Aspectos políticos y sociales de los crímenes contra mujeres en Ciudad Juárez.
De Marisela Oriz, vocera de NHRC
Para evitar que ello ocurra, las madres de las víctimas del feminicidio luchamos en varios frentes: en lo político, para no ser rehenes del discurso de los partidos políticos y de la retórica del gobierno. En lo social, contra todas aquellas voces que pretenden invisibilizar nuestra lucha, la cual consideran, daña la "imagen de la ciudad" como si nuestras hijas hayan sido las culpables de su propia muerte y por último en lo jurídico contra un sistema donde la impunidad es el signo que prevalece hasta el momento.
En este sentido, son muchos los aspectos que, a nuestro juicio, han quedado ajenos y alejados del debate en torno a este problema y por tanto, es necesario hacerlos visibles a fin de entender la dinámica y estructura de un tema particularmente complejo como son los feminicidios en Ciudad Juárez.
Así, en el antiguo Paso del Norte, los crímenes contra mujeres comenzaron a registrarse a partir de 1993[1] y hasta la fecha no hay datos precisos sobre el número de víctimas. Cada dependencia, cada organización de la sociedad civil e incluso cada administración que ha gobernado en Chihuahua, nos ofrecen cifras distintas sobre este problema. Lo mismo sucede con el gobierno federal y los organismos internacionales que se han ocupado del caso.
Hasta el momento, el debate sobre los crímenes contra mujeres, en Ciudad Juárez ha estado centrado en varias dimensiones, pero particularmente en tres aspectos:
a. El papel de los medios de comunicación
b. La imagen de la ciudad y el presunto alejamiento de las inversiones, y
c. La polarización creciente de la sociedad,
Sin embargo, escasamente lo podemos encontrar en otros ámbitos como el académico en donde se hacen esfuerzos, pero no se tienen proyectos de investigación sólidos en las distintas instituciones de educación superior o centros de investigación que existen en nuestra ciudad.
Por ejemplo, en el Colegio de la Frontera Norte de Ciudad Juárez, sólo se tiene una investigadora especializada en el tema. En la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, se cuenta con otro par de investigadores que han abordado el tema, pero que su área de estudio y especialización se inscribe dentro de los estudios de género. En esta misma universidad, en la Licenciatura de Sociología se cuenta con una materia de Estudios de Género y anteriormente funcionaba un Centro de Estudios de Género. Esfuerzos loables, pero insuficientes.
Por lo que respecta al resto de las instituciones, ni la Universidad Autónoma de Chihuahua, ni el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad Juárez, ni el Tecnológico de Ciudad Juárez, ni las universidades privadas cuentan con proyectos o líneas de investigación que aborden este tema.
Esta situación es particularmente grave, si tomamos en cuenta que es desde las Universidades donde se genera el conocimiento y se trasciende de la simple opinión al análisis científico y riguroso que ayuden a entender y solucionar problemas.
En este sentido, consideramos que dada la polarización que experimenta la sociedad juarense respecto a este problema, es el momento que desde la academia se aporten interpretaciones y explicaciones novedosas que ayuden no sólo a comprender el fenómeno, sino también para encontrar soluciones. Invitamos pues a los académicos y sus instituciones a que se sumen a este debate, pues es desde la neutralidad de estos espacios donde se puede contribuir a encontrar un camino que sólo la rigurosidad del saber científico nos puede aportar. Pensamos que es la hora que la teoría demuestre su utilidad en la solución de los problemas que aquejan a nuestras sociedades.
Para nosotros es de gran importancia el que se nos permita hablar en la más alta tribuna de nuestro país para que se escuche nuestra voz, una voz que se intenta ahogar a través del discurso dominante de los grandes empresarios y sus voceros agrupados en los organismos empresariales. Y es que nosotros no nos engañamos. Sabemos que en las sociedades modernas, el clima de la opinión pública depende de quién habla y quién permanezca en silencio. (Neumann, 1995). Por eso luchamos, para que nuestra voz también sea escuchada.
