Eloy Velasco, magistrado de la Audiencia Nacional, decidió procesar a seis presuntos miembros de ETA y a siete de las FARC pues, según se desprende de la lectura del auto, estas organizaciones habrían colaborado en el adiestramiento para el uso de armas y explosivos y ETA habría facilitado información a las FARC para que atentaran en España contra Álvaro Uribe, el ex-presidente de ese país Andrés Pastrana y otros políticos y diplomáticos colombianos residentes en España. En la primera de las imputaciones habrían contado con la cooperación del Gobierno venezolano, cuestión ésta que ha originado esta semana un nuevo episodio en la campaña mediática contra el Proceso Bolivariano, la petición por parte del Partido Popular, de ruptura de relaciones con Venezuela y la intervención inoportuna del Presidente del Gobierno español “exigiendo” explicaciones sobre un hecho no probado.

El auto, un galimatías de 26 páginas con una redacción horrorosa, imputa la colaboración del Estado venezolano en los hechos 2º y 6º, así como en el fundamento 8º y la parte dispositiva, basándose en las siguientes “pruebas”:

a) Antes de 1998 dos supuestos integrantes de ETA habrían pedido permiso a la organización para hacer pruebas de proyectiles en la selva colombo-venezolana.

b) El supuesto etarra, Arturo Cubillas Fontán, está casado desde 1990 con una venezolana de ascendencia vasca que ha ostentando cargos públicos en los gobiernos del Presidente Chávez, y él mismo desempeñó cargo público en el Ministerio de Agricultura y Tierras de  Venezuela “siendo responsable del colectivo de ETA en esa zona de América”.

c) Dos supuestos miembros de ETA impartieron a las FARC “en la selva venezolana”, un curso de manejo de explosivos, curso que posteriormente se repitió en el estado Zulia, al que viajaron “con el conocimiento y la compañía de una persona que vestía chaleco con escudo de la DIM [...] y de un vehículo escolta con militares venezolanos”. Por cierto, en esta comitiva iría nuestra compañera Remedios García Albert.

d) Estas tres “pruebas” anteriores dan lugar a que señor juez, en el fundamento 8º, después de pedir al Ministerio de Asuntos Exteriores que gestione la cooperación de los gobiernos de Cuba y Venezuela en la extradición de los imputados, afirme de forma gratuita que “obran diligencias en este procedimiento que ponen de manifiesto la cooperación gubernamental venezolana en la ilícita colaboración entre las FARC y ETA y en especial en el caso de Arturo Cubillas Fontán”, afirmación que repite en la parte dispositiva.

¿Cuáles son los fundamentos de derecho de este auto?

En el caso a), de los ensayos con proyectiles, la prueba es al parecer un documento judicial (71/99 del JCI 3 AN), un disquete informático incautado a un miembro de ETA, cuya fecha de última modificación es del 26 de julio de 1998 y la documentación incautada en el ordenador de Raúl Reyes. Esta prueba no es válida para implicar al Gobierno Bolivariano, pues Hugo Chávez asumió constitucionalmente la presidencia de Venezuela el 2 de febrero de 1999.

Como tampoco es válido, en el caso b), argumentar que el Gobierno Bolivariano acoge etarras en Venezuela. Los militantes o ex-militantes de ETA que residen legalmente en varios países americanos, como Cuba, Panamá o Venezuela, fueron desterrados allí  a raíz de las Conversaciones de Argel (1989) y, en el caso que nos ocupa, por acuerdo entre Felipe González y Carlos Andrés Pérez, para facilitar las negociaciones de paz del Estado español con ETA, por el que Venezuela acogería en su territorio a varios de los presos etarras que Francia había trasladado a Argelia. Desde su llegada a Venezuela, estas personas no han realizado actividad delictiva que se les pueda imputar y, por tanto, gozan desde entonces de libertad de movimientos y disfrutan de todos sus derechos de ciudadanía, incluido el de trabajar para la administración pública.

Cubillas se casó con una ciudadana venezolana y es venezolano desde mucho antes de que el Presidente Chávez accediera a la Presidencia. Si ha ocupado cargo público durante el Gobierno Bolivariano, será porque habrá tenido valía para ello, al igual que en España, donde antiguos militantes de ETA han ocupado cargos públicos o han militado en el PSOE, incluso alguno que había sido condenado a muerte por la dictadura franquista. El acusar a Venezuela de colaborar con ETA por permitir que antiguos militantes de esa organización ejerzan sus libremente derechos de ciudadanía, es tan absurdo como lo sería que, dentro de veinte años, Estados Unidos acusara a España de colaborar con Al Qaeda por acoger en su territorio a las personas deportadas de Oriente Medio a Guantánamo y de allí a nuestro país.

