Femicidio en Ciudad Juárez: Actualización de los casos 2005.
Nuestras Hijas de Regreso a Casa, A.C.
Caso de María Elena Chávez Caldera, hija de Julia Caldera
Julia, con apoyo de Nuestras Hijas de Regreso a Casa y los abogados de la ANAD, interpuso una denuncia de hechos ante el Departamento de Averiguaciones Previas en contra de ex fiscales y ex titulares de la Procuraduría General de Justicia estatal, por el ocultamiento de los dictámenes de identificación del cuerpo de su hija María Elena Chávez Caldera, quien desapareció el 20 de junio del 2000, y que octubre del mismo año se encontró su cadáver, pero la entrega del cuerpo se hizo hasta 2004, cuando NHDRC presionó ante la fiscalía local aún a cargo de Ángela Talavera.
Esta queja es contra los siguientes ex funcionarios y otros en activo de la dependencia estatal policiaca: Suly Ponce Prieto, José Luis Armendáriz Fuentes, Mayté Espinoza Martínez, Julio César Yáñez Camacho, Arturo González Rascón, Ángela Talavera Lozoya, Elizabeth Hernández, Manuel Esparza Navarrete, Zulema Bolívar García, Ricardo Vázquez Santiesteban, Luis Antonio Morales González y Felipe Alejandro Astudillo Sánchez.
Asimismo, Julia aún tiene dudas en relación a la identidad del cuerpo de su hija, por lo que solicitó al equipo de antropólogas forenses se haga un nuevo estudio de AND a fin de asegurarse si el cuerpo que le fue entregado pertenece o no a María Elena, los resultados se entregarán en noviembre próximo.
Este hecho, de manifestar dudas y solicitar el nuevo estudio de identificación, le trajo como consecuencia que no se le entregara “auxilio” económico otorgado por el Estado mexicano a través de la PGR autorizado para las familias de víctimas, y se le advirtió que de resultar negativo el ADN, no tendrá posibilidad de obtener este “beneficio”.
Caso de Erika Pérez Escobedo, hija de Elia Escobedo
Erika Pérez es asesinada el 23 de septiembre de 2002, cuando acuden a Ciudad Juárez autoridades e instituciones de nivel nacional para reunirse con juarenses interesados en establecer la Mesa Interinstitucional promovida por el Instituto Nacional de las Mujeres. Su cuerpo fue encontrado en un lote entre matorrales, con la blusa arriba y el pantalón debajo de las rodillas, ella fue violada y estrangulada con el cordón de su propio bolso. Sin embargo, en pocas horas, tras la presión de los visitantes y el escándalo periodístico que representaba el hallazgo, las autoridades apresuraron una respuesta, cuando todavía no se conocía ni su nombre: Erika había muerto por sobredosis, y se dedicaba a la prostitución; versión elaborada por las autoridades como una justificación para justificar su muerte, y desconocer el asesinato y evitar la investigación.
Hasta ahora, a pesar de muchos intentos de la familia y de Nuestras Hijas de Regreso a Casa por rescatar el expediente de la víctima, nada se ha logrado, pues a decir de las propias autoridades, quizá ni expediente exista.
Al asumir el cargo la actual procuradora de Justicia del estado de Chihuahua, Patricia González Rodríguez, se le exigió una nueva investigación, se hizo entrega de un documento firmado por NHDRC exponiendo el caso y haciéndole la petición de que se cambiara el estatus del caso, es decir, que se reconociera que Erika fue asesinada y no muerta por sobredosis. La respuesta: ninguna.
Lo anterior ha generado que todo apoyo por parte del Estado que ha sido logrado tras la lucha por hacer responsables a las autoridades y gobiernos de estos crímenes, le haya sido negado a los dos hijos de Erika, quienes actualmente viven en medio de múltiples necesidades dado que su abuela, Elia, a cargo de ellos, es una mujer sin estudios, enferma y de edad avanzada que lucha por sostenerlos a base de trabajos domésticos.
Caso Silvia Elena Rivera Morales, hijas de Ramona Morales
Silvia Elena Rivera Morales fue asesinada en 1995. El Ministerio Público señaló como probable responsable del homicidio a Abdel Latiff Sharif, y desde 1996, ha solicitado se gire orden de aprehensión en contra de esta persona, misma que ha sido denegada por los tribunales e impugnada por el propio ministerio público en reiteradas ocasiones. La negativa de las autoridades jurisdiccionales de dictar orden de aprehensión radica en la inexistencia de un nexo causal entre el homicidio de Silvia Elena y Sharif.
