El Plan Puebla-Panamá
Intervencionismo y colonización
CARLOS FAZIO*
El Plan Puebla Panamá (PPP) forma parte de un programa integral que combina intervencionismo político, económico y militar, pero que la retórica y la propaganda oficial presenta como un plan de pacificación, desarrollo y creación de empleos.
El PPP es una manifestación genuina del capitalismo contemporáneo, y como tal se inscribe en un vasto y renovado proceso de privatización y trasnacionalización del sureste mexicano y todo el istmo centroamericano.
En rigor, forma parte de un proyecto de alcance geoestratégico continental e imperial de Estados Unidos, en el que participan sectores del gran capital financiero, consorcios multinacionales y las oligarquías de los países del área México-Centroamericana. Uno de sus objetivos principales es asegurar la explotación del trabajo y los recursos geoestratégicos de la región, y consolidar la penetración de las compañías trasnacionales con casa matriz en Estados Unidos.
El PPP no es proyecto nuevo y su autoría intelectual no está en México sino en Washington. Es la segunda fase del viejo proyecto geoestratégico de la era Reagan, concretado inicialmente en el Tratado de Libre Comercio (TLC), que desde 1994 opera bajo la batuta estadounidense, y asume ahora la forma de un caballo de Troya de la administración Bush, en función de la creación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), prevista para el 2005. En la nueva fase de expansionismo imperial, el ALCA es la herramienta continental (abarca de Alaska a la Patagonia) que Estados Unidos necesita en la competencia interimperialista por los mercados con Japón y Europa. El gobierno de Vicente Fox participa de manera subordinada a los intereses de la Casa Blanca, de Wall Street y de las empresas multinacionales con casa matriz en Estados Unidos. La función destinada a Fox es la de "vendedor" y/o "enganchador" de las oligarquías del área.
En la coyuntura, el "apuro" de la administración Fox por lanzar el Plan Puebla-Panamá no estuvo ligado con las prioridades nacionales sino con los intereses estadounidenses, ante la Cumbre Presidencial de las Américas, que se celebró en Quebec, en abril. En negociaciones secretas y con la complicidad de varios gobiernos del área, Washington había venido presionando desde mediados del año pasado para correr la fecha del lanzamiento del ALCA del 2005 al 2003; el PPP intentaba ser presentado como un ejemplo de que "sí se puede" instrumentar planes regionales de "desarrollo" y generación de "empleos".
Igual que en el Plan Colombia, el propósito de Estados Unidos con el PPP es intervenir en el conflicto político y social de México, para imponer y favorecer a las trasnacionales del petróleo (muy ligadas a la administración Bush), así como acelerar la privatización de las terminales aéreas y portuarias, la energía eléctrica, el agua, el gas y Pemex; proteger a los terratenientes empeñados en el desarrollo agroindustrial y ganadero extensivo con una nueva contrarreforma agraria, en perjuicio de los propietarios indígenas del sureste y, de paso, apoderarse sin restricciones de las materias primas y la enorme riqueza en biodiversidad de la Selva Lacandona, los Chimalapas en Oaxaca y el Corredor Biológico Mesoamericano, que llega hasta Panamá.
De manera más clara, desde el gobierno de Miguel de la Madrid, para la Casa Blanca y el Capitolio, todo lo que ocurre en México es considerado un asunto doméstico. En ese sentido, el PPP responde a los intereses estratégicos y de "seguridad nacional" de Estados Unidos (libre acceso al petróleo, gas natural, electricidad, agua; regulación del narcotráfico y la migración ilegal; control del mercado interno por las trasnacionales). A la vez, forma parte de un reposicionamiento geoestratégico del Pentágono en América Latina, ante el descontento popular creciente producido por las políticas neoliberales y eventuales brotes de violencia. A eso responde, en el caso mexicano, la militarización y paramilitarización de estados como Chiapas, Oaxaca y Guerrero, bajo asesoría castrense estadounidense, así como la previsión de la Secretaría de la Defensa, de instalar un contingente militar de 12 mil soldados norteamericanos en Guatemala; sin duda, una pinza ad hoc de frente a la insurgencia zapatista y otras guerrillas que puedan operar en el sureste mexicano.
