Tres proyectos distintos y una sola intención verdadera
Jaime Ornelas Delgado
Introducción
En el desarrollo del Plan Puebla Panamá (PPP), desde muchos aspectos, desempeña un papel nodal la política de seguridad nacional de Estados Unidos, primero porque la región tiene varias de las rutas del tráfico de estupefacientes y, enseguida, por la presión que ejerce la creciente migración que parte de los países centroamericanos con destino final en Norteamérica. Todo ello, sin olvidar la pretensión del capital transnacional de apropiarse de los abundantes y riquísimos recursos naturales existentes en la extensa región comprendida en el PPP.
Para México, el PPP también forma parte de las preocupaciones sobre la seguridad nacional, ni más ni menos, por las mismas razones que para Estados Unidos. En efecto, Florencio Salazar, ex priista designado en diciembre de 2000 jefe de la Oficina del Plan Puebla Panamá adscrita a la presidencia de la República, advirtió que parte del compromiso social de Vicente Fox tendría una clara instrumentación en el Plan Puebla Panamá por considerarlo parte de la seguridad nacional, y explicó: "Una simple mirada de lo que somos evidencia dos Méxicos: el que mira y participa de Estados Unidos, y el que está atado a su atraso, junto con nuestros vecinos del sur. La desigualdad regional atenta contra la seguridad nacional." (Milenio Diario, 23 de febrero de 2001)
Nada más claro. En la versión oficial, nuestro progreso sólo puede estar vinculado a Estados Unidos, y esa vinculación se encuentra impedida por el sur atrasado y en eterna siesta. De esta manera, la creciente desigualdad social genera inconformidad y alienta la rebeldía que bien puede poner en riesgo la seguridad nacional.
Pero todo proceso de modernización, es decir, de incorporación de la extensa región comprendida en el PPP a la lógica del capital y el mercado, debe hacerse sin descuidar la capacidad de imponerse por la fuerza cuando el consenso falla. De esta manera, no es casual el proyecto de militarización de la frontera de Guatemala con México mediante el Plan Nuevos Horizontes, diseñado para realizar maniobras conjuntas entre los ejércitos de Estados Unidos y Guatemala en la frontera con México, precisamente en El Petén, región guatemalteca que tiene comunicación a través del río Lacantún con la zona de Las Cañadas en la selva lacandona, donde el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) tiene instalada buena parte de sus bases de apoyo.
Sin duda, como parte de la necesidad de identificar y cuantificar con fines de explotación económica la biodiversidad en el área que comprende el PPP, el Banco Mundial patrocina un proyecto que ha sido denominado Corredor Biológico Mesoamericano, que tiene un carácter multinacional y al cual recientemente se ha incorporado el istmo mexicano.
Estos tres planes tienen, por supuesto, una sola intención: incorporar a la globalización neoliberal una extensa región que, dada su desigual expansión, se ha mantenido como parte de la reserva estratégica de la expansión capitalista. Para lograrlo, es preciso vencer la resistencia de muchos de sus pobladores a la modernización capitalista, particularmente de los pueblos indios que decidieron emprender la lucha armada como un último recurso para hacerse escuchar.
Por eso, el Plan Puebla Panamá resulta también un proyecto contrainsurgente, y ésta es su historia.
El 11 de septiembre de 2000, en la ciudad de Guatemala el entonces presidente electo de México, Vicente Fox, acompañado de los gobernadores de Puebla, Chiapas y Quintana Roo, presentó ante los empresarios de ese país la propuesta para ejecutar un plan de desarrollo que comprendiera el sursureste mexicano y los países de Centroamérica.
En esa ocasión, y refiriéndose al área centroamericana, Fox señaló los siguientes puntos medulares del PPP: impulso a los mercados regionales de productos básicos, facilitar la transferencia tecnológica, construir un corredor de turismo ecológico y crear una estructura aduanera más funcional y expedita.
Por su parte, Agustín García López, director Ejecutivo para México ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), informó que tan sólo la inversión en el ámbito nacional mexicano permitirá construir 2 mil 485 kilómetros de carreteras; tecnificar 694 mil hectáreas de riego; mejorar dos puertos marítimos y seis aeropuertos regionales, además de modernizar el ferrocarril del istmo de Tehuantepec e incrementar la cobertura de los servicios educativos, de salud y vivienda en toda la región comprendida en el PPP.
