Este artículo es una versión actualizada del que se publicó en INPRECOR el pasado mes de julio; dos meses antes de que el Foro Vasco sobre Irlanda anunciara sus conclusiones para la apertura de un proceso de paz en Euskadi. Las previsiones de entonces se han convertido al día de hoy en datos nuevos de una realidad política en la que aparecen invertidos radicalmente los términos en que se ha movido hasta ahora el conflicto vasco.
Los acuerdos de Stormont para la paz en Irlanda han servido como referencia y modelo para ensayar una vía similar al conflicto vasco. Se han activado así tres movimientos concatenados entre sí: la alianza democrática de los partidos y sindicatos vascos (Declaración de Lizarra), el alto el fuego unilateral y sin condiciones de ETA, y la reedición del acuerdo de Barcelona entre el nacionalismo vasco (PNV), gallego (BNG) y catalán (CiU); esa nueva Galeuzca que demanda reformas profundas del Estado de las Autonomías, produciendo a su paso un replanteamiento general del problema de las nacionalidades en el estado español.
Haciendo suya la bandera de “la paz dialogada”, el nacionalismo vasco ha enterrado para siempre al “espíritu de Ermua”, ha modificado a su favor el curso de la opinión pública y de las alianzas políticas, y ha abierto una crisis de modelo de estado en la que se plantea abiertamente la necesidad de un nuevo proceso constituyente que, a modo de una segunda transición democrática, permita reajustar el papel de las nacionalidades y sus formas de organización política en el nuevo concierto de la Unión Europea.

 2.- La modificación de las alianzas políticas ha sido una consecuencia directa de la declaración de alto el fuego de ETA, pues ha sustituido la vieja línea divisoria del “todos contra ETA”; de la “alianza democrática contra el terrorismo”, por una nueva redistribución de fuerzas que enfrenta a “los soberanistas vascos” contra  los “constitucionalistas españoles”.
El silencio de las armas ha permitido así liberar las energías de una mayoría social que hasta entonces estaba neutralizada por el rechazo a la violencia. Nada es casual por tanto en esta redefinición general de las alianzas políticas. No lo es desde luego la colaboración de Herri Batasuna (y de ETA a través de ella), en la búsqueda de unas bases políticas de compromiso para la paz, porque hace ya tiempo que son conscientes de una correlación de fuerzas políticas que hace inviable la conquista de la independencia nacional por medio de la lucha armada. No es casual tampoco la participación del sindicalismo vasco ni de los movimientos sociales pacifistas, porque han sido ellos, particularmente la alianza de ELA y LAB quien ha posibilitado el encuentro entre los partidos de Lizarra que son referentes políticos del sindicalismo vasco. La apertura de IU a incorporarse a ese proyecto tampoco es una novedad si nos atenemos a la evolución de su discurso nacional, y tampoco es casual la incorporación posterior y con matices de otras corrientes de opinión hasta entonces indecisas. Hay que mencionar entre ellas a Convergencia Democrática de Navarra (CDN); el partido del ex-presidente Juan Cruz Alli, decidido al parecer a trabajar en Navarra con las conclusiones de la Declaración de Lizarra; a la minoría del Partido Socialista, representada por el secretario general de Gipuzkoa, Egiguren, y por el alcalde de Donostia, Odón Elorza, que se han pronunciado en esa misma línea, o la jerarquía de la Iglesia Vasca que se ha sumado también a la “esperanza de la paz” dibujada en Lizarra. Esta ampliación de alianzas puede contribuir decisivamente a que la correlación de fuerzas entre el bloque de Lizarra (que representa al 70% de la Comunidad autónoma vasca), y el bloque formado por PP-UPN y PSOE, se desequilibre definitivamente a favor del primero. Ello dependerá en última instancia de la capacidad de Lizarra para formular una propuesta integradora de nación vasca.

