Seguridad alimentaria y neoliberalismo

LAURA JUÁREZ SÁNCHEZ*

Neoliberalismo y política agropecuaria

A casi 19 años de la imposición de las políticas económicas neoliberales en el campo mexicano, el sector vive la peor crisis de las últimas tres décadas. Las políticas consistentes en la disminución e, incluso, desaparición de los programas de fomento agrícola; la súbita y desigual apertura de los mercados agrícolas mexicanos a la competencia externa y la reforma al artículo 27 constitucional, que dio marco jurídico a la orientación del campo mexicano a la exportación, lo ha llevado al desastre.1 ¿El motivo? El país ingresó a la lógica del mercado global agroalimentario que gravita en la subordinación de las políticas nacionales agropecuarias y a los requerimientos de las Grandes Empresas Trasnacionales (GET), que tienen la necesidad de colocar sin traba alguna sus excedentes de producción alimentaria y de insumos, por un lado, y, por otro, por la orientación del campo mexicano a la producción de exportación en detrimento de la producción de alimentos para la población. ¿El resultado? Estas medidas se han traducido en la reducción de los subsidios a la agricultura; en la disminución del presupuesto destinado al desarrollo rural; en la desintegración de los sistemas de crédito; en la descomposición de los sistemas de la asistencia técnica;2 en la sustitución de los precios de garantía por los de concertación, que tienen como base los precios internacionales de los productos agrícolas; en la desarticulación de las cadenas productivas agrícolas;3 en la inundación del mercado nacional de alimentos importados, tanto agrícolas como manufacturados, con el consiguiente deterioro de los ingresos y nivel de vida de los productores del campo, entre otros impactos negativos.4

Situación del campo

Observemos algunas evidencias empíricas de los desastrosos efectos de estas políticas en el sector: 1. En los seis primeros años del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC-AN), el Producto Interno Bruto (PIB) del sector se desplomó, en términos reales: entre 1994 y el 2000 disminuyó 20%. Si ampliamos el período a 10 años (1990-2000), este indicador alcanzó una caída del 32.5%. Por otra parte, si consideramos la participación del producto agropecuario en el PIB total nacional, tenemos que en 1998 pasó de representar el 7.9% de la producción nacional, al 5.7% en 1994 (año de entrada en vigor del TLC-AN), y para el 2001 sólo ha tenido una participación del 4.2 por ciento. 2. La sustitución de los precios de garantía por los de concertación, que tienen como base las cotizaciones internacionales de los bienes agrícolas, ha llevado a la drástica reducción de los precios reales de los productos del campo: en nueve años (1990-1999), el precio del arroz se desplomó en 37.7%; el del frijol en 43.4%, el del trigo en 36.3%, el del ajonjolí en 33.1%, el del cártamo en 30.6%, el de la soya en 28.6%, el de la cebada en 39.4%, el del sorgo en 32.4%, el del girasol en 35.6%, el de la yuca en 37% el de la naranja en 39.3% y el del plátano en 8.1 por ciento. La sobrevaluación del peso, que abarata las importaciones agropecuarias y la desmedida importación de alimentos de productos altamente subsidiados (sobre todo estadounidenses), ha provocado la estrepitosa caída de los precios del campo. 3. El Estado ha disminuido drásticamente su papel como rector e impulsor del desarrollo del sector agropecuario: en 23 años (de 1976 a 1999), el máximo histórico del presupuesto programable del Gobierno Federal destinado al sector agropecuario se alcanzó en 1980, al captar el 12% del presupuesto federal, para luego desplomarse en 3.7% en 1999. Si consideramos los recursos destinados al Programa de Apoyo Directo al Campo (PROCAMPO), tenemos que disminuyeron, en términos reales, en 40.24%, entre 1994 y 2001. Por otra parte, los programas de apoyo a la comercialización del trigo disminuyeron 33.7% entre 1995 y el 2001 y los destinados al sorgo en 43.5% entre 1996 y el 2001. También el crédito agrícola se desplomó entre 1994 y el 2000: los recursos otorgados por la banca comercial cayeron 72.4% en términos reales y los de la banca de desarrollo 65.4%. Considerando ambos créditos, éstos disminuyeron en 70.8 por ciento. El campo se encuentra gravemente descapitalizado, primero, por la falta de créditos (privados y públicos); segundo, por la inflexible disminución del presupuesto público destinado al sector agropecuario, y tercero, por el desplome de los precios de los productos agrícolas debido a que la sobrevaluación del peso ha abaratado los precios de los productos del campo, por un lado, y, por otro, por las excesivas importaciones de alimentos altamente subsidiados, además, porque los llamados precios de garantía han sido sustituidos por los de concertación, los cuales se cotizan tomando como referente los precios internacionales de los productos agrícolas.

