden». El 6 y 7 de Agosto los medios de comunicación de Málaga informan de «... la aparición de restos que corresponden, según los arqueólogos, a un enterramiento musulmán». El 14 de Agosto se nos informa que las intervenciones que se están realizando sobre el lugar no tienen nada de profesionales, por lo que lo denunciamos ante la Consejería de Cultura y a los medios de comunicación.

Es curiosa, y denunciable públicamente, la actitud de silencio que han mantenido los partidos políticos con representación en el Ayuntamiento hasta que han aparecido los restos arqueológicos, entonces rápidamente han pedido intervenciones para la investigación y la conservación.

SEGUNDA INTERVENCIÓN: LECRÍN (GRANADA)
Durante la celebración de una Jornadas, con motivo del 1º de mayo, en Motril cuyo tema central era la «Recuperación de la Memoria», una de las problemáticas planteadas fue la de las fosas comunes. De allí salió el compromiso de apoyar a Agustín Góngora a recuperar los restos de su hermano que fue fusilado en Lecrín; compromiso que se dio a conocer tanto internamente como de forma pública mediante carta publicada en El País —y otros— el 17 mayo. Una vez más el método que se utiliza es pedir la intervención de las instituciones (19 mayo) que de igual manera eluden, mediante el silencio o la advertencia a no actuar, su responsabilidad. El 14 de junio, día de la intervención organizada por CGT, solo el Ayuntamiento (PSOE) colabora a regañadientes y ponen a nuestra disposición algunas maquinas, herramientas y personal.

El éxito de la convocatoria, tanto de participación social como de medios de comunicación, fue magnífico (informativos Tele5, Canal Sur TV, Ideal de Granada, Diario de Sevilla, El Mundo, Correo de Andalucía, etc.). A pesar de no encontrar los restos se consigue «romper el silencio y el miedo en la comarca», como demuestra el hecho de asistir familiares de varios pueblos, así como de Málaga, Jaén y Sevilla, que tienen idénticas preocupaciones e inquietudes.

TERCERA INTERVENCIÓN: ÓRGIVA (GRANADA)
Consecuencia directa de la intervención anterior, el día 6 de Julio se recibe en la F.L. de Granada (que se remite a este grupo de trabajo) la denuncia de un ciudadano sobre la realización de obras en una zona conocida como Barranco del Carrizal (Órgiva, ayuntamiento del PP) donde existen otras fosas comunes con un número importante (según historiadores locales y vecinos) de asesinados. El 10 julio solicitamos la intervención del Ayuntamiento, la Subdelegación del Gobierno y de la Consejería de Justicia. El debate, político, se establece en el ámbito local y provincial a través de los medios de comunicación.

El 16 Julio se solicita la intervención del Ministro del ramo, que «está a la espera de los informes que está realizando la Confederación Hidrográfica del Sur». No se descartan llamamientos a la movilización en la Comarca, poniéndose en marcha una recogida de firmas dirigidas al Ministro. El 27 de agosto se reitera, por escrito, al Ayuntamiento la solicitud para su intervención ante las informaciones de que se «están haciendo desaparecer los restos humanos que se están encontrando», al igual que se hace, telefónicamente, a la Consejería de Justicia y AAPP que nos recomienda «que pongamos una denuncia ante los juzgados de Órgiva, pero que ellos no actuarán de oficio», que es lo que se les estaba solicitando.

El sábado 30 de agosto se decide trasladarnos a Órgiva para ver «in situ» las obras y conocer el lugar; tras conversar con algunos vecinos de la comarca (Órgiva y Lanjarón), se nos informa del lugar donde existe una gran fosa (unos cien metros por tres) más algunos otros enterramientos. Uno de dichos espacios señalados por una cruz ha sido removido y ha desaparecido una gran cantidad de tierra; tras escarbar, con las manos, se encuentran restos óseos y se decide denunciar ante la Guardia Civil; tres horas más tarde el médico forense de la zona manifiesta, después de analizarlos visualmente, ante los reunidos allí, que : «... algunos de los huesos tienen más de veinte años y podrían pertenecer a humanos...». El 1 de Septiembre (48 horas después) los análisis demuestran que dichos restos pertenecen a animales.

Esa misma semana se solicita por la ARMH, al Ayuntamiento, la autorización para una excavación en la zona, a la que contesta que «cuando alguna familia lo solicite se tendrá en cuenta dicha petición». El 10 de septiembre se recibe notificación del Subdelegado del Gobierno en Granada comunicando que «... en dicho lugar, y tras realizar diversos análisis de la zona, la obra no afecta a los enterramientos allí existentes».

La presión y la difamación sobre nuestra actuación en este caso ha sido inmensa y procedente de todas partes (empresa constructora, ayuntamiento, partidos, etc.).

