La violencia diezma a las mujeres en Guatemala.
Más de 2.000 asesinatos en los últimos seis años aterrorizan el país centroamericano ante el fracaso o la complicidad de la policía
FRANCESC RELEA - Guatemala
EL PAÍS - Internacional - 20-11-2005
Gobierno, policías y fiscales sostienen que la mayoría de las víctimas eras
delincuentes
"Salimos de casa y no sabemos si regresaremos", dice la diputada Maldonado
La noche del 6 de noviembre un numeroso grupo de policías irrumpió
violentamente en Agua Tibia, un cantón muy pobre del municipio de Palencia,
a 30 kilómetros de la capital guatemalteca. Entraron sin orden judicial en
la casa de la familia Mijangos Hernández -matrimonio y 13 hijos-. Una agente
de gatillo fácil vio movimientos sospechosos en una cama y abrió fuego.
Entre las sábanas había una niña de cuatro años que murió en el acto. La
versión oficial de la Policía Nacional Civil (PNC) aseguraba que los agentes
perseguían a un peligroso grupo de mareros (pandilleros) que trataron de
esconderse en el poblado, tras lo cual se produjo un enfrentamiento a tiros.
Nadie creyó la explicación policial y menos la fiscal María Teresa Lima del
Cid, con 13 años en el Ministerio Público, que pidió esta semana la
detención de los 25 policías. "Alteraron la verdad, no hay duda de ello", ha
dicho la fiscal después de visitar el lugar de los hechos y hablar con la
familia. De momento, sólo hay cuatro agentes detenidos porque el alto mando
policial se niega a entregar al resto. "La policía está totalmente
involucrada con el delito", advierte la procuradora. "Mire lo que ha pasado
con los responsables de la lucha contra el narcotráfico, que han sido
detenidos en EE UU. Es una vergüenza".
El episodio de Agua Tibia es uno más en la espiral de violencia que vive
Guatemala y que se ensaña especialmente con las mujeres: una media de 40
homicidios por mes, más de uno al día, en la franja que va de los 15 a los
40 años, tanto en zonas rurales como urbanas. "Vivimos en una situación en
la que salimos de casa y no sabemos si regresaremos. Cada día hay 200
asaltos a autobuses. Usted sube al autobús y ya sabe la consigna: si hay un
asalto, agache la cabeza, no mire a los asaltantes, entregue su teléfono
móvil y el dinero. Si se resiste lo matan, así de simple". En estos términos
habla una veterana de la lucha guerrillera, fajada en mil batallas. Alva
Estela Maldonado, de 60 años, diputada de la Unión Revolucionaria Nacional
Guatemalteca (URNG), dedica desde hace un año gran parte de su actividad
parlamentaria a la investigación de los asesinatos de mujeres en su país. El
primer resultado ha sido el libro Feminicidio en Guatemala. Crímenes contra
la humanidad, que se ha presentado esta semana.
Cuando se habla de homicidios de mujeres las miradas suelen dirigirse hacia
Ciudad Juárez, en la frontera de México con EE UU, donde se han
contabilizado 410 muertes en la última década. El tema ha llenado páginas de
periódicos, y ha dado pie a libros y películas con estrellas de Hollywood
como Jennifer López y Antonio Banderas. Guatemala, donde las cifras de
muertes son más apabullantes -más de 2.000 mujeres asesinadas en seis años-
empieza a despertar la atención internacional. Especialmente, después de que
las inspectoras especiales sobre temas de género de la ONU, Yakin Ertürk, y
de la OEA, Susana Villarán, visitaran Guatemala el año pasado. Las dos jefas
de misión pudieron comprobar la situación sobre el terreno en un país de
11,5 millones de habitantes, en plena descomposición social, devastado por
36 años de una guerra civil (1960-1996) que provocó 260.000 desaparecidos.
La organización Amnistía Internacional (AI) ha lanzado una campaña para
alertar al mundo de los sufrimientos de las mujeres guatemaltecas y ha
elegido dos víctimas, que se han convertido en símbolos de la violencia de
género. María Isabel Véliz Franco acababa de cumplir 15 años el 16 de
diciembre de 2001, cuando fue secuestrada al salir de la tienda de ropa en
la que trabajaba. Dos días después, su cadáver con el rostro desfigurado fue
hallado en un terreno baldío de San Cristóbal, en el municipio de Mixco.