Que el componente represivo-militar del PPP es de tipo contrainsurgente, lo atestiguan declaraciones de varios funcionarios del Gobierno mexicano, incluido el Secretario de Gobernación, Santiago Creel, quien implícitamente lo reconoció al diario The Washington Post. A su vez, el propio responsable del proyecto, Florencio Salazar, admitió que el mismo tendrá aplicación en una zona de alta marginalidad económica y "potencial conflictividad" social, cuna tradicional de grupos armados. Todo lo cual representa "un amago serio a la integración nacional". El manido fantasma de la "balcanización" o la supuesta propensión al "separatismo", que la propaganda gubernamental y legisladores del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional han endilgado al zapatismo.
Un asunto vital para Estados Unidos, respecto a garantizar el consumo interno y la marcha de sus industrias, es el energético. La prioridad quedó asentada en la "Declaración de México", emitida por la Conferencia Hemisférica de Ministros de Energía, celebrada aquí a comienzos de año, y fue retomada en la Cumbre de Quebec por el Presidente Bush, cuando volvió a lanzar la vieja idea de concretar una "integración energética norteamericana". Dicha alianza entre el tiburón y la sardina es una forma de disfrazar el suministro de energía al centro del poder imperial y garantizar sus intereses de seguridad nacional. Se trata de otra faceta del viejo proyecto de un "Mercomún Petrolero del Norte", impulsado por Ronald Reagan a comienzos de los años ochenta, con base en las fuentes de hidrocarburos de Canadá y México, que fue preludio del TLC.
Dos instrumentos clave para la puesta en marcha del PPP son el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Junto con el Fondo Monetario Internacional (FMI), las tres instituciones, con sede en Washington, conforman el andamiaje financiero internacional de lo que James Petras llama "la legión extranjera imperial". Son las organizaciones que utilizaron en los años ochenta la Casa Blanca y los acreedores de Wall Street para imponer a nuestros países el dogal de la deuda externa. El 4 de marzo, Jacques Rogozinski, el "mago" de las privatizaciones salinistas y actual Director General de la Corporación Interamericana de Inversiones, que depende del BID, anunció que esa institución destinará "importantes recursos" para integrar a Centroamérica y a México con infraestructura empresarial. De acuerdo con documentos oficiales, el apoyo inicial del BID al PPP será de dos mil millones de dólares. El año pasado, México captó 25% del financiamiento regional del BID (10 mil millones de dólares). En ese sentido, el PPP es un proyecto que servirá para gestionar créditos, es decir, para acumular más deuda. Washington seguirá utilizando la política de la deuda como un arma de dominación al servicio de sus intereses imperiales.
¿PPP, mare nostrum imperial?
En México, el Plan Puebla-Panamá es la continuación del proyecto de "globalización" y "desarrollo" que la oligarquía financiera local viene instrumentando desde el gobierno de Carlos Salinas, bajo las recetas del FMI, del BM y del BID. Fuera retórica y los usos orwellianos del discurso, se trata de un renovado proceso de colonización salvaje del sureste; una nueva imposición vertical y autoritaria desde el poder, sobre la población trabajadora y campesina, ahora bajo signo foxista.
A su vez, y tras la firma del TLC con Estados Unidos y Canadá, México ha suscrito una serie de tratados y convenios de "cooperación" regional y acuerdos de "libre comercio" con varios países de la región. En la "nueva frontera" del PPP –que irá del Istmo de Tehuantepec a Puerto Colón, en Panamá–, los países miembros deberán coordinar y armonizar los marcos regulatorios, desregular los mercados, eliminar las restricciones a la competencia, remover barreras de entrada a los mercados y modificar políticas de precios, tarifas y subsidios (a los pobres). Fox, tras el lanzamiento del proyecto en El Salvador y Panamá, en mayo pasado, quedó como el administrador del changarro subregional; el cacique encargado de ver que las "reformas" se concreten.