Esto se ha sostenido durante los diez años, sin embargo, las pruebas que ha valorado el Ministerio Público para considerar a Sharif como el probable responsable, presentan contradicciones respecto de los datos que tiene la familia. En este lapso la autoridad no ha recabado las pruebas necesarias para sostener su imputación; lo que ha tenido como consecuencia que se descuiden o no se inicien otras líneas de investigación.
Al respecto, la familia ha realizado su propia indagación de la cual se ha desprendido información que, a lo largo de estos diez años, le proporcionaron al Ministerio Público. Sin embargo, esa información no fue integrada en el expediente y mucho menos investigada.
Una petición hecha a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pasado la etapa de admisibilidad a la Corte, pero aún no se conoce en qué pueda resultar esta denuncia.
A la familia se le ha dado el tan discutido “auxilio” por parte de la PGR, pero la justicia ¿cuándo?
El caso de Lilia Alejandra García Andrade, hija de Norma Andrade
Asesinada en febrero de 2001, a la fecha el Ministerio Público no ha determinado la probable responsabilidad penal de persona alguna, no ha ejercido la acción penal y, por lo tanto, no ha consignado el caso ante la autoridad judicial por el asesinato de Lilia Alejandra.
La madre de Alejandra ha solicitado la adopción de los dos hijos que dejó su hija, y esto le ha sido negado por la autoridad hasta la fecha.
Hasta hoy se desconoce quién o quiénes hayan asesinado a Alejandra, y en este camino de lucha por la justicia, su padre falleció con la impotencia de no ver resuelto el caso, mientras Norma, la madre, se encuentra enferma y sin posibilidades de otorgar beneficios a sus nietos como trabajadora al servicio del estado (es maestra), por la negativa de la adopción.
El caso se encuentra actualmente en espera de que sea admitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Caso de Claudia Iveth González, hija de Josefina González
Su cuerpo fue encontrado en un campo algodonero al lado de otros siete osamentas más. Tres días despúes se finca responsabilidad del asesinato a Gustavo Meza y Víctor García Uribe, quienes fueron detenidos por el Procurador José de Jesús Silva, quien los presenta para su entrevista con los medios de comunicación visiblemente torturados y sin representante legal alguno. El Perito Oscar Maynez renunció a su cargo cuando la fiscalía le pidió que fabricara pruebas para inculpar a los sospechosos. Aún con ello, se fabrican pruebas en su contra.
Ocho meses después se analiza el ADN de las víctimas para corroborar sus identidades. Los resultados de éstos análisis son: 1 positiva, 2 dudosas, 1 muestra insuficiente y 4 negativas.
Gustavo Meza murió sospechosamente desangrado en el penal después de una cirugía practicada en el interior del mismo, en febrero del 2003. Su abogado defensor había sido asesinado por policías judiciales del estado en febrero del 2002, que por cierto dos de ellos fueron ascendidos, uno de ellos como Director de Seguridad Pública Nacional.
Por su parte, Víctor García Uribe fue sentenciado a 50 años de prisión, pese a que muchas voces, incluyendo a la Comisionada Especial, Guadalupe Morfín, se pronunciaron por la liberación de Víctor García por considerar que es inocente. Después que inicia el actual mandato estatal en manos de José Reyes Baeza, se otorga la libertad de Víctor por considerar que no existen elementos suficientes para demostrar su responsabilidad ante los hechos.
El caso de Claudia, así como los otros siete quedan con esto sin datos para fincar responsabilidad a persona alguna, pero esto a la autoridad no le ha interesado y las investigaciones se encuentran detenidas.
Los otros casos, igual
De estos y otros casos no referidos en este documento, la mayoría todavía se encuentran en etapa de averiguación previa; lo cual implica que la única autoridad que ha conocido de las investigaciones es el Ministerio Público. Éste tiene el monopolio para ejercer la acción penal, según se desprende de la normatividad mexicana, lo que implica que “el sistema jurídico mexicano obliga a todos los denunciantes u ofendidos a recorrer tortuosos procedimientos ante el Ministerio Público si quiere que el caso llegue al conocimiento del juez.” Lo anterior se convierte en una imposibilidad jurídica de cuestionar las resoluciones del Ministerio Público, que en la etapa de averiguación previa actúa como autoridad, juez y parte.
Por lo anterior, las familias no ha tenido acceso a la justicia, puesto que sus casos no han podido siquiera ser conocidos por un tribunal judicial competente, imparcial, independiente y establecido con anterioridad por la ley.