Antecedentes
En México, son pocos los antecedentes que se tienen respecto a este tipo de crímenes de odio. Una revisión de la literatura disponible nos presenta al célebre Goyo Cárdenas, como el primer[2] asesino serial de la era moderna que tuvo nuestro país. (Barrón, 2004: 222-228). En Ciudad Juárez tampoco se tienen antecedentes de que hayan operado asesinos de mujeres en alguna otra época. Por eso, hoy la sociedad acude a enfrentar este problema impávida y sin las herramientas adecuadas para explicar lo que para muchos podría ser obvio: ¿Por qué matan a mujeres en Ciudad Juárez?
Aspectos sociales
A 11 años de distancia, los asesinatos contra mujeres en Ciudad Juárez han dejado también un saldo político, económico, y social que se hace necesario denunciar.
A lo largo de estos años, son incontables los estudios y trabajos que se han presentado pero ninguno atina a encontrar ya no la solución al problema, sino siquiera garantizar el fin de la impunidad que actualmente prevalece en Ciudad Juárez.
Por ejemplo, en el aspecto social, se cuentan con los informes de la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez que encabeza la comisionada Guadalupe Morfín Otero, los de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de Amnistía Internacional, de la ONU y de otros organismos tanto nacionales como internacionales, pero no existe pronunciamiento o documento alguno de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, lo cual no deja de ser un síntoma del "complot del silencio" que intenta minimizar los crímenes contra mujeres.
En el aspecto jurídico, son innumerables los pronunciamientos que se han hecho desde las más diversas tribunas, y paradójicamente, con muy poco éxito. En ese sentido han operado con mayor éxito los "tribunales populares de la opinión pública" que los tribunales jurídicamente reconocidos por las leyes de nuestro país, porque es en aquellos donde por lo menos la ciudadanía condena a quienes considera son responsables de que no se haga justicia.
Loa asesinatos comenzaron desde 1993 o tal vez desde antes, pero fue hasta el 15 de mayo de 1998 cuando se emitió la primera recomendación tanto nacional como internacional emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a cargo de Mireille Rocatti[3] y hasta el momento no se ha procedido en contra de los funcionarios acusados en este informe.
De esta recomendación a la fecha se han sucedido una serie de informes y recomendaciones de organismos como la ONU, Amnistía Internacional, la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos y hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pero es la hora en que todavía esperamos justicia
En síntesis, lo que los organismos nacionales e internacionales han exigido van en cuatro direcciones:
Condenar e investigar los crímenes y desapariciones contra mujeres. Sancionar a los responsables con todas las garantías del debido proceso. Brindar reparación del daño y apoyo a las víctimas y a sus familiares y, Prevenir la violencia contra la mujer.
Pero ninguna se ha podido cumplir por múltiples razones, ya sea por legalismos jurídicos, por presiones políticas y sociales o simplemente por falta de voluntad política. ¿Cuánto tiempo más tendremos que esperar?
En este sentido, bienvenidas propuestas como el "Plan Alternativo para esclarecer el feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua", diseñado desde el ámbito de la academia particularmente desde los programas Interdisciplinario de Estudios de la Mujer del Colegio de México y del Universitario de Estudios de Género de la UNAM y que puede resumirse fundamentalmente en tres exigencias: "justicia, reparación del daño y en contrar la verdad histórica sobre este caso".
Lamentablemente, fuera de estos organismos o instituciones académicas, en el ámbito local no existe ninguna recomendación o análisis de la situación que dé pauta al estudio, entendimiento o esclarecimiento de este fenómeno social que afecta desde hace ya 11 años a Ciudad Juárez.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos, como ya dijimos, se encuentra ausente de este debate al igual que nuestras universidades o centros de investigación, por tanto, la discusión ha sido ocupada por los medios de comunicación o el Instituto Chihuahuense de la Mujer, cuyo papel, por lo menos en su primera etapa de vida, lejos de ser una solución vino a significar la institucionalización del movimiento social que emergía vigoroso en la sociedad civil juarense.
El llamado ICHIMU copta el movimiento, asume el discurso y durante la gestión de la licenciada Victoria Caraveo Vallina, pretendió convertirse en otra "Organización no gubernamental" pero desde el ámbito del gobierno.[4] Resultado: la polarización de las organizaciones no gubernamentales y la institucionalización de la lucha.