 3.- El nuevo liderazgo político de Lizarra fue formulado desde los Sindicatos vascos. La alianza del sindicalismo de origen PNV (ELA), y el sindicalismo organizado inicialmente desde la propia ETA (LAB), tomó la iniciativa de ofrecer una vía de salida en el momento oportuno: cuando la degradación política empezó a llegar a su cenit a partir del asesinato en Ermua de Miguel Angel Blanco. Se apoyaron para ello en la apertura de espacios realizada por el movimiento social para la negociación (ELKARRI), y en la maduración de una corriente de opinión social mayoritaria que no quiere ni la violencia de ETA ni el corsé centralista sobre Euskadi. La virtud de estos Sindicatos consistió en formular ese sentimiento ciudadano con mensajes muy claros y desde la legitimidad que les da su condición sindical, su influencia mayoritaria sobre el Movimiento Obrero organizado, y el desinterés partidista, (no trabajaban para ningún partido político ni tienen aspiraciones de instalarse en el poder).
Las ideas-fuerza que transmitieron para liderar esa nueva salida política resultaron ilusionantes para casi todos. El secretario general de ELA, José Elorrieta, las formuló más menos así:
 (1).- El Estatuto de Autonomía está agotado, y hace falta un nuevo impulso soberanista para terminar el proceso de construcción nacional.
 (2).- ETA estorba porque crea más problemas de los que resuelve; porque pervierte la ética del movimiento de liberación nacional vasco, y porque bloquea la capacidad de iniciativa política de la mayoría social
 (3).- Pero tanto como ETA estorba la Constitución centralista. El problema nacional y el problema de la violencia están colocados en planos distintos pero relacionados entre sí. La pretensión de acabar con la violencia por medios policiales, además de inútil es antidemocrática. Hace falta una solución dialogada para construir un nuevo consenso nacional sobre los derechos históricos del pueblo vasco, porque ello permitirá resolver simultáneamente el problema nacional y el de la violencia política.

Ese proyecto político expresaba en realidad la opinión mayoritaria del pueblo vasco, y tenía la virtud de trasladar a los movimientos ciudadanos la responsabilidad de avanzar en una perspectiva soberanista y de reformas constitucionales, por métodos democráticos de acción política. Su decisión de activar la movilización de la sociedad al margen de los principales partidos políticos, les disputaba en realidad su liderazgo sobre ella, ejerciendo así un verdadero emplazamiento público en dos direcciones complementarias. Hacia Herri Batasuna y ETA para que desactivaran la lucha armada, y hacia el PNV y EA para que rompieran las alianzas políticas con los partidos centralistas. Los acuerdos de Lizarra pueden considerarse de ese modo como un triunfo político del sindicalismo vasco, y eso redundará posteriormente en beneficio de los proyectos de izquierda para la sociedad vasca.

 4.- El giro del PNV. De la “autonomía tutelada” a la “soberanía compartida”. La incomodidad del PNV con la rigidez centralista de la Constitución es de sobra conocida, pero ha sido necesaria la degradación general de la política vasca y el compromiso de ETA en hacer callar sus armas, para que ese “partido de orden” se decidiera a plantear una reconsideración general del problema vasco. Aún así, el porqué de ese cambio constituye para muchos comentaristas poco avezados un misterio insondable. Cuando se habla de este partido sólo se tiene en cuenta generalmente su ideología nacionalista, su aspiración a construir Euskadi como una nación territorialmente unificada y políticamente soberana, y su modelo social de libre mercado, pero las más de las veces se pasan por alto aquellos rasgos particulares que lo diferencian. Por ejemplo, su vocación de ser el partido-nación que estructure simultáneamente a la sociedad y al estado le confiere rasgos totalitarios a su forma de ejercer el poder político, pero también le hace particularmente sensible a las presiones que recibe de la sociedad a la que quiere estructurar. Esa ambivalencia es observable también en la forma a como ejerce la representación de los intereses de la burguesía vasca, a la que intenta convertir en una clase social diferenciada de la burguesía española. De esa clase social ha adquirido el exquisito sentido de la oportunidad histórica y del pragmatismo político que explican las ambivalencias de un proyecto nacional que se mueve entre la reivindicación soberanista y el pacto con el Estado; entre el rechazo de la Constitución centralista y la aceptación pragmática y a regañadientes de un Estatuto de Autonomía delegado. Es ese sentido de la oportunidad histórica el que aparece ahora como “una jugada maestra” del nacionalismo vasco, pues ha sabido elegir el momento oportuno para formular la propuesta oportuna; cuando coinciden simultáneamente el agotamiento del estatuto y de la lucha armada, la distensión política de un ejército español que ha empezado a mirar más hacia Europa que hacia los problemas políticos interiores, y el desajuste de los estados nacionales con motivo de la entrada en funcionamiento de la moneda única europea. La sustitución de la fórmula de la “autonomía tutelada” por la versión catalana de la “soberanía compartida”, parece acomodarse mejor a los cambios de época, permitiendo a su vez completar el proceso de construcción de la nación vasca.