¿Y la seguridad alimentaria?

El concepto de seguridad alimentaria no sólo se refiere a la solvencia que tenga un país para producir los alimentos que su población demanda, también significa la capacidad que tiene la población de acceder a ellos. Es decir, este concepto destaca la importancia estratégica que para un país tiene el generar un aparato alimentario nacional que contemple la producción agrícola, la comercialización, la transformación industrial y el abasto, por un lado, y, por el otro, la importancia de hacer posible por parte de los gobiernos, el acceso a los alimentos para la población. Hoy el país no produce todos los alimentos que la población demanda y amplios sectores de la misma no tienen acceso a ellos. Para intentar demostrar esta idea, deseamos dar respuesta a las siguientes preguntas. Después de 19 años de experimento neoliberal en el campo: ¿Cuál ha sido el comportamiento de las cuentas externas agropecuarias? ¿Cuál el de la producción de los alimentos más significativos que consume la población? ¿La producción nacional satisface la demanda interna de alimentos? ¿Pueden los trabajadores del país acceder a los alimentos que requieren para estar nutridos?

Producción, importación y consumo de alimentos

La grave crisis agrícola que vive el país ha derivado en la disminución de la producción y en un elevado nivel de importaciones alimentarias, tanto de productos agrícolas, como de alimentos industrializados, en un contexto en el que aumenta la demanda de consumo interno de estos bienes. Consideremos, por ejemplo, la producción e importación de los siete principales cultivos alimentarios de México: el arroz palay, el frijol, el maíz, el trigo, el ajonjolí, el cártamo y la soya. Tenemos que entre 1985 y el 2001, la producción de estos bienes pasó de 22 millones 192 mil 14 toneladas, a 23 millones 665 mil 332 toneladas, observando un aumento de sólo 6.6%. Contrariamente, la demanda de estos alimentos aumentó en un 35.2%, al pasar de 27 millones 612 mil 932 toneladas en 1985, a 37 millones 349 mil 740 toneladas en el 2001. El déficit de la producción se cubrió con las importaciones que aumentaron 152%, al pasar de 5 millones 420 mil 918 toneladas a 13 millones 684 mil 408 toneladas, para el mismo período. La puesta en marcha del TLC-AN vino a agravar la disminución de la producción, ya que cayó en 4.2% al pasar de 24 millones 719 mil 972 toneladas, a 23 millones 665 mil 332 toneladas entre 1994 y el 2001, ante un aumento en la demanda de consumo nacional del 19.12%. Para satisfacer el mercado interno, la importación de granos y oleaginosas se duplicó al pasar de 6 millones 635 mil 528 toneladas en 1994, a 13 millones 684 mil 408 toneladas en el 2001, lo que significó un aumento del 106.23% (ver cuadro 1 y gráfica 1).