De no mediar una oposición organizada y coordinada de los pueblos de México y Centroamérica, es previsible que tras los "ajustes" de marras y con la implantación de un modelo de especialización excluyente, las empresas norteamericanas tomarán el mando de los sectores de mayor valor agregado, y las compañías maquiladoras y agroindustrias instaladas en esa región (muchas de ellas de capital extranjero) quedarán relegadas a la condición de meras ensambladoras y/o proveedoras de materias primas y productos agropecuarios no manufacturados. Además, eliminada la producción interna, los proveedores estadounidenses operarán bajo condiciones que les permitirán arbitrar el precio que consideren más conveniente.
En la etapa actual, en su porción mexicana, el PPP está concebido como un proyecto de infraestructura empresarial que se inscribe en un Plan de Seguridad Nacional. Según la poca información oficial, uno de los objetivos de corto plazo del PPP será crear corredores multinodales carreteros, ferroviarios y portuarios, a lo que se sumará el acondicionamiento de aeropuertos del sureste, la instalación de gasoductos y de empresas ensambladoras para generar "cadenas productivas".
Uno de los componentes básicos del PPP es la "integración" del istmo de Tehuantepec, viejo sueño que Estados Unidos persigue desde hace casi dos siglos. De acuerdo con documentos oficiales, sobre esa área de interés geopolítico girará todo el proyecto en su parte mexicana. La zona del Istmo será rearticulada en función de la industria de exportación de Estados Unidos, volcada sobre la parte este de su territorio (de cara al Atlántico), que utilizará los territorios de México y Centroamérica para colocar su producción en el Océano Pacífico, donde está hoy el motor de la economía mundial. De consumarse el proyecto, el Golfo de México será convertido en un mare nostrum en función de los intereses imperiales.
El changarrismo social de Fox
Por otra parte, la ideología del changarrismo social, impulsada por el Presidente Fox, intenta disfrazar una política de superexplotación de la mano de obra indígena maya. El destino de país maquilador que está implícito en el Plan Puebla-Panamá se basa, entre otras cosas, en la "ventaja comparativa" de una abundante fuerza de trabajo sin capacitación. Ergo, barata. Ejército de reserva que en las zonas periféricas del mundo, según Noam Chomsky, se desempeña hoy en condiciones similares a la de los trabajadores del siglo XIX; es decir, de semiesclavitud. Lo que responde al interés de las maquiladoras, que vienen amenazando con abandonar la franja ensambladora del norte del país, ante "los altos costos de producción, la excesiva regulación, el encarecimiento de la mano de obra y la defectuosa infraestructura".
Como ha explicado Theotonio dos Santos, en la racionalidad fundamentalista de los neoliberales, el costo del trabajo es una limitante de la inversión. Cuanto más bajo y más disponible sea el trabajo, mejor será para la inversión. De tal modo que para evitar que las maquiladoras dejen el país en busca de otros mercados, el Presidente Fox habilitará el sureste mexicano con una política de exenciones fiscales y subsidios a las empresas que allí se instalen (parques industriales, energía, carreteras), y ofreciéndoles mano de obra abundante, con sueldos de ganga y sin beneficios sociales.
La articulación de espacios tributarios para el abastecimiento de materias primas, capital y mano de obra barata, exhibe una de las fórmulas esenciales del modelo hegemónico vigente, santificada por el TLC: libre tránsito de capitales y mercancías, pero no de personas. En la fórmula de la dominación para la explotación: desregulación/mano de obra barata/acceso a mercados/recursos naturales/acumulación y repatriación de capital, el trabajador atomizado, desprovisto de su carácter de actor social colectivo y solidario, sirve para producir ganancias que serán transferidas a las casas matrices de las trasnacionales y/o pagar la deuda externa.
En todo el mundo, el "libre mercado" requiere cada vez más de la militarización de las fronteras para impedir el paso a los trabajadores migrantes. Eso se vincula con la "flexibilidad del mercado laboral", componente esencial de todos los programas del Banco Mundial. Es su "reforma" más importante, pese a que reconoce su "mala reputación". En realidad, la "flexibilidad" es un eufemismo que alude a la reducción de los salarios y el despido de los trabajadores. El BM viene demandando que se eliminen las barreras a la movilidad laboral y a la flexibilidad salarial. Pero como explica Chomsky, eso no quiere decir que los trabajadores puedan ser libres de ir allí donde deseen; implica que puedan ser despedidos libremente de sus trabajos. "Quieren eliminar las barreras para echar a la gente de sus trabajos y conseguir una flexibilidad salarial que significa flexibilidad hacia abajo, no hacia arriba."
