Grave situación en Chiapas.
Los gobiernos federal y estatal, a través de las instituciones agrarias y
en articulación con el Ejército Federal mexicano y la seguridad pública en
sus tres niveles de gobierno, operan una estrategia de contrainsurgencia
dirigida a las Bases de Apoyo Zapatistas y sus autoridades autónomas,
otorgando títulos agrarios a diversas organizaciones indígenas,
particularmente organizaciones adversas a los zapatistas y en diversos
casos organizaciones armadas, entre las que se encuentran la Organización
Para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC) o la Unión
Regional Campesino Indígena (URCI), o bien, involucrando a organizaciones
que tienen frágiles relaciones con los pueblos autónomos zapatistas como
lo son la Asociación ARIC Unión de Uniones (Histórica), la ORCAO, la Unión
de Ejidos de la Selva y la OPAZ. Estas organizaciones ocupan tierras
recuperadas por el EZLN en 1994 y, a través de las instancias agrarias,
concretizan el despojo jurídico de tierras constituyendo nuevos ejidos.
Debido a la constante presión de unidades castrenses, policías estatales e
integrantes de grupos paramilitares, la situación que viven los pueblos
zapatistas se agrava alarmantemente. Los proyectos autónomos en el marco
de la libre determinación de los pueblos indígenas no pueden desarrollarse
a plenitud debido a las constantes agresiones y amenazas contra la
integridad de los mismos. Los más afectados son los niños y las niñas, así
como las mujeres y los ancianos, pues viven agresiones constantes en su
integridad física, en sus bienes, en su tierra y territorio.
Desde hace más de una década, estos poblados padecen una ocupación militar
en su territorio que en la actualidad registra la presencia de 56
campamentos del Ejército Federal permanentes sólo en el territorio
indígena.
Fuerte embestida que encabezan los gobiernos federal y estatal en contra
de las comunidades zapatistas,
En estos momentos, los gobiernos estatal de Chiapas y federal (del PRD-PRI
y el PAN respectivamente) llevan adelante una campaña en contra de las
comunidades zapatistas.
Desalojos “oficiales”, ataques de paramilitares, invasiones patrocinadas
por funcionarios, persecuciones y amenazas, vuelven a ser parte del
entorno de comunidades indígenas, las zapatistas, que se han empeñado en
construirse un destino propio y mejorar sus condiciones de vida, siempre
sin perder su identidad indígena.
En distintos municipios autónomos del territorio indígena de Chiapas,
comunidades Bases de Apoyo Zapatistas se enfrentan a una estrategia
coordinada de despojo de tierras y hostigamiento donde participan diversas
organizaciones políticas en los tres niveles de gobierno y, en ocasiones,
vinculadas con grupos paramilitares. La estrategia sigue un patrón que
combina invasión de tierras, amenazas de muerte, hostigamientos y
agresiones físicas, sicológicas, así como destrucción de propiedad y
recursos naturales, además del despojo jurídico de tierras donde las
organizaciones invasoras actúan conjuntamente con instituciones judiciales
y agrarias locales y federales.
Es de señalar la frecuencia de las agresiones, la intensidad de la presión
sobre las comunidades zapatistas y la forma en que la violencia afecta sus
vidas de manera cotidiana.
El despojo “legal” de tierras y los nuevos decretos expropiatorios develan
una flagrante y sistemática estrategia de contrainsurgencia dirigida a los
pueblos zapatistas. La guerra declarada contra estos pueblos en una fuerte
disputa por la apropiación y el control del territorio y todos los
recursos naturales y biológicos, enmarcada en una guerra de exterminio
contra los pueblos indígenas zapatistas y no zapatistas.
A todo esto se une un férreo cerco de silencio por parte de la prensa
nacional e internacional.
Plataforma de Solidaridad con Chiapas, Oaxaca y Guatemala de Madrid
Diciembre de 2007
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