1. Desde hace días Turquía está siendo testigo de un genuino movimiento popular. Las acciones y protestas, que empezaron en Estambul y se han extendido por toda Turquía tienen un carácter de masas, legítimo e histórico. Lo más importante de todo es el cambio en el ánimo de la gente. El miedo y la apatía se han superado y la gente ha ganado autoconfianza.

2. El Partido Comunista de Turquía ha sido parte del movimiento popular desde el comienzo y ha movilizado a todas sus fuerzas, tratando de incentivar el carácter proletario y revolucionario del movimiento, esforzándose para impregnarlo de una actitud madura de disciplina, ha organizado numerosos actos y manifestaciones. En este proceso, las fuerzas policiales han llevado a cabo fuertes ataques contra nuestra sede en Ankara. En toda Turquía, varios miembros del partido han sido heridos y detenidos. Ha habido varios intentos de secuestro de cuadros de nuestro partido. Pero las provocaciones contra nuestro partido han sido derrotadas.

3. Nuestro énfasis sobre el papel del TKP no pretende subestimar la naturaleza espontánea del movimiento o la contribución de otros actores políticos. Al contrario, el TKP insiste en que este movimiento tiene un aspecto que va más allá del impacto de uno u otro actor político o de cualquier tipo de oportunismo político.

4. El mensaje de las masas al gobierno para que dimita es una absoluta verdad de este movimiento. Aunque es obvio que una alternativa de izquierda no puede construirse “ahora mismo”, esta exigencia debe expresarse con claridad. Esta opción para el pueblo trabajador puede generarse únicamente mediante el aprovechamiento de la energía que ha surgido en este momento histórico. El TKP se centrará en esto y denunciará el verdadero sentido de alternativas como “la formación de un gobierno nacional”, que es seguro que se planteará para engañar a las masas trabajadoras al hacerles pensar que la crisis puede superarse de esa manera.

5. Sin duda, los detentadores del poder político intentarán calmar a la gente, instituir mayor control e incluso intentarán utilizar la situación para su propio beneficio. Es posible que logren éxitos temporales. Incluso en ese caso, el movimiento popular no habría sido inútil. El TKP está preparado para un período de tenaz pero intensa lucha.

6. Para actuar de forma concertada, diferentes ramas del movimiento socialista que comparten objetivos y preocupaciones tienen que analizar la aparición de este movimiento popular inmediatamente. El TKP, sin interrumpir sus tareas y actividades diarias, va a actuar con responsabilidad en lo referente a esto y se esforzará para crear un terreno común en línea con las exigencias urgentes que se expresan más abajo.

7. Para anular los planes del gobierno tendentes a clasificar y dividir al movimiento popular entre legítimo e ilegítimo, todas las fuerzas tienen que evitar dar pasos que puedan causar daño a la legitimidad del movimiento. Es el poder político quien ataca. La gente debe defenderse, igual que actúa correctamente, pero nunca caer en las trampas de la provocación gubernamental.

8. Mientras las masas cantan la consigna “gobierno dimisión”, las negociaciones limitadas al futuro del parque Taksim-Gezi no tienen sentido. El gobierno pretende no entender el hecho de que la antigua balanza ha sido alterada de forma fundamental y de que no puede restaurarse. Todo el mundo sabe que el movimiento popular no es el producto de la susceptibilidad hacia los árboles del parque Gezi. La ira del pueblo va más allá de los proyectos de transformación urbana: se trata del terrorismo de mercado, de las abiertas y directas intervenciones en los diferentes estilos de vida, el americanismo y la subordinación a los EEUU, las políticas reaccionarias o la enemistad con el pueblo sirio. El AKP no puede engañar a la gente con un discurso del tipo “plantaremos más árboles de los que talaremos”.

9. Mientras nos ponemos manos a la obra para crear una alternativa del pueblo trabajador, el movimiento necesita apoyarse en algunas demandas concretas. Estas demandas son válidas en el caso de que dimita el gobierno o Erdogan:

a) El gobierno debe anunciar la cancelación de los proyectos que implican la demolición del parque Gezi y del Centro Cultural Ataturk.

b) Libertad para los detenidos durante la resistencia y retirada inmediata de todos los cargos contra ellos.

c) Todos los funcionarios cuyos crímenes contra el pueblo sean demostrados por los informes de las comisiones que ha formado la Unión de Colegios de Abogados y los Colegios locales deben ser relevados de sus tareas.

d) Deben cesar los intentos de dificultar el derecho de la gente a obtener noticias veraces sobre los acontecimientos.

e) Deben cesar todas las prohibiciones relativas a reuniones, manifestaciones y marchas.

f) Deben retirarse todos los obstáculos de facto o de iure que impiden la participación política del pueblo, incluyendo la barrera electoral del 10% y los artículos antidemocráticos de la “ley de partidos políticos”.

g) Deben cesar todas las iniciativas puestas en marcha para tratar de imponer un estilo de vida único a todo el pueblo.

10. Estas demandas urgentes en ningún caso afectarán a nuestro derecho y obligación de continuar con la oposición al poder político. La reacción popular al gobierno debe reforzarse y se deben centrar los esfuerzos en plantear una verdadera alternativa al escenario político.

11. La bandera turca de la estrella y la luna, en la que se envolvían quienes realizaban los ataques reaccionarios y chovinistas contra los trabajadores, la gente de izquierda y el pueblo kurdo tras el golpe militar fascista del 12 de septiembre de 1980 ha sido quitada ahora por el pueblo de las manos del fascismo y entregada a las honorables manos de Deniz Gezmis y sus camaradas, como bandera en manos del pueblo patriótico.

12. El movimiento popular, desde su inicio, ha ignorado la siniestra estrategia tendente a enfrentar a una comunidad con otra en Turquía. Esta actitud debe mantenerse con sumo cuidado, dejando sin espacio al chovinismo o al vulgar nacionalismo.

13. A nuestros hermanos y hermanas kurdos, ya les dijimos que “No puede haber acuerdo de paz con el AKP”. No puede haber acuerdo con un poder político a quien su propia gente ha dado la espalda, y cuya verdadera cara ha sido desvelada. Los políticos kurdos deben dejar de “albergar esperanzas de continuar hablando con el AKP” y convertirse en un fuerte componente de un movimiento popular unido, patriótico, laico y trabajador.

14. Nuestros ciudadanos que han perdido la vida a manos de la policía o del poder político, han sacrificado sus vidas en nombre de una lucha justa e histórica. El pueblo nunca olvidará sus nombres, y quienes son responsables de sus muertes responderán ante la ley.

Comité Central Partido Comunista de Turquía, 4 de junio de 2013

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Manifiesto1 j from soypublica

¿Podría especificarme su cargo actual o función dentro del Gobierno?