La respuesta institucional
El “auxilio” del Estado Mexicano a través de la PGR
La forma en que el Estado mexicano asume el problema, a través de sus distintas etapas que van desde la negación de los hechos, el rechazo y minimización del fenómeno hasta llegar a su casi aceptación, ha sido el anuncio de un apoyo económico a ciertas familias de mujeres asesinadas, implementando la entrega de este recurso a traves de la PGR, rechazando que esto corresponda a la reparación del daño, porque ello implicaría aceptar su responsabilidad en los crímenes de mujeres y la impunidad que persiste hasta ahora.
Mientras todo se reduce a la entrega de una cantidad determinada de dinero por cada mujer asesinada, el Congreso de la Unión Ha exigido que el Estado mexicano asuma y reconozca su responsabilidad no sólo histórica y política, sino jurídica en torno a este caso. Dicho de otra manera, para la PGR los asesinados de mujeres en Ciudad Juárez se traducen en pesos y centavos, mientras que para los y las legisladoras, se trata no sólo de encontrar a los asesinos, sino castigar –al nivel que sea- a quien desde una responsabilidad pública no cumplió con su cometido para garantizar un principio elemental de los derechos humanos: el derecho a la vida.
Así, para el Estado mexicano no es una discusión sólo conceptual, sino tiene que ver con la forma en que enfrenta el problema, para evadir, por ejemplo, la reparación del daño, debido a su ineficiencia para resolver los crímenes por la vía de la localización y sentencia del o los homicidas responsables de estos delitos.
Cambios en la Fiscalía Federal
La Dra. Mireille Roccatti asumió su cargo al frente de la Fiscalía Especial para la atención de delitos relacionados con homicidios de mujeres en Ciudad Juárez el pasado 30 de mayo sustituyendo en el cargo a la abogada María López Urbina, quien había iniciado labores el 31 de enero de 2004. López Urbina fue separada de su cargo de no muy buenas maneras, un día antes de presentar su informe de labores, el que por cierto ya nunca más se conoció, como tampoco se conocieron las verdaderas causas de su remoción.
Roccatti afirmó que de acuerdo a sus investigaciones, el 70 por ciento de los homicidios obedece a la violencia intrafamiliar y el 30 por ciento restante es producto de la violencia social, especialmente delitos patrimoniales, en contra de la salud e imprudenciales aunque finalmente admite aquí algo que siempre había negado, que existe una franja importante de asesinatos que corresponden a homicidios seriales, como ella le denomina.
Todo esto lo dijo la Dra. Roccatti en su conferencia de prensa del 14 de septiembre de este año en Ciudad Juárez. Pero como sus cambios de opinión fueron constantes, ese día se le olvidó lo que días antes, el 4 de septiembre le dijo tajante al periódico Reforma en una entrevista, que una vez concluida la revisión de 339 asesinatos –cita textual y como verán pues ese problema de las cifras sí que es un tormento pues aparecen y desaparecen con gran facilidad, porque en su informe final dijo que eran 340- se concluye que éstos no forman parte del crimen organizado ni responden a crímenes cometidos por homicidas seriales.
A Reforma le dijo que no había y en su informe final que sí había. ¿Qué pasó en esos 10 días?, ¿descubrió a los asesinos?, ¿por qué no abundo sobre el tema?, ¿cuál es la verdad? La verdad tal vez sea una. Roccatti renunció a su cargo para asumir la Secretaria del Medio Ambiente en el Estado de México; y el mismo día de su renuncia se conoció del artero asesinato de una maestra y su hija. Luego, el sábado 17 de septiembre apareció otra víctima. ¿No dejaba pues la fiscalía en un momento en que, en Ciudad Juárez, en relación a los crímenes de mujeres todo esta resuelto? Lo cierto es que prefirió la comodidad de sembrar arbolitos que llevar justicia a las madres de esas mujeres que fueron asesinadas en Ciudad Juárez.
Informes y Diagnósticos y su escasa efectividad
A lo largo de estos años, son incontables los estudios y trabajos que se han presentado, pero ninguno atina a encontrar ya no la solución al problema, sino siquiera a dar pautas para poner fin a la impunidad que actualmente prevalece en Ciudad Juárez en esta materia.
Por ejemplo, en el aspecto social, se cuenta con los informes de la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez que encabeza Guadalupe Morfín Otero, los de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de Amnistía Internacional, de la ONU y de otros organismos tanto nacionales como internacionales, pero no existe pronunciamiento o documento alguno de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ni en los regímenes panistas, ni en los priístas, lo cual para muchos no deja de ser un síntoma del “complot del silencio” en el estado de Chihuahua que intenta minimizar o invisibilizar los crímenes contra mujeres.
