Comunicado de la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (CONIC) anunciando movilizaciones campesinas y populares el miércoles 30 de marzo.
Al pueblo de Guatemala y a la comunidad internacional les damos a conocer nuestra denuncia:
Del Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, en el
inciso F: Derecho Relativo a la Tierra de los Pueblos Indígenas, leemos
literalmente: “Los derechos relativos a la tierra de los pueblos
indígenas incluyen tanto la tenencia comunal o colectiva, los derechos
de propiedad, de posesión y otros derechos reales, así como el
aprovechamiento de los recursos naturales en beneficio de las
comunidades, sin perjuicio de su hábitat. Es necesario desarrollar
medidas legislativas y administrativas para el reconocimiento,
titulación, protección, reivindicación, restitución y compensación de
estos derechos”.
En Guatemala este párrafo acordado, legalizado y firmado oficialmente
desde 1995 como que no existiera para los politiqueros que nos han
“gobernado”. Por esta razón denunciamos otros ejemplos de exclusión,
injusticia y demás actitudes gubernamentales desfasadas:
En Petén:
* Hostigamiento, persecuciones intimidaciones y amenazas de
desalojos en contra de 37 distintas comunidades en tierras de la Laguna
del Tigre. Muchas de esas familias llevan más de 33 años instalados en
ese lugar. Y ahora Berger sigue negociando con empresas transnacionales
mineras para vender ese territorio. Con el apoyo del ejército y del
congreso quieren desalojar a esas familias. Mienten cuando dicen que es
para preservar el parque nacional del Tigre.
* Antes de vender el estado deben legalizar las tierras, respetar y
no concesionar los territorios de los pueblos mayas. Que hagan justicia
e indemnicen al compañero campesino a quien quisieron callar en su
comunidad y que luego le dieron muerte.
En San Marcos:
* El gobierno de Berger ni por asomo ha querido cumplir las
demandas y compromisos que asumió con el pueblo marquense en cuanto a su
exploración y explotación minera. Se han reído y burlado de las
comunidades afectadas: Sipacapa, Siete platos, Los Horcones, El Púcal y
El Cucal. Estas son las más afectadas. Las empresas mineras siguen
desarrollando destrucción ambiental y comunitaria como si estuviesen en
el patio trasero de su casa.
* También estas fueron las razones por las que se burlaron del
diálogo nacional rompiendo dicha instancia de parte de ellos con los
sectores sociales, la semana anterior. De allí que Monseñor Ramazzini
pidió que el Congreso emitiera un decreto legislativo para suspender
cualquier actividad de explotación minera.
* San Antonio Las Pilas: Desde el día 10 de febrero del presente
año 50 familias han ocupado pacíficamente la finca San Antonio Las
Pilas, en jurisdicción de Tecún Umán del Departamento de San Marcos.
Dichas familias están siendo objeto de amenazas, intimidaciones, de
desalojo violento, y sobre todo de capturas ilegales de parte de los
supuestos dueños. Las personas que comandan mencionados actos violentos
son: JAIME HUMBERTO, EMILSA ILIANA, IRMA YOLANDA, LILI ESTELA y ROSALINA
todos de apellido OROZCO JUACHIN. El día 7 de marzo estas personas
pidieron el acompañamiento del inspector de la Policía Nacional con dos
agentes más y un delegado auxiliar de la fiscalía llamado MARCO ANTONIO
LIMA IRIARTE de Tecún Umán, para revisar los linderos de la mencionada
finca.
* De urgencia pedimos a CONTIERRA hacer las investigaciones reales
para encontrar una solución inmediata. A la Procuraduría de los
Derechos Humanos le pedimos que intervenga en el caso para evitar más
atropellos, sobre todo, posibles confrontaciones. Pedimos a las
autoridades que instalen una mesa de negociación amplia con la
participación activa de las familias quienes tienen necesidad de poseer
tierra para producirla y darle de comer a sus hijos.
En Huehuetenango:
* Agua Escondida: El 8 de octubre del año 2005 más de 40 familias
de las aldeas de Santa Cecilia, El Porvenir, La Pimienta y La Esperanza,
tomaron la decisión de ocupar pacíficamente la tierra llamada Agua
Escondida; anteriormente baldía. Según documentos con fechas desde 1903
los señores ANACLETO Y ALBERTO HERRERA declararon ese inmueble como
tierra baldía. Estos dos señores pidieron adjudicárselos a sus nombres
el 30 de noviembre del mismo año por acuerdo gubernativo. Así resultó
el título publicado por el presidente de la República y refrendado por
el notario del gobierno de Guatemala el 4 de diciembre del mismo año.