Soy defensor de DDHH y en la actualidad, asesor social del compañero Walter Solís, Secretario Nacional del Agua. 

Ciertos analistas sostienen que después de la muerte de Chávez, Rafael Correa emerge como el nuevo líder del continente. ¿Comparte este criterio o vislumbra un liderazgo más colegiado en la región?

Comparto el criterio de mi Presidente, quien públicamente expresó su desacuerdo con que la oligarquía mediática global lo sitúe como “el nuevo caudillo” a la muerte de Chávez. Rafael ha dicho claramente que no le interesa liderar absolutamente nada, sino “servir a nuestras patrias pequeñas y a la Patria Grande, nuestra Latinoamérica”.

Ahora bien, en una perspectiva histórica, e independientemente de la correcta postura personal manifestada por nuestro “Mashi”, como lo llamamos muchos en Ecuador (“mashi” en quichua: amigo, compañero), es indudable que el Presidente Rafael Correa se ha ido convirtiendo, a pasos acelerados, en un referente del nuevo liderazgo continental, reconocido así por aliados y adversarios en buena parte del mundo.

Hace seis años escribí algo que me parece sigue vigente y se potencia cada día: sostuve que Correa tiene una cualidad regional inédita: ser un líder que, por su personalidad natural y su sólida formación académica, unifica como una bisagra geopolítica las identidades de las grandes regiones del continente: el norte y el centro de Sudamérica, el Caribe y el Cono Sur.

A propósito del liderazgo colegiado, es acertada la tesis de nuestro querido compañero Álvaro García Linera, Vicepresidente de Bolivia, quien señaló en octubre de 2012 que “nuestros procesos no amarran a un modelo exclusivo, sino que son búsquedas plurales con velocidades y densidades diferenciadas para desmontar la maquinaria neoliberal y que se juntan unos con otros y forman un torrente que converge”. Es obvio que, bajo esa dimensión, como sucedió en las luchas de la Primera Independencia con Bolívar, San Martín, Morelos, Artigas, Sucre, Martí, Morazán y otros, hoy tenemos en Latinoamérica un potente liderazgo colegiado: Rafael, Lula, Nicolás, Evo, Cristina, Raúl, Dilma, Daniel, Mauricio, Pepe…

“El Mashi”, como todos los heterogéneos jefes de estado de la nueva Latinoamérica, es un líder en proceso permanente de construcción regional: se va formando cada día como un estadista supranacional con fuerte impacto generacional y en la gente sencilla, de a pie, en lugares tan disímiles como Caracas, Milán, Madrid, Buenos Aires o La Habana.

¿Cuál es la visión que en su país se tiene hoy del presidente Rafael Correa? En su opinión cuáles son algunas de sus fortalezas para conducir un proyecto de gobierno como la Revolución Ciudadana y el Buen vivir que defiende.

La visión del ciudadano de a pie es que tenemos, y así es, un presidente 100% ecuatoriano, que lleva en sí mismo las identidades de las cinco regiones del país, que siendo costeño tiene mucho de serrano, que siempre cumple lo que dice, que trabaja de sol a sol, sin descanso (recuerdo que a Fidel en Cuba el pueblo le decía “el Caballo”, por la forma de trabajar y de darse), que se conoce cada palmo del territorio como pocos presidentes (quizás Alfaro o Velasco Ibarra), que es muy tierno y delicado con los humildes y muy severo, casi “un diablo” con los poderosos, que es amoroso con los pobres y los niños, y a la vez apasionado y enérgico ante las injusticias y las trabas del día a día, con una voluntad indomable, un pragmatismo que no eclipsa su gran idealismo, y sólidos conocimientos de estadista del nuevo tiempo. El 30-S lo vi crecer a la altura conmovedora de la historia de América Latina. Si fuese colombiano, la gente le diría “¡es un berraco!”. Creo que sintetiza un acumulado nacional de décadas, eso es lo que no entiende la oligarquía mediática golpista, es decir reúne las fortalezas históricas y ‘ese misterio humano’ que es el carisma, de tres hombres que lo antecedieron: Eloy Alfaro, Velasco Ibarra y Jaime Roldós.

Sus ideas, frases y decires, se repiten y recuerdan en muchos espacios, publicaciones y eventos por doquier. Y si “las ideas son a prueba de balas”, es que el hombre ha vencido. Quizás, ya como cosa mía, digo que le hace falta, un poco, volver a recuperar, después de algunos años de ejercicio del poder, esa cautivadora ironía sonriente que enamoró a tantos y tantas, cuando era el ministro de Economía más joven en la historia del país.

Su principal fortaleza es el apoyo popular, real e impresionante, que ha mantenido y aumentado con el paso de los años. Esa fortaleza determina las demás: en primer lugar, la progresiva radicalización, que en todo líder consecuente es notoria, como en el Fidel de 1961, el Perón de 1955, el Chávez del 2001. Para conducir la Revolución Ciudadana, el Gobierno y el horizonte estratégico del Socialismo del Buen Vivir, esas fortalezas garantizan el avance, no sin dificultades objetivas y subjetivas, de nuestro proceso, que es propio, sin anclas a modelos previos, autóctono, que se hace al andar, y que, al decir de Mariátegui, es creación heroica.

En unos de sus artículos usted alude a la manera en que algunos gobiernos progresistas parecen abocados a la búsqueda de un camino alternativo al neoliberalismo. ¿De qué manera se ilustra ese horizonte estratégico en su país?

Es una inusitada ‘tríada’ la que vivimos hace años en el continente y Ecuador: por un lado, es un momento de superación definitiva del neoliberalismo, la fase salvaje del capitalismo global; por otro lado, es un ‘tempo’ histórico de integración irreversible y unidad continental como solamente tuvimos a inicios del siglo XIX, en la ruptura definitiva con el imperio español al cual derrotamos; y, finalmente, es un espacio de diversidades juntadas como lo manifiesta ese intelectual ejemplar que es Álvaro García Linera, para estructurar modelos, estados y sociedades post-neoliberales.