Allí radica, precisamente, una de las mayores contradicciones de la actual economía mundializada: la fuerza de trabajo no capacitada no se ha "globalizado". Existen hoy más restricciones para moverse a través de las fronteras nacionales que en 1913. Con algunas perlas de cuño foxista: la nueva política "humanitaria" de la cancillería de Tlatelolco calificó como un gran "logro", que la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos utilizará balas de goma pepper launch (de polvo picante, que provoca irritación en ojos y pulmones) para disparar a los trabajadores migrantes que crucen ilegalmente la frontera. Eso forma parte de los "compromisos" arrancados por Jorge Castañeda al Departamento de Estado.
En forma paralela a la militarización de la frontera norte por Estados Unidos, y como parte de esos "compromisos", México sumará ahora otras dos barreras militarizadas para la contención de migraciones internas y externas, según declaró el Secretario de Gobernación, Santiago Creel, al diario The Washington Post (junio 18, 2001). El influyente periódico estadounidense adjudicó al titular de Bucareli, la afirmación de que junto con el "reforzamiento" de la frontera sur se desplegarán "grupos de elite" de militares y policías en los puntos más críticos del Istmo de Tehuantepec; lo que explica los cursos de contraguerrilla de la Armada y el adiestramiento de cuerpos de elite del Ejército mexicano por los kaibiles guatemaltecos.
Como fue publicitado después, en medio de una polémica, el primer filtro migratorio (Plan Sur), se establecerá en la frontera con Belice y Guatemala, y servirá para contener y administrar el flujo de trabajadores ilegales de Centro y Sudamérica, que utilizan el territorio mexicano como paso hacia Estados Unidos. El segundo muro se instalará en el corredor transístmico Coatzacoalcos-Salina Cruz, y se usará para interceptar y regular el tránsito de trabajadores mexicanos… en su propio país. Se cumplirá así el viejo anhelo de los "tanques pensantes" ultraconservadores republicanos, de correr la franja maquiladora de la frontera norte al centro de México (Documento de Santa Fe II, 1990). Es decir, el Plan Puebla-Panamá como un arma de contención antiinmigrante. Lo que las autoridades de Estados Unidos y México definen como un plan para regular "una migración segura y ordenada", en el marco de "una responsabilidad compartida". Un triple sellamiento fronterizo (el eje Coatzacoalcos-Salina Cruz será el lindero que dividirá los dos Méxicos, el del norte y el del sur), para que fluya el "libre comercio" (capitales y mercancías), pero no los trabajadores; con Fox haciéndole el trabajo sucio a Estados Unidos.
La cara contrainsurgente
El Plan Puebla-Panamá oculta también un proceso de contrarreforma agraria, vinculado con la destrucción de ramas industriales ligadas a los productos del campo iniciada bajo el salinato. Como se señala en los documentos base del PPP, el plan impulsará nuevas reformas del artículo 27 constitucional, con el objetivo de enajenar tierras que hoy están bajo régimen ejidal o son de uso comunal para, una vez privatizadas, destinarlas a una agricultura de plantación, que necesita de grandes extensiones para cultivarlas de manera tecnificada. Dicho proceso llevará a un nuevo régimen de latifundios, en beneficio de los monopolios y oligopolios multinacionales, nacionales y extranjeros, que se han propuesto transgenizar y controlar la producción alimentaria del planeta. Una parte oculta del PPP es permitir la biopiratería de multinacionales y fundaciones como DuPont, Pulsar, Monsanto, Novartis y Diversa.