Más tarde, el 30 de noviembre, día previo a su ascensión al poder, Vicente Fox, reunido en México con los presidentes de Panamá, Mireya Moscoso; Honduras, Carlos Flores; Guatemala, Alfonso Portilla, y Costa Rica, Miguel çngel Rodríguez, aceptó "que el Plan Puebla Panamá sería el más ambicioso de su gobierno". El reto, dijo entonces Vicente Fox, consiste en buscar los consensos que permitan consolidar el plan para integrar y desarrollar Centroamérica con nueve estados del sursureste mexicano.
En esa misma reunión, se conoció el apoyo del BID al proyecto, anunciando Enrique Iglesias, presidente del organismo, que esa institución otorgaría a México un crédito de entre mil y mil 500 millones de dólares debido a que el PPP tenía "grandes posibilidades de crecer y convertirse en el vehículo detonador del sureste mexicano y la región centroamericana, ya que, a pesar de rezago existente, estas zonas cuentan con una gran diversidad natural y un potencial humano incuestionable". De esta manera, concluyó Iglesias, el PPP se convertía en uno de los proyectos centrales del BID. (El Universal, 1 de diciembre de 2000)
Antecedentes
Desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, el sursureste mexicano representó una constante preocupación. En ese sexenio, el Plan Chiapas fue la muestra de cómo, gastando enormes recursos, el gobierno federal pretendía resolver la situación de pobreza de esa región sin avanzar un ápice en ese propósito ni calmar el descontento social.
Con Ernesto Zedillo se mantuvo la preocupación, pero sin acertar a emprender una política capaz de ofrecer alternativas reales a las demandas sociales, particularmente de los pueblos indios a los que Ernesto Zedillo jamás vio ni oyó. Sin embargo, fue en ese sexenio cuando surgió el documento antecedente del PPP. En efecto, Edmundo Jarquín, ex embajador de Nicaragua en España, publicó el 7 de marzo de 2001 en el diario español El País un artículo donde señala: "El sur también existe, se titula un documento de altos funcionarios del recién concluido gobierno del presidente Zedillo, que de alguna manera ha servido de base a la propuesta del Plan Puebla Panamá".
Gestado durante el gobierno de Ernesto Zedillo, la autoría del documento antecedente del PPP se atribuye a Santiago Levy, entonces subsecretario de Hacienda y después nombrado por Vicente Fox director del Seguro Social.
En El Sur también existe se reconoce que el conflicto chiapaneco descubrió los errores cometidos por las políticas gubernamentales en los últimos 50 años y se advierte que, de no tomarse medias estructurales para resolver el atraso del sureste mexicano "se corre el riesgo de ahondar los desequilibrios regionales del país." (Proceso, 11 de marzo de 2001.)
Se sabe que este documento, en su momento, fue entregado a Francisco Labastida Ochoa, candidato del PRI a la presidencia de la República y, más adelante, fue el pasaporte que permitió a su autor ingresar al gobierno foxista.
De esta manera, un proyecto heredado de una administración neoliberal se convirtió en el programa "más ambicioso" del gobierno de Vicente Fox, en tanto define la estrategia de modernización del conflictivo sur-sureste mexicano y establece las condiciones para la vinculación entre Centroamérica y el capital transnacional.
Características e integrantes
La falta de precisión en la información sobre el PPP, tanto como las noticias contradictorias y sin sustento, hizo que cada quien, de acuerdo con sus posibilidades imaginativas, diseñara un plan a la medida de sus intereses económicos y políticos; incluso fue tal el entusiasmo, que se amplió a otras regiones. En efecto, poco antes de concluir el año 2000 se hablaba ya de que el PPP contemplaba grandes corredores carreteros y ferroviarios desde Alaska hasta Panamá, lo mismo que gasoductos y líneas troncales de electricidad, donde "el que tiene la energía la pone en esa línea, y quien la necesita la consume de ahí mismo".
Desde entonces, el objetivo del plan se amplió a la constitución de una comunidad económica de Norteamérica, con más alcances que los del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, por cierto un reiterado propósito del presidente Fox y parte sustantiva del proyecto de expansión de Estados Unidos en América Latina.
En el PPP participan siete naciones y nueve entidades federativas de México donde habitan 65 millones de personas, de las cuales 28 millones viven en el sur-sureste mexicano y cerca de 37 millones en Centroamérica.