Ese horizonte estratégico y esa tríada, se ilustran en el país en el desmantelamiento progresivo, pero acelerado, del neoliberalismo, en las esferas económica, política, institucional, ideológica y cultural -éstas dos últimas, las más complejas siempre-; el desplazamiento de la oligarquía del control centenario del aparato del Estado; la derrota táctico-estratégica de sus operadores clásicos: los viejos partidos políticos y gremios corporativos más emblemáticos; la configuración, también paulatina y acelerada, del nuevo Estado, en un tiempo histórico donde conviven aún, como es obvio, las dos formas estatales; la superación del “ethos” neoliberal en la distribución de los ingresos y recursos, hoy generados y multiplicados hacia la prioridad gubernamental que son los derechos, obras y servicios sociales; la construcción de una cada vez más sólida agenda exterior soberana, independentista, multi-polar y latinoamericanista que dejó atrás, en el cajón del olvido, al viejo colonialismo mental de la política internacional ecuatoriana del período 1999-2005; los crecientes beneficios estructurales y materiales a los más pobres, las capas populares del país y, factor importante, presente en Ecuador como en el resto de procesos gubernamentales de nuevo tipo, los crecientes beneficios a la clase media, que se amplía inusitadamente. Pero quizás, lo que mejor ilustra el horizonte estratégico, es el factor subjetivo: la recuperación del amor propio, de la autoestima nacional, del orgullo de saberse parte del Ecuador, la identidad de saberse un pueblo en un país diferente y, en muchas cosas, mejor que el que tuvieron las generaciones pasadas. Este país, más que edificios y obras materiales, necesitaba esperanza. Y la empezó a retomar.

Nos falta, obviamente, avanzar en esa necesidad de construir la discursiva y praxis que “baje hacia” y “empodere” a la población en la bandera estratégica más relevante que debemos construir entre todos: el socialismo del buen vivir. Cuando ese proyecto de largo plazo sea asumido profusamente por un pueblo ansioso de participar, la cuenta regresiva del capitalismo marcará un hito en la historia republicana. Pero considero impostergable señalar que ese camino, cualquiera sea el nombre que adopte en el resto de naciones fraternas, debe ser colectivo, regional, es decir global, paso indispensable para vencer a escala continental.

Ud. decía: “la Revolución Ciudadana se halla, paradójicamente, en la hora crucial de las potencialidades y las encrucijadas”. ¿Pudiera argumentar esa afirmación?

Esa afirmación, en rigor, la sostuve en un trabajo que escribí en noviembre del 2008; es decir, han pasado cinco veloces y profundos años, razón por la cual deben contextualizarse y entenderse a la luz de aquel primer año de Revolución Ciudadana. Aún no ocurría entonces, el intento de golpe y magnicidio del 30-S, ni se manifestaban, con la elocuencia de Angostura, los sectores fascistas como el representado por el coronel (r) Mario Pazmiño en FFAA y, sobre todo, en ciertas estructuras de la Policía; aún el partido mediático no se consolidaba como la poderosa vanguardia global de la reacción contra este proceso; tampoco se clarificaba, como hoy, el papel que la historia habrá de calificar, de las ONG’s, los partidos de la autollamada “única y verdadera izquierda” y los movimientos indigenistas y obreristas que abandonaron la lucidez y generosidad de los 80as y 90as, para ensombrecerse en la neblina de sus propios límites, que los convirtió en un “Polifemo anti-correísta” de mirada corta y odios estrechos, que les llevó a apostar a favor de la intentona fascista del 30 de Septiembre. La Revolución Ciudadana, en su difícil viaje colectivo hacia el nuevo país, ha recibido las rocas, ataques y conjuras de este cíclope que tiene, como en la mitología griega, varios otros hermanos en el continente: los cíclopes que, con su solo ojo con que ven la realidad, se oponen a Rafael, Evo, Nicolás, Cristina, Dilma, Pepe y Daniel.

Ahora bien, hay que entender que toda revolución -más aún las que van surgiendo en el siglo 21- siempre camina entre potencialidades y encrucijadas. No creo en la irreversibilidad definitiva de los procesos, ni en la vida ni en la historia. Estamos en un momento aún no definido ni definitivo de los procesos progresistas de América Latina. Luego de lo ocurrido en Honduras y Paraguay nadie puede sostener que tiene certeza de qué ocurrirá más tarde con los intentos desestabilizadores en Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina, etcétera.

No sería marxista -y creo serlo- si dijera que nuestro proceso es ‘irreversible’. Caminamos entre potencialidades y encrucijadas: es el signo del destino latinoamericano. Apuesto a las potencialidades, no faltaba más, pero las encrucijadas existen siempre, menos para las estatuas de sal. Con todo ello, veo que las encrucijadas se pueden definir y resolver a través de lo que hemos dado en llamar, tanto por parte del gobierno y una gran porción de la militancia de PAIS, como por parte de los movimientos sociales, obreros, poblacionales y campesinos aliados, la Radicalización del proceso.

¿Cuáles se esbozan como tareas impostergables para el ejecutivo de Correa? ¿Dónde estriban a su juicio los desafíos de la nueva Asamblea?

En el corto plazo la tarea impostergable para el Ejecutivo y Legislativo, se estima que será la aprobación de las leyes estratégicas, trabadas por la oligarquía mediática y la partidocracia criolla antes de su derrota del 17 de febrero. Es decir, las leyes de Comunicación, de Agua, de Tierras y, finalmente, el nuevo Código Penal (y aparejado a éste, tendrá que aportar al cambio estructural de la Fiscalía del Estado, que aún sigue anclada a la vieja dimensión represiva de los 80as y a la visión policial de la DEA).

En el nuevo período presidencial del 2013 al 2017, teniendo como nuestro sur (meta estratégica) al socialismo del buen vivir, veo en el horizonte la construcción inicial de los pilares de aquellas nuevas estructuras del país: el cambio de matriz productiva, la democratización de la economía y los medios de producción; el cambio de la matriz energética; la revolución científica-tecnológica; el desarrollo de un estado democrático del buen vivir desde los territorios; la revolución cultural y del conocimiento (“Ciudad Yáchay” es la piedra fundacional de aquella); y el fortalecimiento participativo de la sociedad.

Pero considero esencial que en todos los plazos: corto, mediano y largo, nuestro proceso genere más democracia que la ya generada y más participación de la que ya existe, pues en este nuevo período abierto por el triunfo aplastante del 17 de febrero, profundizar el proceso de cambio político, social y económico, significa cuidarlo, ahondándolo, puesto que por él hemos luchado millones de ecuatorianos y ecuatorianas, para que no fracase ni en el cuatrienio, ni tampoco en la siguiente década del 2020 al 2030, donde los pilares fundacionales del socialismo del buen vivir empezarán a dar los nuevos frutos.

En esa perspectiva, los desafíos de la nueva Asamblea estriban en la capacidad de generar una elocuente y masiva participación social y ciudadana extra-parlamentaria, ampliando espacios incluyentes inusitados a las organizaciones sociales y permitiendo que las disidencias internas y externas se expresen para cualificar ese salto dialéctico que implica el socialismo del siglo 21. La humildad y la modestia son más bellas cuando más fuerte eres.

Hace unas semanas el presidente hablaba de la necesidad de la crítica y autocrítica a favor del proyecto en construcción. ¿Cuáles son a su entender los principales señalamientos que se le pudiera hacer a su Gobierno?