En este sentido, uno de los efectos más visibles, pero a la vez más incomprensibles de los feminicidios en Ciudad Juárez es la polarización de la sociedad. Lamentablemente la sociedad juarense ha decidido tomar distancia sobre este tema involucrándose en este "complot del silencio", como una forma de invisibilizar el problema. Así, en un intento por mantener tranquilas sus conciencias, simplemente conceptualiza el problema de otra manera. De esta manera, en Ciudad Juárez no se habla de asesinatos contra mujeres sino de homicidios de mujeres, como si esto fuera una atenuante.
Otro de los efectos visibles, es la disputa del tema en las llamadas industrias culturales, particularmente en los medios de comunicación impresos tanto locales como nacionales que incluso han sido motivo de demandas penales tanto en México como en Estados Unidos.[5]
En Ciudad Juárez se tienen tres medios de comunicación escrita, de los cuales dos son matutinos: El Diario y Norte de Ciudad Juárez y uno vespertino: El Mexicano. Cuenta también con tres canales de televisión: 44, 5 y 56 y decenas de estaciones de radio, quienes han abordado el tema de los asesinatos contra mujeres desde las más diversas formas y que incluso han llevado a los medios a definirse sobre este tema.
Así, Norte de Ciudad Juárez ha mostrado una línea de intensa lucha por dar a conocer este problema. Da voz a los y las familiares de las víctimas y mantiene una constante campaña de denuncia contra las autoridades encargadas de aclarar los crímenes. Generalmente muestra su solidaridad y apoyo a familiares y se endurece con las autoridades.
En contraparte, El Diario ha marcado una distancia respecto de este problema y cuando lo aborda lo hace desde el discurso dominante de los grupos de poder de la ciudad, pese a que fue este medio uno de los primeros, sino es que el primero en documentar los crímenes que comenzaban a ocurrir en la ciudad.
Esto puede ser entendible desde el momento en que El Diario se ha convertido en una poderosa empresa que obtiene ganancias del orden de los 45 millones de dólares anuales,[6] que lo han llevado a ser sumamente cuidadoso de no alterar el status quo que prevalece en la ciudad. En la lógica de la teoría de juegos, este medio apuesta al ganar-ganar y para ello ha adoptado el discurso aquel que conceptualiza los asesinatos contra mujeres desde la óptica de la buena o mala imagen que le producen estos hechos a la ciudad. Esto es, adopta el discurso de las élites económicas y gubernamentales y trata de minimizar el de los y las familiares.
Así pues, el discurso dominante en la opinión pública de Ciudad Juárez, es el de los grandes empresarios y sus voceros agrupados en los organismos empresariales: Canaco, Canacintra, Centro Empresarial, gente ligada al sector turismo, todos ellos apoyados en los hechos, por del principal periódico de la ciudad: El Diario de Ciudad Juárez, cuyo dueño Osvaldo Rodríguez Borunda, es un fiel convencido de que el tema de las mujeres muertas son exageraciones y que el problema ya no existe.
Y dadas estas circunstancias, las organizaciones que luchamos porque se haga justicia en el caso de las mujeres asesinadas, somos aisladas, excluidas. En ese sentido podemos entender porqué la ciudadanía oculta su apoyo a esta causa. No quieren ser parte de esta minoría excluida. Es pues, el miedo al aislamiento la fuerza que pone en marcha el silencio en Ciudad Juárez.
En todo caso, si lo público es lo que se puede ver (Neumann, 1995), de lo que se trata en esta lucha es hacer visible este problema para que tenga eco entre la ciudadanía y de esta manera concite el apoyo que se necesita para lograr que se haga justicia en este caso.
Aspectos políticos
En todo este tiempo en que han ocurrido crímenes contra mujeres en Ciudad Juárez, han pasado tres gobernadores: Fernando Baeza del PRI, Francisco Barrio del PAN y Patricio Martínez del PRI y 12 presidentes municipales: Jaime Bermúdez, Alfredo Urías, Jesús Macías Delgado y Carlos Ponce Torres del PRI; así como los panistas Francisco Villarreal, Ramón Galindo, Enrique Flores Almeida, Gustavo Elizondo, Jesús Alfredo Delgado y Ricardo Álvarez y los priístas Héctor Murguía, actual alcalde y un año del Consejo Municipal con José Reyes Ferriz y ninguno ha dado muestras de interesarse realmente por el problema.