En el aspecto jurídico, son innumerables los pronunciamientos que se han hecho desde las más diversas tribunas, y paradójicamente, con muy poco éxito. En ese sentido han operado con mayores resultados los “tribunales populares de la opinión pública” que los tribunales jurídicamente reconocidos por las leyes de nuestro país, porque es en aquéllos donde por lo menos la ciudadanía condena a quienes considera son responsables de que no se haga justicia.
Los asesinatos comenzaron desde 1993, o tal vez antes, pero fue hasta el 15 de mayo de 1998 cuando se emitió la primera recomendación tanto nacional como internacional emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entonces a cargo de Mireille Rocatti y hasta el momento no se ha procedido en contra de los funcionarios acusados en este informe.
De esta recomendación a la fecha se han sucedido una serie de informes y recomendaciones de organismos como la ONU, Amnistía Internacional, la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos y hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero no han tenido mayores impactos.
En síntesis, lo que los organismos nacionales e internacionales han exigido va en cuatro direcciones:
1. Condenar e investigar los crímenes y desapariciones contra mujeres.
2. Sancionar a los responsables con todas las garantías del debido proceso.
3. Brindar reparación del daño y apoyo a las víctimas y a sus familiares y,
4. Prevenir la violencia contra la mujer.
Pero ninguna se ha podido cumplir por diversas razones, ya sea por legalismos jurídicos, presiones políticas y sociales o simplemente por falta de voluntad política.
Así, el feminicidio se ha convertido en uno de los principales problemas de seguridad pública en Ciudad Juárez. Desde 1993 hasta principios de 2004 se reportaron más de 382 casos, caracterizados porque las víctimas son mujeres muy jóvenes y bonitas, presumiblemente asesinadas por hombres que ejercen violencia sexual antes y/o después de asesinarlas.
Los crímenes contra mujeres, han pasado de ser un problema policiaco a uno político-social, pero principalmente de derechos humanos, de impunidad. Para atender este problema en materia de seguridad pública en Juárez, es abundante la lista de dependencias que se encuentran involucradas, pero ninguna a nivel municipal y todas ellas con escasos resultados.
Por ejemplo, a nivel federal, se cuenta con una Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez dependiente de la Secretaría de Gobernación, establecida en septiembre de 2003 mediante un acuerdo de la Comisión Intersecretarial sobre Políticas Públicas de Derechos Humanos. También se creó al Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con los Homicidios de Mujeres en el Municipio de Juárez, Chihuahua. Se tiene también una fiscalía especial a cargo de la PGR.
Intervienen también, aunque en atención a otros aspectos derivados de los asesinatos de mujeres, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las respectivas Comisiones tanto de la Cámara de Diputados, como la de Senadores, asimismo se abrió en 2004 una casa de atención a víctimas de la violencia en Ciudad Juárez, dependiente de la PGR.
A nivel estatal trabajan para resolver estos casos y sus secuelas, la Fiscalía de Investigación de Homicidios, la Unidad Especializada en la Investigación de Homicidios (se enfoca al crimen organizado y al narcotráfico) y la Fiscalía Mixta (atiende los casos de móvil sexual). Se cuenta con una comisión por parte de la Cámara de Diputados y un Instituto Chihuahuense de la Mujer
Sin embargo, y a pesar de todas las instancias que trabajan para encontrar y sancionar a los responsables de los asesinatos y desapariciones, esto no se ha logrado y son muchos los familiares que están en espera de la justicia y de que se informe sobre el paradero de las mujeres que están desaparecidas.
Dentro de estos esquemas de combate contra la inseguridad pública y evitar que sigan ocurriendo crímenes contra mujeres en Ciudad Juárez, recién se ha modificado el andamiaje jurídico, pero aún es prematuro para poder evaluar sus resultados. En la procuraduría, ahora es el Congreso quien designa a su titular, desapareció la Policía Judicial del Estado y se creó la Agencia Estatal de Investigaciones, en su función de policía ministerial.
Pese a todo este despliegue hasta el mes de noviembre de 2004, se contabilizan 142 víctimas de feminicidio sexual y serial (Monárrez, 2001), aunque la cifra de mujeres asesinadas de cualquier forma en Ciudad Juárez varía entre los 320 y 382 casos. Esto es, se trata de crímenes continuos y seriados cometidos –y esta es una de las múltiples líneas de investigación que se siguen- por las organizaciones que se dedican al narcotráfico y el crimen organizado.
La manera similar en que se han encontrado los cadáveres de algunas jóvenes, las torturas, las mutilaciones que presentaron las mismas y las zonas en las que fueron arrojadas, señala que existe un patrón sistemático en la forma en que son exterminadas y también nos habla de posibles asesinos que actúan de una forma persistente y constante cuando atacan y asesinan.