Solo los dogmáticos y los sectarios desconocen el humilde poder de la autocrítica. Rafael, semanas atrás, con acierto conceptual y valentía corazonal llamó públicamente “a ejercer la autocrítica para revolucionar la revolución”. No podemos dejar solo al presidente Correa en este llamado. Es necesario hacerle saber que cuenta con el apoyo militante, crítico y autocrítico, de PAIS, de los funcionarios, de todas las fuerzas sociales organizadas del país y Latinoamérica que apoyan la profundización participativa y democrática del proceso.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Las prácticas y políticas israelíes son una combinación de apartheid, ocupación militar y colonización, como medios para limpiar étnicamente el territorio de la Palestina histórica y hacer desaparecer la presencia indígena palestina.Este régimen israelí no se limita a los palestinos que viven en el territorio palestino ocupado, sino que también se dirige a los palestinos residentes en el lado israelí de la “Línea de Armisticio de 1949″, así como a los que viven en exilio forzoso. Los debates sobre si la solución adecuada para poner fin a la injusticia y el sufrimiento en la Palestina histórica son dos estados o uno solo, ignoran el hecho de que una entidad jurídica ya ha sido establecida en esa área en particular: de hecho, el tratamiento por parte de Israel de los palestinos no judíos en Israel y en los territorios ocupados constituye un régimen discriminatorio con el objetivo de controlar la mayor cantidad de territorio posible, con la menor cantidad de palestinos viviendo en él.

Los principales componentes de esta estructura discriminan a los palestinos en diversos campos tales como la nacionalidad, la ciudadanía, los derechos de residencia o la propiedad de la tierra. Este sistema fue implementado inicialmente en 1948, con el objetivo de dominar y expropiar la propiedad de todos los desplazados palestinos, incluso de los 150.000 palestinos que habían logrado mantenerse dentro de los límites de la línea de armisticio, los que más tarde se convirtieron en palestinos con ciudadanía israelí. Después de la ocupación del resto de la Palestina histórica por las fuerzas israelíes en 1967, este territorio fue sometido al mismo régimen de Israel. En esencia, la intención de colonizar la Palestina histórica a costa de su población indígena tiene origen en los comienzos del Movimiento Sionista, décadas antes de la creación del Estado de Israel.

El movimiento sionista

El movimiento sionista se formó a finales del siglo XIX, con el objetivo de crear una patria para los judíos a través de la formación de un “… movimiento nacional para el retorno del pueblo judío a su patria y la reanudación de la soberanía judía en la tierra de Israel.” Por lo tanto, la empresa sionista combinaba el nacionalismo judío, con el objetivo de crearlo y fomentarlo, y el colonialismo, traslado de gente principalmente de Europa a Palestina, con el apoyo de las potencias imperiales europeas. La historia judía fue interpretada hacia la construcción de una identidad nacional judía específica con el fin de justificar la colonización de Palestina. Básicamente, el movimiento tuvo que definir el “pueblo judío”, por lo tanto, una identidad nacional tuvo que ser creada y esta identidad tenía que estar vinculada a la presencia judía en Palestina durante el primer siglo d.C. Aquí es importante tener en cuenta que como cualquier otra identidad nacional no se remonta a un desarrollo natural, en cambio, se creó basándose en el concepto y la voluntad de sus creadores. Como resultado, todo el pueblo judío en todo el mundo pasó a formar parte de una misma nación, que comparte la misma historia, que admira a los mismos héroes nacionales, y que están unidos en el deseo de regresar a su lugar de origen, a su hogar. Como Ilan Pappe concluye con razón, sin embargo, “el sionismo no era… el único caso en la historia en la que un proyecto colonialista fue perseguido en nombre de ideales no colonialistas, nacionales o de otro tipo. Los sionistas se trasladaron a Palestina a finales de un siglo en el que los europeos controlaban gran parte de África, el Caribe y otros lugares en el nombre del “progreso” o el idealismo… “. Lo que es exclusivo de Israel, no obstante, es el efecto del sionismo en el pueblo que dice representar. Al basarse en la idea del judaísmo como una identidad nacional, los seguidores de la fe judía en todo el mundo se convertirían, según las leyes israelíes, en judíos “nacionales”, aceptasen o no dicha clasificación. Hasta la fecha, Israel continúa definiendo la ciudadanía de manera extraterritorial.

La creación de un Estado nacional judío en un país con una muy pequeña minoría judía sólo podría ser concebible mediante el desplazamiento forzoso de la población indígena existente junto con la implantación de nuevos colonos judíos. Para los palestinos originarios que lograron permanecer dentro de los límites de lo que se convirtió en Israel, su propia identidad nacional fue relegada a un estatus inferior. El artículo 2 de la Ley de Educación del Estado, por ejemplo, afirma que “el objetivo de la educación estatal es… educar a cada niño a amar… a su nación y a su tierra, …a respetar su … patrimonio, su identidad cultural … para impartir la historia de la Tierra de Israel … [y] para enseñar … la historia del pueblo judío, el patrimonio y la tradición judía … “. Más allá de ser objeto de discriminación institucionalizada, estos palestinos que lograron permanecer dentro de la parte de la Palestina histórica usurpada en 1948 - de los cuales hoy en día hay más de 1,5 millones - se ven obligados a ser ciudadanos de un estado en el que no tienen derecho a la nacionalidad.

Como se ha mencionado anteriormente, sin embargo, la principal manifestación del apartheid sionista ha sido la trasferencia forzosa de la población indígena. La tarea de establecer y mantener un estado judío en un territorio predominantemente no judío se ha llevado a cabo mediante el desplazamiento forzoso de la mayoría de la población no judía. Hoy en día, casi el 70 por ciento de la población palestina en todo el mundo ha sido desplazada por la fuerza por el régimen israelí, o son descendientes de palestinos que lo han sido. La idea de “transferencia” en el pensamiento sionista ha sido rigurosamente trazada por Nur Masalha en su “La expulsión de los Palestinos. El concepto de “transferencia” en el pensamiento político sionista, 1882-1948”, y se resume en las palabras de Israel Zangwill, uno de los primeros pensadores sionistas que, en 1905, declaró que “si queremos dar un país para un pueblo sin país, es una tontería permitir que sea el país de dos pueblos”. Yosef Weitz, ex director del Departamento de Tierras del Fondo Nacional Judío, fue aún más explícito cuando, en 1940 , escribió que: “… Debe quedar claro que no hay lugar en el país para ambos pueblos (…) la única solución es la Tierra de Israel, al menos una Tierra de Israel occidental sin árabes. No hay espacio aquí para el compromiso. (…) No hay otra opción que transferir a los árabes de aquí a países vecinos (…) No se puede dejar ni un solo pueblo, ni una sola tribu de beduinos”.