En este sentido, el actual gobernador, también del PRI, José Reyes Baeza, ha incumplido sus promesas de campaña, pues una vez que asumió el poder decidió trasladar la sede del Instituto Chihuahuense de la Mujer a la ciudad de Chihuahua, olvidando su palabra de no hacerlo. Afortunadamente y hay que reconocerlo, gracias a las fuertes protestas que hemos realizados, ha decidido escucharnos y ha mostrado su disposición al diálogo, pero que consideramos, no es suficiente.
Respecto a las causas políticas, podemos afirmar que esta vertiente prácticamente permanece inexplorada. No se cuenta con estudios que hayan profundizado en los esquemas de seguridad para las mujeres que se siguen durante la alternancia política que se ha vivido en el estado. Si acaso podremos bosquejar algunos incipientes elementos que están muy lejos de constituirse en políticas públicas, entre ellos tenemos:
1. La alternancia política en Juárez, no ha redundado en bajos niveles de inseguridad, por el contrario los principales problemas se han agravado: narcotráfico, crímenes y robos.
Ni PRI, ni PAN han visualizado los crímenes contra mujeres bajo un esquema de prioridad y no han diseñado planes y programas a corto, mediano y largo plazo que atiendan esta problemática. La alternancia política en Juárez ha producido esquemas de confrontación con el gobierno estatal, que ha impedido llegar a acuerdos para trabajar de manera conjunto en este problema.
Como se puede ver, el tema de los crímenes contra mujeres sólo se ha asumido en el discurso, en la retórica de nuestros gobernantes, pero es claro que la política como un medio para dirimir conflictos y ofrecer soluciones a la problemática de una sociedad tan compleja como la juarense, simplemente no ha funcionando.
Finalmente los aspectos sociales y políticos de este tema, se concatenan con el aspecto jurídico, básicamente en tres dimensiones:
1. Los niveles de competencia para atacar este problema.
2.- Leyes obsoletas y una
3. Ausencia de la llamada cultura de la legalidad que favorece la impunidad.
Situación actual
Al igual que el narcotráfico, el caso de las llamadas "Muertas de Juárez", son sin duda, los principales problemas en materia de seguridad pública que enfrentan hoy las autoridades en Juárez.
Respecto a los crímenes contra mujeres, han pasado de ser un problema policiaco a uno político-social, pero principalmente de derechos humanos. Para atender este problema en materia de seguridad pública en Juárez, es impresionante la lista de dependencias que se encuentran involucradas, pero ninguna a nivel municipal y todas ellas con escasos resultados.
Así, a nivel federal, se cuenta con una Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez dependiente de la Secretaría de Gobernación; una fiscalía especial a cargo de la PGR. Interviene también la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las respectivas Comisiones tanto de la Cámara de Diputados, como de la de Senadores.
A nivel estatal, se cuenta con una comisión por parte de la Cámara de Diputados, un Instituto Chihuahuense de la Mujer, una Fiscalía Mixta, una Fiscalía Especial, pero los crímenes y los abusos contra mujeres siguen ocurriendo.
Dentro de estos esquemas de combate contra la inseguridad pública y evitar que sigan ocurriendo crímenes contra mujeres en Ciudad Juárez, recién se ha modificado el andamiaje jurídico. En la procuraduría, ahora es el Congreso quien designa a su titular, desapareció la Policía Judicial del Estado y se creó la Agencia Estatal de Investigaciones, en su función de policía ministerial. También se creó la Secretaría de Seguridad Pública a nivel Estatal y una a nivel Municipal. Adicionalmente se cuenta con un Instituto Municipal de Seguridad Pública y dos Academias de Policía, una en Chihuahua y otra en Juárez, en donde se preparan policías al vapor.
