Guatemala, la nueva Ciudad Juárez.

Artículo de "Gobernanza" Revista digital Internacional para el desarrollo humano. Edición nº 13 (18/11/2004)

Oscar del Álamo

El 2004 contempla el décimo aniversario de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Sin embargo, en muchos de los países latinoamericanos no hay razones para celebrarlo plenamente. Este es el caso de Guatemala ya que desde 2001 se han registrado 1.188 asesinatos de mujeres. A mediados del pasado mes de septiembre ya se contabilizaban unas 350 muertes violentas de mujeres en este país y las cifras denotan una espiral ascendente en torno a esta tragedia. En lo que va del año se reporta un promedio de dos asesinatos por día (o sea, que mueren más de 30 mujeres al mes en todo el territorio nacional) y algunas estimaciones ya han precisado que los crímenes contra las mujeres podrían llegar a 700, lo que supone un incremento de un 36% con relación al mismo periodo del año pasado, teniendo en cuenta que en 2003 se cometieron 383 crímenes (los crímenes ya se dispararon un 135% entre el 2002 - cuando se reportaron 163 casos - y el 2003). A la particularidad de que las víctimas sean mujeres, se suma el hecho de que en muchos casos sean de origen indígena: tan sólo entre marzo y abril de 2003, más de 200 mujeres indígenas fueron violadas y asesinadas en Guatemala.

Las cifras en Guatemala superan con creces a los 304 asesinatos que se han cometido durante 11 años en Ciudad Juárez. Dicho de otro modo, Guatemala casi supera la cantidad de crímenes de Ciudad Juárez anualmente. Sin embargo, el conocimiento público sobre este flagelo no ha sido tan grande como en México. La atención mediática sobre el caso de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez (en parte por las conexiones entre la corrupción policial, narcotráfico y tráfico de mujeres) ha solapado el hecho de que en los últimos años los crímenes de mujeres se han disparado también en otros países. Así mismo, en el caso guatemalteco, la tragedia sigue invisibilizada en todas las esferas debido al sistema patriarcal que aún existe en el país.

De acuerdo con las autoridades, la mayoría de estos crímenes son atribuidos a las pandillas juveniles o "maras" (aunque no se descarta la influencia del crimen organizado y el narcotráfico). Entre 100.000 y 200.000 jóvenes integran unas 400 pandillas y se considera que el 80% de los hechos de violencia que afectan al país son cometidos por ellas en un entorno marcado por la lucha de poder (un tema que también está afectando a México, El Salvador, Honduras y Nicaragua) y que deja un legado escalofriante: de enero a junio del presente año, 6.039 personas sufrieron heridas por arma de fuego, 1.315 por arma blanca y se produjeron 3.219 víctimas mortales.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advertía que Guatemala había pasado a ocupar el primer lugar en homicidios de toda América Latina, con una tasa de 69,98 crímenes por cada 100.000 habitantes. El país chapín tiene una población cercana a los 12 millones de personas, cifra relativamente pequeña en comparación con quienes le siguen en la lista: Colombia (65 asesinatos por cada 100.000 habitantes; Venezuela, 33; Brasil, 25, y México, 12.5). Con este panorama, no resulta extraño que: casi el 30% de los guatemaltecos haya sido víctima de la delincuencia; que el 77% afirme sentir temor o inseguridad al salir a la calle; el 79.3% asegure que la violencia y delincuencia se ha incrementado este año; y que casi un 60% por ciento afirme que el gobierno no combate este flagelo.

El gobierno aceptó su incapacidad para combatir a las "maras" y e l presidente Oscar Berger lanzó una operación de emergencia, la Cruzada Nacional contra la Violencia, ubicando cuatro mil hombres - entre soldados y policías - patrullando las zonas más peligrosas de la capital con lo que se contravenían los acuerdos de paz. Pero parece tal operación no ha demostrado muchos resultados ya los crímenes no sólo continúan sino que han aumentado.

¿Pero son las "maras" las únicas culpables de los asesinatos de mujeres? La respuesta no parece tan clara y algunos factores inducen a pensar que es necesario tener en cuenta otros aspectos.

Las autoridades guatemaltecas no cuentan con datos exactos sobre los asesinatos femeninos, por lo que no se puede determinar el perfil real de las víctimas y de los victimarios. Junto a la falta de acciones para establecer las causas de los asesinatos y de perseguir penalmente a los responsables cabe destacar el poco personal de la Policía Nacional Civil (PNC) dedicado a investigar los crímenes, pues únicamente 15 de los 20.000 agentes que componen el cuerpo policial han sido destinados a esta tarea (y sólo cuentan con una computadora y un teléfono celular).