La multipublicitada política de changarrismo social y la contrarreforma agraria, son dos caras de una misma moneda. Como hemos venido exponiendo, con la zanahoria del "desarrollo" y la "creación de empleos", el PPP pretende convertir a los campesinos indígenas del sureste en asalariados superexplotados de fábricas maquiladoras urbanas o semiurbanas o de plantaciones de monocultivos para la exportación. Uno de los objetivos primordiales de tal política es desplazar a los campesinos indígenas del campo a la ciudad ("desruralizar" el país, indica el proyecto), con el objetivo de separarlos de sus tierras y los recursos naturales que hay sobre y bajo ellas.
Otra fórmula "novedosa" que contiene el PPP es la "asociación" de empresas de inversionistas tipo Romo, Slim o Zambrano (multimillonarios de la lista de la revista Forbes) con agricultores de la región, sean ejidatarios, comuneros o pequeños propietarios. Según contempla el plan, estos últimos pondrán la tierra como capital y contarán con la "opción" de trabajar en su propiedad a cambio de un salario. Otra vez la fábula del tiburón y la sardina.
El Plan Puebla-Panamá es la antítesis de los Acuerdos de San Andrés, plasmados de manera parcial en la Ley Cocopa que dijo impulsar el Presidente Fox, pero que fue "rasurada" de manera conveniente para los latifundistas y empresarios inversionistas, por el dúo Fernández de Cevallos-Bartlett en el Senado de la República. En esa variable, el PPP forma parte de la última fase del plan de contrainsurgencia en Chiapas y otros estados con mayoría de población indígena del sur de México, en particular Guerrero y Oaxaca.
El modelo, más visible en Chiapas por la resonancia internacional del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), fue primero represión, guerra sicológica y acción cívica, y después, cerco de exterminio militar y de silencio y hambre, guerra sucia y paramilitarización del conflicto. La cúspide represiva, con rasgos de "escarmiento" paralizador, se dio en sendas matanzas en Acteal, Aguas Blancas, El Charco y El Bosque.
Hoy, cuando el Ejército ha dispuesto un aceitado cerco de aniquilamiento sobre los bastiones zapatistas en Chiapas, y se han acondicionado las bases militares de San Quintín y Toniná para el desplazamiento de tropas de despliegue rápido, Fox insiste en firmar la "pacificación" con el EZLN. Como dijo el canciller Jorge Castañeda en Madrid el 28 de enero, el PPP "es el corolario de la paz".
Por eso, la tarea de pacificación se combina ahora con el "desarrollo" que generarán las inversiones de los capitales multinacionales, los mismos que siempre han odiado conceptos tradicionales de la política exterior mexicana que tienen rango constitucional, como la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de las controversias. Por eso, los amos de México traducen autonomía indígena y autodeterminación, como un peligro. Ellos le llaman "balcanización", "separatismo". En ese contexto, y a partir de la máxima de que "el que paga, manda" –que aquí sería: "el que invierte, ordena"–, el PPP va dirigido a terminar de romper el tejido social intercomunitario y eliminar los derechos autonómicos de la indiada levantisca. Lo de la "consulta" del Plan con las comunidades, o las famosas sinergias, son tan sólo fábulas. El capitalismo, que hoy es más salvaje y depredador que nunca, busca concentrar capital, no generar desarrollo social. Fue contra esa misma oligarquía que el EZLN se levantó en armas en 1994. Contra la exclusión que generaban el TLC y la vía libre al latifundio de la contrarreforma al 27.
La paz en Chiapas pasa hoy por la aprobación de la Ley Cocopa. Y seguirá construyéndose después, con la discusión de los temas pendientes de San Andrés, o no habrá paz con justicia y dignidad. Entre esos asuntos pendientes y fundamentales para el campesinado indígena reunido en Nurío, Michoacán, durante la marcha zapatista sobre la capital, está el problema agrario nacional, con eje en la tierra. Es necesario, sí, reformar el artículo 27 constitucional, pero no en el sentido que propone el PPP, sino para que retome el espíritu de Emiliano Zapata, resumido en dos demandas básicas: la tierra es de quien la trabaja, y Tierra y Libertad.
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* Corresponsal del diario Clarín, de Buenos Aires, y del semanario Brecha, de Montevideo; Coeditor de la revista Diálogo, de la UNESCO; Consultor de la UNICEF y de la UNESCO.
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