HISTORIA Y CONTEXTO SOCIOPOLÍTICO ACTUALLa economía se basa principalmente en la agricultura. El café es el cultivo más importante y de mayor exportación, pero también se exporta azúcar, plátanos, cardamomo y carne de vaca. De los bosques, hoy reducidos al 40% de la superficie del país, se extrae madera y goma de mascar para elaborar chicles. También existen reservas energéticas y de minerales, además de pequeñas cantidades de petróleo. El turismo también es una fuente de ingresos muy importante para el país. Desde hace cinco siglos los descendientes directos de los mayas vienen sufriendo en carne propia el más inhumano de los tratos. La conquista española, encabezada por Pedro de Alvarado, despojó a los indígenas de su tierra, aniquiló a dos tercios de la población e instauró un sistema feudal de explotación: la encomienda. Los conquistadores usaron la mano de obra de los indígenas en régimen de esclavitud en sus grandes haciendas agrícolas, e incluso trajeron esclavos de África. Mantuvieron el control de la población con el uso de la fuerza gracias a su superior tecnología militar y a la creación de un estado colonial de ideología racista. Con este régimen administrativo los españoles se apoderaron de inmensas extensiones de terreno (que incluían a pueblos enteros) donde la población indígena superviviente fue obligada a trabajar para sus nuevos amos. Ellos, los mayas, se convirtieron en víctimas de un sistema de explotación que continúa vigente hoy en día. La independencia fue promovida por los criollos: liberales influenciados por la revolución francesa y conservadores vinculados a la iglesia. El 15 de septiembre de 1821 los grandes propietarios de la tierra y los comerciantes junto con las autoridades coloniales proclamaron pacíficamente la independencia de lo que había sido la Capitanía General del Reino de Guatemala. Desde 1831 a 1838 los criollos que dominan Centroamérica desde la independencia dan importantes concesiones territoriales en el Petén a los intereses ingleses, sucesores del colonialismo español. A mediados del siglo XIX la invención de los colorantes artificiales provocó una gran crisis económica en Guatemala, cuyos principales productos de exportación eran los tintes vegetales, lo que dio lugar a la introducción del café como cultivo masivo. Con la reforma liberal de 1871 los indígenas perdieron muchas tierras comunales, incorporadas por los terratenientes a la producción cafetera. Este periodo liberal tiene características que hoy aún perduran: democracia de fachada, incremento de la desigualdad y marginación indígena. Comienza la influencia alemana, que sustituye a la inglesa. A finales del siglo XIX se potencia la entrada masiva de capital norteamericano, que se adueñó de los ferrocarriles, los puertos, los transportes marítimos y, sobre todo, de grandes extensiones de tierra. Sólo un breve paréntesis que se abre en 1944 parece iluminar las esperanzas del pueblo guatemalteco: el país vive una experiencia democrática de desarrollo de libertades y participación popular a través de los sindicatos. La Revolución de Octubre significó el inicio de reformas así como la democratización real de la sociedad. Su objetivo era crear un capitalismo independiente modernizando la economía nacional y elevando el poder adquisitivo de las masas, lo que requería un cambio estructural profundo: la reforma agraria. En 1951 Jacobo Arbenz legaliza el Partido Comunista, aprueba la Ley de Reforma Agraria y comienza el reparto de tierras entre la población campesina, beneficiándose unas cien mil familias. La expropiación de grandes cantidades de tierras ociosas de las compañías norteamericanas fue calificada por el propio gobierno de americano como "una amenaza para los intereses de Estados Unidos". La CIA soluciona el "pequeño problema" que constituye el país centroamericano en 1954, bajo la argumentación de una posible agresión comunista, a través de una invasión de los marines estadounidenses, instaurando un gobierno militar. Tras el triunfo de la contrarrevolución, el ejército fue depurado de sus elementos democráticos, principalmente de los oficiales formados en la década revolucionaria. Aún así, el 13 de noviembre de 1960 una parte del ejército se levantó en armas con la intención de convocar unas elecciones que instituyeran un gobierno civil, alejado de las influencias de Estados Unidos. El levantamiento fracasó y aquellos que lograron sobrevivir a la represión marcharon a las montañas para organizar un movimiento armado que con el apoyo popular pudiese levantar una insurrección generalizada. Ese fue el origen de la guerrilla. En la década de los 60 Estados Unidos incrementa espectacularmente su asistencia económica y militar en Guatemala. Se alía con el ejército y empresariado guatemalteco para realizar un plan global contrainsurgente: se institucionaliza el terror sistemático como medio de lucha antisubversiva y forma de control social. El poder lo ostenta el ejército. Generales y Coroneles reciben grandes extensiones