Brutalidad policiaca en Oaxaca. Organización de Pueblos Indígenas Zapotecos/Frente Nacional de Lucha por el Socialismo.

La respuesta policiaca a las necesidades políticas pone de manifiesto el carácter fascista de los hombrecillos del poder, ante un movimiento social que una y otra vez se les sale de control a pesar de sus múltiples esfuerzos por cooptar, dividir, enfrentar a sus líderes, líderes que dejan de serlo cuando el pueblo cansado de tanta opresión decide por encima de intereses particulares o de grupo.

Argumentar que se tiende un cerco policiaco y militar al Cerro del Fortín para evitar atentados en la Guelaguetza, para no evidenciar la situación que atraviesa el Estado es una estupidez, por decir lo menos. Sólo a los retrógradas se les puede ocurrir semejante barbaridad y escudarse en un discurso de respeto a los Derechos Humanos para cometer todo tipo de atrocidades, según para preservar el inexistente Estado de Derecho.

El Secretario de Protección Ciudadana, Sergio Segreste Ríos que en el sexenio de José Murat cobró como ombusman al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Oaxaca, ahora si puede darse el lujo de mostrar su verdadero rostro represor y racista contra el pueblo, los pueblos originarios, sobre todo contra los indígenas zapotecos de le Región Loxicha, exponemos:

El viernes 25 de mayo, como ya lo habíamos denunciado anteriormente, fue detenido de manera ilegal por elementos de las corporaciones policiacas, el compañero Daniel Santiago Matías en las instalaciones de la Penitenciaría Central de Ixcotel, cuando salía de ir a visitar a los presos indígenas de la Región Loxicha, aproximadamente a las 11 de la mañana, siendo trasladado al cuartel de la policía Preventiva en San Bartolo Coyotepec donde, por espacio de 5 horas, fue torturado psicológicamente acusándolo de pertenecer al Ejército Popular Revolucionario, fue liberado posteriormente por el Director de la Policía Ministerial, Daniel Camarena Flores, "informándole" que no tenía orden de aprehensión en el fuero común peros si en el fuero federal.

La posterior denuncia de desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y de Gabriel Alberto Cruz Sánchez, realizada por sus familiares y a quienes el Ejercito Popular Revolucionario reclama como sus militantes, nos parece, arroja luces sobre el comportamiento inusual en las corporaciones y mandos policiacos, pues dichas personas fueron desaparecidas precisamente ese mismo 25 de mayo.

Dando continuidad a la política de desaparición forzada de personas, iniciada desde 1996 por Diódoro Carrasco Altamirano en los Loxichas y tratándose ahora si de verdaderos militantes del EPR, no tenía caso perder el tiempo con el compañero Daniel Santiago Matías a quien ninguna información relevante pudieron arrancar durante las 5 horas de tortura. Procediendo a informar de esta situación al Secretario General de Gobierno, Manuel García Corpus, quien instaría a dejarlo en libertad, mas no así a los otros dos detenidos a quienes considerarían verdaderos trofeos de guerra en esta larga lucha contra el movimiento eperrista en la que por muchos años no habían asestado golpes relevantes.

De esta manera, la conjunción de esfuerzos del gobierno federal con Ulises Ruiz para detener el avance de la APPO no es ninguna casualidad, obedece al supuesto combate al "terrorismo" que se traduce en la eliminación de los obstáculos para los negocios transnacionales, como ha quedado de manifiesto con la visita de Rodríguez Zapatero y la implementación del Plan México por parte de los estadounidenses.

No esta de más señalar que nos parece muy desafortunado que la dirigencia magisterial lejos de sumarse al repudio generalizado a las provocaciones y agresiones montadas por el gobierno local y federal se deslinde de los hechos; sumándose así al coro de jilguerillos pagados por el estado que no bajan de radical a un movimiento que sigue arrastrando mucho pueblo, movimiento que no deja de llamar al fortalecimiento de la unidad nacional e internacional, reconociendo el valioso sentimiento de la solidaridad que le ha dado cobertura y fortaleza, este movimiento prevalece atendiendo las viejas necesidades de cambio y desarrollo para una vida plena.

Desde luego que es imposible abandonar la lucha cuando el gobierno federal ha sido incapaz de cumplir los compromisos adquiridos en las mesas de diálogo, ¿acaso ya se han olvidado que el asunto de los presos de Xanica, San Blas Atempa y Loxicha, castigo a los responsables de la represión y respuesta a las demandas de los pueblos y organizaciones sociales fueron parte de las mesas en la Secretaría de Gobernación?

EXIGIMOS:

1.- Renuncia inmediata de Ulises Ruiz y Felipe Calderón.
2. - Juzgar los crímenes cometidos por Ulises Ruiz y Felipe Calderon
2.- Libertad inmediata de todos los presos y cancelación de ordenes de
aprehensión en contra de los luchadores sociales.
3.- Indemnización inmediata a los familiares de los asesinados por cuestiones políticas o sociales durante la administración de URO y anteriores.
4.- Presentación con vida de los desaparecidos.
5. - Implementación de políticas de desarrollo económico, político y social para los pueblos originarios.

Organización de Pueblos Indígenas Zapotecos/Frente Nacional de Lucha por el Socialismo

Juan Sosa Maldonado.

18 de julio de 2007


 

 

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