Datos actualizados de procesos judiciales en torno a la masacre de Acteal.

CENTRO DE DERECHOS HUMANOS
Fray Bartolomé de Las Casas, A.C.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 21 de Diciembre de 2005

Fueron iniciadas 13 Averiguaciones Previas por la masacre de Acteal y por hechos previos a ella, que dieron lugar a sus respectivas Causas Penales, acumulándose sólo algunas de ellas para quedar en 11 causas.

En 5 de estas causas fueron procesados 15 ex servidores públicos de bajo nivel:

· Julio César Santiago Díaz (Jefe de Asesores de la Coordinación General de la Policía del Estado), y 2 miembros pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal: Roberto García Rivas (Policía de Seguridad Pública Estatal) y Roberto Martín Méndez Gómez (Policía de Seguridad Pública Estatal). Los tres, acusados de homicidio y lesiones por omisión, por no cumplir con su deber de salvaguardar la integridad de las personas el día de los hechos. Su condena fue de 8 años de prisión.

· Otros 11 funcionarios estatales más, fueron acusados penalmente de haber permitido que civiles portaran armas en días previos a la masacre. Básicamente se trata de miembros de la Secretaría de Seguridad Pública de nivel bajo, y sus condenas oscilaron entre los tres y los siete años, teniendo derecho al beneficio de la condena condicional y sustitución de la pena.

· A nivel municipal, Jacinto Arias Cruz, Presidente Municipal de Chenalhó al momento de perpetrarse la masacre, fue condenado a 36 años y 3 meses de prisión, cuya sentencia fue confirmada en segunda instancia. Presentó Juicio de Amparo Directo, el cual aún está pendiente de resolverse.

· Hay 2 órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar contra funcionarios de la época: Jorge Gamboa Solís (Ex Coordinador de la Policía Estatal) y José Luis Rodríguez Orozco (Director de la Policía de Seguridad Pública Estatal).

En 7 de las causas fueron procesados 87 civiles indígenas, aunque 1 de ellos falleció:

· 6 de ellos fueron absueltos en noviembre de 2001.

· 6 de ellos han agotado todos los recursos legales e incluso el Juicio de Amparo Directo, y se encuentran compurgando penas de entre 35, 36 y 40 años de prisión.

· 21 más están sentenciados a 36 años y 3 meses de prisión, con penas confirmadas en segunda instancia; presentaron juicio de amparo directo en diciembre de 2004, el cual aún no ha sido resuelto.

· A 18 de ellos está por dictárseles sentencia, en el fuero federal en primera instancia, pues se ha cerrado instrucción y está por presentar conclusiones su defensa.

· 32 procesados han desistido de sus pruebas.

· Hay dos juicios en etapa de instrucción para 3 personas: un juicio en el fuero común para una persona, y un juicio en el fuero federal para las dos restantes.

· Entre los civiles acusados los hay sin religión, ateos o con diferentes denominaciones cristianas: evangélicos, católicos, presbiterianos, pentecostales, bautistas o tradicionalistas.

· No se siguió proceso por el delito de asociación delictuosa, pues en apelación los magistrados consideraron que no existían elementos para la configuración de dicho tipo penal.

· Hay aún pendientes por ejecutar 27 órdenes de aprehensión en contra de civiles.

· Ninguna de las sentencias que han quedado firmes, han condenado al pago de la reparación del daño.

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