 5.- El nuevo contexto europeo facilita la realización de este proyecto nacional. Con la entrada en vigor de la moneda única, los viejos Estados-nación europeos perderán una de sus funciones históricas (unificar y proteger sus mercados nacionales), y se verán sometidos a una pérdida constante de soberanía por delegación a las instituciones europeas. Todas las burguesías nacionales se han adaptado a ese nuevo marco, y la burguesía vasca lo ha hecho también a su modo.
Hay que tener en cuenta que más del 40% de la producción industrial vasco-navarra está dirigida a la exportación europea, y que si en el pasado fue la perspectiva del “mercado nacional español” quien empujó a la burguesía vasca a romper los aranceles interiores (abolición del régimen foral a partir de las guerras carlistas), el mercado de la industria y de las  finanzas vascas tiende a desplazarse ahora del área castellana a Europa y a América Latina. Estas tendencias empujan a su vez a la apertura de oficinas comerciales en los principales países europeos y latinoamericanos; a la reivindicación de un Banco Nacional Vasco, y a la articulación de infraestructuras que faciliten su integración en los circuitos europeos. La idea de “soberanía compartida” demuestra la visión de futuro de un partido político al que le importan mucho su país y los negocios de la clase social que representa. Esa idea consiste en transformar las nuevas tendencias económicas en una propuesta de unificación nacional de intereses compartidos entre los diferentes sectores de la burguesía vasco-navarra. De ahí las propuestas de vertebración económica entre los diferentes territorios vasco-navarros, la búsqueda de fórmulas mixtas de colaboración en el plano político-institucional (Consejo o Dieta Vasco-Navarra como la ensayada recientemente entre ambos Gobiernos autónomos), y la demanda de soberanía compartida en el concierto de los pueblos y regiones de Europa.

 5.-Las fracturas nacionales y la lucha por el liderazgo de la nación adquieren ahora una dimensión nueva. El cruce de proyectos y el reparto relativamente equilibrado de las fuerzas en presencia, dará a esa lucha de liderazgos un carácter tumultuoso y una “apariencia de laberinto”, porque las alianzas políticas continúan estando muy cruzadas. El silencio de las armas clarifica el escenario, pero los problemas estructurales continúan estando donde estaban. La fractura nacional de identidades diferenciadas y de proyectos nacionales en disputa, continúa siendo un problema muy agudo. Existe, sí, una mayoría social cualificada a favor de la unidad territorial y de la soberanía política en el territorio de la Comunidad Autónoma Vasca (el 70%), pero esa correlación de fuerzas se invierte en el territorio foral navarro. Existe también una sólida alianza democrática entre todos los partidos, sindicatos y movimientos firmantes de la Declaración de Lizarra,  pero son constatables a su vez las diferencias de clase y el conflicto de intereses entre la izquierda y la derecha vasca sobre el modelo de sociedad, de tal modo que el enfrentamiento del PNV con el bloque PP-PSOE a propósito de las salidas al problema nacional, se convertirá en alianza contra los sindicatos y la izquierda vasca a propósito del contenido social que deba tomar la nación vasca. La firmeza que ha mostrado hasta ahora la izquierda vasca, así como el peso de su influencia sobre la sociedad, permiten suponer que esa lucha de liderazgos estará fuertemente mediatizada por ella, pero será necesario en todo caso consolidar la nueva alianza que ha empezado a dibujarse entre el sindicalismo abertzale, IU y HB-Euskal Herritarrok. La posibilidad de formular una oferta compartida sobre el modelo de construcción nacional en litigio, está planteada además como una necesidad, porque sólo desde un nuevo consenso en la izquierda se pueden resolver las fracturas actuales de la sociedad vasca.
La nueva candidatura electoral Euskal Herritarrok (EH), tiene mucho que decir a este respecto. Construida apresuradamente para reagrupar a sectores de la izquierda social y de la izquierda abertzale ante los temores de ilegalización de HB, puede aprovechar a su favor el “efecto liberador” que en la izquierda vasca ha producido el alto el fuego de ETA. Ella puede apoyarse además en la alianza del sindicalismo vasco (ELA-LAB-ESK-STEE), con el que comparte una idea común sobre el modelo de nación y de sociedad, y si acierta a elaborar un proyecto integrador de las diferentes sensibilidades y corrientes de opinión que se expresan en el tejido asociativo de la izquierda social, puede aspirar a liderar un movimiento de recomposición general de la izquierda, tan necesario como posible en la Euskadi de nuestros días. A modo indicativo de los nuevos retos que se le plantean, cabe referirse a los siguientes:

