En Colombia existe, desde hace más de sesenta años, una guerra interna originada por las injustas desigualdades sociales y particularmente por la desposesión sistemática de las tierras a la población campesina, en beneficio de la oligarquía local, las empresas trasnacionales y, de forma indirecta, del narcotráfico, fenómeno que ha contribuido en gran medida a la degradación de la situación del país y a la escalada del conflicto.

El secuestro y asesinato sin distinción de edad o sexo, de campesinos, indígenas, dirigentes sindicales y políticos, miembros de organizaciones de derechos humanos y otras personas cuyo delito ha consistido en defender sus derechos sociales, económicos o políticos, ha convertido a Colombia en un país donde existen alrededor de cuatro millones de desplazados internos, lo que representa un 10 por 100 de su población, además de una gran cantidad de desplazamientos externos, llámense exilados y refugiados políticos o emigrantes económicos.

Los grupos insurgentes surgieron hace más de cinco décadas como respuesta a las agresiones de los aparatos de estado contra la población campesina. La respuesta a la insurgencia ha sido la acción militar por parte del Estado y la paramilitar, consentida por éste y auspiciada por la oligarquía. La situación ha terminado enquistándose, sin posibilidad de victoria para ninguna de las partes en conflicto, salvo que la que cuenta con más recursos bélicos y el apoyo de los Estados Unidos, termine por cometer un genocidio aún mayor que el que en su día se cometió contra la Unión Patriótica.

De ahí la necesidad y oportunidad del llamamiento del Presidente Chávez, para que se reconozca a nivel internacional a la insurgencia como fuerza beligerante, para facilitar una solución negociada del conflicto, y sus gestiones para conseguir un intercambio humanitario de las personas retenidas por ambos bandos.

Contrariamente a lo difundido por los medios de desinformación, españoles y extranjeros, y por la corte de contertulios papanatas de los espacios de opinión radiales y televisivos, la mediación del Presidente Chávez para lograr el intercambio humanitario en Colombia no se inicia como respuesta a la pérdida del referéndum para la reforma constitucional del 2 de diciembre pasado; no es, como vienen afirmando, una estrategia para recuperar la credibilidad que dicen ha perdido.

La mediación del Presidente Chávez se inicia a petición de la senadora colombiana Piedad Córdoba el 5 de agosto, diez días antes de que presentara ante la Asamblea Nacional su propuesta de reforma constitucional.

Tras recibir autorización de Álvaro Uribe, presidente de Colombia, para que actuara como facilitadora para buscar un acuerdo humanitario, la senadora Córdoba se reunió con el Presidente Chávez el 16 de agosto, para concretar su participación como mediador entre el Gobierno colombiano y las FARC, y el resultado de esa reunión le fue comunicado a Uribe telefónicamente por el Presidente Chávez.

Cuatro días después, el Presidente Chávez recibió en Miraflores a varios de los familiares de las personas retenidas por las FARC, tras la cual, envió un mensaje al líder guerrillero Manuel Marulanda, instándole a un proceso de intercambio, mensaje que reitera cinco días después.

El último día del mes de agosto, el Presidente Chávez se reúne con Álvaro Uribe en territorio colombiano. En la rueda de prensa posterior al encuentro,  Uribe agradeció la voluntad del presidente Chávez de ayudar a Colombia para llegar a un proceso de paz y apoyó su gestión como mediador en el mismo. Era la primera vez que Colombia aceptaba la mediación de Venezuela para buscar un acuerdo humanitario.

En septiembre los presidentes Ortega, de Nicaragua, y Lula Da Silva, de Brasil, comunican al Presidente Chávez su apoyo en la gestión humanitaria. Posteriormente, durante la II reunión del Consejo de Ministros del ALBA, celebrada en La Habana, Bolivia y Cuba sumaron sus apoyos a los anteriores.

El Presidente Chávez realizó un tercer llamamiento público al comandante de las FARC, Manuel Marulanda, el 16 de septiembre, llamamiento al que éste respondió por escrito dos días después.

A finales de septiembre, el gobierno colombiano, a través del Comisionado para la Paz Luis Carlos Restrepo, reiteró su confianza y respaldo al Presidente Chávez y a la senadora Córdoba, en su mediación humanitaria. En Miraflores fueron recibidos los familiares de los retenidos de nacionalidad estadounidense, el presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, el secretario de la Comisión Nacional por la Conciliación y la Paz de Colombia y la madre de Ingrid Betancourt.

A principios de octubre el Presidente Chávez recibió en Miraflores al director para América de la Cancillería francesa. Tras la reunión se anunció que se encontraban en Venezuela unos delegados del secretariado de las FARC, a quienes encomendó transmitieran a Marulanda que debía aportar una prueba de vida de Ingrid Betancourt.

Uribe autorizó al Presidente Chávez, el 19 de octubre, a que se reuniera con Marulanda, bajo condiciones especiales, negándose a despejar un espacio en la selva donde pudieran entrevistarse con el  fin de conseguir la liberación de los  prisioneros y sentar las bases para posteriores encuentros capaces de lograr la paz, y fijó el 31 de diciembre como fecha límite para su acción medidora. Diecinueve días después el Presidente Chávez confirmó que se había reunido con un emisario de Marulanda a fin de alcanzar un acuerdo de liberación de 45 personas en poder de las FARC por unos 500 guerrilleros detenidos.

El 21 de noviembre Álvaro Uribe anunció que había decidido cesar la mediación del Presidente Chávez y la facilitación de la senadora Córdoba con las FARC, argumentando existía un riesgo de la seguridad democrática de Colombia. Pocos días después, los servicios de inteligencia colombianos interceptaron y detuvieron a los correos humanitarios que trasladaban las pruebas de vida de los rehenes en manos de las FARC, demostrando, como afirmó el Presidente Chávez, que Uribe no estaba interesado en su liberación.

Tras el referéndum constitucional, el Presidente Chávez recibió en Miraflores a la senadora Piedad Córdoba y a la madre y hermana de Ingrid Betancourt, a quienes ratificó su compromiso de continuar los esfuerzos para conseguir la paz en Colombia y la la liberación de las personas rehenes de las FARC.

A mediados de diciembre las FARC anunciaron la liberación de tres personas "como muestra incuestionable de la esperanza depositada en el papel de mediador que adelantaba el jefe del Estado venezolano". El plan de rescate fue presentado el 26 de diciembre y se solicitó autorización al gobierno colombiano para llevarlo a cabo, quien lo acepto bajo la condición de que las aeronaves venezolanas que entraran en territorio colombiano llevaran el emblema de la Cruz Roja Internacional, y designó al Comisionado de Paz, Luis Carlos Retrepo, como representante colombiano en la operación humanitaria, que fue bautizada por el Presidente Chávez como Operación Emmanuel.

Las FARC anunciaron el 3 de febrero que entregarán al Presidente Chávez otros tres rehenes, liberación que en el momento de escribir estas líneas no se ha producido aún, ni sabemos en que estado están las negociaciones.

Uribe había organizado unos días antes una gira por Europa para recabar apoyo político y asegurarse que no se produciría un reconocimiento internacional de las fuerzas insurgentes, con el fin de hacer fracasar la solución negociada al conflicto, pues su opción es la de conseguir una victoria militar contundente, conforme a las exigencias históricas del imperialismo. El Plan Colombia y demás planes definitivos ha consolidado las continuas violaciones a los Derechos Humanos, las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y masacres, las deportaciones de población civil y el asesinato de dirigentes populares. La política contrainsurgente de los diferentes gobiernos, el de Uribe en particular, ha convertido al pueblo colombiano en víctima del propio Estado.