Los derechos y la ética no debían suponer un obstáculo, o como David Ben-Gurion sostuvo en 1948, “La guerra nos da la tierra. Los conceptos de “nuestro” y “no nuestro” son conceptos de paz, únicamente, y en la guerra pierden su significado”.

La esencia del sionismo, por lo tanto, se puede resumir acertadamente como la creación y el fortalecimiento de una identidad nacional judía específica, la toma de control de la máxima cantidad de tierras palestinas, garantizar que el menor número posible de personas no judías permanecen en la tierra, y que el máximo número de ciudadanos judíos se implantan en ella. En otras palabras, el sionismo, desde sus inicios, ha hecho necesario el traslado de poblaciones, a pesar de sus brutales requisitos y consecuencias.

El Movimiento Sionista, al prepararse para colonizar el Mandato de Palestina en 1897, bajo el lema, “una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra”, se enfrentó a tres grandes obstáculos:

· El pueblo palestino indígena que vivía en ese territorio;

· Las propiedades palestinas y derechos sobre la tierra en ese territorio;

· La falta de un número suficiente de judíos en ese territorio.

Para superar estos tres obstáculos, necesitaban crear un sistema jurídico con el fin de mantener el estatus quo que querían establecer. El movimiento sionista, y más tarde Israel, no tenía interés en la simple creación de un sistema de dominación de un grupo “racial” sobre otro. El objetivo de era, y sigue siendo, no el explotar la mano de obra indígena o simplemente limitar su participación política y social, por el contrario, la intención era establecer un estado sionista-judío homogéneo predominantemente para el pueblo judío. Esto fue evidente desde los primeros años del Movimiento Sionista, ilustrado por el hecho de que Israel nunca ha definido sus fronteras. Según lo explicado por Golda Meir, “Las fronteras están determinadas por el lugar donde los judíos viven, no donde hay una línea en el mapa”. Esta declaración, en combinación con los escritos más famosos de Ben-Gurion en 1937, “la transferencia obligatoria de los árabes de los valles del futuro estado judío podría darnos algo que nunca tuvimos… Tenemos que atenernos a esta conclusión de la misma manera que nos atuvimos a la Declaración de Balfour, más que eso, de la misma manera que nos atuvimos al propio sionismo “, ofrece un sinfín de posibilidades para transferir a los palestinos y la implantación de colonos judíos en el territorio. Como ilustra Nur Masalha, entre 1930 y 1948, el movimiento sionista propuso para el traslado forzoso de la población indígena palestina hasta nueve estrategias diferentes, comenzando en 1930 con el Proyecto de Transferencia de Weizmann hasta el Plan Dalet llevado a cabo en 1948.

Con el fin de hacer frente a los tres obstáculos identificados anteriormente, el Movimiento Sionista inició una serie de medidas activas y preventivas en forma de leyes, prácticas y políticas. A continuación se tratarán las cuestiones más importantes de estas medidas.

Migración Privilegiada

Para garantizar un número suficiente de personas judías en el territorio colonizado, se aprobó la Ley del Retorno israelí en 1950. Establece que todos los judíos en el mundo tienen el derecho a la “nacionalidad judía” y pueden emigrar a Israel y obtener la ciudadanía israelí. En virtud de la Ley del Retorno, alguien de nacionalidad judía es aquel “… nacido de madre judía o que se ha convertido al judaísmo, y que no es miembro de otra religión”. La Ley del Retorno en su artículo 4 (a) establece que “Los derechos de un judío en esta Ley y los derechos de un oleh (alguien que ha adquirido la ciudadanía israelí por ser judío) bajo la Ley de ciudadanía, así como los derechos de un oleh bajo cualquier otra ley, están también investidos en los hijos y nietos de un judío, el cónyuge de un judío, el cónyuge de un niño de un judío y el cónyuge de un nieto de un judío, a excepción de una persona que ha sido judía y ha cambiado voluntariamente su religión “. Por tanto, los nacionales judíos gozan del derecho a entrar y vivir en Israel, incluso si no nacieron en Israel y no tienen relación alguna con Israel, por un lado. Por otra parte, los palestinos, la población indígena del territorio, están excluidos de la Ley del Retorno por el simple hecho de que no tienen un origen nacional judío, y como tales no tienen la condición jurídica de los nacionales en virtud de cualquier otra ley israelí, y no tienen derecho automático a entrar en el país.

Esta ley tiene por objeto simplificar y alentar la migración de personas judías a Israel con el fin de lograr el estado judío previsto por el sionismo. Junto a esto, la Organización Sionista Mundial juega un papel importante en la organización de la migración judía a Israel y los territorios palestinos ocupados. Los objetivos de esta organización fueron formulados antes de la creación del Estado de Israel y se fortificaron en 1952, cuando el parlamento israelí aprobó la “Ley del Estatuto Israelí”, y se firmó un convenio entre el gobierno de Israel y el Ejecutivo Sionista, según el cual las principales áreas de responsabilidad de la Organización eran los relacionados con la inmigración, la absorción y el asentamiento de los judíos en el territorio de la Palestina histórica.

Derechos de propiedad

En relación con el segundo obstáculo mencionado anteriormente, se utilizó la Ley de Propiedad de Ausentes israelí de 1950 para confiscar las propiedades palestinas, propiedad legal de los refugiados palestinos desplazados por la fuerza y ​​los desplazados internos. El término ‘ausente’ fue definido de manera tan amplia como para incluir no sólo a los palestinos que habían huido del recién creado Estado de Israel, sino también a los que habían huido de sus hogares pero permanecieron dentro de sus fronteras. De hecho, el término incluso incluyó a muchos judíos. Sin embargo, una provisión teóricamente imparcial racialmente, dejó exentos a los que dejaron su casa debido a, entre otras cosas, “el temor a los enemigos de Israel” - así excluyendo en efecto a la población judía de la aplicación de la ley. Una vez confiscadas, estas tierras se convirtieron en propiedad del Estado de Israel.

La Ley de Adquisición de Tierras de Israel, de 1953, se promulgó con el fin de completar la transferencia al Estado de las tierras palestinas confiscadas, que no habían sido abandonadas durante los ataques de 1948. En palabras del ex ministro de Finanzas israelí Elilezer Kaplan, su propósito “… era inculcar la legalidad en algunos actos realizados durante y después de la guerra”. Un proceso casi idéntico tuvo lugar en el territorio palestino ocupado como consecuencia de la ocupación de 1967. Al igual que en Israel, “… la adquisición de tierras palestinas en Cisjordania y la Franja de Gaza tenía lugar a través de varias líneas de actuación al mismo tiempo”.