 6.- Elaborar una estrategia de desobediencia civil. Después del asesinato de Ermua, la percepción general de que ETA había rebasado los límites de lo tolerable, ha encontrado satisfacción en el anuncio de alto el fuego indefinido y sin condiciones. La enorme contradicción que existía antes entre la pretensión de liberar al pueblo vasco por medio de la acción armada y el rechazo de la mayoría social a los métodos de acción violentos, se ha resuelto ahora. Todo parece indicar que se ha resuelto, además, de un modo definitivo, pues la declaración de tregua no se ha formulado sólo como política de emplazamiento al Estado para que realice estas o aquellas otras concesiones políticas, sino también, y sobre todo, para quitar el freno a la movilización ciudadana, de tal modo que el problema nuevo que se presenta ahora es elaborar una estrategia de desobediencia civil que permita activarla a escala generalizada. No será fácil, porque el entusiasmo inicial que ha producido la tregua puede desactivarse en la falsa creencia de que “desaparecida la lucha armada desaparece también el problema vasco”, o aquellas otras versiones de lo mismo que empujarán a una “institucionalización de las reivindicaciones nacionales”.  Sabiendo como sabemos que los partidos nacionalistas moderados canalizarán sus demandas al estado en la forma de negociaciones gubernamentales desde las instituciones autonómicas, y que la lógica de los pactos conduce siempre a la anulación de las reivindicaciones ciudadanas, el reto que tenemos por delante consiste en formular iniciativas de desobediencia civil que mantengan constante la movilización social y la participación ciudadana. Afortunadamente para nosotros, existe en nuestro país una masa social crítica lo suficientemente amplia como para emprender con éxito este camino. Existe también una cultura de resistencia, de objeción de conciencia y de insumisión política, que puede enganchar con las viejas tradiciones del “pase foral”; de aquél “se acata pero no se cumple”, para proyectarse hacia actos de desobediencia de las instituciones autónomas. La mejor forma de reivindicar la soberanía política es ejerciéndola de facto y sosteniendo después el conflicto inevitable con las instituciones del estado. Las enormes energías que hoy se malgastan en la “kale borroka”, para no hablar de los problemas de comunicación social que ella provoca, deben proyectarse también en esa perspectiva, de igual modo a como deberá hacerlo la Asamblea de Municipios vascos que puede convocarse desde las fuerzas firmantes de la Declaración de Lizarra. Esa nueva institución puede ser el vehículo que canalice la movilización social y la desobediencia civil del movimiento soberanista vasco.