La población de los estados mexicanos integrados de grado o por fuerza en el PPP (en realidad, ni los gobiernos de las nueve entidades ni la población fue consultada sobre su participación en el PPP), alcanza un ingreso promedio por persona inferior a la media nacional, que es de 36 mil 400 pesos anuales; en cambio, la media para los ocho estados del sursureste del país es de 21 mil 900 pesos, aunque en algunas entidades es mucho menor, como en Chiapas o Oaxaca, donde es de 15 mil y 15 mil 200 pesos, respectivamente. En otros estados, como Campeche y Tabasco, sus elevados promedios de ingreso personal registran una reducción sustancialmente cuando se aísla el efecto de las actividades extractivas de petróleo. Según Boltvinik (La Jornada, 22 de junio de 2001, página 22), de la población total asentada en la región mexicana que comprende el PPP, los indigentes representan el 66 por ciento, mientras en el país los indigentes son el 39 por ciento de todos los habitantes del país.
En general, reconoce el documento de presentación del PPP, toda la región "muestra un serio rezago en su desarrollo socioeconómico con respecto a las regiones del centro y norte del país. Las condiciones de marginación y pobreza que prevalecen en dicha región son endémicas y se deben a un tejido histórico complejo de factores de muy diversa naturaleza, que incluye la aplicación en el pasado de políticas públicas desiguales". En otras palabras, de manera maniquea se culpa de esa situación al PRI y no al capitalismo, al que ahora se le quiere limpiar el rostro e impulsar su versión moderna, como si ésta fuera distinta a la que ha ocasionado nuestra incorporación subordinada a la división internacional del trabajo y sus magros resultados en cuanto al bienestar social.
El papel de los sectores
En febrero de 2001, en El Salvador, el coordinador general del PPP, Florencio Salazar, presentó el plan a los empresarios de ese país y estableció el papel de los participantes: el sector privado sería el principal promotor del PPP, mientras el sector público actuaría exclusivamente como incentivador de la inversión privada.
Desde ese momento, quedaron definidas varias cuestiones. Una de ellas, el papel subordinado del sector privado nativo, consistente en buscar y establecer distintas formas de alianza, en calidad de socio menor, con el capital extranjero. Por su parte, con recursos fiscales el sector público deberá desarrollar "una infraestructura adecuada, por lo que la inversión en transporte, comunicaciones, carreteras, energía y desarrollo territorial es importantísima para la puesta en marcha del PPP" y, en todo momento, "las políticas públicas deberán buscar estimular las decisiones de inversión de los particulares".
Como se puede observar, la subordinación al capital externo tanto del sector público como del privado se propone absoluta. Pero a la población, a los pueblos indios y no indios, se les margina de cualquier actividad en el PPP, ya no se diga en la toma de decisiones del plan. La población es sólo fuerza de trabajo, y su organización en defensa de sus derechos y recursos se convierte en el obstáculo a vencer para lograr incorporar esa región a la dinámica del mercado mundial.
Se oficializa el plan
El viernes 16 de febrero de 2001, en su rancho San Cristóbal, Vicente Fox le "confió los detalles del PPP al presidente norteamericano George Bush", quien dio su anuencia y prometió apoyarlo. Con tales auspicios, el 12 de marzo de 2001 se oficializó la existencia del PPP. El documento presentado en esta ocasión ofrece un diagnóstico bastante superficial de la región comprendida en el PPP, donde se reconoce la existencia de "mano de obra abundante, con costos competitivos a nivel mundial y de calidad potencial", es decir, una fuerza de trabajo de las más baratas del mundo, aunque con necesidades de calificación. Además, se identifica a Coatzacoalcos y Salina Cruz como puertos "con vocación de enlace con el mercado de Estados Unidos, Europa y Asia", esto es, ubicados estratégicamente para sacar los productos nacionales hacia los mercados de consumo localizados fuera del país.
También se habla de los recursos naturales abundantes en esa región, "con extraordinaria biodiversidad [É] suelo abundante y con calidad competitiva a nivel mundial". En fin, la región reúne todos los requisitos apetecidos por el afán de la ganancia del capital transnacional: fuerza de trabajo y recursos naturales baratos y abundantes que la modernidad reclama explotar, eso sí, de manera sustentable, como si la lógica de la ganancia reconociera las necesidades y el derecho de las futuras generaciones a satisfacerlas en un entorno social y ecológico sano.