Cuadro1
Participación de la producción nacional y de la importación en el consumo interno de los 7 principales cultivos alimenticios de México
	Producción	Importación	Consumo interno	Estructura Porcentual
				Producción	Importación
1985	22,192,014	5,420,918	27,612,932	80.4	19.6
1990	21,042,739	5,524,428	26,567,167	79.2	20.8
1991	20,888,144	3,364,397	24,252,541	86.1	13.9
1992	22,319,790	4,980,229	27,300,019	81.8	18.2
1993	23,866,555	4,530,241	28,396,796	84.0	16.0
1994	24,719,972	6,635,528	31,355,500	78.8	21.2
1995	23,783,140	6,378,288	30,161,428	78.9	21.1
1996	23,429,298	11,390,785	34,820,083	67.3	32.7
1997	23,116,746	8,185,518	31,302,264	73.9	26.1
1998	25,191,727	11,761,749	36,953,476	68.2	31.8
1999	22,607,884	12,903,549	35,511,433	63.7	36.3
2000/p	22,662,402	12,818,689	35,481,091	63.9	36.1
2001/e	23,665,332	13,684,408	37,349,740	63.4	36.6
Fuente: Área de Investigación de la UOM, con datos del Anexo Estadístico del Primer Informe de Gobierno de VFQ, México, 2001. Notas: p/ Información preliminar. e/ Cifra estimada por la fuente. Los cultivos alimentarios incluidos son: arroz palay, frijol, maíz, trigo, ajonjolí, cártamo y soya.

El saldo de las cuentas externas agropecuarias es deficitario en los últimos diecinueve años, debido a que el aumento de las exportaciones agrícolas no ha podido compensar el mayor incremento de las importaciones alimentarias. Los superávit observados en 1986 y 1995, se explican por los efectos de las devaluaciones que "abarataron" los productos agropecuarios de exportación y por la disminución del consumo de alimentos en el mercado interno. El déficit de la balanza comercial agroalimentaria del 2000, alcanzó un monto de 1,408 millones de dólares.

Poder adquisitivo del salario y acceso a los alimentos

A pesar de que las importaciones de alimentos han aumentado geométricamente en los últimos años, el consumo de alimentos ha disminuido. De acuerdo a la Canasta Básica Nutricional (CBN), calculada por la Universidad Obrera de México, el salario mínimo no puede satisfacer las necesidades básicas de calorías y proteínas para la nutrición de una familia integrada por cinco personas: de la devaluación de diciembre de 1994 al mes de agosto del 2001, el salario sólo pudo cubrir en promedio 2,358 calorías y 75 gramos de proteínas, reportando un déficit nutricional familiar de 8,540 calorías (1,708 por persona) y 271 proteínas (54 por persona). Es importante señalar que para diciembre de 1994, el porcentaje de los requerimientos nutricionales adquiridos con un salario mínimo era de sólo 27.9%, lo que muestra el deterioro previamente acumulado; para agosto del 2001 el salario únicamente puede cubrir el 21.6% de la alimentación de una familia, por lo que se requieren 5 salarios mínimos para cubrir los requerimientos alimenticios de una familia, por lo que el minisalario tendría que recibir un aumento no menor del 362.18%. Si suponemos que se reconociera ese aumento a los mínimos, de cualquier manera los trabajadores no podrían acceder a otros satisfactores como son la educación, la vivienda, la salud e, incluso, la cultura. Esto es más grave aún si consideramos que 30.6 millones de personas ocupadas (79.6% de la población ocupada total del país), según la Encuesta Nacional de Empleo de 1999, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), reciben hasta tres salarios mínimos o no reciben ingreso por su trabajo, por lo que no pueden adquirir por lo menos una CBN. El costo diario de esta canasta es de 186.49 pesos, equivalente a cinco salarios mínimos. Por otra parte, es importante señalar que, según recomendaciones del Banco Mundial, un trabajador mexicano que gane el salario mínimo debería estar en condiciones de adquirir tres canastas básicas.5 El acceso de alimentos está estrechamente relacionado con la capacidad real que tienen los salarios para comprarlos y con los niveles de empleo, es decir, el problema del hambre y la desnutrición en el país y en el mundo, no es de educación nutricional ni de hábitos alimenticios o de desabasto, es, en esencia, un problema de la pobreza. Esta realidad ha sido reconocida por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), al señalar que la producción mundial de alimentos es suficiente para alimentar a toda la población del mundo, pero que no todos los países ni todas las personas, tienen la capacidad de acceder a ellos. Asimismo, ubica a los pobres de México como parte de los 840 millones que sufren hambre y desnutrición en el mundo.6