CUARTA INTERVENCIÓN: MEDIOS DE COMUNICACIÓN
La política de los medios de comunicación de Andalucía ha sido igual a la de otros poderes antes mencionados, y en la mayoría aún lo es, aunque en los últimos meses se van haciendo eco de este tipo de actuaciones y demandas sociales, intentando, como en otros temas, dejar fuera nuestras siglas y opiniones al respecto. De todas formas, lo poco que se ha escrito ha tenido su origen —en la mayoría de los casos— en CGT; en los pocos documentales para TV que se han realizado en sobre este tema hemos colaborado, suministrando datos y contactos: Línea 900 (TVE) en la realización de uno sobre la Fosa de Víznar (Granada), con TV3 (TV-Catalunya) sobre Zafra y Castuera (Badajoz), y con Canal Sur TV (Los Reporteros), que se está realizando en estos momentos.

OTRAS GESTIONES
En este tiempo transcurrido desde la primera intervención, la CGT-A ha trabajado en diferentes frentes:

•Dirigiéndonos (mayo de 2003) a los máximos responsables de los partidos políticos de Andalucía (PSOE, PP, IU, PA, PSA), pidiéndoles coherencia con las resoluciones del Parlamento y con las demandas sociales. Ninguno ha contestado, aunque últimamente algunos están aconsejando a sus alcaldes que colaboren.
•Se ha participado en la elaboración de la Proposición No de Ley aprobada en el Parlamento Andaluz el pasado mes de junio, así como en otra que se presentará próximamente.
Se han mantenido varias reuniones con la Consejería de Justicia y AA.PP.
•Nos hemos reunido con el Defensor del Pueblo Andaluz, quien nos comunica el 25 de Agosto su intervención en los casos de Órgiva y Málaga.
•Se ha hablado con el Dpto. de Medicina Legal de la Universidad de Granada.
•Se mantienen, y potencian, contactos con organizaciones que están trabajando en esta temática (ARMH, AGE, Foro por la Memoria, etc.). Todo ello ha servido de referencia social, en el ámbito de Andalucía, para incidir en esta temática y prueba de ello es que hemos recibido llamadas (directamente o remitidas desde los medios de comunicación) de familiares de muy diversa procedencia (desde Barcelona, Granada —varias localidades—, Jaén —varias localidades—, Almería, Huelva y Sevilla —Bollullos de la Mitación, Coria del Rio, Alanís, Castillo de las Guardas, Ecija, El Pedroso—, etc.).
Entendemos que este asunto es más que problemático para que una organización sindical haga de él una bandera, pero tampoco es cuestión de colaborar —como las demás organizaciones políticas y sindicales— en el ocultamiento, consciente o inconscientemente, durante más tiempo, de esta realidad social. Es la razón por la que se ha apoyado la constitución de una organización formada mayoritariamente por familiares de fusilados, paseados, desaparecidos y represaliados políticos (Asociación Andaluza «Memoria Histórica y Justicia»).

Consideramos que la labor realizada por este grupo ha sido:

1. Dar confianza, apoyar y potenciar la autoorganización de los familiares mediante la creación de una asociación.

2. Denunciar públicamente y ante las instituciones la existencia de esta grave problemática social.

3. Exigir, como organización sindical, a los gobiernos (locales, autonómico y central) intervenciones coherentes con las resoluciones del Congreso de los Diputados, del Parlamento de Andalucía y de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, para la resolución definitiva de este problema.

Esas intervenciones deben pasar, inexcusablemente, por:

•La realización de un mapa de las «fosas comunes» existentes en Andalucía, a través de exigir la colaboración imprescindible de los ayuntamientos, así como favorecer la de cronistas e historiadores locales y potenciar la búsqueda de testimonios personales. En ese mapa se deben de incluir el máximo de datos que se conozcan.
•La señalización física y virtual (GPS) de las fosas comunes existentes fuera de los cementerios a fin de evitar su expoliación o desaparición.
•La exhumación, traslado y análisis de los restos, si así lo requieren los familiares, por parte de profesionales arqueólogos y forenses con la elaboración del informe pertinente.
•La constitución de una base de datos , de acceso público, con los nombres de aquellos ejecutados, asesinados, desaparecidos, exiliados, gaseados por los nazis, etc., que consten en registros, archivos oficiales en España y otros países, potenciando la colaboración de personas y organizaciones políticas, sindicales, culturales y sociales.
•La realización de unas Jornadas Técnicas dirigidas, fundamentalmente, a profesionales relacionados con esta temática para favorecer su colaboración y coordinación en todo este proceso de investigación y homenaje (historiadores y cronistas locales, archiveros, arqueólogos, forenses, geógrafos, abogados, periodistas, etc.) y a representantes de organizaciones políticas, sindicales y sociales.
Sevilla Septiembre 2003

Cecilio Gordillo Giraldo

Coordinador