Como resultado de la estrategia de confiscación de tierra de Israel, los palestinos hoy en día poseen sólo un pequeño porcentaje de la tierra de lo que era la Palestina histórica. La expansión de las localidades palestinas existentes en Israel y los territorios palestinos ocupados se ha reducido drásticamente a consecuencia de las discriminatorias políticas de urbanización y planificación de Israel. Desde la ocupación de Cisjordania y la Franja de Gaza en 1967, Israel no ha permitido la creación de nuevos municipios palestinos. La Orden Militar 418 ha creado un régimen de planificación y construcción que ofrece un control total al Estado de Israel en todas las áreas relacionadas con la planificación y el desarrollo en el territorio palestino ocupado. Como resultado, las comunidades palestinas a menudo se encuentran separadas de sus tierras circundantes. Por el contrario, incluso las localidades judías más pequeñas tienen planes detallados y reglamentos de construcción sobre uso de la tierra. Para resumir la situación: “El espacio israelí ha sido muy dinámico, pero los cambios han sido principalmente en una dirección: los judíos expanden su control territorial mediante una variedad de medios, incluyendo la constante expansión de asentamientos, mientras que los palestinos han sido contenidos dentro de una geografía sin cambios”.

Traslado forzoso de la población

El obstáculo fundamental para el movimiento sionista, el pueblo palestino, ha sido abordado por diversos medios a lo largo de las últimas seis décadas. Más de siete millones de palestinos han sido desplazados por la fuerza de sus hogares- incluidos sus descendientes-, y las leyes israelíes, como la Ley de prevención de la infiltración de 1954 y las órdenes militares 1649 y 1650, han prohibido a los palestinos regresar legalmente a Israel o a los territorios palestinos ocupados. Este desplazamiento deliberado y planificado es resultado de una política y una práctica de traslado forzoso de la población palestina, o limpieza étnica. Este proceso se inició antes de 1948, y sigue en curso en la actualidad.

Casi medio millón de palestinos fueron desplazados entre diciembre de 1947 y mayo de 1948. El mayor flujo de refugiados se llevó a cabo en abril y principios de mayo de 1948, coincidiendo con el inicio de las operaciones de las organizaciones paramilitares sionistas. “El movimiento sionista declaró el establecimiento del Estado de Israel el 15 de mayo de 1948, para entonces aproximadamente 750.000 palestinos se habían convertido ya en refugiados. La mayoría de los refugiados que fueron desplazados por las fuerzas militares israelíes (incluyendo las milicias sionistas pre-estatales) utilizaron tácticas que violaban los principios básicos del derecho internacional humanitario y los derechos humanos: Ataques contra civiles, masacres y otras atrocidades, la expulsión, la destrucción y el saqueo de las propiedades”. Este período de la historia reciente de Palestina se define como la Nakba, la catástrofe palestina. La Nakba alteró fundamentalmente Palestina. Sin embargo, la idea del desplazamiento forzoso de la población palestina indígena no terminó con la creación de Israel en 1948, y no comenzó ese año. Desde la Nakba casi todos los años han sido testigo de una ola de desplazamiento forzoso, en algunos años hay menos desplazado,s en otro más. Así, por ejemplo, durante el año 1967, otros 400.000 palestinos se convirtieron en refugiados.

El desplazamiento forzoso permanente del pueblo palestino es resultado de unas políticas y prácticas de traslado forzoso de la población palestina. De acuerdo con la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías de la antigua Comisión de Derechos Humanos:

“La esencia del traslado de población sigue siendo un sistemático, coercitivo y deliberado… movimiento de población a un área o fuera de ella… con el efecto o propósito de alterar la composición demográfica de un territorio, particularmente cuando esa ideología o política, afirma el predominio de un determinado grupo sobre otro”.

EL Traslado forzoso de la población es ilegal y ha constituido un crimen internacional desde la Resolución de los Aliados sobre los crímenes de guerra alemanes, adoptada en 1942. La codificación más fuerte y reciente del crimen se encuentra en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que define claramente el traslado forzoso de la población y la implantación de colonos como crímenes de guerra.

Con el fin de lograr el traslado forzoso de la población indígena palestina más allá de las fronteras de la Palestina histórica, muchas leyes israelíes, políticas y prácticas de Estado, así como acciones específicas de otros actores privados para-estatales, han sido desarrollados y aplicados. Esta limpieza étnica se lleva a cabo hoy en día de manera silenciosa por Israel y no mediante deportaciones masivas como las presenciadas en 1948 o 1967. Este desplazamiento se hace en “silencio” en el sentido de que Israel trata de no llamar la atención internacional, desplazando a un pequeño número de personas cada semana. Debe distinguirse de la transferencia más abierta lograda con la ocasión de la guerra en 1948. Aquí es importante tener en cuenta que la política de transferencia de Israel no está ni limitada por las fronteras geográficas de Israel ni por la de los territorios palestinos ocupados.

Política de transferencia silenciosa de hoy

La política israelí de transferencia silenciosa se manifiesta en las leyes, políticas y prácticas del Estado. Israel utiliza su poder para discriminar, expropiar y finalmente efectuar el desplazamiento forzoso de la población indígena no-judía del territorio de la Palestina histórica. Por ejemplo, el sistema de planificación de la tierra y urbanismo israelí ha obligado a 93.000 palestinos de Jerusalén Este a construir sin permisos de construcción adecuados, porque el 87 por ciento de esa área está fuera de los límites establecidos para el uso de los palestinos, y la mayoría del 13 por ciento restante, ya está construido . Dado que la población palestina de Jerusalén es cada vez mayor, se ha tenido que ampliar a áreas sin planificación para la residencia palestina por el Estado de Israel. Todas las casas construidas están ahora bajo la amenaza constante de ser demolidas por el ejército o la policía israelí, que dejará a sus habitantes sin hogar y desplazados.

Otro ejemplo es el Plan Prawer aprobado por el gobierno, que aboga por el desplazamiento forzado de 30.000 palestinos con ciudadanía israelí, debido a una política de asignación de Israel, que no ha reconocido más de treinta y cinco aldeas palestinas situadas en el Naqab (Negev). Israel considera a los habitantes de esos pueblos como intrusos y ocupantes ilegales, y como tal, se enfrentan a la amenaza inminente de desplazamiento. Esto sucede a pesar del hecho de que en muchos casos, estas comunidades son anteriores al propio Estado de Israel.