 7.- Desactivar los odios nacionales introducidos en la sociedades vasca y española por los dislates socialistas en el tratamiento de la cuestión nacional. Este partido ha presentado siempre cada competencia transferida por el Estado a Euskadi como una concesión a la “voracidad nacionalista”, provocando a su paso una dialéctica infernal de agravios nacionales entre la reafirmación de los sentimientos anti-vascos y la reacción anti-española de los movimientos abertzales. Apoyándose a su vez en ese 40% de electorado vasco-navarro que siente vértigo a la idea de una nación vasca unificada e independiente, los dirigentes del Partidos Socialista Vasco elaboraron la teoría de las dos comunidades nacionales: la comunidad vasca, a la que se atribuye un carácter burgués y racista por alusión al PNV y al discurso fundacional de Sabino Arana, y la comunidad española que, por su origen emigrante, se le atribuye un carácter obrero, socialista y universalista, exento por definición de “prejuicios nacionales”. Esta ideología de segregación anti-vasca de Navarra y de la comunidad emigrante interrumpió el proceso de integración nacional del pueblo vasco que había avanzado considerablemente de la mano de la solidaridad democrática contra el franquismo y de la modernización del discurso del nacionalismo vasco (definición del vasco como aquél que vive y trabaja en Euskadi, al margen de su lugar de procedencia). La oposición  añadida a las políticas activas de normalización lingüística (recuperación del euskera), y la división del Movimiento Obrero Vasco en dos frentes sindicales diferenciados por la actitud de cada uno de ellos hacia el problema nacional, (CCOO-UGT de un lado, y todos los demás sindicatos que, dicho sea de paso constituyen la mayoría sindical, de otro), han contribuido a su vez a crear una barrera artificial de incomunicación en la que se apoyan respectivamente los partidos socialista y popular para consolidar sus esferas de poder en la administración pública vasca.
Definiendo a su vez a  la izquierda abertzale como un movimiento fascista que pone en peligro las libertades democráticas en España, ha hecho del antivasquismo una ideología de la razón de estado; una especie de “acto sublime de la democracia” que identifica la razón y el derecho con la Constitución española y la afirmación de lo vasco como sinónimo de intolerancia.
El discurso del nacionalismo español continuará reproduciendo estas mismas ideas, pero los cambios que introducen la Declaración de Lizarra y el alto el fuego de ETA obligará a actualizarlo, y en ese ejercicio de activación de odios nacionales vuelve a ser el partido socialista quien asume la “responsabilidad histórica” de sustituir los códigos ideológicos del nacionalismo franquista por un nuevo código regeneracionista de lo español, tomando como ingredientes algunas de las ideas-fuerza del pensamiento socialista universal, previamente adulteradas para la ocasión. Las ideas relativas a la solidaridad entre los pueblos, a lo que de común hay entre ellos, al respeto hacia las minorías en sociedades plurales como las nuestras, o la apelación a la supuesta ley suprema de la democracia (la legitimidad de las mayorías), se empiezan a levantar ahora para afirmar la unidad de la nación española. Euskal Herritarrok tendrá que hacer un esfuerzo supremo de pedagogía política para desactivar los odios nacionales que este discurso encierra, con los argumentos de un proyecto nacional realmente integrador de todos los ciudadanos vascos.

 8.- La legitimidad democrática y la legalidad constitucional son términos antagónicos aunque el discurso de los socialistas españoles las identifique. Ninguna Constitución de las conocidas puede tomarse como la única medida de la democracia, y en el caso de la española, que legalice la unidad de España al margen de la opinión de los pueblos sometidos a la autoridad del Estado, o que sacralice la economía de mercado y las desigualdades sociales a ella inherentes, menos que en otras. En la idea de la Constitución como algo inmutable que otorga naturaleza democrática por el sólo hecho de haber sido votada mayoritariamente en su día por el pueblo español, hay una identificación de la razón y del derecho con la opinión de las mayorías sociales. Para hacerse una idea de lo que puede haber de bárbaro en este pensamiento, baste recordar que el acceso al poder del fascismo italiano y del nazismo alemán por métodos democráticas (llegaron al poder por medio de las urnas), no convirtió a sus regímenes políticos en democráticos. La opinión de la mayoría cuenta en política porque es ella la que determina el curso de la historia, pero la razón y el derecho hay que analizarlos en sí mismos, independientemente de que sean seguidas o no por las mayorías sociales. Si consideramos el caso concreto del derecho de las nacionalidades, apreciaremos que la Constitución española arranca de la afirmación de la unidad del Estado-nación, y que el derecho de los pueblos y naciones que hay en él a decidir libremente su futuro nacional, no es un derecho reconocido. El sujeto del derecho no es en ella las nacionalidades vasca, catalana y gallega, sino la “Nación española” previamente delimitada desde Gibraltar hasta los Pirineos. Convencer a los ciudadanos españoles que lo democrático es aceptar lo que esas nacionalidades decidan libremente por mayoría, será un ejercicio costoso para el que necesitaremos la colaboración de las otras izquierdas que hay en España, pero en la renuncia voluntaria del pueblo español a la legalidad constitucional y a los principios autoritarios de una Constitución que impone la voluntad de unos pueblos sobre otros, está una de las llaves de su propia libertad.