La mayoría de los asesinatos y las desapariciones de mujeres se han llevado a cabo en el trayecto entre su trabajo, muchos de ellos en maquiladoras, la escuela y su casa; a pesar de esto las empresas no han hecho nada significativo para garantizar al menos el regreso seguro de las trabajadoras a sus hogares, que por lo general están en zonas marginadas con muy escasa infraestructura; tampoco las autoridades las han obligado a brindar esa seguridad.
El complot del silencio
En cuanto a las autoridades de mayor nivel, tanto estatales como nacionales, han tendido a negar la existencia del problema, minimizarlo, declararlo superado o simplemente ignorarlo”.
En Juárez, las madres de las víctimas y las organizaciones no gubernamentales como Nuestras Hijas de Regreso a Casa, nos exponemos a la crítica, a la exclusión, a la amenaza. Nos volvemos extrañas en nuestra propia tierra, porque el discurso dominante en la opinión pública de Ciudad Juárez, es el de los grandes empresarios y sus voceros agrupados en los organismos empresariales.
Y dadas estas circunstancias, las organizaciones que luchamos porque se haga justicia en el caso de las mujeres asesinadas, nos vemos en una minoría, somos aisladas y excluidas, justamente como lo afirma Neumann.
En este sentido es que la ciudadanía oculta su apoyo a esta causa. No quieren ser parte de esta minoría excluida. En Juárez, como en otras sociedades, ser o pertenecer a las minorías, es ser condenado o condenada al silencio, a no ser escuchados o escuchadas. Es pues, el miedo al aislamiento, la fuerza que pone en marcha la espiral del silencio. (Neumann, 1995: 23).
Y eso es justamente lo que ocurre en Juárez. Una opción para no ser excluido, es el silencio. Y es que si lo público es lo que se puede ver (Neumann, 1995), y sólo lo que se puede contar existe en una sociedad (Castoriadis), entonces podemos entender la lucha de las familias por hacer visible este problema entre la ciudadanía, y así promover el apoyo necesario para lograr la justicia.
Así, el Estado mexicano ha fallado en proporcionar seguridad y justicia, de tal manera que en el caso de las mujeres asesinadas en Juárez se impone el ofrecer perdón a las familias por la tragedia vivida y el desprestigio a ellas y sus hijas, madres o hermanas; la población juarense y mexicana también tendríamos que desagraviarlas con una disculpa pública, por permitir la construcción del silencio, por negarles la solidaridad en medio de tanto dolor y desesperanza.
Los crímenes continúan y la impunidad persiste, ante ello, Nuestras Hijas de Regreso a Casa busca tener un aporte social en su localidad fronteriza y porque nunca vuelvan a asesinar jóvenes mujeres, y actualmente, gracias a organizaciones solidarias como MamaCash en Holanda, Grupo de Tecnología Alternativa, Frente Internacionalista contra el Feminicidio y Neza Radio, de México, tenemos equipo y antenas instalados para en cuanto la autoridad federal nos otorgue el permiso, empezar a operar nuestra Radio Comunitaria: RadioFem, rompiendo el silencio, cuyo objetivo en nuestra programación educativa es provocar un cambio sociocultural y desarraigar el machismo que afecta la integridad y la vida de muchas mujeres juarenses, además de prevenir los secuestros y asesinatos y abrir espacios a las familias de las víctimas, a fin de que la comunidad conozca su versión sobre los hechos y las actuaciones de la autoridad y el gobierno frente a sus demandas de justicia.
Además de las madres, hermanas, hermanos, hijas e hijos de mujeres victimadas que luchan a través de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, participa igualmente un gran número de personas y organizaciones solidarias con acciones diversas en favor de esta lucha que sostenemos, y que con su voluntad hacen un soporte importante en los trabajos de esta institución. Por lo que agradecemos su acompañamiento en este proceso por erradicar la impunidad y la violencia hacia las mujeres de nuestra comunidad y el mundo, y en favor de una sociedad y un gobierno justo y democrático.
Frente a la lucha emprendida por Nuestras Hijas de Regreso a Casa, otras familias no organizadas, las protestas de múltiples organizaciones locales, nacionales e internacionales interesadas en la solución de estos casos, más que una respuesta positiva por parte del estado y la sociedad, han prevalecido los silencios, las omisiones, los discursos dominantes y el entrelazamiento de las élites políticas y económicas para minimizar este problema.
Ciudad Juárez, Chihuahua, México, octubre de 2005
Regresar a la página de Noticias
Regresar a la página Principal