La prueba de que Cubillas es el responsable de ETA se fundamenta en varios correos electrónicos cursados por o para Raúl Reyes, incautados de su ordenador “tras el enfrentamiento de la Fuerza Aérea de Colombia [...] contra el campamento que el grupo terrorista colombiano tenía instalado en la frontera con Ecuador”; así como en los testimonios de cuatro guerrilleros “desmovilizados” a los que sólo menciona por su alias. Aquí el juez Velasco incurre en varios errores, alguno de los cuales invalidan el auto:

El supuesto ordenador de Raúl Reyes no fue recuperado tras un enfrentamiento con la Fuerza Aérea colombiana en la frontera con Ecuador: Lo que se produjo en marzo de 2008 fue el asesinato por parte de la aviación y el ejército colombiano de varios guerrilleros, muchos de los cuales dormían en ese momento, en una operación ilegal, pues violó la soberanía territorial ecuatoriana. Posteriormente los servicios de inteligencia colombianos entraron de forma también ilegal en el campamento asentado en Ecuador dijeron haber incautado varias pruebas, sin supervisión judicial, entre éstas, el ordenador que se atribuye a Reyes, que permaneció en poder de la inteligencia militar el tiempo suficiente para ser manipulado. Según la jurisprudencia sentada por el Tribunal Superior de Justicia español, las pruebas que se hayan obtenido de manera ilegal pueden invalidar el proceso y, en cualquier caso, no serán tenidas en consideración como hecho probatorio. En cuanto a los testimonios de los guerrilleros “desmovilizados”, su validez es inversamente proporcional a los beneficios que les haya otorgado el Gobierno colombiano por abandonar las armas, denunciar a sus antiguos compañeros y aportar “pruebas” fundadas o infundadas para colaborar con el régimen de Uribe.

Estos “desmovilizados” son los mismos que en el caso c), dan detalles de la cooperación de la DIM y el ejército venezolano en el traslado al estado Zulia de supuestos miembros de ETA para entrenar a las FARC. Son afirmaciones sin ningún sustento probatorio aportadas por unas personas encubiertas bajo un alias, que a nuestro juicio no tienen validez alguna y menos aún, cuando en esos testimonios se señala a una defensora de los Derechos Humanos y trabajadora incansable por la paz en Colombia, como integrante de la comitiva en su calidad de miembro de las FARC, cuando lo cierto es que Remedios estaba en España en esos momentos. No se pueden entender estos testimonios más que como parte de las maniobras del gobierno de un individuo, señalado con el número 82 en la lista norteamericana de narcotraficantes, para fomentar la desestabilización de la región conforme a los intereses imperialistas, y su propio interés en permanecer al frente del Estado para evitar así los tribunales internacionales, donde seguramente se introducirían causas por genocidio contra él en cuanto dejara de estar aforado.

En este lamentable auto, se señala con nombre y apellidos a una ciudadana venezolana sin imputación en ningún hecho delictivo, pero que ha cometido el error de, llevar apellidos de origen vasco, casarse con un deportado por los acuerdos de las Conversaciones de Argel y trabajar para el Gobierno Bolivariano. Su actividad como funcionaria pública y especialmente la de su marido, sirven de argumento al juez para señalar al Estado venezolano como cooperador con ETA y las FARC. Es como si al Estado español se le acusara de cooperar con los malversadores, estafadores y defraudadores fiscales, por colocar al frente de la Dirección General de la Guardia Civil a un chorizo como Luis Roldán.

Si el Juez Velasco está convencido de la cooperación del Gobierno Bolivariano con ETA, su obligación es la de abrir un procedimiento penal por el delito de colaboración con banda armada contra el Estado venezolano; si no lo hace, es porque no tiene ninguna prueba que lo sustente. La coletilla añadida en el fundamento 8º y la parte dispositiva se convierte entonces en una simple opinión personal del firmante del auto, opinión que este señor es muy dueño de tener pero, insertada como lo ha hecho en un documento judicial, sin ningún fundamento o en el caso de haberlo, sin abrir el procedimiento oportuno, podría constituir un delito.

El juicio mediático

Estos detalles son omitidos por los medios de DESinformación españoles, embarcados desde hace tiempo en una bien orquestada campaña mediática contra el Presidente Chávez y el Gobierno Bolivariano de Venezuela. En este caso, están haciendo por Velasco lo que él no puede hacer por procedimientos legales: un juicio, esta vez mediático sin defensa ni apelaciones, contra las instituciones democráticas venezolanas. Siguiendo la misma táctica que el narcotraficante 82, están apostando por la desestabilización de la región, dificultar los procesos de emancipación popular y la unidad de América Latina, y erosionar la imagen del Gobierno Bolivariano precisamente el año en que en Venezuela hay elecciones a la Asamblea Nacional.

Estos medios (El País, ABC, El Mundo, Público, La Razón, Cadena Ser, COPE... las emisoras de televisión incluida TVE, que todos pagamos con nuestros impuestos) han convertido al ofendido en ofensor y están utilizando a ETA, en su campaña contra Venezuela, de la misma forma que a nivel mundial se utiliza el terrorismo islámico para invadir estados incómodos, con el fin de crear matrices de opinión asumidas de forma acrítica, después de haber eliminado la capacidad de razonamiento y de respuesta en la ciudadanía. Como se dice en la viñeta de Komikelx, en Kaosenlared.net: “Ya queda menos para que les encontremos las armas de destrucción masiva”.