Con todo eso, los desafíos que se enfrentan en Ciudad Juárez son mayúsculos, baste decir que debido a la inseguridad pública que prevalece en nuestra ciudad, los que vivimos en esa frontera hemos gastado cerca de 3 mil millones de pesos en sistemas de seguridad, según un estudio de la UACJ; 455 millones de pesos anuales tan sólo en gastos médicos asociados a los crímenes, así como medidas de protección contra la delincuencia; 100 millones de pesos en adquirir seguros de automóvil; 36 millones en seguros para casa-habitación, 88 millones en alarmas para las viviendas y casi 110 millones de pesos en pago a vigilantes privados para viviendas.
Adicionalmente, de acuerdo a las estadísticas, de 1996 a la fecha, en promedio se mata a 365 personas al año, de las cuales en promedio 30 son mujeres. Esto es que en Juárez, casi se mata una persona hombre o mujer, cada día. Agregue que de acuerdo a la Encuesta de Incidencia Delictiva y de Opinión realizada por el Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) de Ciudad Juárez, sólo 20 por ciento de los delitos cometidos en la ciudad son denunciados, y el resto queda impune.
Finalmente lo que no se alcanza a ver, es que no es el anhelo de justicia y la exigencia de que se esclarezcan los crímenes de nuestros familiares lo que está en juego, sino el fin de la impunidad en nuestra sociedad para dar paso a la supremacía del estado de derecho.
Y es que de imponerse la impunidad, hoy somos nosotros los que exigimos justicia, mañana: ¿quién será?
Muchas gracias.
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[1] En este fecha se dieron a conocer los primeros crímenes, pero es factible que los mismos hayan ocurrido mucho antes pero eran presentado en los medios de comunicación como hechos aislados.
[2] En los años ochenta del siglo XIX, operó en México también otro asesino serial conocido como Francisco Guerrero, alias el "Chalequero", quien cometió varios crímenes violentos y violaciones contra mujeres de la ciudad de México. (Barrón, 2004: 222).
[3] Se trata de la Recomendación 44/98 en donde se demanda a las autoridades tanto federales como estatales se deslindaran responsabilidades en el caso. Se solicitó se iniciaran y determinaran procedimientos de responsabilidad Administrativa sobre autoridades responsables de faltas u omisiones en que se incurrió en materia de seguridad pública. Entre los personajes señalados en esta recomendación se encuentran: Luis Raúl Valenzuela, jefe de enlace de la Procuraduría General de Justicia del Estado; el coordinador general de la PGJE, Felipe Terrazas Morales; la coordinadora de la Unidad Especializada de Delitos Sexuales contra la Familia y Personas Desaparecidas, María Esparza Cortés y el propio procurador, Arturo Chávez Chávez.
[4] Es claro que se trata de un figura retórica, pero en este sentido retomo la discusión que sobre las Organizaciones no Gubernamentales presenta Alberto J. Olvera en su libro: "Sociedad civil, gobernabilidad democrática, espacios públicos y democratización: los contornos de un proyecto", editado por la Universidad Veracruzana en donde analiza la ambigüedad de conceptos tales como el de "sociedad civil", "Organización no gubernamental", "organizaciones de la sociedad civil" o bien, el llamado "Tercer sector".
[5] El 8 de noviembre de 2004, la Editora Paso del Norte que publica el periódico El Diario de Juárez, presentó una demanda por difamación y daño a sus intereses económicos ante la Séptima Corte de Distrito de El Paso, Texas en contra de la Corporación Belo que edita The Dallas Morning News, quien en un artículo fechado el 4 de julio de 2004 titulado: "Periódicos en disputa sobre la imagen de Juárez", en donde su autor, el periodista Alfredo Corchado compara, "los presuntos distintos métodos utilizados por El Diario y otro periódico juarense (El Norte de Ciudad Juárez) de menor circulación en lo relativo al tratamiento informativo de los feminicidios en Ciudad Juárez". La demanda se debe a que el medio mexicano aduce que el artículo "contiene implicaciones contextuales que sugieren que El Diario sacrificó su integridad periodística a cambio de garantizar para sí publicidad proveniente de los gobiernos municipal y estatal". Las cursivas son mías.
[6] Editorial de El Diario de Juárez del 11 de mayo de 2002. Atte.
Marisela Ortiz, cofundadora y vocera de Nuestras Hijas de Regreso a Casa
Tel: (52 656) 207 1211, fax: 620 4599, Cel. 638 5640 (Ciudad Juárez)
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