Cierto que algunos asesinatos pueden ser atribuidos a pandilleros, pero no todos, tal y como afirman las diversas organizaciones de mujeres que han hecho un seguimiento de ellos. Apoyándose en datos de la Organización de Naciones Unidas, precisan que el 21% de los asesinatos se debe a la acción de las "maras"; un 21% a "asuntos personales"; un 17% ciento a crímenes pasionales; 17% a causas desconocidas; 10% a intentos de robo; 9% a consecuencia del narcotráfico; 5% por violaciones.

De este modo, y ante la falta de pruebas, más que culpar únicamente a la acción de los pandilleros, parece más coherente observar otros posibles aspectos estructurales y de fondo que afectan al país y que consolidan una cultura de violencia.

En los asesinatos hay ciertas constantes que se repiten. Las torturas, la violación y la saña con que han sido asesinadas las mujeres apuntan a una sistematización de los crímenes que las autoridades aún no han determinado. Unos rasgos que caracterizaban a las prácticas que se utilizaban durante el conflicto armado (1960-1996): la población femenina era utilizada por el ejército como trofeo o para dejar "mensajes" a los supuestos guerrilleros; el fin de las hostilidades no ha impedido que muchas mujeres sigan siendo torturadas y asesinadas de la misma forma como ocurría durante la guerra. Uno de las razones podría encontrarse en el hecho de que la mayoría de los soldados que participaron en la guerra no recibieron ayuda psicológica tras la culminación de la misma, una situación que ha provocado que muchos de ellos deambulen por las calles del país, formen parte de las pandillas, y sean propensos a realizar actividades violentas o delincuenciales.

Además, tras el conflicto, muchas armas siguen en circulación: el 75% de los asesinatos contra mujeres son por armas de fuego. Un hecho que da solidez a las opiniones de aquellos que apuntan a que la actividad de los grupos paramilitares sigue lejos de desaparecer.

Así, las secuelas de los 36 años de guerra pueden tener una influencia directa en la muerte de las mujeres: un entorno marcado por la marginalidad, la pobreza (que afecta a ocho de cada diez guatemaltecos) y el desempleo (en más del 40% de la población). O sea, un caldo de cultivo perfecto para el estallido de la violencia.

El hecho de actos como los asesinatos prevalezcan e incrementen se debe a la impunidad generada por la falta de investigaciones, la falta de medios y el limitado acceso a la justicia. Este año la policía sólo ha capturado a 11 supuestos asesinos, mientras que los tribunales sólo han iniciado tres debates pero por crímenes perpetrados en el 2003. D e los casos denunciados, pocos llegan a la etapa de debate. Como ejemplo, de los casos de asesinatos tramitados por la Fiscalía de la Mujer sólo uno ha llegado a la etapa de debate. Y parece difícil que los 10 fiscales que forman parte de dicha Fiscalía puedan gestionar con eficiencia los 1.500 expedientes de diferente índole que entran a esa oficina al mes.

Los agresores en Guatemala raramente son juzgados. El sistema de justicia todavía no maneja suficientemente los casos y la legislación guatemalteca es obsoleta ya que absuelve de responsabilidad a los violadores que se casan con sus víctimas y adolece de delitos como el acoso sexual. Así, es necesario que el Congreso modifique el Código Penal, debido a que no está tipificado como delito la violencia intra-familiar y el acoso sexual, que muchas veces derivan incluso en la muerte de la víctima. Por tanto, las ejecuciones de mujeres son el desenlace fatal de una violencia mucho más extendida que las afecta como género.

Una tarea urgente si tenemos en cuenta que sólo en el año 2003, de acuerdo con un recuento de la Red de la No Violencia, 25.507 mujeres denunciaron ser víctimas de violencia intra-familiar en juzgados de familia, la policía, la Fiscalía de la Mujer, la Procuraduría General de la Mujer y la Procuraduría de los Derechos Humanos; y se denunciaron 507 violaciones sexuales. Una cifra muy elevada pero más aún si tenemos en cuenta que en un 80% de los casos no se han presentado cargos contra los autores y que, gracias a la pobreza y la falta de medios, las víctimas indígenas no pueden acudir a la justicia. La falta de acceso a la justicia genera que los crecientes niveles de violencia hacia las mujeres sigan creciendo pues la actividad criminal prolifera donde el cumplimiento a la ley es débil y raramente hay un sistema judicial que sea efectivo.

Aún cuando se acude, el resultado es desolador: de las 19.000 denuncias de violencia contra mujeres e intra-familiar que recibieron fiscales públicos en 2002, apenas 10 fueron resueltas plenamente a favor de las de denunciantes. Así, junto a la violencia común, la juvenil o la sexual, la violencia intra-familiar es otra de las posibles fuentes de los crímenes. Y especialmente en el caso guatemalteco si tenemos en cuenta que la Red No Violencia contra las Mujeres informa de que nueve de cada diez mujeres son agredidas dentro del hogar.