El Tribunal Supremo de Israel reforzó el objetivo sionista de limpieza Palestina de su población indígena en su decisión de 2012 que prohíbe la reunificación familiar entre los palestinos con ciudadanía israelí y los palestinos de más allá de la Línea de Armisticio de 1949, tanto los de los territorios ocupados como los que viven en el extranjero. El efecto de esta decisión ha sido que los palestinos con diferente estatus - palestinos con tarjeta de identidad israelí, de Jerusalén Este, de Cisjordania o de Gaza, tarjetas de identidad, todas ellas emitidas por Israel-no pueden vivir legalmente juntos en ninguno de los lados de la Línea de Armisticio de 1949. Así pues, se enfrentan a la elección de vivir en el extranjero, vivir separados unos de otros, o correr el riesgo de vivir juntos ilegalmente. Tal sistema se utiliza como un medio adicional de desplazamiento forzoso de palestinos, cambiando así la demografía de Israel y los territorios ocupados a favor de una población mayoritariamente judía. Esta intención demográfica se refleja en el razonamiento del Tribunal para su resolución, en la que declaró que “… los derechos humanos no son una receta para el suicidio nacional”. Este razonamiento se destacó además por el Knesset con miembros como Otniel Schneller, quien afirmó que “la decisión articula la razón de la separación entre los [dos] los pueblos y la necesidad de mantener una mayoría judía… y un carácter … “. Esto ilustra una vez más la propia imagen del Estado de Israel como un estado judío con un conjunto diferente de derechos para sus habitantes judíos y no judíos, que son principalmente palestinos.

Nacionalidad judía

Todos los diferentes medios con los que Israel lleva a cabo el desplazamiento de los palestinos están relacionados con el concepto de la nacionalidad judía, ya que este es el mecanismo legal que permite y garantiza la constante discriminación contra la población no judía. Este mismo concepto es el vínculo entre el sionismo y el ‘derecho’ construido de la nación judía para establecerse y ocupar el territorio de la Palestina histórica. En otras palabras, el concepto de nacionalidad judía es el eje central del régimen de apartheid de Israel, ya que sirve tanto a los objetivos del sionismo: la creación y el mantenimiento de una identidad nacional judía específica, y a la colonización de la Palestina histórica a través de la combinación de la implantación de colonos judíos y el traslado forzoso de los habitantes no judíos.

La forma en la que este concepto está consagrado en la ley es a través de la separación entre la ciudadanía (”Israel”) y la nacionalidad (”judío”). Esta separación fue confirmada por el Tribunal Supremo de Israel en 1972. Esta distinción permite a Israel discriminar a sus ciudadanos palestinos y, aún más grave, a los refugiados palestinos al asegurar que ciertos derechos y privilegios están condicionados a la nacionalidad judía. La principal fuente de discriminación contra los refugiados palestinos se origina en la Ley del Retorno israelí de 1950 y la Ley de ciudadanía israelí de 1952, que otorga la ciudadanía automática a todos los nacionales judíos, dondequiera que residan, evitando al mismo tiempo que los refugiados palestinos regresen, y residan legalmente en el territorio. El régimen israelí ha dividido esencialmente al pueblo palestino en varios estatus político-jurídicamente distintos, como se muestra en los siguientes ejemplos. A pesar de sus diferentes categorizaciones bajo la ley israelí, los palestinos en todos los ámbitos mantienen un estatus inferior al de los nacionales judíos, tanto los que viven la Palestina histórica como los que viven en el extranjero.

“Categoría 1: situación de privilegio:

Los ciudadanos judíos que viven en el extranjero y en Israel à derechos políticos, sociales y económicos completos, y acceso pleno a los beneficios el estado.

Categoría 2: Estado Inferior:

Los ciudadanos palestinos de Israel que viven en el extranjero y en Israel à derechos inferiores y limitado acceso a los beneficios.

Palestinos en Cisjordania y Gaza à viven bajo ocupación militar/bloqueo, derechos denegados/restringidos: no / limitado derecho a entrar en Israel/moverse dentro de los territorios ocupados, sin/severamente limitados: derechos políticos, sociales y económicos.

Refugiados palestinos que viven en el extranjero à forzosamente desplazados, muchos sin estado o nacionalidad, y sin derecho a regresar a sus hogares”.

El camino a seguir

Por consiguiente, Israel no se limita a buscar el dominio sobre los palestinos nativos, sino su desplazamiento forzoso. En este sentido, cualquier discusión sobre la situación en Palestina tiene que considerar que la cuestión esencial circula alrededor de las vidas y derechos de los refugiados palestinos existentes, así como la prevención de futuros desplazamientos forzosos.

Es por esto que es extremadamente importante buscar soluciones enraizadas en un enfoque basado estrictamente en el derecho. Un enfoque basado en los derechos podría ser mejor descrito como uno basado normativamente en los estándares internacionales de derechos humanos, y operacionalmente dirigido a promover y proteger esos derechos. “Bajo un enfoque basado en el derecho, los planes, programas y políticas estarán anclados en un sistema de derechos y correspondientes obligaciones establecidos por el derecho internacional”. Por lo tanto, un enfoque basado en el derecho debe integrar las normas, estándares y principios del sistema de derechos internacionales en los planes, políticas y procesos que estén dirigidos a encontrar soluciones al conflicto que nos ocupa. En el caso de Palestina e Israel, este enfoque buscaría soluciones basadas en el derecho internacional, en lugar de depender de las negociaciones para lograr una solución duradera y justa. La aplicación de la ley y la norma internacional debe ser una demanda y no ser solicitada a través negociaciones. Hablando de forma más sencilla, en un caso de violación, ya sea aplicable la ley nacional o internacional, el autor no debe recibir una posición privilegiada, a través de las negociaciones, para replantear el conflicto y las posibles soluciones al mismo. Esto debería dejarse a la propia ley, además de a los posibles tribunales o comités. Por tanto, de la misma manera que quedaría en manos de los tribunales nacionales el decidir sobre un robo, en el caso de los delitos internacionales se deberían de cumplir los mismos requisitos de seriedad y determinación. En otras palabras, en las violaciones del derecho internacional se deben cumplir las mismas normas que en las infracciones del derecho dentro de los entornos nacionales.

De hecho, esta ausencia continua de responsabilidad por parte de Israel en la situación de Palestina-Israel, socava la legitimidad del derecho internacional, en particular de los derechos humanos, el derecho humanitario y el derecho penal internacional. Por ello, es hora de garantizar que el derecho internacional sea más que una retórica utópica, sino que sea un sistema jurídico sólido que proteja los derechos, establezca obligaciones y lo más importante, que cree realidades que reflejan sus valores y principios fundamentales.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=168215&titular=el-constante-desplazamiento-forzoso-del-pueblo-palestino-

Argumentario lomce no from

El objetivo de estas propuestas es crear empleo, no lograr un llamado Pacto de Estado.

Ese Pacto ya existe y está constituido en lo fundamental por la reforma del art. 135 de la Constitución, negociada por PP, PSOE, CiU y otras fuerzas de la derecha parlamentaria y aprobada sin refrendo popular, y la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, acordada por las mismas partes sin diferencias significativas. Ambas son causas determinantes de la situación actual y del escaso margen existente para implementar políticas de empleo.