 9.- La solidaridad entre los pueblos sólo puede construirse desde la soberanía política de cada uno de ellos. Esta idea apenas necesita dos líneas de argumentación y, sin embargo, desata el miedo en todos los nacionalismos dominantes. El nacionalismo español de fin de siglo se alimenta del vértigo que produce la pérdida de soberanía “por arriba” Unión Europea), y del miedo a la disgregación nacional del Estado “por abajo” (construcciones nacionales diferenciadas en Euskadi, Catalunya y Galicia). Es por eso que la afirmación de la identidad vasca se presenta por el nacionalismo español como “una exclusión de los vascos no nacionalistas”; como una injerencia “asimiladora sobre Navarra”, y como un ejercicio de “totalitarismo político” de la mayoría abertzale sobre la minoría que no lo es.
El modo a como Euskal Herritarrok responda a estos miedos telúricos a la pérdida de identidad nacional de los ciudadanos vascos que sienten a su vez vasco-navarros y vasco-españoles, o solamente navarros o españoles, será decisivo para formular un proyecto de integración nacional basado en el respeto a los derechos colectivos de ciudadanía. La invocación al hecho de que en la Comunidad Autónoma Vasca somos mayoría quienes queremos una Euskadi unificada e independiente (en la medida en que se puede ser independiente en la Europa de nuestros días), sirve como argumento contra el centralismo del Estado, pero no sirve en absoluto para resolver el problema de las fracturas identitarias que hay en la sociedad vasca. Tampoco la invocación al argumento contrario de bloquear el ejercicio del derecho de autodeterminación de la mayoría para que las minorías se sientan cómodas, resuelve el problema. Existe sin embargo otra forma de enfocarlo. Sin renunciar a la ideología de afirmación de la identidad vasca, pero eliminando de ella todas las formas agresivas que adquirió en el pasado, se trata de promover una política de integración ciudadana que coloque en el centro de la misma la reivindicación de soberanía política, independientemente de los sentimientos de pertenencia de cada cual.
Si se quieren dar pasos prácticos en esa nueva política de integración ciudadana, hay que empezar por apreciar  la distancia que existe  entre el reconocimiento del derecho de autodeterminación y su ejercicio práctico. Aunque resulte costoso, se puede aspirar a construir un consenso mayoritario sobre el reconocimiento constitucional de ese derecho (que, dicho sea de paso, es la condición “sine quanon” para encauzar la solución del problema vasco), pero es igualmente previsible suponer que su ejercicio práctico producirá hoy una enorme división política en el pueblo vasco.  Todas las encuestas de opinión confirman que ninguna de las opciones posibles sometidas a plebiscito popular obtendría mayoría suficientemente cualificada como para facilitar la integración natural de las minorías, y que se necesita en consecuencia un período de transición en el que otras formas complementarias ( que sí pueden obtener un consenso mayoritario), como son las fórmulas soberanistas, puedan ejercitarse. La experiencia práctica demuestra fehacientemente que las mismas personas que votarían eventualmente contra la independencia nacional, se oponen a su vez a las injerencias del centralismo sobre las decisiones que puedan tomar las instituciones vascas. El ejercicio de la soberanía política (toma unilateral de decisiones políticas con el consenso de la mayoría social, ejercicio del derecho de veto sobre las normativas centralistas, etc.), permite orillar el conflicto de identidades nacionales y los miedos colectivos a la asimilación nacional de las partes en conflicto.
Cabe aproximarse al problema de la unidad territorial con Navarra a través de un método similar que empiece por reconocer la diferencialidad de Navarra en una fórmula de alianza institucional entre los dos territorios, y empezar a construir a partir de ella una identidad nueva (vasco-navarra), y unas relaciones de interés y de confianza mutua que desactiven el miedo a la injerencia vasca sobre el territorio foral.
 