de tierra en la región de Alta Verapaz. Se crean grupos especiales, los tristemente famosos "escuadrones de la muerte", que realizan ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. La realidad es que en Guatemala, el que decide no callarse es acusado de guerrillero e inmediatamente se le "desaparece". Así asociaciones populares, sindicatos, organizaciones de defensa de los derechos humanos, estudiantiles o incluso religiosas, deben mantenerse en la clandestinidad bajo la amenaza constante de secuestros, torturas o muerte. Con los años 80 se inicia la década más represiva, cruel y sangrienta. La política de "tierra arrasada" que llevó a cabo el gobierno y ejército guatemalteco significó el terror generalizado para la población civil campesina, siendo los mandatos del general Lucas García y de Efraín Ríos Montt especialmente despiadados, produciendo los siguientes resultados: 440 aldeas arrasadas, más de cien mil muertos, cuarenta mil desaparecidos (que de hecho se encuentran en los innumerables cementerios clandestinos del país), un millón de desplazados internos y más de cien mil refugiados en México. Además se militariza a la población rural mediante las "Aldeas Modelo" y las "Patrullas de Autodefensa Civil" (PAC) que mantienen bajo control militar a más de un millón de campesinos obligados a patrullar y a realizar acciones militares contra la supuesta guerrilla y contra la población civil. Estas cifras son el resultado de un riguroso y estudiado plan militar que busca aniquilar al pueblo indígena (no físicamente, aunque gran parte de él sí es exterminado) sino como colectivo social. Acabar con "lo indígena" es la única manera (según los sociólogos y antropólogos estadounidenses al servicio del ejército guatemalteco) de poner fin a una revolución que es contraria a sus intereses. A finales de 1985 el plan contrainsurgente trata de obtener apoyo internacional y realiza una "apertura democrática", convocándose elecciones. Con su aparente retiro del poder político los militares esperan mejorar su imagen y sorprender a sectores de la comunidad internacional, al mismo tiempo que se responde a los intereses de Estados Unidos, que necesitan un aliado más respetable que los desprestigiados gobiernos militares. Durante los sucesivos gobiernos civiles continúa la militarización del país, el clima de represión e impunidad, las grandes desigualdades sociales, la discriminación racial, lingüística y de la mujer, y no cesan las violaciones de los derechos humanos. En diciembre de 1996 el gobierno guatemalteco y la URNG (Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca) firman la paz, poniendo punto final a un largo proceso de negociación y terminando con 36 años de guerra. Los acuerdos de paz abren la posibilidad de desmilitarizar la sociedad, de desmantelar las estructuras de represión y de resarcir a las víctimas del conflicto, de reconocer los derechos del pueblo indígena y eliminar toda forma de discriminación racial reconociendo a Guatemala como una nación multicultural, multiétnica y plurilingüe, y de promover una mayor participación y acceso a la tierra de la población que de ella vive. Pero las causas que generaron ese levantamiento armado no han desaparecido. La mayor parte de los acuerdos han quedado en papel mojado, ya que únicamente son utilizados por las autoridades en su discurso, dejando de lado su aplicación y cumplimiento. En los últimos años la desigualdad social ha aumentado, con más de la mitad de la población por debajo del umbral de la extrema pobreza, con una ausencia total de políticas sociales y con los pueblos indígenas viviendo en situación de exclusión. La política agrícola del gobierno fortalece los latifundios de productos de exportación y a los grandes propietarios, estimulando la concentración de tierra y de capital, y aumentando así la crisis de la producción familiar, lo que lleva a la pérdida de la autosuficiencia alimentaria al disminuir la producción de granos básicos o productos de consumo interno. También se ha producido un deterioro de los derechos humanos, y se ha agravado el clima de violencia y la polarización de la sociedad con la reactivación de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC). Hay casos de allanamientos de oficinas de organizaciones populares, saqueos de archivos, e incluso persecución de activistas por los derechos humanos y de dirigentes campesinos e indígenas. Frente a esta situación hay un resurgimiento muy importante del movimiento social, a partir de las luchas de los pueblos indígenas, de los campesinos, de los desplazados o desarraigados principalmente, y de las víctimas de las violaciones de los derechos humanos cometidos durante el conflicto armado. Se está buscando una articulación de la lucha social y hoy por hoy nacen nuevos movimientos. Nuestro apoyo es ahora, como siempre, indispensable, ya que mientras el pueblo de Guatemala continúe con hambre y sin tierra, el país no logrará la verdadera paz. - Comité de Unidad Campesina CUC >>> - Indice |