El 1 de marzo, con nocturnidad y alevosía, las fuerzas aéreas colombianas bombardearon un campamento temporal de combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que se encontraba en territorio ecuatoriano a dos kilómetros de la frontera con el estado agresor. El grupo de combatientes fue sorprendido mientras dormía por la acción militar colombiana, que empleó tecnología punta para localizar las coordenadas del emplazamiento, presumiblemente con el apoyo logístico de Estados Unidos e Israel.

Tras el bombardeo, fuerzas aerotransportadas colombianas penetraron en territorio ecuatoriano para rematar a los supervivientes y llevarse al menos dos cadáveres, los de Julián Conrado y Raúl Reyes, responsable de relaciones internacionales de las FARC, abandonando los cadáveres de los diecinueve combatientes restantes.

Raúl Reyes era la segunda persona en el orden jerárquico de las FARC, y venía actuando como portavoz de las mismas en las gestiones internacionales en favor de un acuerdo humanitario que posibilitara el canje de prisioneros del estado colombiano por rehenes de la guerrilla. El emplazamiento guerrillero fue localizado mediante elementos de precisión similares a los empleados por Israel en sus ataques selectivos contra la resistencia palestina y se especula con la posibilidad de que las coordenadas del emplazamiento pudieran haber sido localizadas a través de la señal de su teléfono satelital, mientras mantenía conversaciones para la liberación de los cuatro últimos rehenes liberados, que fueron entregados a Venezuela, o bien las conversaciones en curso tendentes a liberar a doce rehenes más, entre ellos la francocolombiana Ingrid Betancourt.

Tras la operación militar, el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, llamó por teléfono al Presidente Correa para comunicarle que el ejército colombiano durante un combate con las FARC, se había visto obligado a adentrarse en territorio ecuatoriano, donde se habrían replegado los guerrilleros, y que como resultado de la acción había resultado muerto Raúl Reyes. Sin embargo, cuando el ejército ecuatoriano llegó a la zona, pudo comprobar que el emplazamiento había sido bombardeado selectivamente desde el aire en dirección sur-norte, por lo que la aviación debió adentrarse por lo menos 10 kilómetros en territorio ecuatoriano, tras el bombardeo entraron en territorio ecuatoriano varios helicópteros de la fuerza aérea colombiana, que continuaron el ataque y de los que descendieron varios comandos que remataron a los guerrilleros heridos, según queda demostrado por las balas alojadas en sus cuerpos; varios cadáveres fueron encontrados apilados en una zona del campamento con impactos de bala por la espalda; los combatientes insurgentes se encontraban en ropa interior y con el armamento apilado, por lo que no tuvieron ocasión de acceder al mismo para defenderse, fueron masacrados mientras dormían y no en acción de combate y. por tanto, queda claro que Uribe mintió a Correa cuando le hizo creer se trató de una “operación en caliente”: fue una acción deliberada de asesinato y violación del espacio de soberanía ecuatoriano.

Tras denunciar que Uribe había intentando engañarle y comprobar que el estado colombiano había violado la integridad territorial ecuatoriana, el Presidente Correa ordenó movilizar tropas hacia la frontera norte, con el fin de repeler cualquier nueva agresión. Por su parte, el Presidente Chávez ordenó movilizar diez batallones, con vehículos blindados, hacia la frontera e informó al de Colombia que cualquier acción similar que pudiera ser perpetrada en territorio venezolano sería considerada “causa de guerra”, pues no permitirá que dicho estado actúe en América como el de Israel, bombardeando países vecinos con el pretexto de la defensa propia. Ambos estados han roto relaciones diplomáticas con Colombia y  expulsado a los respectivos embajadores.

Al verse desenmascarado Uribe ha lanzado una ofensiva internacional: En un comunicado emitido por la Presidencia colombiana, manifiesta “su preocupación" por los "acuerdos que puedan existir entre el grupo terrorista de las FARC y los Gobiernos de Ecuador y Venezuela, que violan la normatividad internacional en su prohibición a los países de albergar terroristas", acusando al Presidente Correa de tener “vínculos con la guerrilla de las FARC” y al Presidente Chávez de financiar a la guerrilla, anunciando presentaría una denuncia contra él ante la Corte Penal Internacional.

Con esta operación, además de asentar un duro golpe a la insurgencia colombiana, se intenta boicotear los esfuerzos internacionales y de importantes sectores de la sociedad civil colombiana, para lograr una salida negociada un conflicto armado que lleva enquistado más de cuatro décadas en Colombia. Ni el gobierno de este estado, ni el de Estados Unidos –que le provee de armamento, bases militares y asesoramiento militar-, están interesados en una salida negociada que pudiera poner en peligro la intrincada trama que existe entre los gobernantes, el narcotráfico, el paramilitarismo y la oligarquía colombianos, en connivencia con los intereses de las grandes trasnacionales de matriz norteamericana. Es más, tras las declaraciones de los cuatro liberados del pasado 27 de febrero, que informaron de que la que fuera candidata presidencial tenía la voluntad de presentarse nuevamente a las elecciones presidenciales una vez liberada, con un programa de paz, es creíble la acusación que determinados observadores lanzan contra Uribe, en el sentido de que ha optado por bloquear el proceso de entrega de rehenes con el fin de impedir el rescate con vida de Betancourt.

En el momento de redactar este resumen, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) estaba reunido para encontrar una solución política al conflicto. En esta reunión, la canciller de Ecuador pidió la condena del gobierno de Colombia por violar las leyes internacionales y soberanía de su país. Sin embargo, tras seis horas de debates y negociaciones y ante la falta de consenso entre los estados miembros, la reunión su resuspendida hasta el día siguiente (5 de marzo).

En la segunda sesión del Consejo Permanente de la OEA, se reconoció que Colombia había violado la soberanía territorial ecuatoriana, pero no se emitió condena en su contra, por lo que el asunto fue llevado a la XX Cumbre de Jefes de Estado de Río, que se celebró el 7 de marzo en República Dominicana.

Fuentes: Agencia Bolivariana de Noticias, Agencia Bolivariana de Prensa, Aporrea, El Mundo, El País, Insurgente, Kaos en la Red, Piensa Chile, Prensa Latina, Rebelión, Vamos a Cambiar el Mundo, 20 minutos.