El Plan Nuevos Horizontes
El 15 de febrero de 2001, el Congreso de Guatemala aprobó el Plan Nuevos Horizontes, consistente en la realización de ejercicios conjuntos de carácter "humanitario" entre las fuerzas de tarea de Estados Unidos y el Ejército guatemalteco en el área del Petén, limítrofe con el estado de Chiapas en la zona de Las Cañadas, donde tiene el EZLN establecidas sus principales bases de apoyo.
Un documento emitido por la embajada norteamericana en Guatemala advertía que "Nuevos Horizontes es estrictamente una misión de entrenamiento y de apoyo humanitario. No es una operación antinarcóticos", aclaración que de ninguna manera logra hacer llegar la tranquilidad a nuestros pueblos.
César Montes, secretario de la Unidad de Izquierda Democrática de Guatemala, calificó la aprobación del Plan Nuevos Horizontes por el Congreso de su país como "la vergüenza histórica del nuevo milenio", y consideró que la llegada a territorio guatemalteco de 12 mil soldados norteamericanos para las primeras prácticas militares era, "técnicamente, una invasión". O como se dice por acá, el problema no es que entren, sino cómo sacarlos.
El Corredor Biológico Mesoamericano
Recientemente, el sureste mexicano fue incorporado al Corredor Biológico Mesoamericano, que el Banco Mundial implantó inicialmente en Centroamérica con el propósito de "integrar políticas de conservación mediante el establecimiento de conectores biológicos entre las áreas naturales protegidas del sureste de México para evitar el aislamiento biológico de éstas y garantizar el equilibrio de los ecosistemas terrestres y marinos bajo esquemas de desarrollo sustentable".
Se trata de un proyecto ecológico de siete años de duración que involucra a los países centroamericanos y para el cual el Banco Mundial aprobó recientemente 19 millones de dólares con el fin de incorporar el sureste mexicano a este plan, de tal manera que, ahora, el área comprendida en el corredor resulta igual a la del PPP, con excepción del estado de Guerrero.
La clave para tener una mejor comprensión de este plan es el propósito del mismo, establecido por el Banco Mundial en los siguientes términos: "El proyecto busca promover formas innovadoras para manejar la biodiversidad de la región, incluyendo la explotación con fines económicos de los vastos recursos de la zona (manteniendo o reestableciendo) una continuidad funcional entre los ecosistemas del sureste mexicano con los ecosistemas de Guatemala y Belice, integrando así la porción septentrional del Corredor Biológico Mesoamericano". En otras palabras, se trata de conocer y cuantificar los recursos naturales existentes en la región para permitir al capital privado explotarlos en su exclusivo beneficio. Por supuesto, las tareas de calificación corren a cargo de este programa financiado y dirigido por el Banco Mundial.
Una sola intención
Estos tres proyectos, aparentemente distintos y aislados, muestran coincidencias no sólo en sus declaradas preocupaciones ecológicas, sociales y humanitarias, sino primordialmente en su interés por la zona cercana a la frontera México-Guatemala. Estas coincidencias suscitan preocupación en cuanto a los verdaderos propósitos económicos y de subordinación de esta zona a los intereses del capital transnacional.
Es bien sabido que la región que se extiende desde el sursureste de la República Mexicana hasta Panamá incluye zonas de excepcional biodiversidad. Esta región, aunque representa sólo el 0.5 por ciento de la superficie terrestre total, se estima contiene el 7 por ciento de la biodiversidad conocida en el planeta.
Tan sólo la región que cubre el sur de México y el norte de Guatemala es particularmente rica en recursos naturales como bosques, fuentes hídricas y petróleo, entre otros. En particular, en el sur-sureste se concentra la riqueza biológica de México, de ahí se extrae más del 90 por ciento de la producción nacional de petróleo y se encuentra la mayor parte de la capacidad actual y potencial de generación eléctrica del país.
Ante tal riqueza, el PPP se propone: "Eliminar los obstáculos que han inhibido su potencial productivo y, con ello, impulsar su desarrollo y favorecer su integración con los mercados nacionales e internacionales, no sólo con América del Norte sino también con Centroamérica". En este caso, la conservación ambiental se utiliza como el catalizador necesario para reducir la pobreza, mejorar la calidad de vida, fomentar la cooperación regional y preservar el patrimonio cultural de la región. Para ello se enfatiza la necesidad de recursos financieros ciertamente inexistentes en la región y, entonces, es fácil concluir en la indispensable participación de los capitales transnacionales en el plan.