Además, denunciamos el modelo de consenso que se propone, más orientado a abrillantar los deteriorados blasones de la institución monárquica que a combatir el paro. Crear empleo es un objetivo fundamental que no puede ser distraído por argucias colaterales para alcanzar otros fines.

No obstante, como es tradicional en Izquierda Unida hacemos propuestas constructivas, que consideramos viables y solventes. Existe espacio para acordar políticas concretas, máxime cuando parece confirmarse una inflexión en la política de la troika.

Comisión Europea, BCE y FMI han constatado el fracaso de las políticas de austeridad y recortes, que están sumiendo a la Unión Europea en la recesión. Pero a este fracaso económico hay que unir el fracaso político: crece la movilización frente a esas medidas y se producen cambios políticos de gran importancia en algunos países europeos. Los pueblos de Europa plantan cara a las imposiciones del capital financiero y de las grandes empresas.

En ese contexto, hay posibilidades de abrir paso a otras políticas. No como resultado de un consenso imposible entre intereses contradictorios, sino de cambios en la correlación de fuerzas. Izquierda Unida se sitúa en la movilización y la protesta, pero también en la intervención y la propuesta.

En consecuencia, IU propone un paquete de medidas con una triple finalidad:

a) Trasformar la comparecencia del Presidente del Gobierno en el debate monográfico sobre el empleo que venimos reclamando desde hace meses.

b) Emplazar a Mariano Rajoy al desarrollo de políticas de empleo concretas, sin las que la petición de dimisión de su Gobierno y convocatoria de elecciones generales estará aún más justificada.

c) Alimentar un gran debate social sobre el empleo, que cree las condiciones para culminar en una amplia propuesta que cuente con la opinión sindical, social y académica, y donde puedan acordarse las medidas necesarias para salir de la actual situación.

Con este planteamiento, Izquierda Unida organiza sus propuestas en 9 escenarios de debate y 22 medidas concretas. Es una estructura equivalente a las reformas del Gobierno, aprobadas en el último Consejo de Ministros. La razón no es caprichosa, se trata de contrastar de forma evidente como mientras en la política del PP no hay ningún contenido concreto significativo orientado a la creación de empleo, nuestras propuestas tienen ese contenido esencial.

Los nueve escenarios, cuyo debate proponemos, pueden resumirse de la siguiente manera:

A) La creación de empleo y el necesario estímulo de la economía productiva requieren soluciones esencialmente políticas. Proponemos reducir el paro a la media de la UE, es decir en el entorno del 12%, en el plazo de tres años. Por tanto, estamos planteando una reducción de 3,4 millones de parados, que han de ser fruto de políticas de creación de empleo y afloramiento de la economía sumergida. Para ello, hay que financiar esas políticas con una contribución fiscal equivalente a la media de la UE y con una reducción del fraude fiscal y la economía sumergida hasta las cifras medias de la UE.

B) El debate debe clarificar hasta qué punto se debe utilizar el sector público en la economía: su papel en los sectores estratégicos, en la inversión pública, y en la creación de empleo mediante la dotación suficiente de los servicios públicos. Proponemos que la Banca nacionalizada facilite crédito a las pequeñas empresas y autónomos por importe de 30.000 millones de euros.

C) Otro escenario necesario para el debate es la modificación de las relaciones laborales. Deben derogarse las reformas laborales.

D) Debe acordarse un Plan Integral de Apoyo a la Pequeña empresa y otro complementario de Desarrollo de la Economía Cooperativa y Social.

E) Debe haber un giro copernicano en nuestra política de participación en Europa, con nuevas alianzas y exigencias.

F) Deben debatirse un conjunto de reformas legales, que permitan un contexto nuevo y favorable para la creación de empleo.

G) Debe haber un paquete concreto de incremento del consumo y la inversión (pública y privada)

H) Debe articularse un Plan de Urgencia contra la Pobreza y en favor de la Cohesión Social.

I) Debe iniciarse un gran debate social para construir un Nuevo Modelo Productivo, generador de empleo digno y de calidad, basado en un desarrollo sostenible, en la producción nacional y en el mercado interno.

Entre las 22 medidas concretas, además de las que ya están reflejadas más arriba, destacamos las siguientes:

a) Un Plan de empleos verdes (siguiendo los estudios de la Organización Internacional del Trabajo), de rehabilitación de viviendas (13 millones de viviendas con más de 30 años), de refuerzo de los servicios públicos (dependencia, salud, educación, etc.)

b) Un Plan de Inversión Pública en servicios públicos de proximidad.

c) Facilitar el crédito en los términos antes expresados; favorecer, aprovechando al máximo las directivas europeas, la contratación de bienes y servicios públicos para las pymes, con condicionados de cantidad y calidad del empleo. Apoyar la etiqueta ‘Hecho en España’.

d) Desarrollar una política de reindustrialización del país con criterios de diversificación y de impulso de la producción de media y alta tecnología. Impulsar la producción de bienes de consumo durables y sostenibles.

e) Incremento del presupuesto público de I+D+i hasta la media de los países de la zona euro. Incremento de 0,7 puntos de PIB. Desarrollar el apoyo tecnológico a las pyme mediante el impulso de Centros Tecnológicos y de Centros de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Económica.

f) Acordar medidas de reparto del trabajo y conciliación de la vida laboral y personal.

g) Impedir la posibilidad de despido en todas las empresas con beneficios económicos.

h) Concretar una política de estímulo del consumo, mediante el aumento del salario mínimo y pensiones más bajas. Crear una política de ingreso mínimo garantizado, mediante ayudas personas y familiares.

a. Incrementar el salario mínimo hasta 1.100 euros/mes. b. Elevar en la misma proporción las pensiones públicas más bajas. c. Hacer efectiva la igualdad salarial para hombres y mujeres.

i) Desarrollo y aplicación de una Garantía de Seguridad Profesional que asegure a todo trabajador o trabajadora un empleo o una formación remunerada o una renta básica.

j) Aplicar un Plan de Empleo/Formación financiado por el Estado y con la colaboración para su aplicación de los Ayuntamientos, destinado a los parados de larga duración.

k) Financiación con 60.000 millones de euros en tres años, a través de una reforma fiscal justa y progresiva y de la lucha contra el fraude y la economía sumergida. A ello habrá que añadir los recursos crediticios de las instituciones financieras y los fondos para inversión del BEI.

l) Garantizar el derecho a una vivienda digna establecido en la Constitución Española mediante:

a. La generalización, mediante la legislación del Estado, de los contenidos del decreto-ley de la Junta de Andalucía que garantiza el derecho a la vivienda. b. La utilización de 50.000 pisos del SAREB (Banco Malo) para un fondo de viviendas de alquiler social adaptado a las condiciones de la vivienda y los ingresos familiares, cuyo techo máximo sean 300 euros mensuales.