 10.- Construir la nación desde la izquierda. Puede que la alianza democrática de Lizarra traslade al PNV el liderazgo político en Euskadi, pero es seguro que la participación de la izquierda vasca en ella no implica la renuncia a la lucha de clases ni a la propuesta de “una nación vasca soberana y socialista”. Entre otras cosas, porque ha sido la iniciativa de esa izquierda, la alianza entre el sindicalismo vasco, los movimientos sociales, Herri Batasuna, Zutik y Batzarre, quien ha permitido que ese frente democrático se construyese. Hay que decir, además, que la Declaración de Lizarra no implica adquirir compromisos de Gobierno, ni que la mayoría sindical que hay en ella vaya a renunciar ahora a la tenaz política de oposición que viene realizando contra las políticas neoliberales del Gobierno Vasco. El frente de lucha política contra la burguesía vasca a través de las demandas sociales contra el paro y la pobreza ( reparto del trabajo y redistribución general de la riqueza; 35 horas y salario social), está hoy más abierto que nunca.
Como prueba de que no estamos hablando a “humo de pajas”, hay que recordar algunos datos sobre la realidad de la izquierda vasca que suelen pasar desapercibidos fuera de nuestro país. Por ejemplo, que el frente unido de los sindicatos abertzales ( ELA,LAB,ESK,STEE, EZ), representan el 61% del total de delegados sindicales en todo el territorio vasco (Navarra incluida); que se trata de un frente consolidado en sus relaciones mutuas y en su calendario de actividades, y que la mayor de las veces, sus iniciativas arrastran a la minoría sindical (la alianza UGT-CCOO que representan juntos al 37% de la clase obrera vasco-navarra.
La evolución de ELA aparece hoy como otra garantía añadida. Este sindicato nació en los años 30 por iniciativa del PNV como contrapeso al sindicalismo de clase (socialista, comunista y anarquista). De orientación democrata-cristiana (doctrina social de la iglesia) fue un sindicato amarillo en sus inicios. La resistencia al franquismo le empujó lentamente hacia posiciones de izquierda aunque sin romper nunca con el  PNV. La institucionalización de la autonomía vasca (Estatuto), produjo un distanciamiento con el PNV (Autonomía y ruptura de la relación de dependencia), y un decidido abandono de las tesis interclasistas. El nuevo ciclo de políticas neoliberales le ha empujado definitivamente a incorporar la lucha de clases a su ideario independentista. Se trata de uno de los Sindicatos mejor organizados de Europa. Tiene 90.000 afiliados (más de los que reúnen juntos UGT y CCOO); una caja de resistencia de 1.200 millones de pts., y un sistema de cotizaciones que representan el 87% del total de sus ingresos económicos. Se trata del único sindicato mayoritario que no depende de la financiación del estado para funcionar, lo que le da una independencia política absoluta en sus relaciones con la administración pública. La alianza estratégica que ha suscrito en los últimos años con el sindicato de la izquierda abertzale (LAB), ha consolidado definitivamente su evolución, y hoy es uno de los principales agentes activos en la reivindicación de un marco vasco de relaciones laborales (soberanía legislativa), en un plan de acción contra el paro y la pobreza (35 horas y salario social), y en la unión de las reivindicaciones nacionales (autodeterminación y soberanía política), con las reivindicaciones sociales (construcción de una Euskadi igualitaria). La izquierda política vasca tiene hoy, en esa alianza sindical, el primero y más importante de los puntos de apoyo para afirmar simultáneamente la idea de una nación soberana que esté marcada a su vez con los perfiles de la izquierda.
 

 
       J. R. Castaños  (Troglo)
NOTAS

1.- En el referéndum de la Constitución sólo voto a favor el 31% de los votos emitidos. El 56% restante secundó el llamamiento a la abstención (fórmula de rechazo propuesta por los partidos abertzales). El referéndum del estatuto se aprobó con el 53% de los votos a favor y el 41% de abstenciones, que fue la fórmula de rechazo del nacionalismo radical.

2.- El mapa electoral de Euskadi se ha mantenido muy estable durante los 20 años de vigencia del Estatuto de autonomía, y puede apreciarse él la fractura que comentamos. El voto nacionalista moderado representa el 40% del electorado. El nacionalismo radical y la izquierda representa el 25%. La derecha española el 17%, y el PSOE el 16%. No se puede hacer una traslación mecánica entre esos porcentajes electorales y la distribución de la población vasca por su lugar de procedencia, pero es apreciable que la suma de votos entre el PP y el PSOE (33%), es muy similar al porcentaje de ciudadanos vascos nacidos en España (28%). Sus descendientes; la segunda generación, está mezclada con la población de origen vasco, y sus opciones políticas son generalmente diferentes a las de sus mayores. Las tendencias electorales en Navarra se invierten, y el porcentaje electoral de las opciones vasco-navarras representan el 30% del electorado.