Conclusiones

El desmantelamiento de las políticas agrícolas, que llevaron al campo a la descapitalización; la liberalización del sector agropecuario, que indujo a un aumento inusitado de la importación de alimentos; la reforma al artículo 27 constitucional, que hizo posible la transferencia de los recursos naturales y de las mejores tierras a los grandes monopolios trasnacionales y que, por lo tanto, ha servido de base para la producción de los cultivos de exportación; junto con el retiro de los subsidios al consumo alimentario y la continuación de los topes salariales a los trabajadores del país y el creciente desempleo en el campo y en la ciudad, son algunos indicadores que nos revelan la manera cómo la política económica neoliberal aleja al país de la seguridad alimentaria y de cómo nos acercan a previsibles desabastos alimentarios y, peor aún, a posibles hambrunas como en los países africanos. La aspiración de nuestro país, de empezar a revertir la inseguridad alimentaria en la presente administración, está prácticamente cancelada de no ocurrir otra cosa: Primero, porque la primera ley de desarrollo rural, propuesta por la Cámara de Diputados, que pretendía lograr la recuperación del campo y la autosuficiencia alimentaria, fue vetada por el Ejecutivo Federal. Segundo, porque a las innumerables protestas de los productores nacionales, el equipo foxista ha respondido con más austeridad para el campo y porque el foxismo se ha convertido en el principal defensor de un fundamentalismo librecambista, por lo que no le interesa, ya no digamos renegociar el TLC-AN, no ha pretendido siquiera utilizar las salvaguardas especiales contempladas en el tratado ante las excesivas importaciones de alimentos, que debiera considerar estratégicos para el país, ni tampoco ha aplicado el cobro de aranceles por la importación del maíz, por ejemplo. Tercero, porque sigue manteniendo los topes salariales a los mínimos para presionar a la baja el resto de las remuneraciones de los trabajadores del país, y porque aún pretende imponer una reforma fiscal que grave el consumo (IVA) y el ingreso (la disminución del subsidio acreditable) de los trabajadores del país, mientras disminuye el Impuesto Sobre la Renta a los empresarios agrícolas e industriales, para que "se animen a invertir y a crear empleos". Es decir, la política foxista sigue beneficiando a los grandes monopolios nacionales y extranjeros y olvida a los productores del campo y a los trabajadores del país. ¿Dónde quedó el gobierno del cambio? Además, habría que preguntarnos si el "triunfo de la democracia" en julio del 2000, es tal, cuando en el país existe hambre, desnutrición, desempleo, muerte de personas por enfermedades curables, producto, en buena medida, de las condiciones de pobreza en que viven y violaciones de los derechos humanos, laborales y civiles de los trabajadores del país, entre otras carencias e injusticias. También podemos cuestionarnos: ¿Un país es soberano si tiene que importar un tercio de los alimentos que su población consume? ¿Puede considerarse que una nación se gobierna libremente cuando su política económica interna se subordina a las directrices de organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y la Organización Mundial de Comercio (OMC)? ¿Dónde está la democracia mexicana? Desde mi muy particular punto de vista, la democracia de un país tendría que pasar por la democracia económica, política y social. _

___________________ * Investigadora de la UOM.
1 Calva, José Luis, Política Agrícola para el Desarrollo Agropecuario Sostenido con Equidad, en El sector agropecuario mexicano después del colapso económico, Felipe Torres (coordinador), Ed. Plaza y Valdés, México, 1998.
2 Solleiro, José Luis, Posibilidades para el desarrollo tecnológico del campo, t. I, IIEC, UNAM, México, 1996.
3 Beat Schmid, Libre Comercio: Promesas versus realidades, Ed. Heirich Boll, México, 2000.
4 Del Valle, María del Carmen, El cambio tecnológico en la agricultura y las agroindustrias en México, UNAM, México, 1996.
5 Postura citada en la publicación de la OIT, América Latina y el Caribe, Panorama Laboral, 1997.
6 El Día, 8 de octubre de 1998, p. 16.

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