El tema reviste una trascendencia especial porque refleja, además de problemas de orden estructural, la vulnerabilidad a que se encuentra sujeta la mujer por su condición de género. El fenómeno, además de ser una muestra la descomposición social, evidencia la fragilidad del sistema de justicia y la falta de interés en superarla. La situación de Guatemala no tiene parangón con lo que sucede en otros países de la región y es el país en situación más crítica del continente. Es decir, la situación de violencia contra las mujeres en todos los ámbitos es alarmante y un tema al que casi no se le presta atención ni en los medios de comunicación ni en los organismos del Estado. El Estado está casi ausente ya que aunque es responsable de la seguridad, no tiene mecanismos para resolver ni prevenir los asesinatos de mujeres. A lo que se suma la carencia de sistemas adecuados de investigación policial con lo que la impunidad es la situación predominante.

Pero el caso guatemalteco no es excepcional ya que la violencia afecta a alrededor del 60% de las mujeres de Latinoamérica y se ha convertido en el principal problema de género en la región. Un repaso a las realidades nacionales así lo demuestra. Por ejemplo, el incremento de asesinatos de mujeres en Bolivia y Argentina....los 77 crímenes en El Salvador y los 79 de Perú durante 2003...Recientes estadísticas muestran que el 70% de mujeres nicaragüenses han experimentado violencia física en algún momento de sus vidas. Por ejemplo, durante 2002, 45 mujeres y niñas habían sido asesinadas por maridos violentos, novios celosos y violadores (la mayoría de los casos en el país se arreglan fuera del sistema judicial; los casos que llegan a los tribunales normalmente concluyen en un fallo de no culpabilidad, debido a inexperiencia judicial y falta de capacitación legal). En Uruguay en 2002 fueron asesinadas 18 mujeres por violencia doméstica...y podríamos seguir...en Paraguay una mujer es asesinada cada 10 días... en Honduras, el número de mujeres atacadas aumentó de 21 casos en 2000 a 70 en 2002...en Puerto Rico entre 1990 y 2002 el número de casos de asesinato fue de 287...

Pero estas cifras no reflejan la realidad ante la ola de violencia que existe contra la mujer y en una coyuntura en la que los gobiernos de estos países han fallado en garantizar efectivas investigaciones, en perseguir y castigar a los responsables de los asesinatos o en proporcionar apoyo a familiares de las víctimas. El sistema criminal y de justicia ha mostrado en la mayoría de los casos altos niveles de negligencia.

Pese a que en las últimas décadas se han registrado algunos avances, la situación de la mujer en América Latina aún deja mucho que desear: la impunidad impera para la gran mayoría de casos de mujeres violentadas debido a que existen lagunas en la legislación relacionadas con la violencia contra la mujer y también graves deficiencias en la implementación de las leyes a causa de la inexperiencia judicial, la falta de capacitación legal y, en algunos casos, la ausencia de voluntad política.

También nos enfrentamos con las excusas que dan los autores de actos violentos y que son aceptadas por autoridades y la sociedad en general: atribuyen su comportamiento violento a la pobreza, al desempleo o problemas de drogadicción y alcoholismo; sin embargo, ninguna de estas razones justifican el maltrato de mujeres y niñas. Es importante romper estos esquemas de una vez por todas.

La tolerancia oficial y la legitimación social de la violencia contra la mujer pone en jaque los avances alcanzados en el derecho internacional en materia de derechos humanos porque la no actuación de los Estados con la debida diligencia para prevenir, reprimir o erradicar los actos de violencia contra la mujer validan la violencia y la subordinación de lo femenino en detrimento de derechos inalienables de las mujeres.

Es urgente necesidad de combatir la impunidad con que se cometen estos hechos que se han generalizado, debido a que la violencia ha generado más violencia. Cuando hay impunidad y condiciones económicas injustas, se crea un clima propicio para la agresión que, en Guatemala, reciben las mujeres, que constituyen más del 50% de la población.

Así mismo, debe propiciarse seguridad económica y erradicar las desigualdades que existen entre género, combatir la pobreza, aprobar leyes para penalizar la violencia hacia la mujer e investigar a fondo para identificar cuáles son los patrones de los crímenes cometidos.

Es necesario combatir la violencia, pero también es imprescindible comprender y contrarrestar ese fenómeno abordando el crimen no sólo desde sus manifestaciones más evidentes como los asesinatos, violaciones, etc., sino también desde la infraestructura y logística con la que éste se desarrolla y, fundamentalmente, desde sus causas estructurales como la pobreza y marginación social.

Resulta fundamental entender que la responsabilidad de las sociedades y de los estados por los crímenes cometidos en contra de las mujeres, significa más que el castigo a los autores del delito; es establecer el cumplimiento de las leyes y un orden social y político que sea justo, pues sin ello no puede haber una paz duradera.

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