"Llamé a su mejor amigo para que me acompañara a la morgue", recuerda Rosa
Elvira Franco, de 44 años, madre de María Isabel. "La violaron, la
estrangularon con una soga y la dejaron tirada con una bolsa de plástico en
la cabeza. No entiendo por qué tanta saña. Durante la investigación la
policía decía una cosa y la fiscalía otra distinta. La última vez que hablé
con la fiscal de Mixco, Iliana Girón, se atrevió a decirme que a mi hija la
mataron porque 'era una cualquiera'. Se lavó las manos". Durante estos años
Rosa Franco ha investigado por su cuenta y ha llevado el caso ante AI y la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. "Tengo mi propia
documentación porque no se puede confiar en el Ministerio Público ni en la
policía", dice. La madre tiene serias sospechas de un individuo que decía
ser el mejor amigo de su hija. Lo denunció con nombre y apellido, Gustavo
Bolaños, pero hasta la fecha la policía no ha detenido a nadie.
El otro caso escogido por Amnistía Internacional es el de Nancy Peralta, de
30 años, que fue asaltada el 1 de febrero de 2002 cuando se dirigía a la
Universidad de San Carlos, donde trabajaba de secretaria. "Salió temprano de
casa como todos los días", cuenta María Elena, su hermana. "Los asesinos la
golpearon y le propinaron 48 puñaladas. La encontraron en una colonia
cercana a la universidad. Hubo testigos que vieron a personas salir de aquel
terreno baldío, pero nadie quiere hablar". Cuando llegaron los
investigadores de la policía a la casa de los Peralta lo primero que
insinuaron fue que Nancy era prostituta o marera. "Con tal de cerrar los
casos y no investigarlos siempre llegan a la misma conclusión: pertenecía al
crimen organizado".
María Elena fue invitada hace tres semanas a Washington, donde denunció los
casos de Nancy y María Isabel ante líderes republicanos y demócratas del
Congreso, entre ellos la senadora Hillary Clinton. "La gente quedó muy
impactada. Todo eso ocurre en Guatemala, decían". A su regreso, vehículos
sospechosos con los cristales polarizados empezaron a merodear por la casa
de María Elena. "Agentes del Ministerio Público se han dedicado a investigar
a mi familia en lugar de buscar a los culpables. En algún momento pensamos
irnos del país. Pero, ¿por qué? No hemos cometido ningún delito".
¿Qué está pasando en Guatemala? El Gobierno, la Fiscalía y la Policía
coinciden en que la mayoría de víctimas tenía vinculaciones con el mundo de
la delincuencia -maras, prostitución, distribución de droga- y aseguran que
pocas de las mujeres asesinadas eran inocentes. Esta opinión levanta
ampollas en las organizaciones de mujeres y de derechos humanos que rechazan
la idea de criminalizar a las víctimas. Carla Villagrán, jefa de la Unidad
de Estudio y Análisis de la Procuradoría de Derechos Humanos, subraya que
"no hay datos objetivos que nos permitan demostrar esta hipótesis y tampoco
descartarla del todo".
"No estoy de acuerdo en que la mayoría de víctimas estaban involucradas con
actividades delictivas", replica Silvia Gereda, directora de El Periódico.
"Mujeres que llevan una vida en orden están expuestas a la violencia,
especialmente si viven en zonas marginales. Lo contrario es no aceptar que
el tejido social en Guatemala está roto. Detrás de las estadísticas hay una
madre, una estudiante...". El diario que dirige Silvia Gereda promovió la
campaña "La indiferencia nos está matando", que consistía en publicar una
esquela por cada persona fallecida. Como parte de esta campaña, una edición
especial publicó una portada llena de cruces con nombres de víctimas Los
rostros detrás de las cruces, y varias páginas con fotos de mujeres
asesinadas Los rostros de los números.
Un repaso a los expedientes que instruye la fiscal Lima del Cid confirma que
la violencia golpea a mujeres de toda condición. Como la pianista de origen
checo Dorothy Lydia Barentin, 69 años, concertista de la Orquesta Sinfónica
Nacional de Guatemala, asesinada brutalmente el pasado 7 de noviembre en su
casa. El agresor utilizó un piolet y un cuchillo con los que desfiguró a la
víctima. O las dos mujeres policías que contrataron a un sicario para matar
a una tercera agente para resolver un desacuerdo económico entre ellas. O el
de una joven estrangulada, cuyo cadáver fue encontrado en una bolsa con las
orejas seccionadas. En este caso, la fiscal atribuyó el asesinato a las
maras con un claro mensaje: chivata.
Giovana Lemus, de la Red de No Violencia, la primera organización que
documentó casos de violencia hacia el año 1997, llama la atención sobre la
necesidad de cambiar "leyes obsoletas". "Hemos propuesto reformas en el
ámbito del Código Penal, que data de 1973 y recoge la cultura autoritaria
propia de tiempos de guerra. Por ejemplo, si un violador de una menor se
compromete a casarse con la víctima queda eximido de toda pena". Ésta y
otras iniciativas chocan en el Parlamento contra un muro infranqueable.
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