A última hora del jueves 28 de octubre, el gobierno golpista hondureño aceptó firmar un acuerdo con los negociadores del presidente Manuel Zelaya, para que el Congreso se pronuncie sobre la restitución del presidente legítimo de Honduras.

Manuel Zelaya valoró en acuerdo como un triunfo para la democracia hondureña, ya por el sólo hecho de que se reconozca "la necesidad de retrotraer los poderes del Estado al 28 de junio del 2009" y resaltó más tarde, que "el acuerdo firmado debe representar la una garantía para que el sentido de la interrupción democrática que significan los gobiernos de facto sean experiencias que no las volvamos a repetir en Honduras". Asimismo, consideró que el éxito conseguido en la mesa de diálogo, se debió en gran medida a mediación de la misión estadounidense, "al igual que los oficios de la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea y todos los países de América".

El acuerdo contiene ocho puntos, entre ellos la instalación de un gobierno de reconciliación formado por los cinco partidos representados en el Congreso, rechazo a la amnistía política, reconocimiento de las elecciones presidenciales previstas para el 29 de noviembre, la transferencia de las Fuerzas Armadas al Tribunal Supremo Electoral, la creación de una comisión internacional de verificación para el cumplimiento de los acuerdos, y de una comisión "de la verdad" que investigue los sucesos anteriores y posteriores al 28 de junio, la solicitud a la comunidad internacional de que anule las sanciones y la vuelta de Manuel Zelaya siempre que la decida el Congreso Nacional previo dictamen de la Corte Suprema de Justicia.

La comisión que representa al golpista Micheletti aceptó la exigencia planteada por la que representa al Presidente Zelaya, en el sentido de que fuera el el Congreso Nacional quien decida su restitución, pero impuso que previamente a la votación del legislativo, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitiera un informe al respecto. Las negociaciones se habían suspendido la semana anterior debido precisamente a que los golpistas exigían que fuera la CSJ quien decidiera sobre la restitución, mientras que la comisión del presidente legítimo exigía que fuera el Congreso.

No obstante, el informa de la CSJ no es vinculante y el Presidente Zelaya podría conseguir la restitución por el Congreso si a los votos de los parlamentarios del grupo nacionalista se sumaran los quince diputados disidentes del Partido Liberal y los seis de Unificación Democrática.

El acuerdo no especifica, sin embargo, plazo para que el Congreso de reúna y pronuncie sobre el tema, lo que está poniendo nerviosa a la delegación del Presidente Zelaya, pues a dos días de la firma del acuerdo el presidente del Congreso no ha fijado aún la fecha de la sesión, en contraste con la actuación que tuvo el 28 de junio, que en sólo dos horas lo convocó para legitimar al golpista Micheletti.

Eva Golinger, abogada venezolano-norteamericana, manifestó hoy en unas declaraciones que la situación en Honduras no se puede aplaudir ni felicitar, pues se están cumpliendo los planes del gobierno norteamericano, que según expresó estuvo detrás del golpe de estado, para el que había trazado dos planes: Si la comunidad internacional no se pronunciaba contra el golpe, reconocería al gobierno de facto, pero como se pronunció en contra, se activó el plan B consistente en alagar el golpe e imponer el acuerdo a la fuerza, "quitando de las manos la justicia al pueblo hondureño".

Goliger advirtió en esta entrevista concedida a TeleSur, que la situación puede repetirse en otros países, concretamente en Nicaragua, donde los medios oligárquicos están ya difundiendo la matriz de que la democracia está amenazada, tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia nicaragüense permitiendo la reelección.

Fuentes: YVKE Mundial, TeleSUR, Público y El Libertador.