El PPP y la santa paz
Por Carlos Fazio
El enésimo lanzamiento del Plan Puebla-Panamá (PPP) en Mérida, el
27 de junio pasado, con la participación de los administradores
ejecutivos de México y Centroamérica, parece marcar el comienzo de
una nueva fase de expansión violenta del capital trasnacional. En la
porción mexicana del PPP, la violencia del proyecto diseñado por el
Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo está implícita
en su forma de aplicación vertical, autoritaria y antidemocrática,
bajo el paraguas de un esquema contrainsurgente militar, paramilitar y
"preventivo" que ha venido consolidando posiciones en la zona, en el
marco de un discurso paternalista que reproduce la demagógica
propaganda indigenista del viejo régimen.
La "santa paz" que según Vicente Fox y los voceros del gran capital
reina en Chiapas es un eufemismo que pretende ocultar una realidad de
hostigamiento militar y paramilitar, desplazamientos forzosos, disputas
agrarias y de tierras, asesinatos larvados, violaciones sistemáticas
de derechos humanos y presos políticos. En ese escenario, el proyecto
geopolítico de explotación, despojo y saqueo de recursos naturales,
biodiversidad y saberes ancestrales operará a corto plazo como rampa
de lanzamiento del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA),
añejo plan hegemónico estadunidense ahora previsto para 2005.
El PPP tiene como objetivo construir una zona de servicios e
infraestructura en toda Mesoamérica en beneficio de las trasnacionales
y grupos oligárquicos locales que, una vez más, serán subsidiados
con recursos de los contribuyentes. El Puebla-Panamá es la cara
pública de una serie de proyectos regionales -estratégico-militares
encubiertos algunos-, que engloba a la reserva de la biosfera de Montes
Azules y al Corredor Biológico Mesoamericano y prevé la puesta en
marcha de un canal seco en el istmo de Tehuantepec, lo que ha llevado a
la militarización de los Chimalapas. Por vía paralela pero
complementaria, la Casa Blanca y la llamada comunidad de inteligencia de
Estados Unidos vienen instrumentando un vasto proyecto de contención
migratoria en el área de aplicación del PPP. El plan, que afectará
a millones de excluidos del sistema, se está desarrollando mediante un
programa de sellamiento de fronteras que, a la manera de un cerco
sanitario militarizado, abarca Marqués de
Comillas-Chajul/Ixcán-municipio autónomo zapatista de Tierra y
Libertad.
En función de los fines geoestratégicos de Washington, en la
competencia interimperialista mundial es indudable el valor militar del
macizo montañoso transfronterizo de la selva Maya, que abarca a la
selva Lacandona y la región de las Cañadas en Chiapas, y los bosques
de Totonicapán y la región del Petén, en Guatemala. En particular,
la gran cuenca del Usumacinta, situada a mitad de camino entre las
cuencas del río Bravo/Texas y del Amazonas (cuyo control es uno de los
objetivos prioritarios del Plan Colombia). Como señala un análisis
del Colectivo Madera de la Región Selva, el macizo Maya tiene un valor
militar geoestratégico similar al que, para Israel, representan las
alturas del Golán (Siria), la serranía de Nablus y otras regiones
montañosas de Samaria y Judea en la Cisjordania palestina bajo
ocupación castrense.
En la parte mexicana, el control militar de la selva Maya pasa hoy por
el desplazamiento o la reubicación forzosa de las comunidades
indígenas autonómicas ubicadas en Montes Azules. Fue allí donde se
gestó el movimiento zapatista y se resguarda hoy la comandancia
militar del EZLN. Ante el próximo fallo de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación sobre las controversias en materia indígena,
no parece casual la reactivación del tema Chiapas desde las instancias
oficiales. La irrupción de una serie de hechos sin conexiones
aparentes, entre los cuales figuran la intensificación de los
patrullajes y el hostigamiento castrenses contra bases zapatistas;
señales de apresto de los grupos paramilitares; actos de propaganda
oficial sobre reubicación de refugiados internos; asesinatos y
disputas por tierras, así como filtraciones periodísticas que
pretenden reubicar, de manera virtual o mediática, al subcomandante
Marcos en el escenario chiapaneco, podrían ser indicios de que la
administración Fox está gestando una gran provocación contra el
zapatismo, similar a la traición zedillista del 9 de febrero de 1995.
Las excusas para una operación punitiva de tipo quirúrgico no son
novedosas. La semana pasada, un diario "alertó" sobre los "temores" de
la agencia antidrogas estadunidense DEA ante una posible ofensiva del
"narcoterrorismo" en México, con su infaltable "nexo colombiano". Otro
señuelo propagandístico, el más socorrido en los últimos dos
años, es el de los conservacionistas (sin gente) de matriz
trasnacional. En particular, ONG ligadas a la fundación estadunidense
Conservation International y al Grupo Pulsar de Alfonso Romo -el "amigo
de Fox" dueño de la compañía Savia/Seminis-, que cuentan con apoyo
del BID y de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID). Esos grupos han logrado el total alineamiento del
titular de Semarnat, Víctor Lichtinger, y vienen promoviendo el
desalojo forzoso de poblados "invasores" y "depredadores" de la selva
para dejar el campo libre a los poderosos tiburones
económico-financieros. La defensa ambientalista como coartada
contrainsurgente al servicio de un proyecto de bantustanización del
sureste mexicano.
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