* Las familias que ocupan dicha tierra afirman que sigue siendo
baldía. Por esa razón los vecinos de la aldea San Carlos el Mirador
también la quieren ocupar, a pesar de que ellos recientemente ya fueron
beneficiados con tierras. Según información que ha tenido el área de
regularización del Fondo de Tierra por medio de la Pastoral Social de
Ixcán, los vecinos de San Carlos, desde el 2004 han venido acosando y
violentando a las familias ocupantes. Han contado con el apoyo de la
fiscalía del Ministerio Público de Ixcán para querer desalojarlas.
Desconocemos lo que hay de por medio de esos trámites. Sin embargo esta
oficina ha llamado a las partes para procesos conciliatorios.
* El 23 de noviembre del 2005 se suscribió un acta en la fiscalía
de Playa Grande, Quiché. Firmaron un acuerdo para dejar sin efecto los
enfrentamiento. Lamentablemente los vecinos de san Carlos no han
respetado los acuerdos; siguen amenazando y violentando con amenazas de
desalojos. También quieren medir la tierra mediante la asesoría de un
abogado. Creemos que éste está elaborando documentos falsos. Por eso
vemos la urgencia de que el área de regularización del Fondo de Tierra
agilice los estudios del caso y hacer las investigaciones. A la
Procuraduría de los Derechos Humanos de Ixcán pedimos que intervenga en
las investigaciones y no permita que los Sancarleños sigan con sus
amenazas violentas en contra de las ocupantes.
En Chichicastenango:
* En 1973 la municipalidad de ladinos de Chichicastenango entregó
en donación por la cantidad de Q20.00 a la empresa GUATEL (ahora negocio
mexicano) un terreno de la Alcaldía Indígena de aquella localidad sin el
consentimiento de los miembros de esta instancia legal maya, aduciendo
que este terreno carecía de registro legal, por lo que les pertenecía y
por ello no les afectaba en nada dicha donación.
* Desde siempre y rotundamente en CONIC hemos estado en contra de
las concesiones de los bienes de los mayas pertenecientes al estado.
Nunca debieron haber vendido la empresa de telecomunicaciones que le
pertenecía a los guatemaltecos y guatemaltecas. Guatemala es de sus
habitantes y no de unos cuantos ricachones que siempre nos “gobiernan”,
y que hacen lo que quieren con nuestros recursos; los recursos
pertenecen al país y no a ellos.
* Repudiamos esta discriminación, racismo, expropiación, violación
a los derechos ajenos, violación a los derechos humanos, indiferencia,
exclusión, favoritismo y todos aquellos actos violentos que atentan en
contra de la dignidad de las personas, principalmente en contra de la
población maya, indígena y campesina de Guatemala.
El gobierno de la GANA y de Berger responden a estos y otros desmanes
que están haciendo con el pueblo guatemalteco, pisoteando así la
dignidad de las grandes mayorías y favoreciendo a los empresarios,
finqueros, militares, cacifes y otros ricachones. Toda la estructura de
poder la tienen a su favor mientras que las poblaciones pobres seguimos
sufriendo más desnutrición, extrema pobreza, exclusión, inseguridad,
despojos y muerte.
Por estas razones y muchas otras es que desde ya estamos llamando al
país para el LEVANTAMIENTO de los pueblos de Guatemala y del pueblo Maya
este 30 de marzo. Todos y todas nos estaremos dirigiendo a la ciudad
capital para manifestar a los “gobernantes” nuestro descontento y
nuestros problemas graves. Que vean con sus propios ojos la extrema
pobreza que estamos sufriendo en vida. De esta manera también vamos a
conmemorar el incumplimiento en los 11 años del Acuerdo de Identidad y
Derechos de los Pueblos Indígenas, firmado el 31 de marzo de 1995.
COORDINADORA NACIONAL INDÍGENA Y CAMPESINA, CONIC.
Miembro de CNOC, UASP, MICSP, Waq’ib’ Kiej, CLOC y Vía Campesina
Internacional.
Guatemala 13 de marzo del 2006.
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