3.- Las víctimas ocasionadas en el transcurso de los 35 años de vigencia de la lucha armada ascienden a 1.204. Existen además 600 presos vascos en las cárceles españolas, y más de 500 refugiados. Los actos de sabotaje realizados por las organizaciones juveniles del nacionalismo radical (kale-borroka), ascienden a 1410 en los últimos 4 años, y el número de detenidos y procesados por ese motivo supera los 1100. Estos grupos están formados por jóvenes menores de 21 años, y sus objetivos son siempre los edificios públicos, el mobiliario urbano y las oficinas  bancarias, de empleo, etc. No se trata de una “violencia indiscriminada”, y es apreciable así mismo su relación con el fenómeno de la objeción de conciencia, de la desobediencia civil y de la insumisión al Ejército. El Nº de insumisos vascos al Ejército es de 12.000, lo que representa el 80% del total de insumisos del estado español.

4.- El Gobierno vasco ha abierto oficinas comerciales en los principales países europeos y Latinoamericanos. Buena parte de ellas lo han sido simultáneamente a la expansión del Banco Bilbao Bizkaia en los países latinoamericanos, y de su mano se han abierto mercados nuevos a la industria  vasca de transformación. La emigración vasca en América Latina, (instalada en los centros de poder de algunos de los principales países), ha jugado a su vez un importante papel en esa expansión de los negocios vascos.
 
5.- Ese Manifiesto ha sido impulsado por los compañeros de Izquierda Alternativa de Madrid, y se han adherido a él un centenar de intelectuales, algunos dirigentes locales de Izquierda Unida, y algunas personalidades políticas que trabajaron en el equipo del ministerio de justicia del último gobierno socialista, como Margarita Robles y otros, quienes destaparon la participación de algunos mandos militares de la Guardia Civil en la organización del GAL. El general Galindo es uno de los encarcelados en espera de juicio.
Está basado en 3 ideas muy sencillas:
 1.- No sirven las soluciones policiales a un problema que es político. El Estado español debe suyas las demandas de paz y de convivencia democrática mayoritarias en la sociedad, asumiendo la responsabilidad de una solución dialogada a la violencia.
 2.- Para poner fin al sufrimiento y a la vulneración de los derechos humanos, no hay que esperar a que ETA decida abandonar las armas. Son necesarios gestos de distensión como el acercamiento de los presos vascos a su lugar de origen, y abrir una vía de diálogo y de negociación sin condiciones.
 3.- Se pide a ETA una tregua militar que facilite el inicio de las conversaciones para un final dialogado.
 

6.- Resumen del Plan de Paz del Gobierno Vasco.

 1.- No es posible pensar en la posibilidad de una victoria policial sobre el terrorismo, y no es razonable pensar que ETA renuncie voluntariamente a la lucha armada, ni que HB vaya a dejar de apoyarla para integrarse en el sistema democrático. Hace falta por tanto un final dialogado de la violencia.

 2.- Ningún Gobierno democrático negociará jamás con terroristas. La negociación debe ser por tanto entre partidos políticos. ETA debe delegar en Herri Batasuna su representación política, y decretar un alto el fuego indefinido después del acuerdo entre los partidos políticos.

 3.- Las bases políticas para una solución negociada deben partir del Estatuto de Autonomía para resolver las carencias que presenta: el traspaso de todas las competencias de autogobierno, incluidas las que se refieren a la Seguridad Social y a la organización de un Banco Nacional Vasco, reconocimiento del derecho del pueblo vasco a decidir libremente su destino nacional, y apertura de un proceso de unidad territorial con Navarra, bajo formas de coordinación institucional libremente acordadas por las partes.

 4.- La Constitución española debe interpretarse flexiblemente para dar cabida a estas reformas necesarias, que serán adoptadas por el Gobierno del Estado después de haber sido sometidas as un refrendo mayoritario del pueblo vasco.

 5.- La lucha armada de ETA es un estorbo para la realización de este nuevo consenso nacional. ETA debería facilitar el acuerdo político anunciando una tregua militar unilateral. No se le pide la entrega de las armas sino medidas de distensión que faciliten el consenso. El Partido Nacionalista Vasco asume la responsabilidad de iniciar las conversaciones políticas con Herri Batasuna y demás partidos políticos, aunque la lucha armada de ETA siga operando. El “realismo político” se coloca por delante del discurso crítico de la violencia, y las conversaciones políticas serán blindadas a los avatares de la violencia.