Por supuesto, los abogados del PPP consideran que uno de los obstáculos inhibidores del desarrollo de esta región son los pueblos indios y sus reivindicaciones. De ahí las apresuradas declaraciones de la "Santa paz en Chiapas", de acorralar al EZLN y tratar de convertirlo en fuerza política para tener un interlocutor válido con el cual negociar y legitimar así las acciones del Plan Puebla Panamá.
Mientras esto llega, si es que llega, se apresura la estrategia de desalojo de las comunidades indígenas de sus territorios. Un caso particular lo representa la expulsión planteada de las comunidades asentadas en la reserva de la biósfera Montes Azules, limítrofe con El Petén guatemalteco. Al respecto, declaró el consejero de Seguridad Nacional de la presidencia de la República, Adolfo Aguilar Zinser: "Ya están identificadas las comunidades que deben salir de la reserva", y se atrevió a más al señalar que la presencia del Ejército Mexicano en ella "tiene un carácter estratégico (dado que esa es la) última reserva del país (y) si en 10 años se acaba, se dislocarían todas las cuencas del estado de Chiapas". De esta manera, utilizando argumentos ecológicos como coartada, Aguilar Zinser pretende incorporar los recursos forestales y acuíferos del país al ámbito de la seguridad nacional a su cargo, lo cual permitiría justificar militarizar cualquier región y emprender acciones represivas contra quienes reivindiquen el derecho a usar esos recursos de manera distinta a la que ofrece el capital.
Particularmente, el EZLN representa una de las mayores preocupaciones de quienes se empeñan en imponer el PPP. En efecto, Florencio Salazar, coordinador general del "programa que pretende sacar de la miseria a los habitantes de los nueve estados más pobres del país, reconoce abiertamente que el EZLN se ha convertido en un dique que le impide atraer inversiones en el sureste". (La Crónica de Hoy, 16 de febrero de 2001)
De esta manera, si antes fue el PRI el culpable del atraso de esa región, ahora el EZLN será el responsable histórico de que el sur-sureste mexicano no logre abandonar su situación de atraso y marginación, así como de impedir a los habitantes de esa región cumplir con la obsesión salinista, zedillista y ahora foxista de llegar al Primer Mundo.
Epílogo
Por supuesto, para los mexicanos resulta absolutamente legítimo preguntarse por las consecuencias de la apertura al capital privado nacional y extranjero de una región extensa y riquísima en recursos naturales que van desde el uranio, el petróleo, las maderas preciosas, el agua y la generación de electricidad en Chiapas, los bosques y la biodiversidad de Los Chimalapas en Oaxaca y Chiapas, hasta el petróleo de la Sonda de Campeche, Tabasco y Veracruz, así como las bellezas turísticas y arqueológicas de Yucatán, Quintana Roo y Guatemala.
La estrategia propuesta en el PPP de crecer mediante la promoción de grandes inversiones extranjeras en la región que comprende puede significar la formación de enclaves incapaces de promover el desarrollo y sí responsables de generar nuevas desigualdades en la región.
Pero en este momento son muchas más las preguntas e inquietudes que provoca el PPP y su imposición, que las respuestas ofrecidas por sus escasos documentos y sus muchos apologistas.
¿Qué puede significar para el futuro común de México y Centroamérica la entrega al capital transnacional del territorio y los recursos contenidos en la región comprendida en el PPP, lo que incluye el ferrocarril y los puertos de la región y la construcción de autopistas de varios carriles que cruzarán las mejores tierras de las comunidades indígenas y por el borde de los bosques de Los Chimalapas, transformando el modo de vida y el medio ambiente de una región vital para el país?
¿Cuál será el futuro si se permite al capital privado explotar a los trabajadores y los recursos naturales del sursureste mexicano y de Centroamérica, es decir, someterlos a una intensa explotación empresarial y a promover la instalación en esa región de una fuerte industria maquiladora que aproveche la abundancia de mano de obra barata y apoyos impositivos sustanciales como parte de las ventajas competitivas que ofrecería la región?
Por último, aunque no al final, estremece pensar el significado de un plan basado en una estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, es decir, un plan donde los intereses económicos y militares norteamericanos tienen un peso definitivo.
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